domingo, 26 de mayo de 2019


EL ESTADO SOY YO

En diario Exitosa el domingo 26 de Mayo 2019

Martín Vizcarra llegó al Congreso acompañado de Salvador del Solar, su Primer Ministro, para imponer su presencia y su voluntad. Llegó sin invitación y sin respeto, de manera inesperada para exhortar a la Comisión de Constitución a tratar con responsabilidad y “sin trampas” los proyectos de reforma política y pidió actuar en función al Perú y no a intereses particulares. No midió las consecuencias ni consideró el protocolo, menos aún le preocuparon la separación y el equilibrio de poderes o las buenas maneras políticas.

Como Luis XIV parece pensar que además de personificar a la nación como señala la Constitución él como Presidente es el Estado mismo. Por eso después de un mes de haber presentado los proyectos de reforma política invitó a las bancadas a Palacio de Gobierno y personalmente fue a reclamarles el respaldo. Y lo hizo de mal talante, con tono demasiado fuerte los conminó a aprobar sus proyectos tal como han sido presentados.

Es entendible el deseo de mejorar las instituciones y la representatividad tan venida a menos pero hay un problema de prioridades en un gobierno que ha perdido contacto con la gente. La reforma política debe venir después de la atención a necesidades urgentes como la paralizada reconstrucción del norte, la lucha contra la criminalidad urbana que está matando en las calles y en las casas con un crecimiento sin control que ha convertido los noticieros en desmesurada y permanente crónica roja. O el colapso de la salud pública con hospitales nacionales desabastecidos en lo esencial. O la economía bloqueada y el desempleo juvenil ignorado. Todo esto con el telón de fondo del gravísimo impacto moral causado por una mega corrupción ubicua e implacable.

No está el horno para bollos, el desplante presidencial no fue para nada bien recibido. El gobernante ya no goza de la popularidad de sus momentos aurorales, en su segundo año la gente se siente desatendida, desprotegida sin conexión con el gobierno y menos aún soporta una nueva etapa de pugna de poderes, que se acaba de inaugurar, en la que nadie gana.

Con ánimos exacerbados comenzó nuevamente la letanía del  cierre del congreso o la vacancia presidencial, de la ineficiencia para conducir el país o de la irresponsabilidad congresal y en el extremo la amenaza recibida o propinada del supuesto golpe de Estado. Las consecuencias de tanta colisión son la inestabilidad política y jurídica que como sabemos espanta las inversiones y desmoraliza acentuando la ya fortísima crisis de confianza en las instituciones y en los políticos.

Y si el objetivo presidencial era volver a sintonizar con el pueblo, enfrentando al alicaído Parlamento, está lejos de haberlo logrado. Vizcarra seguirá bajando en las encuestas si no responde a la población que demanda atención a sus apremiantes necesidades. Será así mientras los políticos se peleen en las alturas y ni el gobernante ni los congresistas respondan como debe ser, con racionalidad, responsabilidad y diálogo, a esta etapa que a no dudarlo es una de las más críticas de nuestra historia.




AQUÍ ESTOY 
PORQUE HE VENIDO

En Correo el 25 de mayo 2019

En democracia la división y equilibrio de poderes es muy importante como también lo son las formas y las buenas maneras. En el Reino Unido, de modélica monarquía parlamentaria, la Reina pide permiso para ir al Congreso. No impone su presencia ni desafía a los representantes del pueblo. Pero en el Perú la reciente visita del presidente Martín Vizcarra al Parlamento ha roto una tradición de respeto a lo que en algún momento se consideró el primer poder del Estado. Y ha generado nuevas tensiones porque el Ejecutivo quiere, rabieta de por medio, que le aseguren que el Congreso aprobará la reforma política a la brevedad y según su propuesta. Los parlamentarios, aunque de pobre aprobación, esta vez no se dejaron poner contra la pared como sucedió con el referéndum de diciembre.

Nunca segundas partes fueron buenas dice el dicho. Bien aplicado al caso con la respuesta del titular Daniel Salaverry “No le tenemos miedo a un posible cierre”. En buen cristiano no están dispuestos al avasallamiento.

Mal cálculo presidencial porque no está el horno para bollos. Las reformas no son urgencia para la gente que vive una etapa de convulsión moral por el impacto de la mega corrupción que parece no conocer límites y de desborde social por los paros y el desempleo más los graves problemas diarios de criminalidad urbana, salud pública y economía con pobre crecimiento. A nadie encandilan las ofertas e iniciativas reformistas mientras no se atienda lo prioritario.

