LA PRISIÓN PREVENTIVA

DEBE SER EXCEPCIONAL

En Político.pe el 28 04 2018

El abuso de la prisión preventiva está en el candelero después de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus demandado por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el Perú los penales están llenos de reclusos sin sentencia cuyos cargos no han sido probados en juicio y muchos ni siquiera tienen acusación fiscal.

La legitimidad de las sentencias o de los fallos del Poder Judicial y del Ministerio Público depende del debido proceso y del respeto a las garantías de justicia, entre ellas la presunción de inocencia y la celeridad. Es indispensable que toda sentencia de prisión se sustente siempre en delitos probados, es decir después del juicio correspondiente. Hay un abuso del recurso a la prisión preventiva y los magistrados del TC han establecido un referente hacia adelante. Luchar contra la corrupción de modo efectivo y eficiente requiere de una sólida institucionalidad dentro de la democracia y el estado de derecho. Esta es la base.

No es lo mismo que autoritarismo o arbitrariedad que no abona en ninguna eficacia modélica para la disuasión. La justicia no puede basarse en excesos ni abusos de poder. Las instituciones importan dicen los grandes organismos multilaterales y en el caso presente un tribunal alto e inapelable ha puesto su opinión informada por encima de las presiones mediáticas y políticas, como debe ser.

Porque no pueden imponerse los juicios mediáticos. Aquellos que permiten que medios y periodistas sean los que diriman sumariamente y pretendan imponer sentencias sin las garantías de justicia en especial con poco respeto a la presunción de inocencia. Una prensa independiente y libre de cualquier poder político o económico es indispensable. Si no existe se distorsiona la impartición de justicia, se contamina o se obstruye generando el efecto contrario a la defensa de la sociedad. La justicia no se banaliza.

Ello no quiere decir que no exista censura social sobre el manejo político de la mal llamada pareja presidencial del humalismo, ni que deje de investigarse severamente su presunto lavado de activos y menos que se deje pasar la soberbia y el descarado protagonismo que implicó la usurpación del poder por Nadine Heredia. Y por supuesto la responsabilidad del expresidente que la permitió. El elegido fue él y no ella y toda traición a la representatividad entregada por el voto popular es censurable. A lo que se agregarían contra él los gravísimos cargos por el caso Madre Mía.

El TC ha puesto las cosas en su sitio en un procedimiento en que los imputados estaban en prisión mientras otros personajes en casos similares llevaban su proceso en libertad. Para los Humala Heredia no hay acusación fiscal ni inicio de juicio. Que los juzguen, que les prueben los cargos y entonces que los pongan en prisión, no antes.

ANTICORRUPCIÓN 

Y DEBIDO PROCESO

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 28 04 2918

La decisión del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus interpuesto por Ollanta Humala y Nadine Heredia ha remecido el debate político con opiniones disímiles. Más allá del caso concreto el alto tribunal ha puesto límites a la imposición indiscriminada de la prisión preventiva que debería ser solo aplicada en casos extremos. En especial solo ante evidencias absolutas y peligro de fuga.

El Poder Judicial y el Ministerio Público están bajo los reflectores, deben impartir justicia dentro del debido proceso y la diligencia. El caso Lava Jato implica un alto nivel de exigencia al que no siempre pueden responder. Pero la legitimidad de su trabajo está en juego y con ella la confianza en este poder del Estado.

Esta sentencia del TC será un referente para muchos casos de corrupción. Los altos magistrados han estado bajo presión mediática  y política pero han hecho prevalecer su opinión informada. Los Humala Heredia eran los únicos en prisión mientras es conocido que casos similares no han tenido ni tienen el mismo trato. Una lección es que los magistrados deben ser inmunes a los juicios mediáticos, esos que se cumplen en los grandes medios que enarbolan sentencias adelantadas por periodistas que proponen e imponen conclusiones sin considerar la presunción de inocencia.

