NO A LA POLARIZACION

SÍ A LA JUSTICIA

En Político.pe el 28 de octubre 2018

La detención provisional de Keiko Fujimori y de la dirigencia de Fuerza Popular viene provocando un sismo de alta intensidad en la mayoría legislativa. Comienza el desbande y los intentos de reemplazar su control del Congreso en lo que parece a una guerra en la que se elimina el adversario con el apoyo de las encuestas. La base es el ánimo generalizado en contra de Keiko Fujimori, la quieren ver presa y con ello penalizar no solo los indicios de corrupción, también y especialmente su soberbia y el hecho que desde el Congreso -manejado con mano de hierro hasta límites impensables- no hubiera atendido los aspectos más urgentes del país.

El sismo, el desbande, el tardío llamado a la armonía nacional son manifestaciones que ponen al país y a la democracia en riesgo, que comprometen la economía, el crecimiento y las inversiones. El presidente Vizcarra debería entenderlo así y poner paños fríos sobre la violencia y la judicialización de la política. Embarcado como está en el referéndum reformista debe entender que sus resultados no serán inmediatos y vendrán las protestas. Lo que realmente está en la agenda es el reacomodo político que debería permitir la atención de las urgencias nacionales.

No estamos ante una obra de teatro de cuyos diálogos podamos ser prescindentes se trata de un drama que concierne a todos. Hay fuerzas no solo políticas que podrían estar actuando. Y populistas extremos que quisieran tomar el control de las instituciones. Para evitarlo necesitamos serenidad. Felizmente las Fuerzas Armadas y el empresariado permanecen en posiciones nacionalistas y de equilibrio.

En cualquier caso la responsabilidad de la cúpula de Fuerza Popular es grande y merece la ostensible censura social que la afecta. La gente advierte que hicieron poco o nada para las reformas urgentes a pesar de que tenían una mayoría legislativa apabullante, se dedicaron al conflicto y ahora es tarde para ser positivamente protagónicos. El escarnio contra Keiko, adelanta para muchos el cronograma electoral. Pero la cuidado porque la caída del fujimorismo podría dar alas al espacio antisistema que cuestiona el orden establecido que podría generar a su turno una derecha dura, ultraconservadora, como la que está dominando dramáticamente Brasil con apoyo de las iglesias evangélicas y las comunidades católicas en contra de la llamada “ideología de género”.

No queremos una derecha autoritaria y retrograda ni un populismo de izquierda en extremo. Menos aún un Perú polarizado con extremos. Defendamos las instituciones que puedan sobrevivir al vendaval Lava Jato que traerá resultados lamentablemente inesperados.

Unas palabras sobre el profesor de la Facultad de Derecho de la UNFV, don Jesus Munive Taquía, hoy abusivamente recluido con prisión preventiva desde hace dos semanas en el Penal Castro Castro. En su caso el abuso ha dado paso al error judicial y éste podría llevar a la pena de muerte informal debido a las paupérrimas condiciones de su reclusión y a su pésimo estado de salud. Advertimos en un artículo en estas páginas de este abuso. Munive Taquía es un respetado docente que no exhibe signos exteriores de riqueza pero ha sido sindicado por un colaborador eficaz sin corroboración. En su calidad de alto funcionario del Ministerio de Transportes integró el Comité de Licitaciones de la línea 1 del Metro que concedió la Buena Pro a la empresa Odebrecht, en ese momento sin indicios de corrupción ni mala prensa. Munive no intervino en la etapa de ejecución de la obra, durante la cual se produjo la sobrevaluación a través de sobornos. Por lo tanto los indicios de culpa son débiles o inexistentes. Habiendo sido absuelto ya dos veces por la Fiscalía hoy está preso. A los 70 años, con diabetes crónica, sin control médico y alimentación impropia, sin celda debido a la cantidad de detenidos en su misma condición, duerme en un pasadizo del penal en un espacio por el cual paga 150 soles sin derecho al baño. ¿Alguien protesta por esta afrenta a la dignidad y a la trayectoria de un docente que formó generaciones de abogados?

