EL RESCATE 

DE LA POLÍTICA

En diario Correo el sábado 30 de Noviembre 2019

América Latina continúa en convulsión, Hace ya seis años, diciembre 2013, Barack Obama calificó a la desigualdad de ingresos, como “el desafío definitorio de nuestros tiempos”. Pero el desafío mayor sigue siendo la pobreza que se acrecienta en muchos países. La desigualdad no angustia pero la pobreza sí. Ambas intrínsecamente relacionadas, la desigualdad de ingresos tiende a generar violaciones inaceptables de derechos, comparar nuestra situación económica nos lleva al desencanto y a la frustración con la política que abre el camino de la violencia. En Chile la destrucción de la infraestructura de transportes no tiene lógica y profundiza las carencias de recursos. Luchar o agredir a quienes tienen más no es un paliativo. El Estado debe atender el bienestar del que tiene menos. Lograr una política económica enfocada en libertades y oportunidades, en derechos fundamentales que la Constitución pretende garantizar. Pero solo cuando se constatan las carencias debatimos cuánto puede nuestro Estado ofrecer realmente a los ciudadanos. Y cuanto existe de institucionalidad democrática para dar voz a todos los sectores. 

El Perú, en etapa de recuperación de la cooperación entre poderes del Estado y entre políticos, espera elecciones para un nuevo Congreso. Indispensable canalizar democráticamente las confrontaciones para no llegar a los estallidos sociales que pueden ser muy destructivos. Este es el desafío de hoy, que en la oferta electoral la cooperación tenga un espacio, que se entienda que el cuestionamiento irracional puede ganar votos pero no soluciones. 

La política es conflicto pero también puede ser consenso surgido del debate integrado con las posibilidades reales. Es el enfoque que esperamos para que esta etapa sea positiva. Que como se ha dicho en la CADE la clase dirigente, en la política y en la economía, se active para realizar las reformas indispensables que permitan que el Estado funcione y represente a todos. Debemos rescatar la política de su desprestigio.

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LOS RIESGOS DE LA DESIGUALDAD

EN DIARIO CORREO 29 DE NOVIEMBRE 2019

Un fantasma recorre el mundo, el de la desigualdad. No solo la región está en ebullición, países percibidos como tranquilos reaccionan a la ausencia de derechos y a los problemas de supervivencia de los no privilegiados. La política tiene dos caras, la del diálogo y la del conflicto, ambos canalizados hacia los consensos para que el Estado no use el monopolio del uso de la fuerza contra los pueblos para reprimir aspiraciones. Los movimientos sociales de hoy se coordinan por las redes sociales y potencian el desprestigio de los mediadores que son los políticos y también los medios de comunicación que van perdiendo persuasión.

La colisión entre gobierno y oposición siempre termina mal. La polarización nos deja sin capacidad de luchar por la paz social por la cual debemos estar dispuestos a ceder. Y ello significa disminuir exigencias pero también privilegios. Algo que Chile parece haber perdido de vista a pesar de que durante dos décadas se benefició de la concertación para la recuperación democrática hoy en riesgo por los enfrentamientos de una población disconforme con los avances solo para algunos.

Similar descontento y cansancio signan las revueltas de Bolivia, donde Evo Morales a pesar de su ejecutoria positiva quiso quedarse en el poder por cuarta vez y las mayorías que antes lo aplaudieron lo cuestionaron por presunto fraude electoral iniciando un proceso que lo hizo caer. Sin hablar de Venezuela que después de Hugo Chávez está en permanente estado de violencia. Mientras Colombia, Ecuador y Brasil, tocados en su momento por el cuestionamiento están obligados a construir acuerdos que por ahora parecen devaluados. El Perú busca superar una larga etapa de esterilidad por confrontaciones que no disminuirán con nuevas elecciones parlamentarias. Las instituciones no funcionan por si solas se requiere que los gobernados exijan al gobernante fijar el rumbo y los objetivos comunes. En este punto estamos.

SOLDADOS 

DE LA DEMOCRACIA

Publicado en Correo el sábado 16 de Noviembre 2019

El mundo está movido y la región también. Como pocas veces se expresa masivamente la indignación social por la desigualdad, las violaciones de derechos y las injusticias del sistema. Tanto que las explosiones alcanzan un punto de no retorno como viene sucediendo en el vecino Chile. Tiempo de recordar que en nuestro país hace 27 años, cuando se iniciaba el régimen fujimorista con el autogolpe del cinco de abril de 1992, se produjo en la madrugada del 13 de noviembre de ese mismo año, la insurgencia de un conjunto de oficiales comandados por el General EP Jaime Salinas Sedó, un grupo que asumió la resistencia cívico-militar para restituir el orden constitucional. Soldados de la Democracia los llama su líder en emocionado mensaje desde EEUU donde reside, “que fueron contra la corriente, que sintieron que los reclamaba el cumplimiento del deber y la voz de sus conciencias, no la de sus conveniencias personales”.

