LAWFARE. 

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Publicado en Exitosa el 17 de Febrero 2019

Nos quejamos de la judicialización de la política. Más aún en este muy cálido Febrero que amenaza con huaicos, que vienen dejando miles de familias damnificadas en el sur, y con Tsunamis políticos que pueden venir desde el Brasil después del acuerdo suscrito con Odebrecht bajo régimen de delación premiada. Muchos personajes están bajo amenaza, los miedos proliferan ante las revelaciones que vendrán amenazando prestigios, trayectorias, oropeles. Y aquí procede un concepto que hace furor en el continente, el de Lawfare que se refiere al uso indebido o excesivo de instrumentos jurídicos para la persecución política, destrucción de la imagen pública o inhabilitación de un adversario político.

Hay quejas y reacciones en el Perú pero también en Brasil, Argentina y Colombia donde acciones aparentemente legales con amplia cobertura de prensa permiten presionar al acusado y su entorno haciéndolo más vulnerable a las acusaciones sin prueba hasta llegar a la liquidación del personaje.

Queremos luchar contra la corrupción pero necesitamos equilibrio. Y hay que tener en cuenta la sombra del Lawfare que se refiere a “un método de guerra no convencional en que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”, utilizado desde 1999 en un libro sobre estrategia castrense. En el 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes con influencia en los aparatos jurídicos en América Latina en la lucha anticorrupción. Entre los aspectos fundamentales del Lawfare  está el rol del Poder Judicial, poderoso espacio para desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política.

Estaríamos lejos del equilibrio de poderes. En especial si se tiene en cuenta que el Poder Judicial es el único que no deriva de la voluntad popular sino de designaciones políticas y de concursos que le dan una institucionalidad vulnerable y proclive a presiones en tiempos convulsos de lucha anti-corrupción que colocan altas autoridades ante el cadalso. Y mucho más cuando tenemos calles que claman por una persecución judicial general para los funcionarios de gobiernos corruptos.

Todo esto hace más importante la reforma judicial que impida que el aparato que investiga y sanciona caiga en manos corruptas o interesadas en el control del aparato del Estado que se esmeran en colocar “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político.

Ad portas del tsunami Lava Jato y cuando las sospechas de aportes de campaña alcanzan hasta el Presidente Martín Vizcarra debemos evitar el doble rasero por el cual  se “elige” a quienes se ataca y también a quienes se invisibiliza o exculpa. Y en este aspecto es vital la labor de los medios de comunicación que pueden manipular y orientar la opinión pública sobre la corrupción.

El Parlamento investigará los nexos de las constructoras brasileñas y peruanas con todos los partidos y en especial con el oficialista. Nadie arriesga apoyos ni justifica aportes a los financiamientos electorales. Más argumentos para la esencial reforma judicial inacabada y para la reforma política que deberá profundizar este aspecto que se revela profundamente desestabilizador para la democracia y lamentable terreno fértil para la corrupción. Sin mencionar la peor amenaza que podría concretarse que es la indeseable vacancia presidencial.

TIEMPOS DE AMENAZAS 

Y DESASTRES

En Correo el 16 de Febrero 2019

Febrero, el mes más cálido del año, alcanza agobiantes temperaturas físicas y políticas. Las lluvias generan huaicos y tragedias con miles de damnificados en el sur. El acuerdo firmado con los ex directivos de Odebrecht amenaza con un tsunami político que no deje títere con cabeza. Y las sospechas llegan hasta el presidente Martín Vizcarra, ex Jefe de la Campaña que llevó a Pedro Pablo Kuczynski al poder.

Vizcarra insiste en que su manejo fue político y no económico ni financiero como si fueran conceptos antagónicos. Los cimientos políticos se remueven con las revelaciones sobre el financiamiento electoral con aportes que pudieron venir de la brasileña o de sus consorciadas nacionales a lo que se agregan los del Club de la Construcción que habrían sido recompensadas con millonarios contratos. La madeja es espesa, las sombras parecen ubicuas, trufadas de  ambiciones de poder y de convulsos temores sobre lesiones a prestigios, trayectorias y altas funciones.