Esperamos la rectificación vía la apelación pero mientras llega esa audiencia debemos rechazar esta violación de derechos. El Poder Judicial y el Ministerio Publico están bajo intensa presión social, política y mediática para entregar resultados contra la corrupción. Y lo están haciendo pero mientras las audiencias a los famosos siguen bajo los reflectores hay otra cara que no vemos. Los penales atestados por una prisión preventiva que debería ser la excepción y no una abusiva regla si queremos que la impartición de justicia recupere legitimidad y confianza.

CAOS POLÍTICO Y JUDICIAL

En Correo el 27 de octubre 2018

Situación, dramática y aleccionadora. Cuando las pasiones, los errores y los delitos salen a la superficie una radiografía estremecedora nos lleva a ser espectadores impactados por el escenario político judicializado al extremo. Que nadie se equivoque no estamos ante un espectáculo teatral,  nuestro país puede desestabilizarse hasta perder el rumbo democrático. La prisión preventiva de Keiko Fujimori y sus colaboradores está a la puerta y la situación tiende al desbande. Hace recordar a Fujimori cuando renunció desde Japón, Valentín Paniagua ascendió a la presidencia del Congreso y luego al gobierno de transición. El caos fue total,  las lealtades se fueron por el caño con reacomodos a la orden del día. Si esto se diera ahora el pronóstico es reservado por una transición adelantada con un Vizcarra que con alta popularidad no gobierna con consensos políticos.

El país está pendiente de las audiencias de los famosos pero desconoce lo que sucede en las cárceles. El Poder Judicial y la Fiscalía responden a presiones sociales, políticas y mediáticas para entregar resultados ante la corrupción. Las prisiones  preventivas se dan en cantidades y la presunción de inocencia es inexistente. La excepcionalidad desaparece, se judicializa la política. Penalizar las cúpulas de algunos partidos políticos es un juego muy peligroso.

El abuso podría conducir al error judicial y éste incluso a la pena de muerte informal por las condiciones de reclusión. Sucede ahora con el profesor Jesús Munive Taquía de la UNFV, detenido hace dos semanas en el Penal Castro Castro por preventiva, sindicado por un colaborador. No exhibe signos exteriores de riqueza, integró el Comité de Licitaciones de la línea 1 del Metro y no existen indicios de culpa pero está preso a los 70 años, con diabetes crónica, sin control médico y con mala alimentación, durmiendo en un pasadizo del penal por el cual paga 150 soles sin derecho al baño. ¿Alguien protesta?

DE LA INMUNIDAD 

A LA IMPUNIDAD

En el Portal Político.pe publicado el 21 de Octubre 2018

La impactante fuga y posterior captura del ex juez César Hinostroza nos lleva a analizar la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y legal en la lucha contra la corrupción.

Tenemos un sistema judicial especial en materia de delitos en el ejercicio de funciones oficiales. El antejuicio penal o la acusación constitucional surgen de los artículos 99 y 100 de la Constitución referidos a nueve altos cargos del Estado que requieren autorización del Congreso para que esos funcionarios sean juzgados por los tribunales ordinarios. La resolución acusatoria del Congreso es el requisito o condición indispensable para proceder a ello.

La Constitución señala los cargos beneficiados: Presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general de la República, 192 altos funcionarios.

El antejuicio se refiere a delitos que se cometen en vulneración de deberes y funciones en el ejercicio del cargo que de una u otra forma, permite su comisión. La prerrogativa se extiende hasta cinco años después de cesados en sus funciones. Los delitos cometidos con anterioridad no lo requieren.

El antejuicio no obliga a un juicio, solo habilita el proceso y la investigación formal. Es una imputación parlamentaria vinculante que ordena que se investigue, por la jurisdicción penal ordinaria, a un alto funcionario público.

