DE FUGITIVO

A HOMBRE BOMBA

 

Publicado en Correo el 30 05 2015

 

¿Estamos cerca del final de la historia o solo al comienzo? El caso Martín Belaunde Lossio es una inquietante saga policial, diplomática y política. ¿Revelará cuánto sabe? ¿A quiénes implicará? Un novelesco desenlace ha puesto algunas cosas y muchos temores en su lugar. Bolivia dejó en claro el desinterés del Perú en recibirlo a tiempo. El canciller Choquehuanca, de alta credibilidad en su país, señaló que Lima no puso fecha y hora para la entrega y luego vino la fuga. Bolivia se desligó del espinoso asunto con una telegénica y rápida captura y entrega para dejar en manos del gobierno peruano al hombre bomba que podría lesionar intereses demasiado grandes con altísimos involucrados.

 

La versión de MBL nada tiene que ver con la del gobierno y la de los medios. Se afirma inocente y sigue en pie que no irá solo a la cárcel. Su supuesto secuestro y su frustrado viaje a Brasil pudieron ser su forma de preservar su vida por la que teme. No podríamos descartar ni afirmar ese riesgo, desconocemos los intereses que podrían silenciarlo pero la desesperación está en el ambiente.

 

La extradición limita los temas que la expulsión podría ampliar y evita activar el hombre bomba indeseable que hoy es MBL ubicado en el centro de una madeja por demás peligrosa, la que esconde los aportes de Hugo Chávez a las diversas campañas electorales de los países posibles partícipes del proyecto del socialismo del siglo XXI. Chávez cambió la cara de la política latinoamericana al impulsar un eje antinorteamericano y nadie duda que en sus planes estaba Ollanta Humala junto a Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Ortega y hasta Andrés López Obrador.

 

La financiación de las campañas electorales para los amigos chavistas no ha sido aclarada y menos en el Perú. MBL estaba en esa mezcla de petrodólares, integración bolivariana y antiimperialismo estridente, en un temible y resbaladizo terreno donde no existen pruebas pues de las partidas secretas nadie da recibos. Salvo que uno de los conocedores las entregue. Y ahí está el miedo a la pólvora de este hombre que de fugitivo ha pasado a explosivo. No olvidar que Felipe Calderón señaló en el 2010 que Chávez financió la campaña de su rival en el 2006 según documentos secretos de la embajada estadounidense en México, publicados por Wikileaks. Calderón calificó esta financiación de felonía que no respeta la soberanía de los países latinoamericanos. Chávez pagó generosas asesorías e irrigó innumerables actividades. Conocimos del famoso maletín de los 800 mil dólares incautado a un empresario para la campaña de Cristina Kirchner y según denunció Alejandro Toledo en su momento otro similar habría llegado para Humala.

 

Lo cierto es que hubo muchísimo dinero que MBL pudo recibir, administrar y repartir desde el 2006 en adelante. El gobierno peruano lo descalifica como mentiroso pero habrá que estar atentos a lo que diga o no diga el famoso asesor de campaña.

CASO AURELIO PASTOR:

                ¿ERROR JUDICIAL?

 

Publicado en Portal Punto de Encuentro y en Portal Generacción el 24 de mayo 2015

 

El ex congresista y ex ministro de justicia del gobierno aprista, el abogado Aurelio Pastor Valdivieso, ha sido condenado por el delito de Tráfico de influencias a prisión efectiva de cuatro años y se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas. El hecho ampliamente comentado por la prensa da lugar a posiciones a favor y en contra.

Por respeto a la justicia y porque la política es una actividad noble que lamentablemente no es ajena a acciones innobles consideramos importante analizar las sentencias que para muchos responden a razones extrañas a la juridicidad y aparecen orientadas por influencias políticas y mediáticas. Cuando los adversarios políticos son tratados como enemigos todo se distorsiona. Cabe precisar, sin embargo, que los argumentos que siguen no tendrían que ser extendidos o aplicados a otros casos en los que pudiera estar implicado el ex ministro Aurelio Pastor Valdivieso como el tan traído y llevado de los narcoindultos.

