EL CHANTAJE

Publicado en Político.pe el 28 01 17

Odebrecht tiene una gran experiencia. Durante más de 15 años se mantuvo fuera de la justicia en todos los países donde operó a través de su selecto departamento de operaciones estructuradas que en buen cristiano se traducen por coimas y sobornos. Estos “errores” tardíamente aceptados como delitos, constituían una segunda naturaleza empresarial para concretar los negocios de la gran mafia internacional. No cabe duda que saben manejarse para comprar voluntades y conciencias y que esa es su dudosa expertise.

Mauricio Crus, el actual representante de Odebrecht en el Perú, en reemplazo del muy conocido Jorge Barata, ha dicho que entregarán toda la información sobre los peces gordos, sean ex ministros o ex presidentes, pero en contrapartida mientras la empresa esté colaborando no debería sufrir ni un allanamiento ni el congelamiento de sus cuentas.

Para PPK se terminó el juego y se deben marchar del país. Pero para ellos esta no es la última palabra. Por supuesto que para nada les importa la enorme cantidad de peruanos que esperan se anuncie oficialmente su expulsión.

La presión social contra la corrupción y la impunidad crece como una gran marea pero la situación es compleja y va más allá de las simples frases para la platea sedienta de justicia.

La exigencia de que Odebrecht se vaya del país colisiona con la necesidad de que comiencen a pagar por lo que robaron por sobrecostos al Estado peruano “Tenemos que pagar una multa, una reparación civil, entonces la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como ejemplo positivo” ha dicho Crus y agregado que la expulsión sería el peor ejemplo posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por su propia voluntad si existen tales represalias.

Odebrecht quiere quedarse bajo sus condiciones. Ni embargo de sus bienes ni congelamiento de sus cuentas. Si es expulsada o termina sus actividades en el Perú no tendrá recursos para pagar la indemnización. Pero si se queda -cumpliendo normalmente con sus actividades y compromisos empresariales sin ser afectado por ningún embargo de sus bienes ni de su información- lo que conocen y tienen podría perderse, desaparecer o ser manipulado, conforme a la densa red de intereses económicos y políticos que comienza a ser detectada.

En sus declaraciones Crus, para nada sibilino, desliza el chantaje “¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo puedo imaginar que hay una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información”.

Gravísima imputación. Una expulsión oficial se estaría madurando pero ella, según el alto directivo, generaría múltiples sombras. Cerraría las puertas a la colaboración eficaz con la justicia peruana, impediría el pago de la reparación que le deben al Estado por los daños causados y peor aún garantizaría la impunidad de los peces gordos. Y la responsabilidad de esa secuela de desastres recaería sobre un gobierno frágil, colocado entre la espada y la pared. La deslegitimación de las altas esferas políticas y de gobierno sería una hecatombe política con sospechas que llegarían hasta al presidente de la República que personifica a la nación.

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización pero con la condición de continuar licitando con el Estado. “La colaboración ya se está haciendo y si es que nos permiten terminará…. Paralelo a esto, queremos demostrar que tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar caja y pagar los compromisos con los acreedores, empleados, con el Estado, porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus objetivos”.

Este es el chantaje hipócritamente colocado dentro de un contexto nacional de indignación colectiva pero de escaso entusiasmo y riesgosa lentitud del Ministerio Público. A lo que se agrega el acuerdo suscrito por el fiscal de la investigación Hamilton Castro, no explicado al país ni al mismo Fiscal de la Nación que hizo el papelón de su vida al no poder informar al Congreso de las condiciones y los criterios manejados. PPK lo ha calificado públicamente de vergüenza. No le falta razón, compromete al país en su dignidad y en su economía aunque increíblemente se siga desconociendo su contenido.

OMNIPOTENCIA 

EN ACCION

Mi columna HOJA DE TIEMPO enCorreo el 28 01 17

Días oscuros. El escándalo crece y la indignación más. La megacorrupción evidencia la debilidad moral de políticos al más alto nivel, funcionarios públicos, empresarios y hasta periodistas.

Cada día descubrimos más de los sobornos pagados para ganar licitaciones y comprar voluntades que permitieron las adendas que consagraron los sobrecostos que generaron pérdidas para el estado por más de 200 millones de dólares. Esta cadena tóxica benefició a Odebrecht que ha reconocido su conducta como “tendenciosa e inaceptable” y ha pedido “profundas disculpas a la sociedad” lo que no es óbice para que ratifique “su firme determinación en buscar alternativas para que los proyectos en marcha sigan adelante”.