A la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial le competen examinar la petición y su fundamentación desde todos los ángulos y puntos de vista para aplicar las normas penales hayan sido o no invocadas formalmente pues el contenido puede ser ampliado con nuevas circunstancias y degradado o elevado en todos sus aspectos. De ahí la importancia de que la Fiscalía no hubiera recibido a tiempo el expediente que culminaba el procedimiento de antejuicio. Los Estados deben mantener el debido equilibrio entre las inmunidades y su capacidad de proceder efectivamente a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción.

La inmunidad protege a los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones contra la detención, reclusión y el procesamiento y, en algunos países, incluso de investigaciones policiales y determinados métodos de investigación. Salvaguarda las instituciones del Estado para que el titular del cargo pueda actuar sin temor de las consecuencias legales.

Pero entendemos que la inmunidad puede convertirse en impunidad y aumentar la corrupción de alto nivel. Por ello debe ser limitada a lo imprescindible desde que se trata de una excepción a la igualdad ante la Ley y por tanto es indispensable justificar. Se trata del control político previo a la persecución procesal. El Congreso investiga si existen suficientes indicios de criminalidad que justifican el procesamiento, detención y enjuiciamiento del funcionario, y de encontrar causa probable, decide la acusación.

La inmunidad comprende los actos en el desempeño de funciones y deberes oficiales durante el periodo en que ejercen el cargo aunque la Constitución extiende, como ya dijimos, la protección por cinco años después.

Preocupa que la impunidad pueda ser favorecida por la inmunidad en especial en el caso de los congresistas que son juez y parte de sus propios actos, sin control posterior.

La lucha contra la corrupción implica decisión política y trabajo persistente, riguroso y planificado. Si es así la cadena de irresponsabilidades que determinó la fuga de César Hinostroza debe ser sancionada. 

Y la institución de la inmunidad debe ser perfeccionada para que no signifique impunidad como lo percibe gran parte de la ciudadanía en desmedro de la imagen del Congreso.

EL ANTEJUICIO 

DE HINOSTROZA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 19 de octubre 2018

Los jueces y fiscales supremos tienen derecho al antejuicio, que les garantiza justicia como a otras autoridades principales del Poder Ejecutivo y en especial del Poder Judicial cuando incurren en ilicitudes.

El Congreso les levanta la inmunidad a fin de que sean juzgados en los tribunales como todo ciudadano. Ello supone examinar la autonomía de los altos funcionarios, del rol de la seguridad jurídica y del Estado de derecho.

La corrupción impide los recursos suficientes para alimentar a la gente que pasa hambre, para los servicios de salud pública, para las obras esenciales que se dejan de financiar pues las coimas encarecen los proyectos de interés público. Se afirma que en el Perú el promedio anual de dinero desviado o mal asignado equivaldría al 30 o 40% del Presupuesto, algo cercano al 3 o 4% del PBI en nuestra historia republicana.

La corrupción es un delito de delitos, causa daño social por desconfianza y lesiona la legitimidad de las autoridades y de la misma democracia. Más aún cuando se trata de un juez supremo llamado a garantizar esos derechos.

El caso de César Hinostroza es uno de los más sensibles por su investidura y por lo que sabemos que sabe. Y porque el fujimorismo pretendió blindarlo en el antejuicio para que no fuera destituido aunque debieron ceder a la presión social y mediática. Publicada la resolución en El Peruano el Congreso no culminó el procedimiento pues el expediente no fue enviado al Ministerio Público para que ordenara la prisión preliminar o la preventiva dado que la prohibición de salida ya existía, aunque extrañamente no figuraba en las alertas de Migraciones. 

Un conjunto no de negligencias sino de complicidades violatorias de la seguridad jurídica. Felicitaciones por la rápida captura de Hinostroza en Madrid a través de la Interpol pero ella no subsana la cadena de  irresponsabilidades que debe ser investigada y sancionada.

DEFENDER 

LOS CONTRAPODERES

Publicado en Político.pe el 14 10 18

En estos días turbulentos hay alarmas y gritos acusando intentos de golpe de estado. Hay preocupación por un presidente como Martín Vizcarra que juega con la idea del cierre del Congreso como si banalizar la democracia pudiera dar frutos. A ello se agregan los temores que proliferan después de la debacle electoral fujimorista y la prisión preliminar de Keiko Fujimori acompañada de su plana mayor partidaria. La corrupción de un megacaso como Lava Jato engendra demasiados miedos y muchos intentan protegerse buscando intervenir o influir en la institución que pueda impartir justicia al gusto y medida de los involucrados.