Podemos encontrar en las dos sentencias recaídas sobre este caso aspectos pasibles de ser observados. En principio se trata de un delito, el tráfico de influencias, que como bien ha señalado el académico penalista José Hurtado Pozo presenta serias carencias en su tipificación. Se refiere el experto a su deficiente redacción, a su equivoca ubicación sistemática y a su imprecisa terminología que han dado lugar a numerosas y diversas opiniones respecto al papel atribuido no solo al presunto actor del hecho delictivo sino también al tercero que interviene en la comisión del delito.[1]

Es evidente que los jueces deben guiarse por la descripción que figura en el texto legal, en este caso el Art 400 del Código Penal, que fue modificado por la Ley 30111 que incorporó la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos en su Artículo Único que se refiere a los artículos del Código Penal: 382, 384, 387, 388, 389, 393. 393-A, 394, 396, 397-A, 398, 399, 400 y 401.

Así el texto final del Artículo 400 sobre Tráfico de influencias quedó con la siguiente redacción:

“El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa”.

La Ley 30111 se refiere sin duda alguna a delitos cometidos por funcionarios públicos. Aurelio Pastor no es funcionario ni servidor público. Lo fue en su momento como congresista y ministro de justicia pero cuando se produjeron los sucesos materia de enjuiciamiento era solo un abogado prestando patrocinio legal a un cliente.

Hurtado Pozo habla de la índole peculiar de los hechos imputados a los procesados que determina una aparente dificultad para considerarlos como casos claros de peculado o corrupción y en especial la manera amplia y difusa en que se describe el tráfico de influencias en el art. 400 CP. Entiende que los comportamientos incriminados están expresados por los verbos recibir, hacer dar, hacer prometer. Afirma que el legislador ha buscado comprender las diversas formas de comportamientos dirigidos a influir de manera indebida en decisiones de la administración pública. Y uno de los problemas de la descripción del comportamiento presuntamente delictuoso surge de la manera en que se enumeran las acciones incriminadas, que implica que para la consumación del delito basta que el agente haya cometido una de las acciones mencionadas (invocar, ofrecer interceder). Y esas son las mismas acciones que todo abogado ofrece a cualquier cliente para ayudarlo no solo con alegatos sino también conversando con las personas que podrían intervenir no necesariamente de modo ilícito o ilegal. Los jueces reciben a los involucrados en audiencias acompañados de sus abogados los que también pueden asistir solos a dar ampliaciones y explicaciones de cada caso.

No es para nada desdeñable el informe del Colegio de Abogados de Lima, entidad gremial ampliamente representativa, que concluyó que en el caso de Aurelio Pastor no hay delito puesto que no hay connotación penal: “Se trata de una sentencia arbitraria en la medida que prescinde de hechos notorios o evidentes así como omite dar mérito o eficacia probatoria a medios de prueba principales decisivos y transcendentes”

El CAL cita el fundamento vigésimo cuarto de la sentencia de primera instancia que afirma que “consecuentemente el mensaje brindado por el abogado procesado Pastor Valdivieso en buena cuenta era un ilícito ofrecimiento de interceder ante las entidades ya mencionadas mediante la utilización de influencias simuladas para así obtener una ventaja de tipo económico en este caso los sesenta mil nuevos soles pactados como honorarios según su versión con la testigo De la Cruz Yupanqui pues el vocablo interceder se distingue notoriamente del vocablo abogar pues para el primero de los no se utiliza recurso de índole jurídico necesariamente pues estos pueden ser de índole amical como quiso hacer creer el acusado a la testigo De la Cruz Yupanqui”

Eso dicen los jueces pero para el CAL “interceder” es un vocablo amplio. Conforme a la Real Academia de la Lengua Española significa “Hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal”. Conducta que no excluye la intercesión con argumentos técnicos y jurídicos de modo que no es cierto que se distinga notoriamente del vocablo abogar. “El Juez ha prescindido de analizar que entre las partes existió un contrato de patrocinio jurídico y que el abogado Aurelio Pastor Valdivieso diseñó una estrategia –que incluía entrevistas con magistrados en sus despachos- con el fin de patrocinar en la defensa exitosa de su cliente, descartando expresamente medios ilícitos como el soborno”

Y continúa “El Juez de la causa omitió valorar la conducta de la denunciante quien –como se aprecia de la transcripción de los audios-sugería al abogado Pastor Valdivieso, de ser el caso, corromper a los funcionarios públicos que conocían de sus causas con la finalidad de lograr un resultado favorable. El abogado correctamente la asesoró en el sentido de descartar esa conducta ilícita”. Los jueces trataron a Corina de la Cruz como testigo no como denunciante ni cómplice siendo que el art. 24 del CP considera “instigador a quien, consciente y voluntariamente, determina a otro a cometer un hecho punible de manera que mediante sus actos debe hacer que el instigado realice el comportamiento delictuoso concreto”.