La todopoderosa empresa quiere quedarse a pesar de que el presidente PPK ya dijo que el juego se acabó y que se van. Y quiere seguir sin que la embarguen ni pierda el control de decidir a quiénes involucran. Parte del juego es el contrato firmado con el Ministerio Público para que Odebrecht pague como adelanto de lo que debe al Estado la irrisoria suma de treinta millones de soles. Menos de 15 millones de dólares a pesar que el daño está calculado como mínimo en diez veces más. La investigación con riesgosa lentitud ha comenzado por los peces chicos.

Pablo Sánchez no pudo informar al Congreso del contenido de ese acuerdo que PPK ha calificado de vergüenza. ¿Qué se oculta tras ese pacto que el Fiscal de la Nación no quiere, no puede o no sabe explicar? La empresa que ponía y sacaba presidentes logró un acuerdo que podemos presumir la favorece. Y se permite presionar al gobierno que si los obligan a dejar el Perú no podrán pagar ni hablar y se confirmará la protección que algunos buscan para los peces gordos. Inaceptable chantaje que PPK deberá rechazar con la mayor energía.   

¿NO HAY JUSTICIA 

EN EL PERÚ?

En el portal Político.pe el 22 de enero 2017

A pesar de la valiente y documentada investigación de Pedro Salinas y de los testimonios de las víctimas el Ministerio Público acaba de archivar la investigación contra Luis Fernando Figari, fundador de Sodalicio, acusado de presuntos abusos sexuales lo que ha generado la indignación nacional. Más aún cuando se sabe que la congregación cristiana sigue teniendo acceso a menores de edad en los colegios de su propiedad. En simultáneo el Contralor denuncia ante el Congreso que no se da un trabajo coordinado de las instituciones encargadas de investigar el caso Lava Jato

El drama nacional es la ineficacia de la justicia. La percepción es que ella no existe en nuestro país. Edgar Alarcón recoge este estado de ánimo colectivo ante un Poder Judicial y un Ministerio Público que ceden a presiones, dilatan investigaciones y prolongan la definición de las sanciones durante muchos años. Por ello recomendó al Congreso crear una Fiscalía Ad Hoc que se ocupe en forma exclusiva de las compañías brasileñas, así como una Sala Penal única que consolide toda la investigación. Ha precisado que hay 1200 procesos sin sentencia desde hace ocho años.

También pidió al Congreso normas para que la Contraloría tenga la capacidad de levantar los secretos bancario, tributario y de las comunicaciones sin solicitarlo a un juez. Si no hay trabajo coordinado y cada institución del sistema se dispara por su cuenta el resultado es esta ausencia de respuestas rápidas que en la percepción general es simple incapacidad e indolencia. Algo que lamentablemente alcanza hasta el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La dimensión del escándalo es proporcional a la desconfianza en los líderes e instituciones que deberían poder conducir el país en uno de sus momentos más difíciles y no están cumpliendo. Estamos en el primer tiempo de un largo partido pero la indignación colectiva crece y el temor de que no estemos a la altura se extiende.

El presidente Kuczynski tenía la confianza pero la va perdiendo por su indefinición ante el escándalo brasileño proyectado en el Perú. Muy grave que un gobierno tan joven sea afectado en su legitimidad. Y que las sospechas y temores ronden a la persona que constitucionalmente personifica a la nación que podría ser incluido en el terrible espectáculo de desfilar por fiscalías y comisiones del Congreso para dar su testimonio personal. El sensacionalismo es otro flagelo que acecha.

La excesiva lentitud en los responsables de la investigación es una señal ambivalente. Podría ser de respeto al debido proceso y de tranquilidad de conciencia, como pretenden algunos, o de lenidad para comprar tiempo y gestionar la impunidad, como temen los más. Ya debería, por ejemplo, haberse declarado la nulidad de los contratos lesivos y haberse tomado medidas para recuperar parte de lo perdido. Los actos jurídicos de las empresas brasileñas no pueden surtir efectos legales, están viciados en su origen por la corrupción que deberá ser probada con la mayor celeridad y honestidad posibles.

