EL LADO SANO EXISTE

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 21 de julio 2018

La crisis institucional de la justicia en el Perú escala desmesuradamente. Sabíamos que la corrupción reinaba malamente entre algunos magistrados, jueces y fiscales, pero las evidencias continuadas desestabilizan el entramado político y social de la nación. Todo un poder del Estado, nada menos que el encargado de aplicar las leyes e impartir justicia, ha alcanzado tal extremo crítico que está siendo desdibujado al punto de desaparecer del escenario público. Y ello sucede a muy poco tiempo de la crisis en el Ejecutivo que desembocó en la renuncia del Presidente de la República que aunque felizmente resuelta con el relevo constitucional torna mucho más grave el que otro poder del Estado, fundamental para el equilibrio de poderes y la democracia, se encuentre en gravísimos problemas. Y en un contexto de decepción respecto de las instituciones que se encargan de las relaciones de poder, especialmente el Congreso donde algunos representantes están fuertemente cuestionados.

La cuestión fundamental es la precariedad moral que desemboca en la inseguridad y de ahí en la inestabilidad que torna ingobernable al país. No debemos generalizar. El grito de que se vayan todos implica ganancias a río revuelto. No podemos olvidar el lado sano de las instituciones. Recordar que ha sido el mismo sistema de justicia el que ha permitido el descubrimiento de estas prácticas corruptas que vienen de lejos, refugiadas en la impunidad de la oscuridad. Que los audios dados a conocer -por el periodismo valiente y comprometido con los valores- son legales y autorizados por un fiscal y un juez. Que esa es la forma saludable de responder a situaciones inadmisibles. Que así se combate la contaminación que excluye a los mejores ciudadanos. Y que es la buena forma de ejercer el poder para evitar la deslegitimación absoluta que caracteriza a los estados fallidos. Es con esa parte sana de las instituciones que debemos conectar.

DE LA VIGILANCIA

A LA DENUNCIA CIUDADANA

En Político.pe el 22 de julio 2018

El sistema de justicia del país exige una reforma pero no son solo las leyes las que lo limpiarán de la corrupción. Urge mejorar el control interno de la judicatura para fiscalizar la labor de los magistrados a fin de responder con algo a las calles que arden en indignación y protesta. Hay quienes creen que hay inercia o apatía ciudadana pero pueden equivocarse. Los extremos se han alcanzado en la corrupción institucional y pueden alcanzarse en las movilizaciones urbanas que este 19 de julio, rememorando el paro nacional de esa fecha en 1977, alcanzaron dimensión nacional al ser replicadas en las principales capitales del país.

Estamos ante una muy grave crisis de confianza en gobernantes, funcionarios y representantes. La exigencia es por el cambio pero también por la enmienda para rescatar al país de las garras de este flagelo. El problema es de falta de legitimidad y de responsabilidad de quienes conducen el país y la desconfianza afecta inclusive a quienes presentan proyectos reformistas. Por eso es más que nunca importante, en esta cruzada contra la corrupción, dar participación a la sociedad. Ya el ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, habló de referéndum y de la complementariedad de una estrategia social como parte de la reforma. Podemos ir más más allá.

Realistamente, lo que puede conseguirse ahora, bajo la presión de la opinión pública y de la prensa independiente, es la destitución y el procesamiento de los magistrados corruptos puestos al descubierto por los audios. Está muy bien pero podría ser solo un cambio efímero sin garantía de que sus reemplazantes sean mejores.

No es sorpresa que altos funcionarios, magistrados y representantes entiendan la vida en términos de prebendas y privilegios, que los aborden como derechos adquiridos, que sigan códigos de conducta venales. Frente a esta realidad descarnada quienes creemos en la ley y el Estado de derecho aparecemos desvalidos, fuera de contexto y perplejos ante instituciones que han reemplazado la ética solidaria por un corporativismo tóxico que no distingue entre lo correcto y lo incorrecto, que ha hecho de la marginalidad y la crisis moral una forma de vida.