Y es cierto que el tercero puede ser responsabilizado a título de complicidad por el simple hecho de que sin su colaboración no se hubiera cometido el delito. Ser consciente de lo que se hace es importante en la culpabilidad y puede influir en el reproche al agente de no haber actuado conforme a derecho. Sobre todo si en la infracción está comprometida una persona del aparato estatal que debería hacer respetar el ordenamiento jurídico como es una alcaldesa.

El CAL incluye un párrafo esencial del Acta de Deslacrado y Verificación de la Transcripción del Audio. Dice Pastor: “Lo que si yo puedo asegurar es lo siguiente: en el tema jurídico no te va a faltar nada porque yo no voy a venir a decirte oye necesito plata para darle a él, eso no es de mí, yo no trabajo así”

Y habría que atender la severa crítica que formula Hurtado Pozo: ”El art. 400 constituye un ejemplo claro de cómo no deben redactarse las disposiciones legales. A la imprecisión del lenguaje hay que agregar que la vida social es mucho más fecunda en la producción de comportamientos y relaciones que la imaginación del más previsor de los legisladores”. Plantea por ello la indispensable modificación del art. 400 para respetar mejor el principio de legalidad, en la idea de establecer una base más apropiada para el juzgador.

Significativo del exceso es que la pena haya sido de prisión efectiva cuando el agente carece de antecedentes. El presente análisis nos deja la idea de injusticia y desmesura en un proceso con muchos factores de interferencia. Es evidente que la condición de militante aprista de Aurelio Pastor ha pesado en el trato draconiano recibido, fuera de todo precedente en el Poder Judicial, al igual que el ostensible interés de los medios de comunicación. Es de esperar que la Corte Suprema conceda un manejo adecuado al recurso de Casación presentado por Pastor y que atienda argumentos como los mencionados para dejar atrás un caso que tiene toda la apariencia de penoso error judicial.

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[1]JOSÉ HURTADO POZO: Interpretación y aplicación del art. 400 del Código Penal sobre el delito llamado tráfico de influencias.

 

 

ALGO VA MAL

Publicado en Correo el 23 de mayo 2015

 

Así titula Tony Judt su valioso último libro. En el Perú mucho está yendo mal pues como bien dice Judt una cosa es temer que un sistema no pueda mantenerse y otra muy distinta perder la fe en el sistema. Nos preocupa la seguridad, la estabilidad, la autoridad, el cumplimiento de la ley y la anarquía. Estamos en plena deslegitimación del gobierno por la pérdida de poder, de autoridad, de fuerza o veracidad del gobernante que elegimos. Y de la capacidad del aparato institucional para imponer el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno para garantizar los derechos y deberes, la seguridad y la defensa de la vida, en suma la convivencia pacífica. El sistema está fallando y ello se refleja en las encuestas que indican estados de ánimo y miedos. El más afectado por la deslegitimación es el primer mandatario por debajo del 20% de aprobación, grave no solo para él sino para todos los políticos porque la caída libre amenaza y todavía falta más de un año para que concluya su mandato. Un síntoma claro es la conflictividad minera en total descontrol. Tía María es un laboratorio de lo que no debe hacerse y amenaza con réplicas tan peligrosas como las de los terremotos, con una sensación de caos y violencia descontrolados. Y hay una larga lista de conflictos que vendrán a profundizar esta sensación. Otro síntoma es la inseguridad ciudadana, reina el crimen organizado y no hay nadie que pueda impedirlo. El presidente no parece darse cuenta, mira a otro lado, le preocupa más su esposa que el país, sale a la televisión con un soliloquio que desconcierta a todos. Preocupa la perspectiva extraviada de Humala que entre contradicciones y temores se proyecta a su fragmentada bancada que da palos de ciego anunciando la pérdida de gobernabilidad del Legislativo. Humala va dejando su iniciativa y potestad en el camino en una prematura etapa del pato rengo cuando la autoridad vieja ya no funciona y la nueva todavía no ha llegado. Se vocea el estado de emergencia, el estado policiaco o militar que podría estar a la vuelta de la esquina. La democracia da a la oposición posibilidades de salvavidas vía consensos. En este momento estamos porque lo que hoy va mal de seguro podría ir peor.