Bien por el TC que ha puesto los principios jurídicos por delante. No hay lucha legítima contra la corrupción sin respeto al debido proceso. Por ahí debemos comenzar. Ello no obsta para que censuremos con toda energía moral los desaguisados o posibles delitos de Nadine Heredia, su soberbia y su usurpación dolosa del poder que fuera asignado por elecciones libres a Ollanta Humala. No tenía el derecho a cogobernar como lo hizo ni el ex presidente debió permitirlo. Que el fiscal los acuse de una buena vez y comience el juicio. Que les prueben los delitos y después vayan a la cárcel. No antes.

PACTO SOCIAL 

CON PROBLEMAS

En Correo, el 21 de abril 2018

Martín Vizcarra ha entrado con buen pie a esta nueva etapa política de esperanza y moderación para la estabilidad política. El conflicto de poderes que vivimos desde el 28 de Julio 2016 hasta el 23 de Marzo 2018 parece quedar atrás. En mensaje corto pero convincente puso las prioridades más sentidas, la lucha contra la corrupción, la educación, la estabilidad institucional y la recuperación de la gobernabilidad. 

"Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador" Esta frase es todo un programa de gobierno que implica hacer política permanente y legitimarse ante el pueblo. Y lo está haciendo con un nuevo estilo de encontrarse con la gente y de viajar al interior, algo que los últimos presidentes olvidaron hacer. Bien por el Ejecutivo pero en el Legislativo la historia es diferente. Fuerza Popular ya no es la superbancada que fue y sus líderes están despintados, los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino del poder. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko disminuyó ostensiblemente su aprobación. Todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción. Las turbulencias están en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura. Y están obligados a darlo.

Vizcarra pide diálogo con un gabinete de técnicos no de políticos, con operadores que conocen su sector. Pero el telón de fondo, el factor que no está funcionando es la justicia que altera o determina la política. El Poder Judicial marca malamente el paso sin dar confianza en jueces y fiscales que juegan con penas y libertades. Por ahí falla el posible pacto social. Los desaciertos son severos. Generan injusticias claras y descontento absoluto. La judicialización de la política desestabiliza. Lamentablemente.

LA JUDICIALIZACIÓN 

DE LA POLITICA

En Político.pe el 20 de abril 2018

El Poder Judicial está bajo los reflectores. Todo el país está descontento y es ácidamente crítico con sus resoluciones y sentencias. Dentro del clima de armonía y diálogo que Martín Vizcarra se empeña en instalar en el país -en la búsqueda de la estabilidad que le permita conseguir los objetivos trazados- jueces y fiscales parecen ir a contracorriente. Juegan en pared con un Congreso que ha perdido credibilidad después de los kenyivideos instigados por Fuerza Popular. Los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko con su aprobación disminuida. A lo que se agrega que todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción lo que hace que las turbulencias se afinquen en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura.

En el sistema judicial se multiplican las incoherencias que generan desconfianzas absolutas. En especial en asuntos que tienen que ver con la política activa, con la corrupción, el terrorismo o la delincuencia, que flagelan a la sociedad. En todos estos frentes abundan ejemplos de decisiones judiciales inexplicables o donde la sospecha de la prevaricación o el pago bajo la mesa están presentes. La justicia que tenemos es el flanco más débil e inoperante de la democracia que queremos preservar. No exhibe ni independencia ni consecuencia, es insuficiente, parcial, sesgada o politizada cuando no corrupta.

El juez virtuoso que se basa en méritos, que exhibe criterio autónomo y credibilidad ganada decisión tras decisión no existe en nuestro país. No lo vemos. Más bien se ven -con honrosas excepciones- magistrados que son la antítesis del modelo que necesitamos.

La politización de la justicia es la mayor debilidad que debemos enfrentar. El poder de jueces y fiscales para actuar sobre su contraparte legislativa y ejecutiva es real pero no responde a ninguna legitimidad, más bien se generaliza peligrosamente el rechazo a sus desaciertos. Y con ello la urgencia de una reforma que hasta ahora ha sido históricamente esquiva o imposible. 

