NI IMPUNIDAD
NI AUSENCIA DE
GARANTÍAS
En Correo el 23 de noviembre 2019
El posible asilo de Alan García sigue causando revuelo
y preocupación por el uso de esta protección para eludir la justicia por
presunto involucramiento en actos de corrupción. Es fundamental garantizar el
derecho al asilo pero hay temor de que se desnaturalice. El Poder Judicial
impuso a García impedimento de salida del país por 18 meses pero el Ejecutivo
intervino para cerrar fronteras antes de la decisión del juez. La desconfianza
frente a la justicia cundió y la cúpula aprista trató de evitar la imagen de su
líder encarcelado sin pruebas como ha sucedido en casos recientes. Para imponer
la preventiva el juez no decide sobre el fondo del asunto, solo busca garantizar
que el imputado no escape a la justicia o no la obstruya. AGP podía fugarse a
España como César Hinostroza o podía quedarse obligado como exige la fiscalía y
la mayoría de los peruanos. Pero no siente garantías de que no lo encarcelen con
una preventiva bajo fuerte presión mediática y social evidente. ¿Es esta una
operación de persecución política? Podría serlo si se demostrara injerencia
política en la justicia como muchos temen o denuncian.
No sabemos si habrá asilo y salvoconducto pero la
imagen del Perú democrático está en
cuestión. La investigación debe seguir, el fiscal acusar y procesar pruebas en
juicio y si la sentencia es de cárcel que traigan al culpable de donde esté
para que la cumpla. Pero si no hay actuación de pruebas le dan argumentos para
victimizarse.
Ni impunidad ni ausencia de garantías, se necesita la
acusación fiscal y el proceso debido y mientras eso suceda AGP debería estar dispuesto
a esperar en libertad en el Perú con garantías para ello. El Tribunal
Constitucional ha dado la línea correcta para la justicia peruana. Las
preventivas son medidas cautelares excepcionales no deberían ser la regla,
abusiva en muchos casos.
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