 

 

DESCOMPOSICIÓN

 

Publicado en Correo el 16 05 15

 

Tía María no es un problema aislado. Hemos ascendido un escalón en la descomposición política e institucional. El presidente pronuncia un esperado mensaje que no define nada y más bien exacerba ánimos al dejar a la gran empresa la tarea de apagar la hoguera ardiendo que es Tía María. Como autoridad máxima aparece el presidente de la Southern que anuncia una pausa de dos meses que no devolverá la confianza y la legitimidad melladas de políticos y de gobierno.

Porque el contexto de este conflicto -y de la clamorosa violencia que ha dejado lamentables muertos y heridos- está marcado por instituciones bajo fuego. Con una inédita destitución de un Fiscal de la Nación, la de Carlos Ramos Heredia mientras está en espera la de Edmundo Pelaez Bardales, otro ex Fiscal Supremo. El Legislativo suspende a cuatro de sus miembros por manejos antiéticos o inmorales. El Poder Judicial tiene a uno de sus ex Supremos entre rejas por integrar la mafia Orellana. El Ejecutivo está investigado por los escándalos de los pañales en el Ministerio de la Mujer y de las ambulancias mal calificadas en el Ministerio de Salud. Está por aterrizar Martín Belaunde Lossio, empresario y socio político cuyos nexos con la “pareja presidencial” son conocidos.

Quedan 13 meses al gobierno pero la desconfianza en los actos y decisiones presidenciales crece. Su mensaje no convenció. Los rumores de cierre del Congreso siguen corriendo sin ser desmentidos a pesar de su extremada toxicidad cuando se requiere más que nunca de estabilidad y transparencia, valores  seriamente deteriorados que Humala afirma defender. Tía María ha escapado a la definición del gobierno pero vienen otros Tías Marías. Lo peor es dejar avanzar las posiciones irreductibles e ideologizadas para que hablen solo a los fusiles. ¿Hay forma de mejorar el ambiente político y social entre el espionaje masivo, la desconfianza frente a instituciones en descomposición, los exabruptos presidenciales, los rumores desestabilizadores y la violencia sin control? Ojalá la hubiera. Lo peor es que los ciudadanos dejen de reconocer al gobernante porque ello sería la antesala de la pérdida del poder. Debe escuchar el reclamo de un adecuado manejo político, que deje de hacerse el distraído mientras el país se descompone. Estamos peor que ante la bronca de la ropa donada que fuera la antesala del 5 de abril de 1992. Cuidado.

 

TIA MARIA COMO LABORATORIO

 

Para Portal Punto de Encuentro. 16.05.15

 

Arde Arequipa y el estado-gobierno, la clase política y empresarial dejan hacer y dejan pasar en el más puro estilo liberal. La violencia cunde con lamentables pérdidas humanas y materiales. El Presidente da un esperado mensaje y lo que entrega son generalidades y obviedades dejando la definición a la empresa. Esta se apresura a recoger el guante y se toma una pausa que no es ni suspensión ni retiro. Según Humala el gobierno ha defendido el Estado de Derecho y la estabilidad que no le preocupan cuando deja correr impunemente los rumores de cierre del Congreso. Tampoco le preocupan sus contradicciones y no hace falta que lo diga porque eso se ve claramente. Humala perdió la oportunidad de llenar el vacío de liderazgo que se ha visto clamoroso durante más de 50 días de huelga y de violencia.

Lo importante es que Tía María es un laboratorio que podría definir el destino del país en los meses que vienen. Porque nadie gobierna solo con la fuerza, hay que convencer y generar confianza como esencia de la política que aparece ausente como si la región convulsa no perteneciera al Perú. Y eso no se logra con indefiniciones ni poniéndose de perfil. El proyecto es por ahora inviable y debe entenderse su complejidad sin reducirlo a esquematismos ofensivos.

Fue la empresa la que decidió, en la práctica lo suspendió cuando todos estaban de acuerdo que la falta de licencia social y la exacerbación regional es determinante. Y cuando la violencia va hacia mayores evidenciando clamorosos vacíos por inacción o prescindencia.

Nada justifica el costo ya pagado y menos la ausencia de autoridad que motiva desconfianza en la democracia y en la justicia. Ni el estímulo a la inversión extranjera ni la defensa de la agricultura o el medio ambiente valen la pérdida de vidas. Dicen que apuestan por el diálogo pero el que se ha instalado es uno de sordos que deja el espacio a la barbarie en las antípodas del desarrollo que se pretende estimular. La explotación minera no es mala en sí misma pero debe ser responsable, no son admisibles ni la voracidad de las empresas que buscan extraer la riqueza con mínima inversión y máxima ganancia ni la polarización ideologizada.