Enfrentaron al ex capitán Vladimiro Montesinos, el poder tras del trono que ponía sus alfiles en las FFAA. Respondieron al malestar en los cuarteles y en los sectores democráticos por el autogolpe que disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial. La insurgencia de este grupo aunque bien planificada no llegó a concretarse por una traición que desarticuló el operativo que no respondía a los golpes militares clásicos, sino a la defensa de la ley y la democracia.

Ni las torturas, promesas o amenazas con que pretendieron reprimirlos pudieron doblegarlos. Recluidos en pésimas condiciones en el Real Felipe durante 3 años, salieron gracias a la presión de los organismos internacionales, sin ceder en sus reclamos,  invictas sus banderas de lucha. Soldados de la democracia, quedan en la historia como dignos herederos de Cáceres, Bolognesi, Grau. Tiempo de recordarlos y de señalar que nunca se les reconoció sus derechos y merecimientos honorarios. La ingratitud de la patria también existe.  

LA INFORMALIDAD POLITICA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en diario Correo, 9 de Noviembre 2019

¿Qué nos diferencia del Chile que hoy protesta largamente en las calles de Santiago y que no duda en usar la violencia con alto costo económico y humano? La respuesta es la informalidad que en el Perú inunda todo y allá es relativamente pequeña ya que la gran mayoría de ciudadanos son trabajadores en planilla con deberes y derechos. En el Perú los trabajadores informales no tienen derechos y si sus remuneraciones son cortas suman al trabajo principal un segundo y hasta un tercer trabajo también informal. El correlato político se refleja en seres humanos extenuados y desencantados de los gobiernos, de los políticos y de la democracia. No se sienten insertados en el Estado de Derecho porque para ellos solo hay deberes cuyo cumplimiento muchas veces los desborda. Por eso no los entusiasman las elecciones y no les importan los gobernantes ya que siempre tendrán que trabajar duramente para vivir. 

Este razonamiento primario los impulsa a no esperar nada del Estado, ni siquiera los servicios básicos, que constitucionalmente les debe, como la salud y la educación. Hospitales públicos desabastecidos son un apoyo a la informalidad política y económica. 

La ceguera de los gobiernos y de los burócratas estimula la esquizofrenia de vivir en dos mundos diferenciados con discursos que el ciudadano informal recibe con displicencia o peor con indiferencia. Chile está en la antesala de la OCDE y el Perú tiene la misma pretensión pero sus pasivos sociales y económicos le pasan la factura. Hay demasiada desigualdad y necesidades embalsadas y los conflictos sociales siguen estando a la puerta. 

Bien ha hecho Martín Vizcarra en privilegiar la salud pero toca al gobierno pasar de la palabra a la acción. Presupuestos del MINSA sin ejecución son un agravio a las necesidades de los más pobres. Es indispensable exhibir eficiencia para que la formalidad del Estado tenga sentido para todos

¿MENSAJES RECIBIDOS?

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 2 de Noviembre 2018

Las protestas convulsionan América Latina. Chile -el gran paradigma del neoliberalismo- no se cansa de manifestar en las calles sin encontrar límites para su violencia e indignación. Como Tony Judt tituló su obra póstuma Algo va mal cuando no se comprende el extremo de los abusos, el maltrato y la desigualdad sistémica. Cuando el sentido común se pierde y el temor se enseñorea la paz social es una ficción. Nadie duda que lo que sucede en otros países es una señal de alerta. Así debe haberlo sentido Martín Vizcarra cuando en la peculiar investidura de su gabinete en Palacio de Gobierno saludó la admisibilidad de la demanda competencial por el TC e insistió en atender aspectos sociales como la salud o el incremento del sueldo mínimo, aunque sabía que afrontaría resistencias empresariales. Ojalá entendiera que no es posible dejar la definición de los destinos nacionales a multitudes que pueden arrasar derechos e instituciones con altísimos costos humanos y económicos.

La violencia está en toda la región, de México a Chile pasando por América Central y en especial en Venezuela donde el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia son un engaño. El Perú no está vacunado contra el contagio. Tiene demasiadas demandas sociales embalsadas a lo que se agrega el gravísimo telón de fondo de la corrupción que nos está dejando sin dirigentes confiables. Tenemos una urgencia acelerada de cambio de élites como en los países en que las guerras arrasan generaciones. Por eso necesitamos instituciones sólidas y democracia igualitaria. La crisis de confianza puede desestabilizar coyunturas y horizontes nacionales. La licencia a Tía María es un test riesgoso. 

Idealmente el Perú podría lograr una mejor representación y apostar por el futuro con democracia y madurez pero la urgente agenda social espera atención inmediata para prevenir estallidos.  En momento tan difícil y complicado no funcionan respuestas ambiguas, toca tomar decisiones.

