domingo, 23 de diciembre de 2018



FIESTAS DE ESPERANZAS 
Y TEMORES

En Correo el 22 de diciembre 2018
Pasado el referéndum con sus secuelas de euforia política ya estamos en plenas fiestas. Faltan dos días para recibir la Navidad. Mucho tráfico y gente en las calles indican ganas de buscar un hermoso regalo pero lo hacemos con preocupación y temiendo por la seguridad. No todos están felices, no todos tienen dinero para la alegría de cada entorno. Y más. No hay confianza en las calles pero tampoco sobre lo que vendrá para el país en este 2019 acelerado e incierto. 
El optimista discurso del presidente Martín Vizcarra y su popularidad creciente no significa necesariamente tranquilidad, significa empoderamiento y voluntad pero no certidumbre respecto del futuro inmediato. Hay mucha energía para imponerse en la lucha contra la corrupción lo que es tan importante como mantener el equilibrio y la autonomía de los poderes dentro de una democracia que no solo viene de encuestas y apoyo mediático.
Y en las calles muchos se indignan por los demasiados culpables y piensan que todos deberían estar ya en la cárcel. Con tanto justiciero el debido proceso cede ante odios y temores que llevan a excesos. Para evitar los errores judiciales están las instituciones. Nos toca fortalecerlas para que ningún avasallamiento antidemocrático sea posible. A comenzar por los medios que exaltan simpatías pero también rechazos y repulsiones. 
Nos toca conectar con el espíritu de la navidad. Con el abrazo y el afecto para todos, con la idea de armonizar para llegar a objetivos. La confianza es parte de la fe. A eso tenemos que llegar. Esperemos que este espíritu permanezca. Y en cuanto al 2019 ojalá encontremos el equilibrio en la información para conectar más con la verdad y con la razón y menos con las emociones y las llamadas verdades alternativas. Un gran abrazo con el Perú que deseamos desarrollado, justo, ético y sin corrupción. Feliz Navidad para todos!!


MEJORES FIESTAS 
CON SEGURIDAD

En Político.pe el 22 de diciembre 2018 
La crónica roja está cada vez más de moda. Los noticieros son deprimentes. Cuatro de cada diez homicidios en el mundo se cometen en América Latina y algunos gobiernos de la región han optado por la mano dura.
Las guerras se han trasladado a las ciudades que conviven con los maleantes y los delincuentes. El número de homicidios puede superar las situaciones bélicas pero no hay protestas públicas masivas y muchas veces los culpables en flagrancia son liberados.
La criminalidad y la delincuencia es una de las principales preocupaciones de los peruanos y de los latinoamericanos. Hablar de inseguridad ciudadana es reducir o simplificar dolosamente el problema. Porque es mucho más que eso si lo que tenemos es una percepción de real peligro de vida siempre que dejamos nuestro hogar.
Los índices de violencia han aumentado en la región. México  en los últimos seis años ha sido sitiado por la violencia delincuencial, la del narcotráfico, que lamentablemente es un gran poder. Los asesinatos siguen desafiando la autoridad del Estado. Y lo peor es que en nuestros países nos acostumbramos a ello, banalizamos este flagelo y las autoridades aparecen desbordadas.
El principal derecho a ser protegido por todo Estado es el de la vida, es su primer deber y su razón de existir. Tomas Hobbes encontraba en el temor a la desprotección la necesidad de organizarnos. Es decir si nuestros gobiernos no son capaces de protegernos estaríamos al borde de ser un Estado Fallido, uno que no presta garantías ni da confianza.
No se trata de colapsar cárceles ni criminalizar jóvenes, ello significa derroche de gasto público sin cumplir el objetivo de disminuir la delincuencia. Nos toca hablar de educación, de desempleo, de fracaso de la sociedad en difundir valores pero también en garantizar necesidades elementales. La noción de seguridad ciudadana desarrollada - en excelente libro por el profesor sanmarquino Oscar Murillo-  nos dice que la mejor manera de luchar contra el crimen es que los ciudadanos se sientan seguros en salud, alimentación, vivienda y empleo. El que lo tiene no delinque,  no se arriesga a perder una situación conveniente. Esto aparece en las antípodas de las políticas represivas y militaristas. Y sobre todo aquellas basadas en el miedo hacia el otro. Necesitamos, además, medidas efectivas contra el homicidio, como la vigilancia comunitaria, el patrullaje inteligente y una esperada y demorada reforma policial.
Y sobre todo ver lo que se ha hecho en años recientes en ciudades como Bogotá, São Paulo y San Pedro Sula que han logrado reducir los homicidios entre un 70 y un 90% mediante estrategias que atacan la desigualdad, el desempleo y la debilidad de las instituciones y del imperio de la ley en aquellos lugares donde hay altos niveles de homicidios.
Necesitamos conciencia ciudadana para dejar de ser la región donde se cometen cuatro de cada diez homicidios en el mundo y esta conciencia comienza con un verdadero debate entre ciudadanos, instituciones especializadas, políticas y sociales, para poner en práctica legislaciones y políticas públicas que hagan que se asesine menos en nuestro continente. Y ese debate comienza en los medios de comunicación como grandes espacios indispensables para la expresión.