El país vigila y espera que caigan todos los responsables del peor momento de la República generado por una gran red criminal internacional que supo aprovechar debilidades personales e institucionales. Que podamos superarlo es ahora el gran desafío nacional.

SIN LUGAR 

PARA LA FE

En Correo el 21 de enero 2017

El Congreso que aborda el aspecto político de las denuncias en el caso Lava Jato no aparece con la autoridad suficiente para hacerlo. Según Ipsos Perú el 77% no se siente representado en él. Dramático pues cuando nadie puede investigar ni sancionar se abren las puertas a la impunidad. En ese vacío se impone la desconfianza sobre políticos y legisladores, que también alcanza a jueces y fiscales y por si fuera poco a la prensa desde que en las empresas mediáticas pueden darse -y de hecho se dan- serios conflictos de intereses.  

Todos los mediadores deben actuar con rapidez y decisión, están obligados a exhibir honestidad, rapidez, buenos reflejos y voluntad para la acción. La expectativa es grande y las exigencias mayores. A la puerta están las multitudes convertidas en actores políticos desde las calles convocadas por internet.

La agenda de las necesidades y las urgencias conocidas ha pasado a un segundo plano ante la prioridad de la lucha contra la corrupción. La inseguridad temible y extendida cede su lugar a la exigencia ética de la lucha contra quienes, en las clases dirigentes, en el Estado y en las empresas, han traicionado la misión de las vanguardias éticas. Que puede ser peor que no tenerlas, conocidas y reconocidas, para que lleven a sus pueblos por el camino de los valores, por una ruta distinta a la de los negociados, las coimas, los desaguisados que cada vez se harán más palpables a la luz de la justicia norteamericana, suiza o brasileña.

Cuando el Fiscal de la Nación pide ante el Congreso la confianza total a pesar de su lentitud puede estar descubriendo que en nuestro pueblo no hay lugar para ese acto de fe. Los antecedentes no lo amparan. Y esta actitud colectiva podría ser tan negativa como el drama de la corrupción a combatir.

¿CUÁNTO HAY?

En Correo el 14 de enero del 2017

Desconcierto, preocupación, ansiedad, nerviosismo en el ambiente. La megacorrupción amenaza con no dejar títere político o institución con cabeza, la corrupción intimida desde las sombras sin que se sepan nombres y responsables. No tiene bandera ni ideologías. Presuntas santas y santones podrían ser afectados y liquidados.

Tenemos una cifra de la Contraloría un perjuicio económico de 283 millones de soles, base para quienes quieran medirla en números pero el daño moral es inconmensurable, al punto que no sabemos si quienes hoy son investigadores y presuntos moralizadores podrán sostenerse en sus roles sin ser afectados. Hasta la presidencia de la republica podría serlo.

La agenda  nacional está postergada por los megatemores manifestados en el desconcierto que podría evolucionar hacia un todos contra todos que no dejaría a nadie en pie.

Odebrecht es el genio regional del mal, experto conocedor de la fragilidad ético política en nuestros países. El nuestro no ha sido la excepción. Quienes hoy piden que el fujimorismo sea incluido en las investigaciones aluden a los conocidos pagos en los noventa. En puridad de verdad todo tiempo cercano y toda corrupción manifiesta deberían ser investigados. Lo que viene descubriendo la justicia brasileña, norteamericana o suiza es una oportunidad para que la reserva moral nacional se haga presente. No sabemos cómo. Si la etapa del desconcierto se prolonga podría dar a los pillos el tiempo de ponerse a salvo.

Es el momento de los honestos, de los que no tienen nada que ocultar. Que en los partidos lesionados por la corrupción surjan quienes puedan rescatarlos. Que en las instituciones se activen los indignados. La lentitud, la falta de reflejos, las consideraciones excesivas muestran que en las filas de la anticorrupción no se da la celeridad de aquellos que tenían en la punta de la lengua la famosa pregunta: ¿cuánto hay?

EL DAÑO MORAL

En Político.pe el 14 de enero del 2017

El contralor general Edgar Alarcón reveló que entre los años 1988 y 2015 los contratos suscritos por el Estado peruano con Odebrecht generaron al Perú un perjuicio económico de 283 millones de soles. Estos son los números pero el daño moral es inconmensurable toda vez que entre los involucrados están desde presidentes hasta altos funcionarios gubernamentales.