No es así. Si queremos mantener la democracia y el estado de derecho debemos preocuparnos por el irrespeto a la institucionalidad y por la permanencia de contrapoderes activos y efectivos. Estos son el Congreso y el Poder Judicial pero también instituciones autónomas como el Ministerio Público.

Martín Vizcarra que llegó al poder gracias a los mecanismos de una democracia madura ha comenzado a dar señales del mareo en las alturas y esgrime la amenaza del cierre del congreso y hasta la de una posible intervención por emergencia del Ministerio Público. Nadie entiende su tirria mayor contra el Fiscal Pedro Chávarry que puede haber cometido errores pero ningún delito descomunal en el ejercicio de la función que justifique su destitución y menos aún una desproporcionada inhabilitación cívica. Temores desmesurados pueden generar acciones y errores también desmesurados que lleguen a violaciones constitucionales.

Vizcarra puede gozar ahora de un amplio apoyo popular y estar orgulloso de sus sucesivas victorias pero las encuestas pueden ser flor de un día, debe cultivar su talante democrático que es un valor permanente. El referéndum está a la puerta pero debe darse en un clima de tranquilidad y reflexión no en el de turbulencias provocadas o de inestabilidad discutiblemente rentable. Vizcarra puede pasar a la historia por sus reformas políticas importantes que serán materia de la consulta popular pero también negativamente si cede a los cantos de sirena del personalismo autoritario. Si bien ha salido ganando en su confrontación con un Congreso abrumadoramente desaprobado ello no quiere decir que puede ir contra la democracia y el estado de derecho que es el patrimonio a preservar. Puede afirmar su autoridad políticamente frente a los excesos del Legislativo pero no amenazar sistemáticamente con cerrarlo. Puede discrepar de Pedro Chávarry pero no exigir su renuncia y menos intervenir la Fiscalía de la Nación.

El jefe de Estado no puede sumarse al aquelarre y menos dejar sospechas de que lo hace en su beneficio, debe estar por encima de los poderes del estado que separados y divididos conforman el escenario democrático para equilibrarse unos a otros, el Ejecutivo no puede ni debe concentrar el poder debilitando instituciones que configuran el indispensable estado de derecho.

Ya no vivimos tiempos de golpes de Estado, alarmarnos o gritar la amenaza es ingenuo o malintencionado. No necesitamos la confrontación permanente pero tampoco la pacificación del autoritarismo.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo del 13 10 18

Días más que turbulentos. Traen a la memoria los últimos del fujimorismo de fines del dos mil cuando la renuncia de Fujimori llevó a Valentín Paniagua a la Presidencia. La diferencia está en que la democracia fue puesta en el centro del debate y de la protección. Nos costó mucho recuperarla de las garras de quienes habían hecho del país un botín de guerra y necesitábamos defenderla a como diera lugar. Había demasiados intereses después de una década en que los grupos económicos y políticos vinculados al fujimorismo se veían perdidos y muchos temían entrar a la cárcel como en efecto sucedió. Hoy también los temores mandan después de una contienda electoral en la que el fujimorismo vuelve a tocar el piso de la derrota y el elemento corrupción es protagónico y amenazante. Demasiados involucrados en el Lava Jato presionan con todas las armas a su alcance y las instituciones que deben impartir justicia están en el centro de las preocupaciones y de las influencias posibles. A la debacle fujimorista le ha seguido la prisión de la plana mayor de su dirigencia incluida la de Keiko Fujimori mientras el líder histórico aguarda su retorno a la DIROES post anulación del indulto concedido por PPK. La situación puede ser confusa y alarmante pero lo único que debe permanecer estable, cierto e irreductible es la defensa de la democracia y del estado de derecho. No podemos hablar irresponsablemente de golpes de estado como antaño y el equilibrio de poderes inherente debe permanecer a toda costa. Ni el Congreso puede ser sistemáticamente amenazado de cierre como está sucediendo ni la Fiscalía de la Nación puede ser intervenida. No se trata de desestabilizar sino de preservar los contrapoderes para no alentar personalismos autoritarios. Así lo deben entender  el Presidente Martín Vizcarra, sus ministros y por supuesto las mayorías y minorías del Congreso.  