Con poca comprensión del momento crítico y muy poca sintonía con la gente Vizcarra ha inaugurado un nuevo periodo de choque de poderes, con sus secuelas de inestabilidad política y jurídica, en el que nadie gana. Seguirá bajando en las encuestas porque la población rechaza la desatención a sus apremiantes necesidades, en especial la inseguridad, mientras los políticos se pelean en las alturas.


domingo, 19 de mayo de 2019


ESCUCHAR 
A LA GENTE
En diario Exitosa el domingo 19 de Mayo 2019
No encontramos ni vencedores ni vencidos en este escenario político donde pasamos cotidianamente de la indignación a la pena y al estupor por la corrupción multiforme y ubicua. Esta semana fuimos espectadores de un melodrama con sabor a cinismo o a desequilibrio mental cuando vimos la confesión mediática de Susana Villarán y después la sólida decisión judicial que la llevó del banquillo a la cárcel preventiva. La ex alcaldesa asumió su conducta delictiva sin conciencia y sin remordimientos, pretendiendo causas superiores para actuar fuera de la ley. Incluso afirmando que lo volvería a hacer en similares circunstancias.

El golpe moral que con todo esto recibe la nación es indescriptible. Ahora sabemos que en el post fujimorismo la corrupción sembrada durante los noventa prosperó y dio frutos, que varios presidentes se alinearon con las ambiciones y la criminalidad, que nunca hubo propósito de enmienda y que la política como botín se ha enseñoreado en nuestro país con el dramático riesgo de convertirnos en un estado fallido que se deja robar y usurpar los pocos o muchos recursos que tiene para proteger a sus ciudadanos y atender sus derechos fundamentales.

Si hubiéramos aprendido la lección de la década fujimontesinista otro sería el cantar. El gobierno transitorio de Martin Vizcarra no sigue las huellas del otro cercano gobernante de transición que fue Valentín Paniagua, modélico en orden y honestidad. Continúa, bajo el impacto inmoral de los vladivideos, la certeza de que todos, autoridades y gobernantes, tienen un precio para comprar y vender sus funciones sean éstas originadas por elección popular o por designación.

Dejamos atrás el referéndum de diciembre, exitoso para el presidente que considera que ahora es el momento de las reformas judicial y política que por ser de fondo necesitan tiempo y reflexión, no apresuramiento. Más aún cuando la gente está más preocupada por la subsistencia, por la salud y la alimentación y sobre todo por la seguridad. Muy pocos se compran las promesas de un gobierno que se pretende anticorrupción y reformista por encima de sus obligaciones esenciales. ¿Es esa la forma de resolver la aguda crisis ética, política y social del sistema?

Mientras la confianza se sigue desgranando hasta casi desaparecer, el Ejecutivo y el Parlamento discuten sin conectar con el interés de la gente. A nadie importa que hoy se imponga Vizcarra y mañana retorne el fujimorismo fortalecido al control del Congreso. Les da igual porque ninguno responde a la agenda social que reclaman. Hay temor a la inseguridad y a la violencia que han hecho de los programas informativos una crónica roja permanente. Todo es robo, raqueteo, asaltos y violencia criminal. Nadie está seguro ni en las calles ni en sus casas. Si Sendero y el MRTA flagelaron la sociedad durante dos décadas ese record está siendo alcanzado por la delincuencia que nos tiene sitiados y va hacia más en intensidad y peligrosidad.

Este escenario hace difícil, si no imposible que la agenda gubernamental de reformas se imponga. Bien por la reunión de los dos poderes que impulsó el Primer Ministro pero similar confluencia debería darse para gestar una agenda legislativa única que permita al Ejecutivo y a los parlamentarios atender lo que pide la gente. La anticorrupción y las reformas política y judicial son muy importantes pero no más que las necesidades concretas de una población jaqueada en lo ético y en lo material. Si estas urgencias no son atendidas las movilizaciones masivas podrían escalar y la inestabilidad política estaría cerca. Señor Vizcarra es la hora de gobernar y de escuchar. No de pechar ni de pelear.


NO VAMOS AL COLEGIO

En Correo el 18 de mayo 2019

El rechazo se extiende. No queremos el Colegio de Politólogos de la forma como ha sido creado, con sospechoso interés, con apuro y sin cuidado en la representación y en las necesidades de organización. Pretende reunir a quienes se dedican a la política desde el análisis, la academia y la práctica pero esta actividad profesional que entiende el uso del poder para la protección y el bienestar de la sociedad, no puede ni debe ser avasallada por las prisas que descuidan el debate y la participación de los involucrados.