Solo así las navidades del 2019 podrán ser más seguras, más alegres, más esperanzadoras y, sobre todo, la gran oportunidad para expresar afectos sin temores. Feliz Navidad para todos!


domingo, 16 de diciembre de 2018


¿PRIVATIZACION 
DE LA SALUD?

En Correo el 15 de diciembre 2018

Martin Vizcarra asumió serios compromisos respecto de las reformas judicial y política. Comenzó con una reunión de titulares de los poderes e instituciones involucrados con la justicia. Excelente, salvo por la exclusión del titular del Ministerio Público, Gonzalo Chávarry, quien representa una entidad esencial para el objetivo. El presidente también abordó las necesidades del sector salud que siguen siendo clamorosas pero no aludió a que el MINSA habría decidido que el sector privado mantenga y opere siete hospitales y cinco instituciones especializadas, con más de 50 años, bajo el esquema de “bata gris” que no incluye el servicio médico y administrativo. Esto aparece en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas en Salud 2019-2021. Y entre los hospitales figuran algunos emblemáticos como el Loayza, el Dos de Mayo y el de Emergencias Casimiro Ulloa. Estaríamos ante una enorme decisión cuyas aristas no han sido debatidas ni esclarecidas.

Sería muy grave asumir la privatización de la salud pública sin evidencia positiva de su aplicación en países en desarrollo y más bien con experiencia documentada de fracasos, Colombia intentó un modelo similar y después de 10 años debió cambiar radicalmente. Con la salud pública en emergencia necesitamos cobertura universal y atención médica de calidad para los que tienen menos. Muy pocos pueden pagar la salud que venden las clínicas y entidades privadas. Una decisión como esta es de interés de todos y no puede ser de una cúpula. El primer objetivo del Estado es la defensa de la vida. Cuando indicadores claves como el de la anemia infantil y programas de control de enfermedades han desmejorado e incrementado el riesgo social, muy pocos creerán que será el sector privado el que los atenderá sin priorizar la ganancia que es su norte. ¿Hay resultados de la famosa Bata gris en la región? Comencemos a debatir esta gran alerta roja.






¿Y DESPUÉS DEL REFERÉNDUM QUÉ?
En Político.pe el 15 de diciembre 2018
Martín Vizcarra ganó largamente su apuesta sobre el referéndum realizado con mucha desinformación y sin debate sobre las reformas votadas. Vizcarra que entró por la puerta chica del reemplazo y buscaba consagración plebiscitaria, la logró.
Lamentamos que la oportunidad de tener un Senado tan necesario se haya malgastado tan caprichosamente porque la cuestión de confianza por la cual Vizcarra la descartó ya había recibido la descalificación del Tribunal Constitucional. La consigna presidencial debió ser modificada pero eso no se produjo.
La no reelección parlamentaria inmediata conectó con  el rechazo al Congreso. Las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos aparecen indispensables para el adecentamiento de la política y marcarán la contienda del 2021.
Pero terminada la euforia ahora toca gobernar y demostrar capacidad de conducir el barco a buen puerto sin demagogia, dejando de lado la búsqueda de popularidad.
Hoy toca defender las instituciones y ratificar la autonomía de los poderes del Estado. Cesar los ataques a los partidos políticos para cerrar el paso a los improvisados que hacen antipolítica, sea porque quieren perseguir a los partidos como organizaciones criminales o porque los consideren innecesarios.
No es así. La política es el arte de consensuar y construir para el servicio a la comunidad. En lugar de eso tenemos la desmedida violencia y la agresividad social con medios de comunicación que se alinean con estos ánimos poniéndose de lado del gobierno que los defendió ante la Ley Mulder. La relación medios gobierno ha quedado distorsionada. Y se ha visto con el espionaje a Alan García bajo el pretexto de la protección. Las explicaciones del Ministro del Interior, Carlos Morán, no han sido convincentes. Y ahora toca al gobierno proteger a su ministro interpelado en un peligroso ambiente de odios y circo romano ni democrático ni positivo.
En democracia se procesa con pruebas. Y eso vale para todos. Las persecuciones, la inquina, el odio significan poner por delante el estímulo de las pasiones y dejar de lado la racionalidad.
Ya no gobiernan las turbas. Hace tiempo que dejamos esa etapa en la historia de la humanidad. Después del referéndum y del asilo negado al líder aprista los reflectores siguen sobre su persona y sobre la justicia peruana que deberá aplicarse de acuerdo a las garantías, especialmente la presunción de inocencia. Mucho más si se ha pregonado que en el Perú existe división de poderes. Toca detener la judicialización de la política para que la lucha contra la corrupción no sea sinónimo de encarcelamiento sin pruebas. No queremos que nadie escape ni tampoco que se victimicen los culpables como si fueran perseguidos.
El equilibro viene de la misma Carta Magna que establece impartición de justicia pero con garantías como la presunción de inocencia que no se respeta cuando la prisión preventiva es la norma debiendo ser la excepción como lo ha dicho claramente el TC.