Martín Vizcarra asegura que como ministro no adjudicó obras a más del 100% de su costo pero hay licitaciones ganadas que alcanzarían más de S/900 millones en procesos realizados por el Ministerio de Transportes. Un aspirante a colaborador eficaz afirma que el grupo, entregó 100 mil dólares a la campaña presidencial en su presencia algo ratificado por Jorge Villacorta alto directivo del partido oficialista. Además se trata de un monto no consignado en los registros de aportes ante la ONPE.

Las sospechas se extienden, el Parlamento investigará los nexos de las constructoras con el partido oficialista. Y ni los más cercanos a Martín Vizcarra arriesgan apoyos ni justifican aportes para los financiamientos electorales. Todo esto deja en claro que una profunda reforma política deberá profundizar este aspecto desestabilizador de la democracia y lamentable terreno fértil para la corrupción. Y nadie duda que la peor de todas las amenazas es la indeseable vacancia presidencial. Seguiremos.

SOLIDARIDAD CON PEDRO SALINAS 

Y PAOLA UGAZ

Para Político.pe

El periodismo es una profesión de riesgo. Lo sabemos bien los que nos hemos sentido incómodos por opiniones personales o versiones que consideramos justas. La fundamental labor de investigación y esclarecimiento asumida por Pedro Salinas y Paola Ugaz respecto del Sodalicio y sus prácticas vedadas merece el apoyo de toda la sociedad y en especial de quienes  vemos en la Iglesia Católica un propósito de penalización y enmienda respecto de ese estigma mayor que es la pedofilia, un escándalo universal que reclama acción y reacción social.

Hace tres años con su libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz nos informaron de una tristísima realidad que había permanecido oculta. Supimos entonces del abuso contra menores y jóvenes en el Sodalicio, organización fundada por Luis Fernando Figari en la que participó el hoy poderoso Arzobispo de Piura y Tumbes, Jose Antonio Eguren Anselmi.

Eguren es hoy una gran autoridad en el norte. Connotado miembro del Sodalicio no puede negar responsabilidad en los hechos denunciados pero en lugar de ello, sin cristiano propósito de enmienda, querella por difamación a Salinas y Ugaz reeditando el mítico combate de David contra Goliat. Pero en este caso la honda de David, la de la verdad y la justicia la tienen nuestros colegas aunque el prelado haya logrado llevarlos ‘a su territorio’ donde tiene juezas que puede influir o manejar.

Judith Cueva Calle y Esthela Alva Pantaleón son las magistradas que insólitamente aceptaron las querellas por opinar o investigar. Y sin considerar que ambos periodistas viven en Lima los obligan a litigar en Piura a 1,200 kilómetros. Una extremo del abuso que la OCMA debería abordar ya y con severidad ya que no solo viola derechos personales y de libertad de expresión sino que los coloca en riesgo al obligarlos a desplazarse permanentemente.

Nuestros queridos y valientes colegas no midieron consecuencias que hoy tienen que enfrentar. Pagan el precio de ser Quijotes de la verdad y de la justicia sufriendo el amedrentamiento para que nadie más se atreva a investigar o denunciar a poderosos, para que nadie publique respecto del Sodalicio de Vida Cristiana a pesar de los apabullantes testimonios.

El abuso de poder es ostensible, el que puede puede, pero cuando se trata de crímenes contra menores y jóvenes toca a toda la sociedad defender a quienes han asumido su protección con reciedumbre ética como Pedro Salinas y Paola Ugaz. No los dejemos solos con su enorme desgaste económico, emocional y laboral. No aceptemos el abuso de un personaje ciertamente implicado que hoy los obliga a viajar constantemente a Piura, a pagar abogados y testigos para responder a una inicua demanda que nunca debió ser aceptada. ¿Por qué el Poder Judicial permite esta  barbaridad? 

Pedro Salinas investigó más de cinco años a una institución de la que fue víctima de maltratos psicológicos y físicos. Tiene todo el derecho de exigir justicia. En lugar de ello Eguren lo sigue haciendo víctima usando su poder. Niega que fue pieza clave en la entidad, que ocupó altos cargos y que maltrató psicológicamente a varios jóvenes como parte del círculo más cercano a Figari.