Mal podríamos predicar si no estamos dispuestos a contribuir. La sociedad debe fijarse como objetivo informar de la corrupción en todos los ámbitos en que es posible detectarla. La delación anónima respaldada por pruebas contundentes ha permitido revelar grandes focos de corrupción en otros países. En el Perú cada usuario de la justicia tiene su propia historia de decepción y de malos manejos. Por eso deberíamos concebir y aplicar el mecanismo que le facilite denunciar a funcionarios, magistrados y representantes que incurren en conductas inapropiadas o criminales, que sepan que están bajo vigilancia permanente de la sociedad, que no les es más posible ocultar delitos, hipocresías y conductas dobles. El anonimato puede garantizar que salga a la luz esa precariedad moral de la justicia que hasta ahora permaneció protegida por la oscuridad y el silencio.

COFRADÍA JUDICIAL MAFIOSA

En Correo el 14 de julio 2018

El país está en shock. La corrupción en la justicia peruana es una verdad de siempre, que se sufre, se lamenta y no se ha podido corregir. Quienes acuden enCoe busca de justicia tienen su propia historia de pagos subterráneos y de preferencias marcadas por el poder o por el dinero. Las prebendas, los privilegios, los negociados y toda modalidad de corrupción infestan lo que debería ser un pilar de la legitimidad democrática, de la autoridad ética, de la credibilidad. Lo peor es que son muchos los intentos de saneamiento moral e institucional que han encallado en ese mar de intereses, de hábitos de supervivencia, de aceptación mafiosa. Y es que la resignación y la permisividad son una plaga que tuvo su cumbre en los años noventa cuando el fujimontesinismo hizo de los jueces provisionales los peones de sus corruptelas. Por tanto lo primero a reconocer es que el país enfrenta una cofradía de magistrados enriquecidos, que se apoyan entre sí, acostumbrados a flotar en ese mar infecto. Integrada incluso por muchos que se pretenden honorables y sin tacha.

La Comisión ya nombrada deberá tener en cuenta esta realidad malsana. Sus miembros enfrentarán este fondo de indolencia taimada de quienes han visto pasar a muchos renovadores sin éxito. Los magistrados y consejeros hoy en desgracia encontrarán la comprensión y toda la ayuda de sus cófrades si no se sigue el debido proceso para sancionarlos. Los amigos los repondrán con indemnizaciones. La mafia pretenderá continuar como si nada hubiera pasado.

Las calles calientan su censura a los responsables de tomar decisiones sin dilaciones. La presión social no es el mejor ambiente para la reflexión. Podríamos gritar con ellos fuera los corruptos pero, a contracorriente del escepticismo reinante, debemos desear éxito a quienes asumen valientemente tan dramática tarea.

LA COMISIÓN

En Político.pe el 14 de julio del 2018

Martín Vizcarra necesita el proyecto de reforma del sistema de justicia para este 28 de julio. Una propuesta que en puridad debería incluir no solo los cambios en el Poder Judicial también en el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura ya que se habla de sistema y además, como propone García Toma, en instituciones auxiliares como el INPE y las procuradurías.

Tarea fundamental y enorme, la más difícil de toda la historia republicana porque la crisis de la justicia peruana está hiperdetectada y diagnosticada y no ha hecho sino empeorar en especial después del cinco de abril de 1992 durante  los años noventa cuando alcanzó su peor momento al servicio del súper asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Alberto Fujimori prometió entonces un nuevo sistema de justicia y solo tuvimos más y peor con la red de jueces y fiscales leales a la dupla gobernante que constituyó una mafia de magistrados provisionales que defendieron su estabilidad laboral desde la obsecuencia y la aceptación de toda corrupción.