En el 2004, Hugo Sivina, como Presidente de la Corte Suprema intentó con un Pacto por la Justicia llevar adelante una reforma a partir de audiencias en todo el país. Tuvimos el honor de acompañarlo junto a Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio y de constatar el ferviente reclamo de cambio de la justicia. Han pasado casi quince años y jueces y fiscales siguen ejerciendo mal su poder sin contrapoder ni limitaciones. El asunto es quién podrá ponerle el cascabel al gato.

PD: Mi homenaje y mi recuerdo para el gran magistrado que fue Carlos Giusti Acuña, muerto en el rescate de la residencia del Japón tomada por el MRTA. Honesto e íntegro fue un juez modelo, de los que tanto necesitamos hoy en día. Honor al honor.

INMUNIDAD 

NO ES IMPUNIDAD

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 14 de abril 2018

En un Estado de derecho el Parlamento representa la voluntad del pueblo expresada a través de las elecciones. Sus integrantes tienen el alto honor de elaborar las leyes a las que todos nos subordinamos, por eso lo consideramos un órgano altamente respetable desde que es el pueblo mismo aunque en formato reducido. Los legisladores influyen en el destino de la nación y su principal retribución debería ser contribuir a que ésta tenga el mejor rumbo posible. 

Tal  magnitud de responsabilidades exige la mayor pulcritud desde que junto a sus funciones más importantes, la representativa y la legislativa, asumen el control y fiscalización de otros órganos del poder en especial del Ejecutivo. Pero no pueden hacerlo sin autoridad ética. Tienen la inmunidad para protegerse pero ella no puede convertirse en impunidad sin afectar la majestad del poder que integran. 

Muy bien que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se haya mostrado a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria a fin de dar mayor celeridad a las investigaciones contra los involucrados en actos de corrupción. Excelente la propuesta de la parlamentaria Patricia Donayre  para eliminar esa protección si el objetivo esencial es combatir toda corrupción en este poder del Estado. Más aún después de lo visto en los repudiables kenjivideos o keikovideos. Los involucrados en estas cintas deberán someterse, a solicitud del juez, a una Comisión de Levantamiento de Inmunidad, presidida por el magistrado Francisco Távara.

Todo esto vuelve a poner en el debate dos temas de fondo, el financiamiento electoral que demanda una reforma inmediata para evitar que sean elegidos congresistas o gobernantes hipotecados por el dinero recibido para sus campañas y la responsabilidad de los partidos para elegir sus candidatos al Congreso. Inmunidad no debe ni puede significar impunidad ni ante procesos pendientes antes de ser elegidos ni ante los producidos después de serlo.

LA FILTRACIÓN

En Político.pe el 13 de abril del 2018

Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos con gran  expectativa mundial. No es para menos su red social representa una población de dos mil doscientos millones de usuarios y si fuera un país sería el más grande en el planeta.

Zuckerberg debía explicar cómo se produjo la filtración masiva de datos personales de 87 millones de usuarios de su red social que después fueron usados por la consultora Cambridge Analytica para interferir y hasta determinar el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas del 2016 que ganó Donald Trump. Y no es el único proceso electoral en que intervino. Dicha empresa también se involucró en otros procesos electorales mediante la difusión masiva de noticias falsas o fake news. Se mencionan con igual importancia el referéndum en el Reino Unido, el Brexit, para la salida de ese país de la Unión Europea, la consulta para aprobar el Acuerdo de Paz en Colombia y más cercano en el tiempo, el  referéndum sobre el separatismo de Cataluña en España.