¿MENSAJES RECIBIDOS?

En Correo el sábado 2 de Noviembre 2019

Las protestas convulsionan América Latina. Chile -el gran paradigma del neoliberalismo- no se cansa de manifestar en las calles sin encontrar límites para su violencia e indignación. Como Tony Judt tituló su obra póstuma Algo va mal cuando no se comprende el extremo de los abusos, el maltrato y la desigualdad sistémica. Cuando el sentido común se pierde y el temor se enseñorea la paz social es una ficción. Nadie duda que lo que sucede en otros países es una señal de alerta. Así debe haberlo sentido Martín Vizcarra cuando en la peculiar investidura de su gabinete en Palacio de Gobierno saludó la admisibilidad de la demanda competencial por el TC e insistió en atender aspectos sociales como la salud o el incremento del sueldo mínimo, aunque sabía que afrontaría resistencias empresariales. Ojalá entendiera que no es posible dejar la definición de los destinos nacionales a multitudes que pueden arrasar derechos e instituciones con altísimos costos humanos y económicos.

La violencia está en toda la región, de México a Chile pasando por América Central y en especial en Venezuela donde el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia son un engaño. El Perú no está vacunado contra el contagio. Tiene demasiadas demandas sociales embalsadas a lo que se agrega el gravísimo telón de fondo de la corrupción que nos está dejando sin dirigentes confiables. Tenemos una urgencia acelerada de cambio de élites como en los países en que las guerras arrasan generaciones. Por eso necesitamos instituciones sólidas y democracia igualitaria. La crisis de confianza puede desestabilizar coyunturas y horizontes nacionales. La licencia a Tía María es un test riesgoso. Idealmente el Perú podría lograr una mejor representación y apostar por el futuro con democracia y madurez pero la urgente agenda social espera atención inmediata para prevenir estallidos.  En momento tan difícil y complicado no funcionan respuestas ambiguas, toca tomar decisiones.

LA PAZ SOCIAL 

COMO FICCION

En Correo el 26 de Octubre 2019

Mientras algunos de los países del continente enfrentan graves turbulencias sociales el Perú sigue pareciendo un oasis a pesar de la ruptura del orden constitucional por la disolución del Congreso y de la demanda pendiente de admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Pero la clase dirigente no puede vivir de una ficción de paz ni dormirse en laureles inexistentes, demasiadas demandas embalsadas tornan relativa la situación. No hay que abusar de la paciencia cuando la protesta toca puertas vecinas. Si tuviéramos que reclamar, como lo hacen los chilenos, por un sistema individualista y poco solidario que implica poco o ningún acceso a las pensiones, salud, educación, transportes y demás servicios, no estamos lejos de esa realidad. Y seguimos sin reglas claras para las candidaturas de la elección del nuevo Congreso. Mientras Vizcarra veta a todos los congresistas hasta el 2025, el JNE traslada responsabilidades al momento de la inscripción y los partidos lo aceptan.

En el Perú existe una enorme crisis de confianza en los líderes y en las instituciones. Las pocas esperanzas en la política determinan que cada ciudadano tome a su cargo su suerte y la de su familia prodigándose en trabajos con sobrecarga de esfuerzos y energía. Por eso evade responsabilidades respecto de la democracia y de la política, su desencanto es extremo, ni siquiera exige al Estado los servicios básicos de calidad que constitucionalmente le debe. Pero esta eventual pasividad no debe ser confundida con resignación y menos con ilusión. No hay oportunidades para todos, la igualdad que los chilenos reclaman en las calles es un ideal. La situación de los sectores populares no es la mejor como tampoco lo es el silencio ante problemas cotidianos con un gobierno cuyas prioridades no son las angustias colectivas. La redistribución y no la concentración del poder económico o del político sigue siendo la esencia de la democracia. No olvidarlo.

LAS INSTITUCIONES IMPORTAN

En Correo el 19 de Octubre 2019

Las instituciones importan y mucho para el desarrollo económico de los países, en especial de aquellos que como el nuestro luchan contra la precariedad y la informalidad. Es entendible la mucha atención que recibe el tema por los estudiosos del desarrollo y del bienestar al punto que ha sido elevado al rango de principal determinante del progreso. Entidades internacionales como el Banco Mundial lo han convertido en lema que orienta sus propuestas de reforma. Corresponde a los líderes nacionales hacerlo operativo con indicadores adecuados. Pero ese debate en nuestro país encuentra más problemas que soluciones. Por un lado está la calidad del capital humano y por otro las ambiciones de los políticos o la erosión malsana de la corrupción que afecta también otras variables del progreso como el nivel de infraestructura, la calidad de sus políticas públicas y la inversión en innovación. En este sentido pensar el crecimiento y el desarrollo implica defender la democracia, el Estado de Derecho y, fundamentalmente la calidad de las instituciones.