DEL ABUSO 

AL ERROR JUDICIAL

En Político.pe el 08 de octubre 2018

Richard Concepción Carhuancho acaba de decretar prisión preventiva contra don Jesús Munive Taquía, honorable profesor de la Universidad Federico Villarreal. Lo han presentado como si fuera integrante de una banda gansteril que aceptó y dispuso de las coimas que distribuyó Odebrecht a diestra y siniestra. Nada más falso y absolutamente imposible  para todos quienes lo conocemos.

Integró el Comité de selección junto a dos personas más para otorgar la buena pro para la construcción del viaducto del Tren Eléctrico Línea 1, Tramos 1 y 2. Y para seleccionar la empresa supervisora con el apoyo técnico de la Autoridad Autonoma del Tren Electrico y de Provías. Ese Comité de Licitación no realizó ningún estudio sustentatorio ni de determinación de costos tampoco del valor referencial de la obra. Si el valor final resultó mayor que el determinado por la licitación, solo pudo generarse en la etapa de ejecución de la cual toca responder a la empresa Supervisora y a la AATE.

Afirman en la acusación que el Comité que integró Munive Taquía favoreció a Odebrecht, “regalándole la buena pro en la licitación” pero eso resulta imposible porque en esa etapa la empresa sí cumplió técnicamente con los requerimientos y su oferta fue del 90% del valor referencial. Hubo coimas que fueron pagadas a las personas ahora en prisión por habérseles constatado recepción y movimientos bancarios en el exterior. Pero no es el caso de Jesús Munive Taquía a quien ampara el precedente de que el Fiscal Hamilton declaró inadmisible la denuncia interpuesta contra pel por la Procuradora Katherine Ampuero. La encontraron carente de sustentos de hecho y de derecho.

Pero ahora el Fiscal Pérez Gómez inició un procedimiento súper acelerado para solicitar al Juez la prisión preventiva por 36 meses contra Munive Taquía. Con una Resolución Fiscal dictada el 2 octubre del 2018, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Concepción Carhuancho, citó a Audiencia de prisión preventiva para el día 5 de octubre del 2018, a las 9:00 am.

Es decir tres días después de la notificación sin dar tiempo a que su abogado pudiera conocer  el expediente acusatorio para organizar su defensa. Se violó así la garantía constitucional que lo ampara. 

Hasta ahora el profesor Munive había estado como testigo porque no se le ha probado nada, menos aún que hubiera recibido dinero. No tiene nada que ocultar. Se presentó ante el Congreso y declaró su disposición a colaborar con la investigación, invito a los congresistas a que abrieran su secreto bancario e informó sobre su condición económica totalmente alejada de rasgos exteriores de riqueza. Vive en su única casa de San Borja construida antes del año 90, tiene un solo auto usado, no ha viajado al extranjero en estos últimos diez años ni tiene cuentas en el exterior. Vive con las modestas remuneraciones que le paga la Universidad y cuenta con pequeños ahorros que se pueden comprobar.

Y con este contexto el Fiscal Pérez lo acusa de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal). Comete colusión el funcionario público que mediante contratación pública, como la licitación, CONCIERTA con los interesados para DEFRAUDAR al Estado. Nunca conoció a Barata y por tanto no pudo haber acuerdo de partes. Si los funcionarios que recibieron los depósitos de dinero, hoy en prisión, involucraron a Munive tendrían que haberlo probado lo que no ha sucedido.