El periodismo peruano tiene una deuda moral con Pedro Salinas y Paola Ugaz, más exigible aún en tiempos de crisis de valores. No consintamos esta atrocidad social y penal. La sentencia contra Salinas podría venir en el próximo marzo y estamos a tiempo para una acción conjunta que vaya más allá de las personas para convertirse en una instrucción moral para una sociedad ávida de modelos y ejemplos. No permitamos que se penalice la verdad. Solidaridad activa para ellos.

LA ESENCIAL 

REFORMA JUDICIAL

En diario Exitosa el domingo 3 de febrero 2019

La reforma de la justicia es un antiguo anhelo. Hace 15 años tuvimos el honor de integrar la Comisión Impulsora del Acuerdo Nacional por la Justicia, designada por Hugo Sivina Hurtado como Presidente del Poder Judicial. Junto con Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio recorrimos el país organizando audiencias en las capitales y en las provincias a fin de tomar el pulso social sobre cómo desean los ciudadanos el cambio Judicial. Aprobamos un producto final con algunos aspectos similares a los discutidos para la Ley Orgánica de la Junta Nacional de la Justicia, pero la gran totalidad quedó en el tintero al igual que sucedió con la Comisión por la Reforma de la Justicia, CERIAJUS, que tampoco vio plasmados en leyes los cambios esforzadamente planteados.

Y es que cada cierto tiempo se renuevan las ilusiones de cambio de la justicia. Los congresistas trataron de superar la cuestionada ejecutoria del Consejo Nacional de la Magistratura y orientarse por la decisión ciudadana manifestada en el referéndum de diciembre pasado. Y lo han logrado.

La idea central sigue siendo fortalecer el Poder Judicial como instancia rectora inspirada en el sentido de responsabilidad y urgencia que devuelva a la justicia peruana credibilidad y confianza. Y por supuesto perfeccionar las instituciones que integran el sector, entre ellos el Ministerio Público que acaba de afrontar una crisis interna y requiere de mejores elementos legales para defender cabalmente su autonomía.

El Poder Judicial depende en mucho de la reforma aprobada que lamentablemente no es integral. Si bien la JNJ era urgente para continuar los procesos pendientes e iniciar los disciplinarios truncos lo era sobre todo para definir cómo se nombrarán, ratificarán o destituirán a los jueces. Decisiones que deberían requerir mayor consenso como una votación de dos tercios del pleno directivo.

Respecto de la ratificación y de las evaluaciones intermedias son tan delicadas que deberían responder a exámenes por capacitaciones efectivas. Mejor aún optar por la evaluación permanente a cargo de la ciudadanía que podría controlarlos como parte del proceso de impartir justicia.

Y en este aspecto procede la reestructuración de la Academia de la Magistratura  para convertirla en una Escuela de alta especialización como en los países avanzados donde son claves para los concursos públicos, llamados también de oposiciones. Una Escuela Judicial y Fiscal impulsa la movilidad de los jueces y fiscales en los distintos niveles de la carrera respetando la dignidad y las capacidades profesionales y éticas.

Punto esencial es el control de jueces y fiscales que debería ser externo y según lo aprobado no lo es. Sigue pendiente y debería ser implementado junto a la paridad de género para la designación de los titulares de la JNJ descartada por pretender que no se concilia con el enfoque meritocrático.

La ley aprobada es perfectible. Ya la tenemos, bajo la presión del tiempo y del Ejecutivo, pero aprobada que es lo importante. Aunque la ansiada reforma integral de la justicia siga pendiente.

SALAVERRY 

Y EL CONGRESO

En Político.pe el 03 Febrero 2019

Cambió el Congreso elegido en julio 2016. El fujimorismo perdió la mayoría aplastante que obtuvo en las urnas y deja de controlar las comisiones. Un segundo tiempo caracterizado por la fragmentación y la presencia de una primera minoría sin poder de decisión aunque si de perturbación, como se ha visto en estos días. Dejar de dar el quórum de reglamento es una forma de estar presentes de manera negativa al punto de poner en serios aprietos al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, que se ha manifestado con dureza con su antigua bancada.