Por ello es muy importante el reciente artículo de Juan Paredes Castro que alerta sobre el efecto dominó del cierre del Congreso. Porque debemos impedir lo imprevisible. Y es que la autonomía de las instituciones y el balance y la separación de poderes parecen irse al tacho cuando se imponen presiones políticas y mediáticas para que ninguna protesta ni defensa constitucional prospere. En 10 días sabremos si el TC acepta la demanda competencial planteada por el presidente del Congreso y mucho dependerá de la fecha de su respuesta. Si demora coincidirá con el nuevo Congreso ya elegido y no quedará margen para rectificaciones si hubiera disposición para ellas. La política de los hechos consumados puede avasallar mecanismos e instituciones o evolucionar, como teme Paredes Castro, hacia un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían dar forma a un régimen absolutamente autocrático. Deberíamos poder evitarlo.

¿DEMOCRACIA SIN CONTRAPODERES?

MARIA DEL PILAR TELLO

Se produjo el cierre del Congreso y el país sigue en la incertidumbre por lo que muchos consideran una flagrante ruptura constitucional. Dentro de diez días sabremos si el Tribunal Constitucional, máxima entidad para interpretar la Carta Magna, acepta la demanda competencial presentada por el Presidente del Congreso para anular el cierre del 30 de Septiembre. Ojalá su respuesta sea inmune a presiones políticas y mediáticas.

Muchos temen el contagio o el efecto dominó entendiendo el riesgo de que otros poderes autónomos como la Comisión Permanente, la Corte Suprema, el Ministerio Público o el mismo Tribunal Constitucional colisionen con el Gobierno y sus decisiones sean consideradas ilegales. Si hubo denegatoria fáctica para cerrar un Congreso a nadie extrañarían otros mecanismos de control fáctico que la población deberá aceptar sin mucha posibilidad de protestar.

Dos aspectos preocupantes en esta situación. En primer lugar la evidente precariedad de nuestras instituciones, entre ellas los partidos políticos, y en segundo lugar la ostensible fuerza de la manipulación mediática cuando se trata de convencer masivamente para alcanzar altas cotas de popularidad.

A ello se agrega la crisis del sistema de justicia en camino de una reforma que no funcionará sino se integra a una mayor del sistema político y electoral.

Hace algunos años el premio nobel de economía Douglas North describió la institucionalidad como el conjunto de reglas y restricciones diseñadas por el hombre para dar forma a la interacción humana. Una institucionalidad sólida conduce al desarrollo de los países que ven regulada su vida en sociedad por medio de ellas. De hecho son parte del equilibrio de poder para dar certidumbre a los ciudadanos. Cuando ese equilibrio desaparece y surge la concentración del poder comienzan las distorsiones y el todo vale para mantenerse en el gobierno buscando el apoyo social aun cuando sea con un discurso alejado de la realidad.

En unos meses sabremos si el Tribunal Constitucional aprueba la disolución del Congreso de la República o si recomienda su rectificación. También podría asumir posiciones intermedias o con una sentencia prospectiva pretender evitar problemas a futuro. Si es así la decisión de Vizcarra se mantendría inalterable o su gobierno podría evolucionar a un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían terminar dando forma a un régimen absolutamente autocrático.

Lo que tenemos ahora es un presidente sin controles ni limitaciones para gobernar. Y aunque la gente quiera creer que no acumulará más poder invadiendo otros poderes nada indica que debamos descartar esta posibilidad indeseable.

LA BISAGRA 

DEFENSORIAL

En diario Correo mi columna HOJA DE TIEMPO del 12 de Octubre 2019

Desde el 30 de septiembre la democracia peruana se ha quedado solo con dos poderes, Ejecutivo y Judicial, el Legislativo ha sido disuelto de manera totalmente discutible. Las opiniones van y vienen pero la única instancia que podría consagrar o rectificar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra es el Tribunal Constitucional ya requerido por Pedro Olaechea en aras de la estabilidad jurídica y política.

Toda democracia requiere de la separación y equilibrio de poderes. La reunión de las cabezas de los tres poderes da forma al Consejo de Estado que algunas veces -en situaciones de urgencia- se ha reunido en nuestro país para facilitar el diálogo entre poderes y el consenso. En plena crisis el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, con alta sensibilidad institucional, ha asumido el rol de bisagra y si bien no pudo reunirlos sí habló por separado con el presidente de la República y con el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para pedirles diálogo. Vivimos días convulsos y es indispensable garantizar el respeto a los derechos fundamentales al tiempo de descartar todo tipo de violencia. Si la Defensoría es clave para sostener los espacios de diálogo más aún lo es el Tribunal Constitucional  para poner  los límites al Presidente de la República. Olaechea ha requerido al TC para que suspenda el decreto de disolución, que declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. Una solicitud muy bien planteada, jurídica y políticamente. Y mientras llega el vital pronunciamiento ambos poderes deben buscar soluciones. Falta bastante para que este quinquenio termine y la necesidad de una agenda común y de un mejor gabinete subsisten, a pesar de los penosos acontecimientos recientes.

