DESESTABILIZAR 

ES EL JUEGO

Publicado en Correo el 06 de octubre 2018

Tres días antes de las elecciones el juez Hugo Núñez Julca decidió la anulación del indulto humanitario concedido por PPK a Alberto Fujimori. Como los acontecimientos posteriores lo demostraron fue un gesto político para evitar la vacancia presidencial que ya estaba corriendo. Núñez Julca solo procedió de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero la oportunidad resulta cuestionable. Si ya había desinterés en el proceso electoral del domingo dar a conocer esta decisión ha perturbado aún más el clima.

El país es una hoguera política con una peligrosa polarización y el resurgimiento de la indignación y la ira. Cuando ya el Congreso terminaba de cumplir con su tarea con el ultimátum de un Vizcarra envalentonado que también jaqueó públicamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry buscando su salida. Lo encontró demasiado respondón lo que no hace bien a ninguna de las dos autoridades. En este contexto ya alterado no había necesidad de mover el tema del indulto. El proceso electoral es importante y el país necesita calma para la reflexión si no queremos echar por la borda la democracia.

Le toca al presidente tranquilizar los ánimos a comenzar por él mismo. El indulto a Fujimori ya no estaba en la agenda y las turbulencias parecían superadas. Este volver a empezar nos coge en un ambiente difícil, de crisis institucional y política que puede alcanzar a la economía si nos descuidamos y continuamos con gestos irresponsables. Necesitamos un ambiente en que se construya la legitimidad política que los escándalos de corrupción han liquidado. Los políticos, funcionarios, magistrados y autoridades están desprestigiados, nos toca apelar al involucramiento ciudadano que no se logrará si los mayores responsables, en este caso deberíamos comenzar por el presidente Vizcarra, no cambian de actitud.

También en nuestro país hay justos que podrían pagar por pecadores. Mi solidaridad con el profesor Jesus Munive Taquía, ex funcionario del Ministerio de Transportes, que integró la Comisión que dio la Buena Pro a Odebrecht para la Línea 1 del Metro, está siendo amenazado por una prisión preventiva de tres años cuando no existen ni indicios ni pruebas de que hubiera recibido soborno y hace más de  diez años que no ha viajado fuera del país y permanece en su mesocrática casa de San Borja construida hace 20 años.  El solo cumplió con los procedimientos legales. Cuidado con las injusticias y con los juicios mediáticos.