POR LA REFORMA 

UNIVERSITARIA

En Politico. pe el 10 12 2016

La modificación a la Ley Universitaria 30220, aprobada en julio del 2014, deberá esperar la nueva legislatura. La Comisión de Educación no se puso de acuerdo en una mejor directiva para la SUNEDU que debería garantizar el respeto a la autonomía universitaria.

La reforma universitaria no es tema exclusivo ni excluyente, interesa a todos los peruanos y en su debate deben participar todos, no solo Jaime Saavedra y el general Mora. La educación es la forma de la inclusión social. Una verdadera reforma debe garantizar el acceso general y una gran eficacia en evitar que sea el negocio que es. Debe implicar la gratuidad de la educación pública confrontada a los exorbitantes precios de la privada. Y por supuesto la fiscalización de las grandes universidades que capitalizan inmensas ganancias exoneradas de impuestos.

Nadie puede estar contra la calidad de la educación pero ésta ni se decreta ni se impone, es un proceso que comienza con la financiación, con mayores recursos para las universidades públicas que permiten igualar oportunidades cumpliendo una misión cada vez más difícil por el abandono perpetrado por los últimos gobiernos.

El debate se concentra en la autonomía de la Universidad y también en la de la entidad supervisora. Se trata de consensuar una mejor estructura directiva para la SUNEDU para que actúe con independencia del gobierno de turno. Algo que hoy no se da. Porque la reforma no puede consistir en orientar y controlar la actividad académica, debe asegurar su calidad y accesibilidad, con absoluta independencia del poder político y del económico.

En estos dos años no hemos visto esa reforma deseable. Sí caos y anarquía en las universidades públicas y poca o ninguna fiscalización para el retiro de licencias a universidades chichas o multas a rectores privados con sueldos altísimos e inadmisibles.

La reforma deberá acabar con el mercantilismo de la educación universitaria y con la estafa de entregar títulos profesionales a nombre de la nación, sin impartir verdadera educación superior. Pero también con los falsos discursos que son una estafa política cuando se pretende como reforma lo que lejos de serlo permite remuneraciones irrisorias para doctores y magister que enseñan en las aulas públicas.

Y menos significa la complicidad con cualquier lobby de empresarios mercantilistas para anular la Ley Universitaria. La SUNEDU deberá poder fiscalizar los beneficios tributarios que favorecieron a más de 90 universidades privadas desde el gobierno de Alberto Fujimori. Estamos ante un debate público que no puede esconder ninguna guerra contra la verdadera reforma universitaria que el país desea.