LA VOZ CONSTITUCIONAL

En diario Exitosa el domingo 13 de Octubre 2019

Se produjo la disolución del Congreso y el país continúa en situación de incertidumbre y de inestabilidad aunque muchos pretenden que estamos en plena normalidad y que aquí no ha pasado nada. Toca al Tribunal Constitucional consagrar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra u ordenar su rectificación si políticamente fuera posible. Lo que no se puede olvidar son los problemas nacionales que se ven más urgentes ante el temor de que la ruptura afecte aún más la economía ya paralizada en el consumo y el comercio. Hay muchos problemas pendientes en este quinquenio que todavía está a la mitad y que ha sido afectado por turbulencias y fuertes amenazas de inestabilidad con dos gobernantes que en permanente colisión de poderes no afrontaron severos males  como la anemia o desafíos como la reconstrucción del norte con la obra pública requerida, ni pudieron destrabar las inversiones que generan fuentes de trabajo.

Pablo Olaechea ha requerido al Tribunal Constitucional para que suspenda los efectos del decreto de disolución, declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. El tema ha sido bien propuesto y suscrito desde lo jurídico, lo político y lo racional por el Presidente del Congreso que en esa calidad preside la Comisión Permanente como lo señala el Reglamento de ese poder del Estado con fuerza de Ley. No existe ninguna usurpación de funciones como pretende Vizcarra.

Nos toca esperar que el TC como instancia máxima diga su voz sobre situaciones alejadas de la constitucionalidad, y que lo haga sin influencias políticas ni parcialidades que lo despojarían de legitimidad. Sería excelente le diera prioridad y que además pudiera hacer docencia sobre los mecanismos utilizados como amenazas que nos han traído hasta este indeseable momento. De un lado la vacancia presidencial y de otro la disolución del Congreso fueron malamente agitados como amenazas mes a mes. Sin pensar en que son mecanismos traumáticos que solo deben utilizarse en situaciones extremas, con escrupulosas formalidades y estricto fundamento. Igualmente el TC debería aclarar que la cuestión de confianza no es un recurso banal que puede convertirse en una espada de Damocles permanente. Son cuestiones esenciales que no deberían ser dejadas a la interpretación interesada y coyuntural pues como hemos visto se vuelven contra el Estado de Derecho.

Y mientras se resuelve el problema político mayor el Presidente debería aceptar que tendrá que superar la mediocridad de la gestión pública en temas económicos como sociales y de seguridad. La eficiencia que requiere para concretar el gasto y tomar las decisiones fundamentales no vendrá del Congreso que se elegirá en enero 2020 ni del precario gabinete de urgencia que preside Vicente Zevallos.

Si gracias a la definición constitucional logramos superar la incertidumbre e inestabilidad generadas por la disolución del Congreso, Martín Vizcarra, sin dejar de dialogar como pide el Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, podría culminar su mandato convocando a los mejores en un gabinete de ancha base, buscando un acuerdo mínimo para la atención de las urgencias, cumpliendo sus promesas y demostrando haber restaurado el orden constitucional sin extender indefinidamente su mandato como muchos temen.

CERCA DE LA FUERZA

LEJOS DE LA RAZÓN

En Exitosa el domingo 6 de Octubre 2019

Quienes defendimos duramente la democracia en las horas oscuras del fujimorismo, especialmente desde ese 5 de abril de 1992 que puso tanques en las calles y en los medios de comunicación, para que nadie protestara por el cierre de las instituciones y de los poderes del Estado, con un Alberto Fujimori más fuerte que nunca. Ese día comenzó un ochenio nefasto con violaciones constitucionales y de derechos humanos y mucha corrupción y manipulación mediática conducida por un sátrapa tras el trono que se enriqueció con inteligencia y habilidad siniestras. Hoy encerrado en la Base Naval debe estar sonriendo al ver cómo a nombre del antifujimorismo se ha perpetrado, 27 años después, similar maniobra a la que él planificó. Un golpe que ha puesto en las calles a gente que quiere ver los riesgos del avasallamiento de las instituciones y de la concentración del poder.

Cerca de la fuerza y lejos de la razón la manipulación mediática puso en la mente de la gente que era indispensable cerrar el Congreso para solucionar una crisis nacida de los temores, las ambiciones, los intereses, la incompetencia y el capricho político. En plena lucha contra la corrupción romper el orden constitucional es lesionar la autoridad ética para llevarla adelante. Martín Vizcarra ha apelado al concepto -que no existe en la Carta Magna- de “denegación fáctica” de la cuestión de confianza. Y no importa tanto la controversia legal o jurídica para explicar un acto netamente político definido por la fuerza que está detrás y lo ampara.

