EL ESTADO 

NO ENTIENDE SU PAPEL

En diario Exitosa el domingo 30 de Marzo 2019

Dice bien el Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, el Estado no entiende su rol. Los conflictos minero sociales se suceden y el de Las Bambas, que sacude al país, se da en varios frentes, el de la empresa, el de los comuneros, el de las autoridades. No es un tema entre particulares, los  impactos en lo económico, político y social son evidentes.

Ha habido poca transparencia de la empresa para comunicar a la población los cambios en su estrategia y en negociar el uso de la carretera que ha reemplazado el “minero-ducto enterrado” -206 kms de Cotabambas a Espinar, en Cusco- que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental, que hubiera hecho más ordenado y menos tóxico el traslado de los minerales.

El problema viene de largo con muertos en su haber y ausencia o nula eficacia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Hay debilidades y vacíos del marco legal e institucional que rige las actividades mineras en el Perú mientras se deterioran las condiciones sociales en los espacios de desarrollo minero. El reformista gobierno de Martín Vizcarra debe contemplar la necesidad de nuevas reglas. Las Bambas no será el último conflicto social minero en el país, toca incrementar la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del Estado de Derecho del Perú.

Como bien ha dicho el Defensor del Pueblo los comuneros están en indefensión, no tienen los recursos, para hacer valer sus derechos, que la empresa y el Estado sí tienen. La asimetría está a la vista y al Estado corresponde un rol tutelar de los derechos, en especial el de la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como sucedió en Bagua.

Y a nadie extraña la virulencia del conflicto. Apurímac es uno de los departamentos más pobres del Perú con una  desnutrición crónica de menores de 5 años de más del 20% y una mortalidad infantil de 27%.  Se dijo que con Las Bambas el departamento saldría de la pobreza pero hasta ahora la empresa gana y la población pierde. Es un enclave de prosperidad rodeado de pobreza extrema y de contaminación por las grandes polvaredas que afectan  la salud de la población, el ganado, las áreas agrícolas y las viviendas.

El Estado ha permanecido sin dialogar ni actuar en una prolongada toma de carreteras. La compañía minera modificó posiciones y acuerdos con arreglos que no se han cumplido. Existen muchos intereses e injusticias y hasta delitos en el camino del desacuerdo y la falta de diálogo. El cambio del mineroducto por la carretera en el 2013 fue aceptado por el Estado sin consulta a los afectados. Como era vía pública el nuevo dueño de Las Bambas, el consorcio chino MMG, no asumió obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía, ni llegó a acuerdos con los propietarios de los terrenos. He ahí la madre del cordero.

El diálogo debe darse sin presiones ni represiones. Saludamos la liberación del presidente comunal Gregorio Rojas y esperamos el diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo de positiva actuación, de la empresa y de las autoridades para negociar de manera transparente y con interlocutores directos.

¿ESTADO DE DERECHO 

O ESTADO BAMBA?

Mi columna HOJA DE TIEMPO en diario Correo el 29 de Marzo 2019

El Estado Peruano afronta una dura prueba con el conflicto de Las Bambas. Aspectos legales, políticos, económicos y sociales están en juego. La empresa quiere reanudar sus actividades muy rentables, las autoridades regionales pacificar lo más pronto posible a una población dispuesta a todo para defender sus derechos y la economía nacional ve paralizado un polo de desarrollo que aporta un inmenso porcentaje del PBI como bien ha señalado el Presidente del BCR.  Y el gobierno quisiera soltar pronto esta papa caliente que podría terminar en un inmenso drama. Todo se junta para generar un polvorín en uno de los departamentos más pobres del Perú. La mayor riqueza y la mayor pobreza en un solo espacio.

Se requiere un análisis profundo y exhaustivo. En un Estado de derecho las normas deben ser cumplidas pero en un conflicto tan largo, desde el 2015, donde ya hubo comuneros muertos, toca al gobierno asegurar una política de desarrollo territorial, de zonificación ecológica y económica. En el origen está la sustitución del mineroducto -inicialmente acordado en el Estudio de Impacto Ambiental- por una carretera no asfaltada que genera alta contaminación por los cientos de camiones diarios de carga que pasan sobre terrenos que tampoco han sido justipreciados ni pagados a sus propietarios que son diversas comunidades.