viernes, 14 de diciembre de 2018




DESCONCIERTO 
PREELECTORAL
En Correo el 08 de diciembre 2018
Mañana cambiaremos la Constitución vía referéndum con cuatro preguntas que muy pocos han comprendido. El espectro es amplio, los cambios van desde el reemplazo del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura a la no reelección de congresistas pasando por la regulación del financiamiento electoral y el muy importante retorno de la bicameralidad que traería más racionalidad y reflexión a la política peruana. Demasiadas cuestiones de importancia para definirlas en un ambiente en el que prima el desconcierto, el desconocimiento y la falta de entusiasmo.  No se trata de falta de criterio si no de ausencia de campaña plural, el gobierno con los viajes del presidente Vizcarra ha difundido su consigna del SI SI SI NO para obtener la mayoría que lo plebiscitará. No es así como se concibe la participación ciudadana para reformas constitucionales sobre sistemas jurídicos y políticos. Sin debate y con escándalos de crónica política policial y una víspera de detención del mayor directivo del futbol Edwin Oviedo más la presunta interferencia telefónica o espionaje a Alan García hay convulsión y preocupación. Primará la obligación de votar para no pagar la multa. Pero anteponer consigna o capricho es  propio de regímenes populistas que buscan mantener popularidad por encima de la necesidad de gobernar.
Martín Vizcarra vive una etapa de ratificación de su aprobación pero también de desafío del buen manejo de las muchas expectativas que él mismo ha creado para el futuro inmediato. Pero lo que podría desembalsar es la decepción ya que muchos ignoran lo que vendrá. Un equivocado dilema se está procesando. O apoyamos al Gobierno y su lucha contra la corrupción, o apoyamos a los corruptos si no votamos por la consigna gubernamental. Tal maniqueísmo negativo insiste en la polarización entre buenos y malos cuando lo que se requiere es gobierno y gobernabilidad, consensos efectivos más allá del buen discurso y del cambio constitucional. SI SI NO SI.
  
¿Y DESPUÉS DEL 
REFERENDUM QUÉ?
Para Político. pe TELLO
Martín Vizcarra ganó largamente su apuesta sobre el referéndum realizado con mucha desinformación y sin debate sobre las reformas votadas. Vizcarra que entró por la puerta chica del reemplazo y buscaba consagración plebiscitaria, la logró.
Lamentamos que la oportunidad de tener un Senado tan necesario se haya malgastado tan caprichosamente porque la cuestión de confianza por la cual Vizcarra la descartó ya había recibido la descalificación del Tribunal Constitucional. La consigna presidencial debió ser modificada pero eso no se produjo.
La no reelección parlamentaria inmediata conectó con  el rechazo al Congreso. Las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos aparecen indispensables para el adecentamiento de la política y marcarán la contienda del 2021.
Pero terminada la euforia ahora toca gobernar y demostrar capacidad de conducir el barco a buen puerto sin demagogia, dejando de lado la búsqueda de popularidad.
Hoy toca defender las instituciones y ratificar la autonomía de los poderes del Estado. Cesar los ataques a los partidos políticos para cerrar el paso a los improvisados que hacen antipolítica, sea porque quieren perseguir a los partidos como organizaciones criminales o porque los consideren innecesarios.
No es así. La política es el arte de consensuar y construir para el servicio a la comunidad. En lugar de eso tenemos la desmedida violencia y la agresividad social con medios de comunicación que se alinean con estos ánimos poniéndose de lado del gobierno que los defendió ante la Ley Mulder. La relación medios gobierno ha quedado distorsionada. Y se ha visto con el espionaje a Alan García bajo el pretexto de la protección. Las explicaciones del Ministro del Interior, Carlos Morán, no han sido convincentes. Y ahora toca al gobierno proteger a su ministro interpelado en un peligroso ambiente de odios y circo romano ni democrático ni positivo.
En democracia se procesa con pruebas. Y eso vale para todos. Las persecuciones, la inquina, el odio significan poner por delante el estímulo de las pasiones y dejar de lado la racionalidad.
Ya no gobiernan las turbas. Hace tiempo que dejamos esa etapa en la historia de la humanidad. Después del referéndum y del asilo negado al líder aprista los reflectores siguen sobre su persona y sobre la justicia peruana que deberá aplicarse de acuerdo a las garantías, especialmente la presunción de inocencia. Mucho más si se ha pregonado que en el Perú existe división de poderes. Toca detener la judicialización de la política para que la lucha contra la corrupción no sea sinónimo de encarcelamiento sin pruebas. No queremos que nadie escape ni tampoco que se victimicen los culpables como si fueran perseguidos.
El equilibro viene de la misma Carta Magna que establece impartición de justicia pero con garantías como la presunción de inocencia que no se respeta cuando la prisión preventiva es la norma debiendo ser la excepción como lo ha dicho claramente el TC.