Las FFAA fueron a Palacio de Gobierno a presentar lealtades al Presidente que reconocen como su jefe supremo. No esperaron como debió ser ni tuvieron en cuenta que Martín Vizcarra no fue elegido como tal, que fue aupado al poder por una situación anómala, que es un gobernante de transición como pudo serlo Mercedes Araoz, ambos elegidos en la plancha presidencial con PPK como reemplazos eventuales no como presidentes. El apoyo de los poderes fácticos que son el mediático y el castrense pesa más que la visión de los constitucionalistas que pueden tener razón pero no poder. Tampoco interesa la opinión internacional que siempre dejará en manos de los políticos nacionales la decisión sobre el destino de cada país.

Vizcarra es un presidente de reemplazo que desde que tomó el poder ha sintonizado con la indignación popular y ha sabido dirigirla contra un Congreso de mayoría incapaz que ocupa un  escaño por su plata como dijera una congresista fujimorista indignada. Y este es el origen del problema, que Fuerza Popular haya puesto en venta los escaños que logró ya que sus candidatos debieron sufragar la multimillonaria campaña de Keiko Fujimori por la presidencia. El resultado fue un Legislativo ad hoc para quien quisiera pelearse con él por su ineficiencia política y ética, cerrándolo de cualquier manera.

Aunque el fujimorismo hoy defienda la institucionalidad que violó el 5 de abril de 1992, tiene impresentables congresistas con gran responsabilidad en este indeseable desenlace. Ellos son la coartada, provocaron que mucha gente quisiera que se fueran antes del 2021. Su juego de la fuerza y la imposición se volvió contra ellos, no son inocentes como tampoco lo son los apristas que los apoyaron y menos aún lo es Martín Vizcarra, el supuesto beneficiario de la pelea permanente para mantener su popularidad y ocultar la ausencia de soluciones a los problemas reales. No hay nada que celebrar. No hay ganadores, todos perdemos

SIN ESTADO DE DERECHO

En Correo el 5 de Octubre 2019

Se consumó una amenaza en la que pocos creían. Tan enorme es disolver el Congreso desde la banalización de la cuestión de confianza que nadie creyó que Martín Vizcarra se atrevería a reeditar el nefasto cinco de abril con el argumento constitucionalmente inexistente de que el Parlamento había “negado fácticamente” la confianza para modificar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Para los expertos la censura a dos gabinetes se refiere al acto solemne de la investidura y no a cualquier tema que permita interferir o avasallar al Legislativo haciendo trizas el principio de poderes y contrapoderes. El Congreso puede ser el peor de la historia pero es el elegido y es autónomo. La denegatoria fáctica constitucionalmente no existe, más aún el Congreso por mayoría concedió la confianza a Del Solar. La disolución no sólo es inconstitucional, es farsesca y forzada, configura claramente un golpe de Estado y así lo ve el mundo. El Congreso ha suspendido al mandatario por un año por “incapacidad temporal”, otra medida ficticia cuando el inquilino de Palacio cuenta con la “lealtad” de las FFAA.

Lejos de la razón y cerca de la fuerza la dictadura acecha. No hay normalidad política ni estabilidad jurídica y económica. La Comisión Permanente del Congreso debe solicitar al Tribunal Constitucional dictamen sobre la constitucionalidad de este cuestionable gesto político, debe atender la recomendación de la OEA y los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la CONFIEP, apoyados por políticos y constitucionalistas. Las FFAA no deben ser las decisoras en una crisis política, les toca esperar la solución de la civilidad, sin manipulación mediática ni de encuestas y menos aún de la presión de la población movilizada por interesados sectores radicalizados. Las elecciones generales aparecen como la única forma real de superar la crisis de ilegalidad y la ruptura del Estado de Derecho

ACUERDO 

Y GABINETE DE ANCHA BASE

En diario Exitosa el domingo 29 de Septiembre 2019

Dos meses de tensión terminaron con el archivamiento del proyecto de recorte de mandatos y de adelanto electoral promovido por Martín Vizcarra quien día a día desplegó su propaganda personal en cada lugar adonde fue. A la manera de un consumado agitador de masas intentó convencer de la necesidad del cierre del Congreso con el eficaz apoyo de los medios de comunicación a los que ayuda con la publicidad oficial.

Pero de agosto a setiembre los ánimos cambiaron y la gente que pedía el cierre del Congreso y las elecciones adelantadas está ahora más preocupada por la economía en declive y por la criminalidad urbana en aumento. El Congreso decidió el archivamiento del proyecto cuando Vizcarra estaba en Nueva York y el Primer Ministro no había decidido todavía presentar la cuestión de confianza. Los días pasaron, él perdió la oportunidad y el Congreso definió y puso fin a la pelea.