Después del gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua la urgencia de la reforma judicial se hizo más que evidente. Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial en el 2003, y actual integrante de la Comisión nombrada por Vizcarra, convocó al Acuerdo Nacional por la Justicia con un Grupo Impulsor en el que participamos honrosamente junto a Marcial Rubio, Diego García Sayán y Raúl Ferrero. Nuestra propuesta fue presentada al Acuerdo Nacional después de recoger recomendaciones y sugerencias en audiencias por todo el país. Simultáneamente la CERIAJUS presentó su trabajo con proyectos de leyes ante el Congreso que nunca merecieron aprobación. Simplemente faltó la voluntad política de transformación. Así de difícil fue y es la tarea para los notables que la asumen.

La Comisión tendrá amplio material precedente pero su evaluación no debería ser ni rápida ni ligera. El tema es arduo y exigente aunque políticamente se esperen respuestas inmediatas. El intercambio de información sobre lo ya avanzado -en iniciativas propias y académicas- será lo primero y lo segundo coordinar certeramente con el Legislativo para que ese trabajo rinda frutos y no se quede en el camino.

Estamos hablando de un trabajo amplio y fundamental de los notables que integran la Comisión. Ellos deberían poder contar con la colaboración de las instituciones involucradas a sabiendas que albergan trabajadores y funcionarios en todos los niveles que rechazan o temen al cambio o simplemente han hecho de la crisis un mecanismo de supervivencia. Será positiva entonces la propia Comisión que Duberlí Rodríguez, actual Presidente del Poder Judicial, ha decidido formar bajo su conducción para la contribución y la interlocución autorizada y organizada.

Y además, en simultáneo a la Comisión de notables, está la exigencia ciudadana de  sanción sin dilaciones a los actuales involucrados en los audios, jueces y miembros del Consejo nacional de la Magistratura. Las calles gritan su desafuero y están calentando indignación para demandas que irán en aumento.

El contexto de la presión social y el escándalo no es el mejor para la reflexión de una Comisión que deberá ser exitosa. Ojalá lo sea, lo peor sería un nuevo fracaso en un campo tan sensible como la justicia lesionada por el cáncer de la corrupción.

ALTERNANCIA 

EN EL CONGRESO

En Correo el 06 07 18

Viene la renovación de la Mesa Directiva del Congreso y la oposición se prepara para enfrentar la lista del fujimorismo que busca controlarla por tercer año consecutivo. Dada su notable mayoría tienen toda la legitimidad para pretenderlo pero si nos ubicamos más allá de los números y entramos a la racionalidad o el interés político talvez no sea conveniente para ellos cargar con la total responsabilidad del manejo del Legislativo que viene siendo tan cuestionado. Necesitarán una pausa no para recuperar fuerzas que las tienen sino para recuperar imagen y los puntos que han perdido ante la ciudadanía que los ve como obstruccionistas y prepotentes. Las encuestas exhiben un balance negativo del manejo administrativo-parlamentario y también del político. Pregonan lucha contra la corrupción pero no despejan las sospechas de compras sobrevaloradas o poco necesarias. Blindan a sus congresistas ante la Comisión de Etica, atacan con todo a los críticos sean periodistas o políticos y se muestran prepotentes y soberbios cuando se trata de imponer su mayoría aplastante.

Martín Vizcarra cumplió los 100 días en relativa armonía con el Legislativo demostrando que la convivencia es posible siempre que se acepten las presiones del fujimorismo. A diferencia del año y medio de PPK el obstruccionismo no se ha hecho evidente aunque tampoco el equilibrio de poderes que solo se lograría si la oposición logra la alternancia en la Mesa Directiva. Aunque parezca contradictorio Fuerza Popular debería ser el primer interesado para alejarse de la imagen de imposición y de prepotencia de estos últimos tiempos. Un descanso les vendría bien para disminuir los anticuerpos que el Congreso y en especial los fujimoristas se han ganado en la ciudadanía.