El usuario de Facebook respondía mediante su cuenta de Facebook a un cuestionario sobre sus gustos y personalidad. La red lo autorizó creyendo que la información sería para fines académicos pero fue utilizada por Cambridge Analytica para extraer la información de esa persona y la de sus amigos en la red social. La empresa utilizó estos datos para identificar las personalidades de los electores e influir en su comportamiento.

Se trata de algo muy grave pues así se han distorsionado los resultados de procesos políticos de sufragio que están en la base de la democracia de estos países. Por ello ha vuelto al debate la necesidad de dotar de un marco regulatorio a una actividad que en Internet se ha hecho gigantesca, tanto en términos económicos y políticos como en influencia en la vida y el pensamiento de sus usuarios.

En general los gigantes tecnológicos de Silicon Valley son reacios a toda regulación pues consideran que podría afectar su industria en términos de innovación, pero el extremo del escándalo ha determinado que el mismo Zuckerberg acepte que es necesaria alguna forma de regulación. Sobre todo después que las filtraciones de datos personales han generado inquietud entre los seguidores de la Red y han tenido repercusiones catastróficas en la Bolsa. Todo esto implica una llamada de atención para que como usuarios pongamos cuidado en nuestra privacidad en una era en que -como denunció valientemente Edward Snowden- el espionaje se ha tornado masivo. Avisados estamos.

PODERES AUTÓNOMOS

 Y EQUILIBRADOS

En Político.pe el 06 de abril del 2018

En el aquelarre final del gobierno de PPK el Congreso recibió su parte de responsabilidad. No todo es discurso y proclama anticorrupción, todos escuchamos los audios protagonizados por congresistas ahora en la picota. Se hablaron y dijeron cosas por las que ahora la ciudadanía enfoca un Parlamento que pretende convencernos de que solo era necesario cambiar de presidente de la República para que todo cambie en el país. No es así, las últimas encuestas dan al Congreso un 90% de desaprobación. El suelo es el límite y están muy cerca aunque no parecen tener conciencia de tan grave desprestigio. Si quieren seguir identificando inmunidad con impunidad en los graves casos que lo afectan es su problema y su grave responsabilidad.

El archivamiento de la denuncia contra Yesenia Ponce, es una pésima señal para quienes buscan presentarse como los grandes luchadores contra la corrupción. Lo peor que les puede pasar es que se vea su discurso como vacío y falso. Las infracciones de Ponce han indignado al país y la complacencia de su bancada traerá cola. Y ahora viene el desafuero de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, grabados por Moises Mamani, falso valor elevado a las alturas por su heroicidad al haber emboscado y grabado a sus compañeros siendo igual que ellos, trocando votos contra la moción de vacancia del ex presidente Kuczynski por obras con rentables comisiones.

El fujimorismo cree haber ganado este sustantivo round político y que el Congreso es inmune al deterioro. Pero éste convertido en su fortín tiene una espada de Damocles si continúa  evadiendo los asuntos de fondo y tratando de imponerse como única fuerza en el país. Queremos concertación pero no subordinación del nuevo Ejecutivo al fujimorismo. La denuncia del legislador Juan Sheput de una alianza del gobierno de Martín Vizcarra con el fujimorismo y las declaraciones de Miguel Torres, afirmando que los nombres de los nuevos ministros fueron consultados a su partido, han generado justificada controversia.

Se ha denunciado igualmente un veto a los candidatos a ministros por ser antifujimoristas. Ridículo y absurdo porque no hay personaje con integridad moral, racional y coherente, que no haya denunciado, criticado y mostrado sus reservas con ese cogobierno Fujimori Montesinos de los noventa, involucrado en los peores crímenes, exacciones y corrupción.

Necesitamos diálogo pero también transparencia y respeto entre poderes que deben ser autónomos y equilibrados. Ni confrontación ni subordinación.

Y en cuanto a Ministro de Defensa, general José Huerta, firmante del acta de sujeción a Vladimiro Montesinos y asistente festivo al 53 cumpleaños del asesor, no tiene cabida en un régimen que se proclame democrático. Inadmisible su designación y más aún su permanencia. Debe renunciar para no contaminar la esperanza con que comienza Martín Vizcarra.