Nadie duda de que este es un mal Congreso cuya mayoría fujimorista no ha pasado la prueba de la capacidad de gobierno y menos aún la de representación del interés nacional. Muchos de sus congresistas son impresentables y desde el 2016 al 2019 poco positivo ha sido aprobado mientras los escándalos han sido demasiados.

Con el archivamiento definitivo del adelanto de elecciones se ha puesto fin a la crisis por colisión de poderes pero la respuesta de Martín Vizcarra -sin asimilar el golpe- ha hecho evidente que quiere continuar con la disputa. Presentará una nueva cuestión de confianza, esta vez respecto de la designación de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional ingresando a terrenos propios del Legislativo con claro irrespeto a la autonomía de poderes. Al parecer no pierde de vista el posible cierre parlamentario y espera nueva oportunidad que tal vez no llegue pues hasta ahora hemos visto aciertos y torpezas con poca capacidad de gobierno, algo que tiene descontento al mismo pueblo al que apela.

Vizcarra insiste en el conflicto lo que implica un rechazo a hacer política buscando consensos a través del diálogo y la negociación. Lamentable porque el interés nacional está en juego y vamos alcanzando extremos perjudiciales especialmente en economía e inseguridad. No significa que en democracia no exista oposición o confrontación pero siempre dentro del orden constitucional. Ojalá tuviera la capacidad de  construir una agenda mínima para lo que queda de su mandato a fin de responder a las demandas de ese pueblo tantas veces invocado. El mismo que llamado a protestar por el archivamiento del proyecto electoral no apareció en las calles en la dimensión que se pretendía y que ahora se le llama para el día de mañana lunes.

Si Martín Vizcarra quiere seguir confrontando y rechaza hacer política la crisis no tendrá fin a corto plazo y sus efectos podrían ser nefastos. No habrá acuerdo sobre los problemas importantes y urgentes. La lucha contra la corrupción es esencial y debemos proseguir con ella para sanear el país pero ella no implica desatender lo urgente. Ojalá Vizcarra pudiera terminar su periodo formando un gabinete multipartidario, de ancha base, que reemplace al irrelevante actual por ministros notables comprometidos con el país. Le tocaría gobernar hasta el 2021 conforme a una agenda mínima consensuada con el Legislativo. Esta propuesta, auspiciada especialmente por la Coordinadora Republicana, representa la sensatez y es un signo de que aunque se diga que es imposible todavía podemos apostar en positivo.

HACER POLITICA 

Y NO GUERRA 

En diario Correo el sábado 28 de Septiembre 2019

La mayoría del Congreso archivó el proyecto de adelanto de elecciones. La bomba explotó sin control de daños por el Ejecutivo y en presencia de la Comisión de Venecia. La presión de Martín Vizcarra no funcionó y el desenlace debió ser aceptado y dio paso a una nueva etapa. No caben recriminaciones por la decisión del Congreso pues está dentro de sus facultades. La crisis debería concluir aunque el Primer Ministro anunció que el gobierno no se quedará con los brazos cruzados. El presidente, sin aludir al adelanto de elecciones ya archivado, reinició la pelea con una nueva cuestión de confianza que aborda competencias constitucionales del Parlamento que debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Nuevamente se irrespeta la separación de poderes. Y si bien no mencionó el cierre del Congreso es evidente que espera otra oportunidad aunque las multitudes convocadas no aparecieran en las calles para protestar por el archivamiento del proyecto vizcarrista.

En democracia siempre hay posibilidad de diálogo, de hacer política y no guerra. Y ello implica atender al pueblo que de seguro está más preocupado por la situación económica y por el incremento de la criminalidad urbana que por el adelanto de elecciones. Sin hablar de los niños y adultos que están muriendo en hospitales públicos desabastecidos. Continuar con la escalada del conflicto de poderes afecta a todos pero Martín Vizcarra quiere seguir con la pelea. Rechaza hacer política logrando acuerdos sobre problemas importantes y urgentes. La lucha contra la corrupción es esencial y debemos proseguirla para sanear el país pero no implica desatender lo más urgente. Ojalá Vizcarra pudiera terminar su periodo con un gabinete de ancha base formado por notables comprometidos y gobernar conforme a una agenda mínima consensuada también con el Legislativo. Esta propuesta auspiciada por muchos, especialmente por la Coordinadora Republicana, es un signo de que todavía podemos actuar en positivo.

“DESABASTECIMIENTO”

EN DOCENCIA UNIVERSITARIA PÚBLICA

En diario Exitosa el domingo 22 de Septiembre

Pasaron cinco años de la Ley Universitaria y ya tenemos resultados de su incidencia en la calidad de la educación superior. El debate sobre la supresión o modificación de la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria pública fijado en setenta años, permitió cambiarla en el 2016 por 75 años. Quedó claro que la edad, por sí misma, no constituye el único criterio para evaluar el rendimiento de un docente universitario, y que la calidad no se relaciona con la edad. Que el docente es bueno o malo por los grados académicos, la actividad investigadora, las publicaciones y en especial por la experiencia y la especialización ganada por los años.