Esta vez el Juez Concepción Carhuancho no tiene indicios ni pruebas de que Jesús Munive Taquía haya recibido el dinero o que pretenda fugar del país pues dicta cumplidamente sus clases en la Escuela de Ciencia Política de la UNFV  desde hace más de dos décadas. Tampoco puede obstruir a la justicia y a todas luces tiene arraigo en su país. Por tanto su decisión ha sido precipitada y arbitraria al condenar a un hombre de honor que además de poder demostrar su inocencia puede aportar mayor información y orientación técnica a las autoridades para corregir toda ruta equivocada.

Estamos ante un juicio de inspiración mediática en el que justos pagan por pecadores. Si solo se trata de dar a la prensa “la cabeza” de todos los funcionarios que trabajaron en la obra del viaducto del tren eléctrico se pueden cometer errores irreparables. De acuerdo al nuevo código procesal penal no se puede dar curso a toda denuncia, ni se puede ordenar prisión preventiva para todos a quienes se presume culpables. La presunción de inocencia exige investigación para detectar los elementos de convicción que determinen que el encausado está tratando de eludir a la justicia. No es el caso del profesor Munive por lo cual esta gravísima decisión afecta a un impecable y admirado funcionario público y a un docente que cercano a una venerable jubilación merece nuestra total solidaridad ante este atropello judicial y político.

Si el Fiscal Chávarry clama por su derecho de defensa debe atender a que el mismo no sea violado por sus propios fiscales que se deben a la ley a las garantías constitucionales.

DESESTABILIZAR 

ES EL JUEGO

Publicado en Correo el 06 de octubre 2018

Tres días antes de las elecciones el juez Hugo Núñez Julca decidió la anulación del indulto humanitario concedido por PPK a Alberto Fujimori. Como los acontecimientos posteriores lo demostraron fue un gesto político para evitar la vacancia presidencial que ya estaba corriendo. Núñez Julca solo procedió de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero la oportunidad resulta cuestionable. Si ya había desinterés en el proceso electoral del domingo dar a conocer esta decisión ha perturbado aún más el clima.

El país es una hoguera política con una peligrosa polarización y el resurgimiento de la indignación y la ira. Cuando ya el Congreso terminaba de cumplir con su tarea con el ultimátum de un Vizcarra envalentonado que también jaqueó públicamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry buscando su salida. Lo encontró demasiado respondón lo que no hace bien a ninguna de las dos autoridades. En este contexto ya alterado no había necesidad de mover el tema del indulto. El proceso electoral es importante y el país necesita calma para la reflexión si no queremos echar por la borda la democracia.

Le toca al presidente tranquilizar los ánimos a comenzar por él mismo. El indulto a Fujimori ya no estaba en la agenda y las turbulencias parecían superadas. Este volver a empezar nos coge en un ambiente difícil, de crisis institucional y política que puede alcanzar a la economía si nos descuidamos y continuamos con gestos irresponsables. Necesitamos un ambiente en que se construya la legitimidad política que los escándalos de corrupción han liquidado. Los políticos, funcionarios, magistrados y autoridades están desprestigiados, nos toca apelar al involucramiento ciudadano que no se logrará si los mayores responsables, en este caso deberíamos comenzar por el presidente Vizcarra, no cambian de actitud.

También en nuestro país hay justos que podrían pagar por pecadores. Mi solidaridad con el profesor Jesus Munive Taquía, ex funcionario del Ministerio de Transportes, que integró la Comisión que dio la Buena Pro a Odebrecht para la Línea 1 del Metro, está siendo amenazado por una prisión preventiva de tres años cuando no existen ni indicios ni pruebas de que hubiera recibido soborno y hace más de  diez años que no ha viajado fuera del país y permanece en su mesocrática casa de San Borja construida hace 20 años.  El solo cumplió con los procedimientos legales. Cuidado con las injusticias y con los juicios mediáticos.

DINERO ELECTORAL

Mi columna HOJA DE TIEMPO del 29 de septiembre 2018

La relación entre el dinero y la política es una clave para lograr democracias transparentes y sin corrupción. Por eso el financiamiento de partidos, de campañas, de propaganda, constituyen cuestión fundamental, unida no al dinero en abstracto, sino a intereses concretos detrás del  dinero.