Todavía está por verse si el vaso está medio lleno o medio vacío. Si este nuevo parlamento será positivo o no para el país. Nada está dicho pero la amenaza del bloqueo legislativo existe. Muchos están celebrando prematuramente la debacle del fujimorismo teniendo en cuenta que mientras gobernó con puño de hierro no logró nada que el Perú pueda hoy celebrar. Su ejecutoria está hecha de dos años de avasallamiento y obstruccionismo. Cuando pudieron y tenían todo el poder no respondieron a las reformas que prometieron y ahora que no lo tienen es difícil pensar que empujarán los cambios necesarios mediante consensos que podrían generar o sumarse con la cantidad enorme de congresistas que conservan.

Quedan todavía dos años y medio y de acuerdo a la tónica renovadora del presidente Daniel Salaverry podríamos esperar menos confrontación y más inteligencia. Más concertación y manejo democrático con las nuevas bancadas. Pero desde la experiencia sufrida las alarmas se encienden.

El conflicto entre Fuerza Popular y Salaverry es personal con un telón de fondo de necesario salvataje del Parlamento dadas sus escuálidas cifras de aprobación. La carrera política del ex vocero fujimorista se ha fortalecido y sus pretensiones son mayores. Pero para ello debe poner a su antigua tienda en su sitio e impedir que por intereses propios conspiren contra los objetivos políticos mayores que el Congreso podría abordar en el tiempo que queda. La dispersión es perjudicial pero el sabotaje y las rencillas personales son peores.

El presidente del Congreso tiene su propio juego más allá de la reelección que de hecho pretende. No contará con la complacencia del fujimorismo pero tendrá que demostrar capacidad para evitar el entrampamiento y la confrontación obstruccionista en que los naranjas son campeones.

¿Podrá Daniel Salaverry responder al desafío de hacer política en esta difícil etapa usando el diálogo y la inteligencia?

Veremos.

¿MERITOCRACIA

 VERSUS PARIDAD?

En Correo el 2 de febrero 2019

El fujimorismo pasa sus peores momentos. Ni con sus dos líderes en la cárcel la ciudadanía se compadece, rechaza su ejecutoria de prepotencia y de verticalidad. Y se da cuenta que su pretendida lucha contra la corrupción es de papel y de micro, dirigida a quienes quieran creerla a pesar de su ADN noventero, etapa en que la corrupción fue una forma de vida para lucrar y mantenerse en el poder. Y a pesar de su debacle quieren imponer sus intereses y su estilo. Un ejemplo ha sido la discusión sobre meritocracia y paridad, dos conceptos que lejos de ser antagónicos pueden formar parte de un consenso básico como está siendo aceptado. Por algo se han consagrado en el mundo las virtudes de la discriminación positiva a ser tomadas en cuenta para la composición de la Junta Nacional de Justicia.

Y es que meritocracia, criterio ya adoptado, y paridad de género –comprendiendo en ella permitir que a iguales calidades se opte por una mujer- pueden complementarse para unir y equilibrar calidad de formación y género. Porque la meritocracia es insuficiente y la paridad necesaria para que la presencia de la mujer inteligente y bien capacitada sea una realidad. Este concepto no puede ser anticonstitucional con una Carta Magna que pone como eje al ser humano y su dignidad.  

La nueva revolución del feminismo no implica confrontaciones inútiles, no es solo defensiva de derechos e integridad, contra la violencia familiar o de género. Va más allá, puede colocar nuevos temas políticos lejos del culto al hombre blanco heterosexual. Bien que el nuevo Congreso esté en posibilidad de asumir mayor pluralidad y democracia para lograr unidad en torno a la agenda nacional hecha de urgencias mientras desterramos el pensamiento puro y duro que -fiel a la tradición fujimorista- buscará imponerse por intereses propios. Les toca leer su actual realidad y actuar en consecuencia.