La Constitución no establece límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria pero la Ley Universitaria si lo hace y solo para la universidad pública. Esta discriminación es ostensiblemente violatoria del principio constitucional de la igualdad. Cinco años después cientos de apreciados docentes experimentados y especializados han sido retirados de la enseñanza a pesar de que conservan competencias vitales y profesionales. Y que después de ese retiro solo les queda trabajar para las universidades privadas con menores remuneraciones y en condiciones más difíciles. Así la universidad pública está siendo descapitalizada en valiosos recursos humanos en beneficio de la privada.

La experiencia y la especialización no tienen sustituto ni se adquieren por doctorados o maestrías. Estos docentes malamente excluidos son recursos humanos inestimables que difícilmente se encuentran con las calidades adquiridas en años de dedicación. Incluso la SUNEDU ha debido reconocer que existe “desabastecimiento” de docentes aludiendo indirectamente a los vacíos dejados por estos maestros queridos e irreemplazables, obligados a irse contra su voluntad y su capacidad. Con esta norma pierde la universidad, pierden los estudiantes y pierden los mismos docentes.

La modificación que elevó el límite de 70 a 75 años no logró enervar los resultados negativos del cese automático de los docentes de las universidades públicas que según las cifras han perdido cientos de maestros reconocidos sin poderlos reemplazar. Más aún cuando la docencia extraordinaria no ha sido implementada ni se ha previsto su financiamiento. Los descartados son dejados a su suerte a sabiendas de que no tendrán remuneración suficiente para vivir pues las pensiones son ínfimas y no garantizan ninguna dignidad para la jubilación. Premio a la dedicación.  

Por tanto es indispensable eliminar este límite de edad y además contemplar la posibilidad de contratación de los distinguidos profesores que fueron obligados a irse, si están en posibilidad y tienen voluntad de retornar.

Debemos recordar que la constitucionalidad de la Ley en cuanto al límite de edad del docente de la universidad pública no fue refrendada por todos los miembros del Tribunal Constitucional. Los votos singulares de Blume, Miranda Canales, Ramos y Espinoza Saldaña por la inconstitucionalidad, en este aspecto preciso, han sido ratificados ampliamente por la realidad cinco años después.

El límite para la docencia universitaria pública va contra la corriente mundial que -con base en los adelantos de la medicina y en el aumento de la esperanza de vida- avanza hacia la jubilación flexible para mantener una actividad laboral y en simultáneo cobrar parcialmente una pensión. 

La jubilación forzosa está siendo abolida progresivamente para sustituirla por una etapa con pensiones proporcionales a la duración de las carreras laborales para incentivar la actividad económica hasta edades más tardías. Urgente que la Comisión de Educación así lo considere.

¿DISOLVER O AUTODISOLVER 

EL CONGRESO?

En Correo el sábado 21 de Septiembre 2019 

¿Es constitucional disolver el Congreso por una cuestión de confianza rechazada por los parlamentarios? ¿Lo es auto disolverlo por presión del Ejecutivo para reformar la Constitución, acortar mandatos y posibilitar un adelanto de elecciones?

Ni lo uno ni lo otro es constitucional porque está en juego la irrenunciabilidad del mandato congresal que se quiere recortar. El presidencial es elrenunciable pero los congresistas que aprueben dicha reforma estarían renunciando a un cargo constitucionalmente irrenunciable.

Este argumento no ha circulado en el debate que ya se muerde la cola. Reducir los periodos presidenciales y congresales cuya duración es de cinco años tiene sus bemoles. La Carta no prevé recorte del mandato congresal ni renuncia al cargo porque sería contradecir los derechos de quienes votaron el año 2006 por un período de cinco y no por uno de 4. La Constitución no considera nulidad parcial ni total de los efectos de una votación anterior salvo por la revocatoria que es la única vía para el ciudadano de acortar el mandato de personas previamente elegidas. Pero no la hay para presidente ni para congresistas. El constituyente no quiso recortar dichos periodos, menos aún el de los congresistas. No es posible corregir el voto popular que asignó un escaño. Ni siquiera el referéndum porque la reforma que se propone debería regir hacia adelante, es decir para el próximo período gubernamental y  no retroactivamente.

Si el presidente disuelve el Congreso o si éste admite la reforma se violaría la Constitución.  Y la reforma sería pasible de nulidad, al igual que el adelanto de elecciones por contravenir la Constitución bajo intimidación de otro poder del Estado. Y no se hable del precedente del 2000 cuando el recorte de los mandatos dio paso al gobierno de transición de Valentín Paniagua y a las elecciones del 2001. Circunstancia excepcional que cerró una década de violaciones constitucionales e invalidó elecciones fraudulentas.