PD: Mi protesta contra la autorización que dio el Rector de San Marcos a la Policía para ingresar al campus universitario que es inviolable. Si hay reclamo estudiantil se debe escuchar y no permitir ni violencia ni maltratos.  No se puede satanizar a los alumnos y toca a la autoridad privilegiar el diálogo. Para eso estamos en una universidad con autonomía que debemos defender.

NI ENFRENTAMIENTO

 NI SUBORDINACION

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 06 de abril 2018

El fujimorismo de Keiko Fujimori hizo sufrir a PPK su victoria electoral. Todo el país es testigo del bowling de los naranjas con los ministros y de la prepotencia congresal respecto de la vacancia presidencial más allá de los factores que la determinaron y del relevo oficial por el vicepresidente Martín Vizcarra.

Las aguas se han calmado, las turbulencias parecen haberse detenido y los peruanos aguardaban con impaciencia el gabinete del nuevo gobierno. Vizcarra ha prometido diálogo y concertación. El flamante Premier César Villanueva tiene capacidad para ello aunque aunque ahora se enfrente a serias acusaciones y cuestionamientos. Niega injerencia del fujimorismo en la conformación del gabinete pero hay señales inquietantes. No por gusto el vocero de  Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, denunció una alianza con Fuerza Popular y los rumores son fuertes acerca de las consultas sobre los futuros ministros y el veto para que no fuera elegido ninguno que tuviera un sentimiento antifujimorista. Lamentable porque de seguro quienes rechazaron la prepotencia, abusos y crímenes del cogobierno Fujimori Montesinos están entre los ciudadanos con mayor integridad, honestidad y decencia. Y debemos defender esa discrepancia de fondo y el derecho a mantenerla aunque no caiga simpática a Fuerza Popular. Los fujimoristas quieren reescribir la historia para afirmar que son los luchadores contra la corrupción. De memoria frágil no quieren recordar los luctuosos capítulos que todos presenciamos en la funesta década de los noventa.

Bien por el diálogo pero ningún olvido debería determinar que pasemos de la confrontación a la subordinación al fujimorismo cuando necesitamos coordinación con autonomía. El nombramiento del Ministro de Defensa, por ejemplo, recaído en José Huerta, un general que firmó el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos y que estuvo además festejando su cumpleaños 53, no puede ser admitido en un régimen democrático. La desmemoria y la permisividad no pueden llegar a ese grado.

¿QUIEN FISCALIZA 

AL FISCALIZADOR?

En Correo publicado 31 03 18

Todos felices por haber visto a perro, pericote y gato en Palacio de Gobierno cuando se promulgó la nueva ley de la Contraloría. Pasada la primera impresión hoy surgen los cuestionamientos por una norma calificada como “ley de la impunidad” en cuanto exonera al Congreso del control externo.

Se requería el Fortalecimiento de la Contraloría pero no al precio de que se la limite en su capacidad de fiscalización del Parlamento hoy mayoritariamente dirigido por el fujimorismo cuya lideresa mayor, Keiko Fujimori, está en serios problemas judiciales. Y en un lío de altos decibeles con su hermano Kenyi y su bancada.

El Congreso no ha salido bien librado de los últimos acontecimientos. Necesita limpiar su imagen dados los bajos niveles de aprobación que tiene en la ciudadanía. Y no ayuda para nada esta norma que le confiere un privilegio inadmisible.

A sus funciones esenciales de legislar y representar los parlamentarios unen la de fiscalizar y para ello necesitan autoridad moral y transparencia. El fiscalizador por excelencia debe ser también fiscalizado. De otra forma el esquema no funciona, la confianza de la población se rompe y se lesiona la representación. El Congreso requiere de un control externo y con esta ley el Parlamento queda eximido del mismo y podrá hacer lo que quiera con sus recursos que no son pocos. Muy mal pie para la lucha contra la corrupción que signa la presente etapa y debe darse en todos los ámbitos en especial en los que más poder ostentan.