Al no haberse convocado a la Red de Escuelas de Ciencia Política, que incluye a las del interior del país, han incurrido en imperdonable error. Y otro es que se coloca al frente de la Comisión que pondría en marcha el Colegio a una ONG llamada Asociación Nacional de Politólogos que carece de representatividad. Y bajo ella a las Escuelas de Ciencia Política arbitrariamente consideradas como las más importantes. De manera gruesa se insiste en la centralización al no tener en cuenta a aquellas que en provincias cumplen esfuerzos académicos encomiables que debemos estimular y rescatar.
  
El Colegio de Politólogos tendría el objetivo de “fortalecer” el ejercicio de la profesión pero comienza muy mal, cuestionado por aquellos a quienes intenta organizar. Los politólogos no rechazan la posibilidad del Colegio pero si la Ley aprobada. La comunidad de profesionales de la Ciencia Política puede y debe organizarse con equidad y sentido común para mejor cumplir su misión social y política pero no al arbitrio de quienes podrían instrumentalizarla al restringir el ejercicio profesional con fines coyunturales desde la colegiación obligatoria.

Toca al presidente Martín Vizcarra observar la Ley aprobada con insólita rapidez, sin debate político ni académico. La Ciencia Política y en especial los jóvenes peruanos que la han elegido como profesión merecen más respeto y reflexión.


lunes, 13 de mayo de 2019



¿REFORMA POLÍTICA AHORA?

En diario Exitosa el domingo 12 de Mayo 2019

La Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra afirma que trabaja a todo vapor. Y que en su mesa no están solo los proyectos que Martín Vizcarra entregó hace más de un mes, para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta, que son muchos más un gran número de iniciativas de abrumadora complejidad.

Para analizar si la reforma política será o no posible hay que tomar en cuenta el factor tiempo. El Presidente y el Premier reclaman nuevas normas para ser aplicadas en el 2021 y atención urgente a su propuesta porque no es posible modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Por tanto todo cambio deberá hacerse como máximo en menos de un año, es decir antes de abril 2020.

El tiempo manda y hablamos de cuatro reformas constitucionales, entre ellas la de la inmunidad parlamentaria, que deberían aprobarse en la presente legislatura si se quieren vigentes para las próximas elecciones generales. 

Difícil muy difícil. Estamos nuevamente en pleno conflicto de poderes. Mientras el presidente Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar los proyectos que entregó hace más de un mes, su titular Daniel Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

No hablan el mismo idioma. Los proyectos del Ejecutivo han sido colocados en la categoría de insumo junto a la información que recogerán en las cuatro macro regiones a fin  de que la renovación normativa de la política salga de la ciudadanía.

Nuevamente la apelación al pueblo pero esta vez convocado por el Congreso, para opinar sobre la representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de Diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta.

Pero no será así. Según Salaverry la información que pudieran obtener la pondrán a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores. Un trámite largo y lento que no se parece al de una reforma sino al de arrastrar voluntades sin posibilidades de concreción, legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la muy importante bicameralidad o la posible elección parlamentaria en la segunda vuelta. El mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión sean aprobados para el 2021 si no hay previo acuerdo con el gobierno. Pero la confluencia está lejana, ni prioridad ni debate, los esfuerzos de ambos poderes no van por la misma vía.

No extraña la situación porque el Congreso se ve más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir la reforma política. Y esta vez las presiones del Ejecutivo no tendrán el mismo efecto. Ya el Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, ha descartado la cuestión de confianza. Si esto es así alguien en el entorno de Martín Vizcarra y de Daniel Salaverry debería decirles que vale más dialogar que imponer. Y que para lograr la reforma política funcionaría mejor el poder blando de persuadir que el poder duro de golpear.




¿ES VIABLE 
LA REFORMA POLÍTICA?

En Correo mi columna HOJA DE TIEMPO el 11 de mayo 2019

Nuevamente estamos en pleno conflicto de poderes. Martín Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar la discusión de los proyectos de ley que entregó para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta. Danien Cl Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

Afirma que la propuesta del Ejecutivo será solo un insumo junto a las consideraciones a ser recogidas en las cuatro macro regiones para que la renovación salga de la ciudadanía. El pueblo nuevamente opinará sobre el sistema de representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta. Lejos de esto la información que el Congreso pudiera obtener la pondrá a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores, en un trámite largo y lento que no se parece a ninguna reforma sino a la dilación de procedimientos lejos de la concreción de una reforma legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la bicameralidad del Legislativo y la elección parlamentaria en la segunda vuelta. Y aunque la Comisión de Constitución pretenda que trabaja a todo vapor y el Premier les llame la atención, el mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión puedan ser aprobados para el 2021 si no hay acuerdo con el gobierno.