Ello significa que no hay políticos nuevos ni distintos a los estigmatizados como tradicionales, todos están afectados, la política está lesionada y la democracia también. Para aquellos que no tienen nada que ver con la megacorrupción nadie es confiable. Todo el que haya desempeñado un cargo, alto o mediano está bajo sospecha. Ni nuevos ni viejos rostros de la política se salvan, la lápida se extiende.

La corrupción entre los políticos peruanos se da a todos los niveles, sin banderas ni ideologías que los preserven. De izquierda y de derecha, liberales y conservadores. Frente a esta siniestralidad no aparece una reserva moral actuante y reconocida lo cual hace mucho más grave el perjuicio, mayor que cualquier monto económico que pudiera mencionarse. No hay a la vista el antídoto que pueda ayudar a la nación a recuperarse.

¿Dónde están los personajes que podríamos reconocer como absolutamente preservados de la corrupción en los partidos políticos y en las instituciones? ¿Dónde los que deberían estar exigiendo a las instituciones que se presumen titulares de la investigación para que sea rápida, imparcial, sin privilegios ni consideraciones personales movidos por el dinero o los respetos reverenciales? Que salgan por favor.

Ante la dimensión del desastre moral no caben argucias ni distracciones. Tenemos la masiva reacción de la calle, positiva aunque amorfa y anónima, que sin asumir responsabilidad concreta representa la grita colectiva y la indignación del momento.

Pero necesitamos vigilancia social. La prensa representa un gran bastión cuestionador y analítico siempre que pueda mantenerse imparcial ante los múltiples intereses que irán apareciendo. Muy importante sería la creación de un sistema judicial especial anticorrupción como el que surgió el 2000 para investigar la corrupción fujimorista. Y que el Ministerio Público se ponga las pilas.

De otro lado corresponde a instituciones y partidos políticos activar sus reservas morales. Quienes se saben indemnes que actúen para evitar la destrucción total que se anuncia. Se requiere voluntad política en el gobierno y en la oposición y en todos aquellos que pueden contribuir con poco o mucho para denunciar a los culpables.

Toda reconstrucción moral comienza con una gran cárcel contra la impunidad en especial contra superpoderes como el de Odebrecht “que ponía y sacaba presidentes” con la complicidad de nacionales que no dudaron en vender a la patria como eficaces felipillos contemporáneos.

EL VENDAVAL ATERRIZA

En Politico,pe el 7 de enero del 2017

Las pistas para que aterrice el vendaval Odebrecht en nuestro país ya están trazadas. Hay varias fiscalías trabajando desde que el Departamento de Justicia norteamericano señaló que la mega empresa brasileña pagó sobornos por U$29 millones a funcionarios de tres gobiernos entre el 2005 y el 2014. Nadie se salva, menos aún los presidentes. El saqueo de cuello y corbata, globalizado y en boga por la desenfrenada búsqueda de la ganancia, tiene ahora tras de sí a magistrados de EEUU, Suiza y Perú.

La fiscalía peruana dio sus primeras señas y ya está colaborando con la fiscalía suiza que tiene identificadas por lo menos dos cuentas desde donde se tramita este dinero. No por gusto Odebrecht ya ha ofrecido comenzar a pagar al Perú por daños y perjuicios un monto mínimo de $30 millones. 

Pero la tortura se prolongará. Los nombres no serán dados a conocer tan rápidamente. Si bien Gustavo Gorriti formuló denuncia del escándalo en abril pasado nuestro Ministerio Público recién empezó la investigación en noviembre sobre los sobornos pagados por las tres empresas off shores: Constructora Internacional del Sur, Smith & Nash Engineering Company y Klienfeld Services Ltd, junto a las filiales de la constructora, compañías de fachada peruanas, intermediarios locales, rutas bancarias y otra offshore Balmer Holding Assets Ltd.

La oportuna y valiente alerta de IDL no funcionó y medio año después, coincidiendo con la contundencia de los fiscales brasileros, los nuestros recién resucitaron. Ello da idea del peso de los nombres que podrían estar involucrados.

Si ese valioso tiempo perdido sirvió para que algunos de los mayores responsables escaparan, no lo sabremos tan pronto. La lista es secreta por tratarse de una mafia organizada, de un cártel de conducción brasileña de dimensiones continentales, que sistemáticamente ha robado al estado peruano durante  años. La justicia peruana, como la internacional, deberán desplegar sus mayores esfuerzos para sancionar a todos y cada uno de ellos.