El Parlamento está bajo la sombra que han dejado los audios y videos que han exhibido claramente las modalidades de actuación y enriquecimiento de algunos congresistas. Con el desafuero de los involucrados -en ese nefasto toma y daca que fue la negociación de votos- no se producirá el saneamiento moral que requiere el Legislativo. A rectificar.

POR SUS JUNTAS 

LOS CONOCEREIS

En Político.pe 31 03 18

Semana Santa, tiempo ideal para conformar, en espíritu de paz y reconciliación, el nuevo gabinete que acompañará a Martín Vizcarra. Bien por la elección del congresista César Villanueva como primer ministro. Tiene el perfil dialogante y concertador que se requiere en esta etapa de relanzamiento político. Ha sido recibido con beneplácito por todos los sectores con la esperanza de que se tiendan los puentes para una mayor integración en torno a las medidas pendientes y una mejor convivencia política.

Villanueva tiene experiencia en gestión pública y una gran vocación por la descentralización, comparte con el presidente el haber sido gobernador regional y antes estuvo como presidente del Consejo de Ministros aunque por corto tiempo. Todo cuenta para confiar en que conformarán el gabinete indispensable que reúna experiencia, honestidad y capacidad. En especial en los sectores de salud y educación que Vizcarra ha priorizado.

El presidente está por pasar el momento decisivo que marcará su ruta como nuevo gobierno. Por sus juntas lo conoceréis y el gabinete que anunciará este lunes dará la pauta al país de cómo enfrentará los grandes problemas que su antecesor postergó mientras peleaba con el Legislativo y apuntalaba ministros para que evitar que cayeran. Un trabajo que le tomó todo el tiempo.

Es por eso que para todo efecto parecería que el gobierno que elegimos en el 2016 recién comienza. Le toca enfrentar entre muchos otros el grave problema de la reconstrucción del norte, el de la seguridad en las calles, superar la parálisis económica generada por la ruptura de la cadena de pagos y por las repercusiones del Lava Jato y en especial le corresponde asumir la crucial reforma del financiamiento electoral que resulta el origen de todas las corruptelas.

Donde el Presidente y su nuevo premier encontrarán el mayor desafío será en la lucha contra la corrupción en un país que tiene en la gran corrupción un flagelo que ha separado a las élites de su pueblo generando una dramática crisis de confianza.

Pero no solo está la gran corrupción, están los medianos, los pequeños y los más pequeños que han hecho de la coima una forma de vida y de supervivencia. Como un ejército de langostas que comen todo a su paso los gobiernos central, local y regional están infiltrados por un mal muy difícil de erradicar. La microcoima es una dolencia fatal ante la cual los afectados pueden hacer muy poco o nada, multiforme y ubicua, infecta todo lugar y todo espacio donde se realice un acto de gestión o de gobierno, en los niveles más inverosímiles. La amenaza es siempre el bloqueo, la dilación, la mecida. Si no pagas no conseguirás nada, ningún avance o simplemente no existirás para tu trámite, gestión o pedido.

Y ahí está el gran desafío. Si queremos cerrar una etapa de inmoralidad para abrir otra de ética, integridad y confianza hace falta un equipo que haga juego con el talante del presidente y de su flamante premier. Que a la personalidad reflexiva y analítica unan su sensibilidad y sobre todo su compromiso para imponer valores y descartar el cinismo y la sinvergüencería que todos vimos en los videos y en los audios.

Hemos censurado el recurso de la emboscada a todas luces reprobable pero lo que el país vio en esas grabaciones impone una tarea de saneamiento moral en el Ejecutivo y en el Legislativo, en el gobierno central y en los locales y regionales. Una inmensa responsabilidad de baja policía social que debería comenzar ya.