CUIDAR LO QUE LEEN 

LOS NIÑOS

En Político.pe el 07 07 18

Están en discusión los textos escolares y el debate sobre contenidos que no se hizo antes de su publicación deberá hacerse ahora. Nada más delicado que la mente de los jóvenes estudiantes y nada más perjudicial que la historia ideologizada que esconde intereses. Los colegios no pueden ser recintos de adoctrinamiento como sucedió durante regímenes oscuros para la civilización. Y nunca es tarde para rectificar versiones que pueden hacer daño.

Por eso es notable la visión de Hugo Neira (El Montonero, 2 de julio 2018) quien invitado en noviembre 2017, al Congreso a una mesa de trabajo para examinar contenidos educativos sobre el terrorismo, rompe su discreción y apunta su crítica constructiva a la presentación editorial de las dos décadas de violencia que vivimos. Rechaza la vaguedad y la banalización de lo que denominan “una crisis de violencia”, términos que no precisan la real dimensión del drama inmenso que significó para el país.

El terrorismo debe ser presentado como lo que es, lo más malsano para la humanidad, injusto para miles o millones de inocentes y nunca cohonestado como una forma de protesta. Menos aún en esta época cuando es un flagelo planetario, lo que no puede ser consuelo para nadie y más bien agrava la urgencia del rechazo.

La historia de la guerra declarada por Sendero Luminoso y secundada por el MRTA debe ser escrita asumiendo lecciones para que el pueblo las procese con conocimiento de causa sin adoctrinamientos falaces o interesados. Rechazando el terrorismo y la violencia de todas las vertientes.

La verdad es muy delicada de abordar y hacerlo de forma sesgada es una trampa. Es posible entregarla de forma gradual de acuerdo a la capacidad de comprensión de los estudiantes según sus edades, pero nunca de forma falsa o interesada ni  buscando medias verdades que distorsionan o manipulan conciencias.

Reseñar los crímenes de SL, es recordar con precisión la era de las masacres, la de los innobles apagones y la de los coches bomba que marcaron toda una generación en Lima y en el interior del país. Puede ser muy triste y doloroso pero los actos terroristas vengan de donde vengan, sean de la subversión como de la contrasubversión que también los hubo, deben ser identificados con autoría propia. Callar es ignorar responsabilidades. Dejar de castigar, censurar o criticar es suicida. No analizar con los valores de la ética colectiva es condenarnos a la inopia histórica.

Coincidimos con Hugo Neira en su visión universal y en la necesidad de acudir a los senderólogos. En especial a los que menciona: a Carlos Iván Degregori, con su Qué difícil es ser Dios, a Manuel Jesús Granados con su PCP Sendero Luminoso y su ideología. A Gustavo Gorriti, Antonio Zapata, Umberto Jara. Todos nos dan una visión real aunque todavía sin la distancia del tiempo para evaluar certeramente esta etapa nefasta para el país. Neira recuerda a Arguedas con su frase “Hemos vivido en vano”. Y en similar sentido traemos a Pablo Macera con su sentencia “Que lo vivido no sea en vano”. Mentes privilegiadas nos demandan extraer lecciones de lo sucedido para no repetir errores y menos aún infamias.

Necesitamos producir textos escolares imparciales, verdaderos y verosímiles, sin las confusiones de los dogmatismos o de los intereses políticos. La historia no puede ni debe escribirse en el terreno de las ideologías sino en el de lo verdaderamente acontecido.

LA REGULACIÓN MEDIÁTICA 

NECESARIA

En Político.pe  el 30 de junio 2018

La grita por la llamada Ley Mulder ha arreciado y el debate sobre la prohibición de la propaganda del gobierno en los medios privados está en todos los espacios. Es cierto que prohibir no es regular y que el Congreso ha dejado pasar una gran oportunidad de debatir seriamente este tema de gran importancia para los dueños de los medios por los grandes recursos que ya han comenzado a perder. Pero también de gran importancia para la sociedad como titular del derecho a la información. Es cierto que no se trata de información sino de publicidad pero al afectar económicamente a medios en crisis se les obliga a disminuir planilla y calidad de la información o en el extremo a desaparecer. También es verdad que con los excesos de pagos por publicidad el gobierno puede influir en las líneas editoriales. Sin llegar al soborno el gobierno y los medios ingresan a una cercanía sospechosa.