Las Bambas no es ni será el último conflicto social minero en el país. Corresponde incrementar la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del Estado de Derecho.

Se impone una tregua que comience por la liberación del presidente comunal Gregorio Rojas. Y sin represión ni violencia ingresar al diálogo con presencia de la Iglesia, de la Defensoría, de manera transparente y con interlocutores directos.

DEL MINERODUCTO 

A LA CARRETERA

Publicado en el portal Político.pe el sábado 29 de Marzo 2019

El conflicto de Las Bambas escala. Aspectos legales, políticos, económicos y sociales confluyen. Los intereses colisionan y la economía nacional va perdiendo un gran porcentaje del PBI como ha señalado el Presidente del BCR.  El gobierno debe evitar el estallido dramático de este polvorín ubicado en uno de los departamentos más pobres del Perú.

Inicialmente se planeó la construcción de un mineroducto, de 200 kilómetros para transportar los minerales de Las Bambas hasta Espinar, donde serían procesados. Así fue aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental el 2011, debatido con participación ciudadana. Se aprobó también la construcción de una carretera para transportar maquinaria y suministros para la mina para lo cual hubo acuerdos de cesión de uso o servidumbre minera con las comunidades propietarias de los terrenos que la atravesarían.

Pero el mineroducto nunca avanzó, fue una promesa sin voluntad de cumplimiento. Cuando se transfirió la concesión al consorcio chino MMG se dieron cambios en el EIA no informados a la población. En Noviembre 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el uso de la carretera para incluir el transporte de los minerales extraídos y se descartó formalmente el mineroducto. La carretera fue dividida en nacional, regional y vecinal mientras algunos tramos se encontraban en proceso de jerarquización para ser consideradas como vías públicas. La Defensoría del Pueblo, de notable actuación en este conflicto, ha señalado numerosas irregularidades y vicios en el proceso que parece haber respondido especialmente a los intereses de la empresa.

Las Bambas pidió utilizar la carretera como corredor minero al final de la evaluación de la modificación del EIA. Ni el Ministerio del Ambiente ni el de Transportes y Comunicaciones, dieron opinión técnica sobre el uso de esta carretera de 482 kilómetros que no reunía las condiciones para el tránsito diario de carga pesada. Y tampoco hubo estudios sobre los impactos ambientales y sociales del transporte de los minerales, ni la mitigación de esos impactos. Las autoridades locales no emitieron opinión técnica y menos se tuvo en cuenta la de las comunidades y centros poblados afectados por el uso de la carretera o corredor minero.

Mientras tanto el consorcio chino MMG, no asumió obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía, ni llegó a acuerdos con los propietarios de los terrenos que verían los problemas desde el 2016, cuando comenzó el traslado efectivo del mineral con el paso de varios cientos de volquetes  diarios con concentrados de cobre y molibdeno hasta Matarani, Arequipa.

Y ahí está la madre del cordero, el conflicto escaló por la continua polvareda, ruidos y vibraciones de las caravanas de volquetes. Y si era usada diariamente para el transporte de los concentrados alguien debía asfaltarla, mantenerla y hacerse responsable de los impactos.

Las demandas de las comunidades se elevaron con la presencia de vivos que quisieron aprovechar la situación. No solo Fuerabamba, muchas otras comunidades de Apurímac y Cusco demandan indemnización económica y mejoramiento de la vía. La empresa no quiere negociar con las comunidades aduciendo el carácter público de la vía. Los comuneros son acusados de antimineros y extorsionadores.

El MTC asume el saneamiento físico legal de las propiedades comunales afectadas y el mantenimiento de la carretera. No hay el dinero para asfaltar toda la vía y sanear las propiedades afectadas. Las Bambas y otras mineras de las proximidades son las que usan y se benefician de ella. La lógica dice que deberían pagar ellas y las comunidades centran sus demandas de compensación en la empresa que puede y debe pagar más que el Estado.

El marco legal e institucional que rige las actividades mineras en el Perú no funciona. Las Bambas no será el último conflicto social minero en el país, toca incrementar la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del Estado de Derecho del Perú. El Estado tiene un rol tutelar de los derechos en especial el derecho a la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como sucedió en Bagua. Bien dice el defensor que no ha entendido su rol respecto de la minería.