domingo, 2 de diciembre de 2018



SALVEMOS 
LA BICAMERALIDAD
Mi columna HOJA DE TIEMPO  en Correo el 01 de diciembre 2018
Ya muy cercano el referéndum del 9 de diciembre el debate sobre las decisiones ha sido corto y escaso. Más allá de la campaña personal –que contra lo establecido por ley- ha realizado el Presidente Martín Vizcarra poco hemos tenido de opiniones sobre las reformas constitucionales planteadas. La jurídica y la política son necesarias. Sobre la primera hay suficiente consenso al igual que sobre la relativa al financiamiento de las campañas electorales como positivo cambio para la democracia. Sin embargo la no reelección de congresistas y la bicameralidad tienen sus bemoles. Partimos de la premisa de que el Senado es necesario para la democracia y el desarrollo. Una cámara de notables calificados para representar al país como una unidad, una academia de alta política, compuesta por los principales intelectuales es más que deseable en un país donde la política se ha convertido en fuente de sinsabores cotidianos. Que la reforma política sirva para perfeccionar la representación con diputados o senadores preparados, que cultiven el conocimiento de las letras y las ciencias, con una identidad política que responda a la responsabilidad asumida de representar, legislar y fiscalizar.

Si en la Cámara de Diputados está el ímpetu juvenil y la presencia de la provincia en el Senado deberá estar la experiencia, la serenidad y el conocimiento para concretar la mejor revisión de las leyes desde el más alto nivel en los análisis. Nuestra historia demuestra que este brillo es posible y que la eliminación de la segunda cámara solo respondió a intereses coyunturales del fujimorismo.
Debemos rescatar el Senado para dar paso a un clima de mayor serenidad y comprensión en la política. Más allá de la modificación de la cuestión de confianza, ya declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y de la consigna del presidente Vizcarra de colocar un NO en la última casilla, demos un gran SI al Senado.


LA PRISION PREVENTIVA

ES ANTICONSTITUCIONAL


Político.pe el 02 de noviembre 2018 


Este jueves pasado -ante la Sala Nacional de Apelaciones presidida por la juez Inés Villa Bonilla- asumimos la defensa judicial ad honorem del Dr. Jesús Munive Taquía que purga injusta prisión preventiva de 12 meses por presunta colusión al haber integrado la Comisión Técnica que en diciembre 2009 otorgó la Buena Pro a Odebrecht para la obra del Tren Eléctrico. Solicitamos en el informe oral su inmediata libertad con base en la notable ausencia de indicios consistentes de participación en la colusión que ha enviado a prisión a funcionarios como Jorge Cuba Hidalgo. Miguel Navarro Portugal, Santiago Chay y Edwin Luyo.

Sobre ellos hay testimonios fehacientes y corroborados lo que no sucede con el Dr. Munive Taquía, respetado docente de la Facultad de Derecho de la UNFV y en su  momento impecable funcionario del MTC. Queda claro de los testimonios recogidos que Munive Taquía ni pidió ni recibió de la coima que Odebrecht distribuyó para su favorecimiento. Sin embargo le fue impuesta la preventiva que hoy cumple en un penal de alta peligrosidad como el Castro Castro, sin derecho a celda, durmiendo en el piso desde que el 6 de octubre fuera capturado en la misma audiencia.