Confrontaciones como ésta se dan en todo el mundo cuando se contamina la naturaleza. El Perú minero tiene muchas posibilidades con sus ingentes recursos pero debemos explotarlos con responsabilidad y aceptación social. No es solo la manipulación que realizan los antimineros como se pretende. No despreciemos el sentido común de la gente que se siente amenazada. Ni el estado de emergencia ni la represión cambia las mentes. No se gobierna solo con la fuerza. Ya lo aceptó en su momento el Humala candidato.

El problema es que la solución, la pausa, ha venido de la empresa sin que durante el proceso se levanten los cuestionamientos a los políticos y al propio gobierno por su perplejidad e inacción. La población rechaza a un presidente que parece estar en otro mundo mientras deja hablar a los fusiles. Que sale a dar un mensaje que no resuelve nada. Tía María ha sumado errores del gobierno y de los líderes sociales que han hecho de la violencia su único idioma. Para recuperar la legitimidad y la confianza se necesita mucho más, una mejor respuesta para los próximos 60 días que ha definido la Southern. Este plazo sigue siendo un gran desafío político que marcará el tratamiento de los conflictos que ya se anuncian en una larga lista amenazante. Que Dios nos coja confesados.

PERDIDA DE AUTORIDAD

Publicado en el diario Correo el 09 05 15

 

 

Por la denuncia de Correo y Correo Semanal sabemos que la DINI rastreó masivamente objetivos del gobierno a escala inédita. 322,000 búsquedas para acceder a información confidencial o reservada respecto de todo opositor posible incluyendo a las propias filas. Algo que solo puede obedecer a una mentalidad totalitaria o de control total que solo se ha visto en los fenecidos regímenes del este o en las peores dictaduras latinoamericanas cuyo tiempo ya pasó. Bien señala Mauricio Mulder la diferencia: el actual gobierno modificó la estructura de la DINI para darle al Presidente de la República su conducción directa y funcional por lo cual sus decisiones y acciones asumen carácter esencialmente político. La censura a Ana Jara no se reflejó en rectificaciones ni enmiendas. Muy grave.

Ello mientras la administración nacionalista da manotazos de ahogado y nadie sabe lo que realmente quiere. Le quedan 13 meses al frente del Estado pero no hay fiabilidad en sus actos ni seguridad de que les preocupe la democracia y sus instituciones. Corren rumores de cierre del Congreso y nadie desmiente con energía algo que sería extremadamente dañino para el país que exige estabilidad y transparencia para reactivar la economía. La palabra clave es confianza, en las antípodas de la incertidumbre que no ayuda a ningún paquete reactivador como el propuesto por el MEF.

A lo que se agrega la conflictividad social. Tía María escapa al manejo del gobierno, el dialogo o el acercamiento no dan resultados y lo peor las posiciones irreductibles demuestran que no hay autoridad que señale el camino más allá de la represión que deja muertos y heridos. ¿Cómo mejorar el ambiente político y social entre espionaje masivo, ataques presidenciales, rumores desestabilizadores y represión policial? Lo peor que puede pasar es lo que está pasando: la pérdida de autoridad, que los ciudadanos dejen de reconocer al gobernante como tal lo que suele ser la antesala de la pérdida del poder. Humala se dedica a vender los programas sociales -que nadie está impugnando- y a publicitar a su esposa mientras que exacerba ánimos y deja el manejo político en automático apostando a la distracción ante las denuncias e investigaciones que los alcanzan. Toca la respuesta a la oposición congresal que deberá dar seguridades de que aún tenemos autoridad en el país. Esperemos.

EL ESTADO DE DERECHO

NO ES UN LUJO

Publicado en Portal Punto de Encuentro 08 05 15

 

El imperio de la ley, la subordinación al Derecho es una necesidad del desarrollo de una sociedad y de una nación, no es un lujo ni un capricho, es el indicador de la madurez cívica y moral de un país. Esto hace importante que todos luchemos contra la transgresión legal que degenera en criminalidad y corrupción. Más aún cuando en nuestro continente vemos tan desigual performance sobre el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos.

El ascenso de la criminalidad, del tráfico de drogas, de armas y de personas es un flagelo creciente que redunda en altísima inseguridad que erosiona la democracia. El primer derecho del ser humano es a la vida y la primera obligación del Estado es la protección y la seguridad a los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos. Esa es la lógica y la cuestión sustancial que legitima toda autoridad, toda capacidad y toda posibilidad de obedecer a quienes nos gobiernan.