Porque estamos ante un modus operandi conocido, aceptado y permitido como manera de hacer negocios. No se trata de un acto aislado, la propia empresa ha reconocido, en vías de colaboración eficaz en Brasil, que llegó a un altísimo nivel de sofisticación. Nuestra comentarista Paola Mendoza nos habla de una gerencia de coimas llamada División de operaciones estructuradas a la cual poca gente tenía acceso. A pocos extrañaría que fuera así.

 
Estados Unidos ha precisado que como cártel  manejaban dos sistemas informáticos paralelos uno para la contabilidad y el otro para los mensajes entre quienes aprobaban pagos y transferencias. Uno de los integrantes, y que por serlo es uno de los que más ha confesado en Brasil, es nuestro muy conocido Jorge Barata. En el Perú la persona más vinculada con los gobiernos de Alan García y de Alejandro Toledo.

Alan García no tuvo en la mayor parte de su gestión un embajador de carrera en el Brasil, tuvo un amigo personal con uso libre de valija diplomática, lo que seguramente será evaluado por la fiscalía como información a través de interrogatorios precisos.

Los fiscales suizos han ofrecido a los peruanos toda su colaboración en absoluto secreto. Hay una razón. Los que han obrado mal lo saben y harán todo por escapar de la justicia, decir los nombres solo adelantaría las fugas. Como sucedió con el antecedente más cercano. El proceso a Fujimori involucró más de mil personas de las cuales todavía varios no habidos y en la cárcel sólo una centena.

El país está atento con la lupa en el poco confiable Poder Judicial cuyo flamante presidente ofrece una división especializada anticorrupción. Y en el Ministerio Público que en su primera presentación ha dado muy poco.

Lo cierto es que estamos ante una gran oportunidad que viene de fuera para sanear moralmente al país. O la tomamos o aceptamos la impunidad y el deterioro moral como parte de nuestra realidad. No la deberíamos perder.

SÁLVESE QUIEN PUEDA

Correo del 7 de enero del 2017

El ambiente se llenó de temores y preocupaciones. Y no es para menos. Pocos conocen las listas negras y muchos temen estar incluidos. No habíamos visto este ambiente desde que Vladimiro Montesinos con sus videos tuvo el poder de exhibir precios para liquidar dignidades y prestigios. Muchos corrieron, otros tantos se salvaron y algunos, los menos, siguen en las cárceles. A él le debemos la terrible frase: “Acá con un cañonazo de 10,000 dólares te compras a cualquier magistrado.”

Hay quienes aparecen más preocupados por los contratos suscritos con Odebrecht que deberían ser cumplidos, llueva o truene, por las actuales autoridades. No es así, siempre el Estado podrá renegociar precios y servicios si surge un factor que desestabilice lo pactado.

No es la gran empresa coimera ni sus servicios lo que debería importar a nuestros nacionales. Lo esencial es la ética violentada por los sobornos y los nombres de los altos funcionarios de la clase política peruana que desfilarán por el indeseable corredor de los corruptos dejando al país y a la democracia inermes ante un vendaval de dimensión todavía desconocida.

Y el escándalo viene mal. La luna de miel y el apoyo a PPK en la población van quedando atrás. El desconcierto impide superar los estigmas que podrían surgir. Preservar la conexión directa con la gente será muy difícil con los miedos que descolocan y el ruido político que crece impidiendo defender prestigios necesarios para la legitimidad política. A lo que se agrega la conflictividad social que empieza a distribuirse en el país. La tecnocracia económica que nos gobierna no sabe qué hacer con la política y menos sabrá si parte de ella entra a la corriente del sálvese quien pueda. La alarma fue lanzada en abril 2016 por Gustavo Gorriti en IDL y seis meses después los mayores responsables podrían no estar. Tontos no son.

EL VENDAVAL 

QUE SE VIENE

En Político.pe el 31 de diciembre del 2016

¿De qué dimensión es el escándalo que amenaza con llevarse de encuentro a políticos y altos funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala? Cuánta firmeza, decisión y transparencia se necesitará del gobierno de PPK para preservar su autoridad ética y política mientras golpean los vientos y el ruido político se incrementa hasta ser ensordecedor.