Ni prioridad ni debate, los esfuerzos no van por la misma vía y las presiones del Ejecutivo no parecen tener efecto en un Congreso escaso de brújula, autodefensivo, más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir los numerosos proyectos de reforma política que no llegarán a ser analizados a tiempo.


martes, 7 de mayo de 2019



QUE LOS FISCALES ACUSEN


Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 06 de mayo 2019
El tsunami Odebrecht está terminando con las figuras políticas. Los ex presidentes del post fujimorismo están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. El Ministerio Público solicita prisiones preventivas y preliminares y los jueces garantes de la justicia las aceptan con severidad extrema por encima de la presunción de inocencia.
Pero estos mismos fiscales no son tan eficaces para acusar e iniciar los procesos que permitirán a los imputados un juicio oral como corresponde, que admita argumentos, actuación de pruebas y logre una sentencia fundamentada y motivada como manda el debido proceso.
Esos fiscales y jueces que aparecen adictos a las medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria, arrastran los pies para formalizar investigaciones y presentar la acusación indispensable para iniciar los procesos. Afirman que no cuentan con recursos humanos suficientes y es cierto, pero alientan los juicios populares y mediáticos que proliferan.
Con dureza extrema los operadores de justicia descartan los mecanismos que no implican pérdida de libertad aunque garanticen igualmente la presencia de los imputados en las pericias judiciales. Los fiscales y jueces empoderados por el apoyo popular caen en excesos y en ese camino podrían poner a todos los políticos tras las rejas y a todos los partidos al borde de la autodestrucción. A ello se agrega la imposibilidad de la reelección parlamentaria. ¿Adónde quieren llegar?
Estamos ante la criminalización de la política y la estigmatización de quienes expresan su desacuerdo con las sentencias anticipadas sin pruebas. No hay espacio para el sentido común ni para la defensa de los principios y garantías de la justicia. En resumen necesitamos que los fiscales comiencen a acusar, que la justicia sea impartida con autoridad ética y respeto a garantías y derechos fundamentales, que responda a los fundamentos de la justicia republicana en democracia. No hay más.




QUE COMIENCEN 
LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa del domingo 07 de Mayo 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.

domingo, 5 de mayo de 2019


QUE COMIENCEN 
LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa el domingo 5 de abril 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.



QUE LOS FISCALES ACUSEN

En Correo el 04 de abril 2019
El tsunami Odebrecht está terminando con las figuras políticas. Los ex presidentes del post fujimorismo están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. El Ministerio Público solicita prisiones preventivas y preliminares y los jueces garantes de la justicia las aceptan con severidad extrema por encima de la presunción de inocencia.
Pero estos mismos fiscales no son tan eficaces para acusar e iniciar los procesos que permitirán a los imputados un juicio oral como corresponde, que admita argumentos, actuación de pruebas y logre una sentencia fundamentada y motivada como manda el debido proceso.
Esos fiscales y jueces que aparecen adictos a las medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria, arrastran los pies para formalizar investigaciones y presentar la acusación indispensable para iniciar los procesos. Afirman que no cuentan con recursos humanos suficientes y es cierto, pero alientan los juicios populares y mediáticos que proliferan.
Con dureza extrema los operadores de justicia descartan los mecanismos que no implican pérdida de libertad aunque garanticen igualmente la presencia de los imputados en las pericias judiciales. Los fiscales y jueces empoderados por el apoyo popular caen en excesos y en ese camino podrían poner a todos los políticos tras las rejas y a todos los partidos al borde de la autodestrucción. A ello se agrega la imposibilidad de la reelección parlamentaria. ¿Adónde quieren llegar?
Estamos ante la criminalización de la política y la estigmatización de quienes expresan su desacuerdo con las sentencias anticipadas sin pruebas. No hay espacio para el sentido común ni para la defensa de los principios y garantías de la justicia. En resumen necesitamos que los fiscales comiencen a acusar, que la justicia sea impartida con autoridad ética y respeto a garantías y derechos fundamentales, que responda a los fundamentos de la justicia republicana en democracia. No hay más.