Cuando Ollanta Humala fue elegido Presidente un factor esencial de su legitimidad fue que en su calidad de ex militar daría a la inseguridad ciudadana y a los consecuentes temores una solución institucional para que todos nos sintiéramos más protegidos y a salvo. Pero transcurridos casi 4 años de gobierno la situación se ha agravado. El régimen democrático no ha aportado tal solución y el gobierno y las instituciones se vienen deslegitimando bajo el fuego cruzado de la crítica y el descontento. Si no hay eficiencia el círculo vicioso se instala contra el imperio de la ley está que debe estar por encima de la voluntad de cualquier individuo o grupo de individuos. Es ahí donde las rupturas, las ambiciones y las corruptelas se hacen posibles.

Frente a eso debemos fortalecer al Estado y no justificar derivas autoritarias para poner orden. El respeto constitucional es una garantía y no un capricho. Por eso la mayoría parlamentaria y los partidos democráticos esperan que el presente régimen culmine su periodo sin que ello signifique aceptar chantajes ni imposiciones como el rumor de un posible cierre del Congreso que los oficialistas han puesto a correr para presionar una delegación de facultades legislativas extraña para un gobierno en su último tramo. Se afirma que Pablo Cateriano -que hábilmente logró la investidura congresal para su gabinete- haría cuestión de confianza para que dicha delegación de facultades sea concedida. Si no es así el Congreso estaría bajo amenaza de disolución constitucional al obligar a la renuncia a dos primeros ministros.

Esto forma parte de la incertidumbre que el gobierno -a comenzar por el mismo presidente Humala- parece estar buscando con sus ataques y exabruptos. Esperemos que nuestros congresistas democráticos sepan manejar la situación dando tranquilidad a los ciudadanos ya exacerbados por la ineficiencia y la incapacidad en el actual régimen. La incertidumbre podría degenerar en una situación caótica y de descontrol que nadie desea y no nos merecemos.

 

LA MARCHA DE LOS SUYOS

 

Publicado en Correo el 2 de mayo del 2015

 

 

La Marcha de los Cuatro Suyos fue la manifestación política no electoral más grande de la historia. Miles de peruanos venidos de todos los rincones se congregaron el 27 de julio del 2000, para protestar contra Alberto Fujimori y su ilegítimo tercer mandato. Las calles de Lima se llenaron de todos los rostros, de todas las voces y de todas las banderas, cantando y agitando lemas unidos en una sola demanda "Democracia, ya!".

 

Estuvimos entre los organizadores y nos acercamos a la Prefectura solo para recibir la consigna oficialista de impedir su realización. Nos negaron el permiso y las condiciones mínimas de seguridad pero no nos importó porque todos juntos perdimos el miedo y esa noche logramos el reencuentro feliz de todos los grupos.

 

No fue una manifestación de Alejandro Toledo ni solo de Perú Posible, todos los partidos y grupos democráticos nos unimos para defender el destino del Perú, no salimos a las calles por intereses particulares ni por cuotas de poder. Fue el clímax de un trabajo realizado durante una larga década en la que el líder de la vincha, en ese momento protagónico, no siempre estuvo.

 

La Marcha de los Cuatro Suyos quedará -como lo escribió Vargas Llosa- como un hito en la historia peruana. Más de 100 mil personas con el espíritu enfervorizado y la idea de que estábamos logrando el anhelo de recuperar la democracia secuestrada. Jóvenes y mayores, capitalinos y provincianos, incluso discapacitados en sillas de ruedas, llegaron al Paseo de la República donde la mística fue creciendo generosa y patriótica.

 

Por eso es inadmisible que hoy un desconocido Alejandro Toledo caricaturice esa gesta pretendiendo apropiarse de un espíritu muy lejano a la defensa de intereses subalternos, como los del tristemente famoso caso Ecoteva y menos aún que crea que haya gente que podría seguirlo para presionar al Poder Judicial para que archive las acusaciones que lo afectan. Nada más opuesto al espíritu democrático y a la ética política que nos aglutinó hace 15 años. Una marcha así convocada solo reuniría a los suyos, a los contados interesados en que todo se olvide.

 

Mucho cuidado, la sociedad permanece vigilante y atenta para rechazar a quienes defraudan o usan el poder como trampolín de privilegios y dádivas.