LAWFARE.
LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Nos quejamos de la judicialización de la política. Más aún en este muy
cálido Febrero que amenaza con huaicos, que vienen dejando miles de familias
damnificadas en el sur, y con Tsunamis políticos que pueden venir desde el
Brasil después del acuerdo suscrito con Odebrecht bajo régimen de delación
premiada. Muchos personajes están bajo amenaza, los miedos proliferan ante las
revelaciones que vendrán amenazando prestigios, trayectorias, oropeles. Y aquí procede
un concepto que hace furor en el continente, el de Lawfare que se refiere al uso indebido o excesivo de instrumentos jurídicos para
la persecución política, destrucción de la imagen pública o inhabilitación de
un adversario político.
Hay quejas y
reacciones en el Perú pero también en Brasil, Argentina y Colombia donde acciones
aparentemente legales con amplia cobertura de prensa permiten presionar al
acusado y su entorno haciéndolo más vulnerable a las acusaciones sin prueba
hasta llegar a la liquidación del personaje.
Queremos
luchar contra la corrupción pero necesitamos equilibrio. Y hay que tener en
cuenta la sombra del Lawfare que se refiere a “un método de guerra no convencional en que la ley es usada como un medio
para conseguir un objetivo militar”, utilizado desde 1999 en un libro sobre
estrategia castrense. En el 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos
diferentes con influencia en los aparatos jurídicos en América Latina en la
lucha anticorrupción. Entre los aspectos
fundamentales del Lawfare está el rol
del Poder Judicial, poderoso espacio para desplegar, casi sin limitaciones,
estrategias de desestabilización y persecución política.
Estaríamos lejos del
equilibrio de poderes. En especial si se tiene en cuenta que el Poder Judicial es
el único que no deriva de la voluntad popular sino de designaciones políticas y
de concursos que le dan una institucionalidad vulnerable y proclive a presiones
en tiempos convulsos de lucha anti-corrupción que colocan altas autoridades ante
el cadalso. Y mucho más cuando tenemos calles que claman por una persecución
judicial general para los funcionarios de gobiernos corruptos.
Todo esto hace más importante la reforma
judicial que impida que el aparato que investiga y sanciona caiga en manos corruptas
o interesadas en el control del aparato del Estado que se esmeran en colocar
“técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para
atacar al adversario político.
Ad portas del tsunami Lava Jato y cuando las sospechas de aportes de campaña
alcanzan hasta el Presidente Martín Vizcarra debemos evitar el doble rasero por
el cual se “elige” a quienes se ataca y también
a quienes se invisibiliza o exculpa. Y en este aspecto es vital la labor de los
medios de comunicación que pueden manipular y orientar la opinión pública sobre
la corrupción.
El Parlamento investigará los nexos de las constructoras brasileñas y peruanas con
todos los partidos y en especial con el oficialista. Nadie arriesga apoyos ni
justifica aportes a los financiamientos electorales. Más argumentos para la esencial
reforma judicial inacabada y para la reforma política que deberá profundizar
este aspecto que se revela profundamente desestabilizador para la democracia y
lamentable terreno fértil para la corrupción. Sin mencionar la peor amenaza que
podría concretarse que es la indeseable vacancia presidencial.
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