Los optimistas afirman que en nuestro país las crisis políticas o económicas no lo son tanto ni duran demasiado. Que somos un pueblo que siempre sale bien librado porque vivimos al borde del abismo y nuestra capacidad es la resiliencia. Ojalá fuera así y el escándalo Lava Jato lo convirtiéramos en la oportunidad nacional para luchar de verdad contra la corrupción que junto a la inseguridad ciudadana es el principal problema nacional. Al terminar el 2016 la corrupción se levanta como un inmenso fantasma destructor frente al cual resultan banales las comisiones y los informes. Todavía no tenemos un plan serio de acción que nos convenza de que existe voluntad política para combatirla.

Lava Jato se anuncia como un vendaval que podría barrer terrenos políticos desde la raíz, un accionar que podría demostrarnos que lo que no pudimos hacer nosotros sí puede lograrse con motivación externa. Que entendamos que nada es posible si la corrupción continúa corroyendo estructuras políticas y económicas. Si se quiere dinamizar la economía y que la gente no se impregne de pesimismo y desconcierto tenemos que afrontar la corrupción y la inseguridad.

PPK va a tener que hilar fino para enfrentar, sin sufrir daños personales, los cuestionamientos que ya circulan sobre su ejecutoria como titular del MEF cuando exoneró del SNIP a la Interoceánica Sur. Si es o no socio del financista chileno Gerardo Sepúlveda quien también trabajó para Odebrecht en el Perú el 2007 para obras por US$500 millones. Y cómo sustenta su afirmación de que todo lo que ha realizado la empresa brasileña no es corrupto.

El Perú necesita tener la seguridad de que su presidente Pedro Pablo Kuczynski no está involucrado. Ha hecho suficientes méritos para que creamos en su honestidad pero el vendaval viene muy fuerte y la transparencia es un imperativo si quiere mantenerse en su cargo.

Y ojalá que las denuncias no derriben la imagen de ex presidentes ni de altos funcionarios aún actuantes dentro del Estado. Fuera de adhesiones o cuestionamientos la democracia peruana necesita líderes honestos sin los cuales se vendría abajo la ilusión de la quinta elección nacional sin interrupciones. Estaríamos ante mucho más que una crisis de gobernabilidad. Nos quedaríamos sin clase política.

Ni catastrofismo ni ceguera. Podemos y debemos confiar en nuestras reservas políticas y democráticas pero no demasiado, lo suficiente para que el país, sin descuidar las alarmas, se fortalezca éticamente para no retroceder a tiempos de autoritarismo que nadie desea. 

¿DE LA ESPERANZA 

AL PESIMISMO?

En Correo el 31 de diciembre del 2016

Mañana comenzamos el 2017. Así como el espíritu navideño no estuvo a la cita tampoco el año nuevo renueva el ánimo de los preocupados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su primer semestre merece una realista evaluación para evitar se repitan problemas que no se debieron precisamente a la oposición. Que tenga en cuenta su congénita debilidad política por la falta de partido de gobierno y de una bancada eficaz y cohesionada a lo que une un gabinete que no ha dado fuego, que no le ha servido para hacer política, para enfrentar con habilidad al fujimorismo avasallador. La más reciente patinada echó por tierra las ilusiones de un equilibrio entre poderes y de una voluntad concertadora.  

Con el nuevo año PPK tiene la oportunidad de cambiar de estilo y de personas, de renovar su equipo inicial pues con él no logró preservar ese gran capital de esperanza que generó su discurso patrio ante el Congreso. ¿dónde está la revolución social prometida? ¿Dónde el cumplimiento de sus famosos siete mandamientos?

Por lo pronto ahora le corresponde enfrentar el vendaval Lava Jato que amenaza cargar con el santo y la limosna. No sabemos cuánto afectará a los políticos pero estamos ante un periodo clave que pondrá a prueba todas sus habilidades como gobernante y hasta su propia estabilidad. Nada le viene fácil, no es pan comido como podrían pretender los desaprensivos. Se quedó sin espacio para bromas ni debilidades. Menos fiesta y más responsabilidad. Necesitamos un gobierno con los pantalones bien puestos y suficiente liderazgo. En el 2016 PPK llegó al poder. Que en el 2017 aprenda a gobernar poniendo pie firme a tierra ante los frondosos vientos y el ruido político de los sobornos de Odebrecht. Que no lo alcancen es el mayor pedido. Y que el 2017 podamos recuperar algo del optimismo perdido.