No hay en su conducta signos exteriores de riqueza ni antecedentes de obstrucción a la justicia, por el contrario el Ministerio Público no encontró indicios para formalizar investigación. En dos oportunidades diferentes los fiscales Hamilton Castro y Fanny Quispe creyeron su versión. ¿Qué cambió para que ahora enfrente condiciones de reclusión inhumanas constatadas por el Colegio de Abogados de Lima, que afectarán su quebrantada salud a los 70 años que cumplirá esta navidad?

Todo esto lo dijimos en la apelación. Y agregamos que el abuso de la prisión preventiva hace daño a la justicia peruana acusada de irrespeto de garantías cuando debe ampararse en los derechos humanos. 

Requerimos un equilibrio claro entre el rechazo a la impunidad y el respeto a la presunción de inocencia o a la interpretación de la duda razonable favorable al reo, principios básicos del derecho penal.

Valioso fue que a esta audiencia de apelación asistieran los docentes de la Facultad de Derecho presididos por su Decano como manifestación de confianza en este colega hoy sometido a dura e injusta prueba.

El Dr. Munive ha formado a generaciones, cientos de abogados, jueces y fiscales, en sus tres décadas de docencia. Y como bien lo explica existe clamorosa contradicción entre la Constitución y el Código Procesal Penal. Mientras la primera considera la defensa de la vida, la identidad, la integridad moral, psicológica y física y el libre desarrollo y bienestar como base de la justicia. Y en su art segundo dispone que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. El Código Procesal Penal, art. 268º permite la prisión Preventiva, cuando el Fiscal y el Juez “estimen” que hay comisión de un delito.

La Carta Magna contiene la solución, Art. 138º, al disponer que “ante la incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal los jueces prefieren la primera”. La presunción de inocencia indica que el Juez antes de investigar y sentenciar no puede privar de la libertad a un imputado.

Por esto el Tribunal Constitucional ante el Habeas Corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia dejo claramente establecido que la pena preventiva es la última ratio, la excepción y de ninguna manera la regla. Un estándar que los jueces y fiscales están obligados a respetar.

O estamos ante una omisión negligente del control difuso por el Juez Concepción Carhuancho y el Fiscal Domingo Pérez -que violan la norma constitucional cuando aplican con exceso la excepción y la convierten en regla- o respetamos el Estado de Derecho. Más aún cuando habiendo cinco posibilidades aplican la más gravosa encarcelando al imputado apenas ingresa al proceso. No queremos impunidad ni que nadie escape a la sanción que pueda merecer pero respetemos el marco constitucional si queremos preservar la imagen de la justicia peruana.


NI IMPUNIDAD
NI AUSENCIA DE GARANTÍAS

En Correo el 23 de noviembre 2019
El posible asilo de Alan García sigue causando revuelo y preocupación por el uso de esta protección para eludir la justicia por presunto involucramiento en actos de corrupción. Es fundamental garantizar el derecho al asilo pero hay temor de que se desnaturalice. El Poder Judicial impuso a García impedimento de salida del país por 18 meses pero el Ejecutivo intervino para cerrar fronteras antes de la decisión del juez. La desconfianza frente a la justicia cundió y la cúpula aprista trató de evitar la imagen de su líder encarcelado sin pruebas como ha sucedido en casos recientes. Para imponer la preventiva el juez no decide sobre el fondo del asunto, solo busca garantizar que el imputado no escape a la justicia o no la obstruya. AGP podía fugarse a España como César Hinostroza o podía quedarse obligado como exige la fiscalía y la mayoría de los peruanos. Pero no siente garantías de que no lo encarcelen con una preventiva bajo fuerte presión mediática y social evidente. ¿Es esta una operación de persecución política? Podría serlo si se demostrara injerencia política en la justicia como muchos temen o denuncian.
No sabemos si habrá asilo y salvoconducto pero la imagen del Perú democrático está en cuestión. La investigación debe seguir, el fiscal acusar y procesar pruebas en juicio y si la sentencia es de cárcel que traigan al culpable de donde esté para que la cumpla. Pero si no hay actuación de pruebas le dan argumentos para victimizarse.
Ni impunidad ni ausencia de garantías, se necesita la acusación fiscal y el proceso debido y mientras eso suceda AGP debería estar dispuesto a esperar en libertad en el Perú con garantías para ello. El Tribunal Constitucional ha dado la línea correcta para la justicia peruana. Las preventivas son medidas cautelares excepcionales no deberían ser la regla, abusiva en muchos casos.