En los procesos electorales el dinero elimina las condiciones igualitarias de la competencia y determina la distorsión de las agendas políticas que están representadas en las opciones que se presentan. Así temas esenciales pueden quedar fuera de la elección ciudadana. La desigualdad crece cuando no todos tienen acceso a los medios de comunicación y por ende a la opinión pública. Los medios son decisivos pero el dinero define ese acceso sin importar de dónde venga. Candidatos íntegros y capaces quedarán fuera si no lo tienen. Algo que ha venido sucediendo.

Como no debatir el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. Finalmente y bajo clara presión de tiempo y de definiciones el  Congreso aprobó la modificación del art. 35 constitucional referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Muy importante para la transparencia es la inclusión de la bancarización, aceptada aunque con resistencias. El texto sustitutorio implica la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia. Igualmente los topes para la propaganda electoral, para el financiamiento político público y privado.

Bienvenida la modificación. Podríamos estar ante el fin de las propagandas millonarias en canales de televisión, diarios y radios las que en avalancha publicitaria siempre dejan de lado  el debate indispensable y la difusión de las propuestas mientras privilegian el mercadeo político.

Quedan pendientes la bicameralidad lamentablemente entrampada y la no reelección de congresistas. Les toca apurar el paso para que antes del jueves 4 de octubre todo quede listo para dejar paso al referéndum.

 

FINANCIAMIENTO 

Y DESIGUALDAD ELECTORAL

En Político.pe el 29 de setiembre 2018

Finalmente el Congreso abordó el aspecto clave en las democracias que tienen el sufragio como universal como fundamento: el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales. Lo ha hecho bajo presión de tiempo y de definiciones. Y especialmente ante las evidencias de corrupción electoral ostensibles en el caso Lava Jato. Las hipotecas políticas y los privilegios obtenidos por financiamiento electoral están a la orden del día y con montos fuertes que acumulan miles de millones de dólares.

La indignación colectiva creciente ha inspirado el debate parlamentario sobre el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. Finalmente el  Congreso respondió positivamente y aprobó la modificación del art. 35 constitucional referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Las calles reclaman a gritos transparencia y la bancarización de los aportes, aceptada aunque con resistencias, es esencial. El texto sustitutorio implica también la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia. Igualmente indispensables son los topes para la propaganda electoral, la determinación del financiamiento político público y privado, además de las sanciones. Es decir que con este paquete podríamos estar ante el fin de la propaganda millonaria en canales de televisión, diarios y radios, mensajes publicitarios que dejan de lado el debate indispensable de las ideas y las propuestas en beneficio del mercadeo político.

Pocos dudarían del impacto que tiene en la democracia la relación entre dinero y poder. Con el dinero se puede desvirtuar la voluntad del pueblo y alterar la competencia con sobornos e influencias. Estamos bien enterados de ello en el país y en todo el continente. Sin embargo esta discusión nunca ha recibido una relevancia equivalente al peligro que representa. Se trata de disminuir los riesgos de una sociedad gobernada por el dinero y no por las mayorías. Y no de dinero en abstracto sino de los intereses que están detrás.

Regular como lo ha hecho el congreso significa igualar el campo de la competencia para que no se distorsione la agenda política y evitar que muchos temas esenciales queden fuera de la elección ciudadana. Fundamental en toda elección es el acceso a los medios de comunicación. El dinero lo otorga y por esa vía también la llegada a la opinión pública. Compra votos y favores y aumenta el carácter clientelar de la elección. Y cuando proviene de fuentes ilegales y oscuras puede jaquear la democracia como lamentablemente ha sucedido.

Quedan pendientes la bicameralidad entrampada en detalles que pueden quedar para las leyes de desarrollo constitucional y la no reelección de congresistas. Hay poco tiempo, toca a los congresistas apurar el paso para culminar con las cuatro propuestas y honrar el compromiso de la confianza. Que así sea.