El equilibrio entre ambos extremos es lo deseable. La modificación o la derogatoria de la Ley es urgente para los medios y la presión sobre el Tribunal Constitucional se acentuará con el paso de los días que se cuentan en dinero que no ingresa a las cajas mediáticas.

Si lo que querían sus mentores era la regulación no la lograron al haber optado por la prohibición total.  Pero han abierto una puerta tanto para las excepciones necesarias como para que los presupuestos del Estado no tengan uso político indiscriminado de arreglo o disuasión. Lo que no debe pasar es que los intereses autoritarios de Fuerza Popular prosperen para la venganza o el amedrentamiento a la prensa. El fujimorismo tiene demasiado rabo de paja en su relación con los medios para que alguien pueda creer en sanas intenciones de proteger al erario público castigando a la prensa adversa o poco complaciente. Este castigo sí podría llegar a distorsionar contenidos y afectar el derecho a la información.

La pauta publicitaria estatal no puede ser abierta, ilimitada y sin racionalidad. Si queremos proteger a la prensa crítica e investigadora no será haciéndola dependiente de dádivas por publicidad oficial. Y menos comprando directamente líneas editoriales como lo hizo Fujimori para controlar comunicación e información, corrompiendo a los dueños de algunos medios.

La ley Mulder sirve al fujimorismo para sus afanes de cambiar la historia de su ADN noventero aunque ahora griten no a la corrupción y al control mediático. Son autoritarios y lo seguirán siendo. Los estamos viendo, intolerantes ante las críticas, con una pésima gestión parlamentaria que convoca el consenso ciudadano en contra. Pocos dudarían de que deben rectificar.

RESPETAR 

LA MEMORIA

En Correo el 30 de junio 2018

Los años noventa son de ingrata recordación. Padecimos una confrontación con pérdidas humanas y económicas enormes. El Perú se desangró en una guerra fratricida. A 38 años de la nefasta declaratoria de guerra al Estado por Sendero Luminoso seguimos tratando de sanar heridas. Los dos bandos fueron peruanos y tienen sus propias versiones de los graves excesos en que incurrieron colocando a la sociedad entre dos fuegos. La memoria colectiva existe y sabe lo que ocurrió más allá del deseo de reescribir la historia de quienes se sienten vencedores. Pero nadie gana cuando el país se desgarra y debemos ser rigurosos y éticos con el respeto de los recuerdos amargos.

Pero hoy que el fujimorismo manda en el Congreso hay quienes buscan congraciarse como el general Edwin Donayre y ahora el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. Olvidan que Alberto Fujimori nos dejó los peores ejemplos de violación de derechos humanos y la corrupción más grande de la historia del Perú bajo el signo del autoritarismo. Y que mover el tema implica verdades incómodas.

La Municipalidad de Lima anuncia en el Parque Neptuno un espacio temático en memoria de los caídos durante el terrorismo al que pretende llamar "Héroes de la Democracia" a ser inaugurado por el fujimorista Luis Galarreta. La intención es obvia, confrontar con el Lugar de la Memoria, hasta ahora imparcial y bien administrado por un patronato respetuoso y responsable de las distintas versiones y de las lecciones dolorosas. No necesitamos dividir nuevamente al país y menos imponer la arbitrariedad. El Ministerio de Cultura afirma con acierto que el LUM es el único espacio oficial. Nos toca defenderlo y evitar que surjan tantos museos como verdades existan. No hay “la verdadera historia” del terrorismo. Lo que hay es la necesidad de superar el dolor, de unirnos en el recuerdo sin aceptar manipulaciones políticas perversas y por demás interesadas