INFORMACION 

NO ES PUBLICIDAD

En Político. pe el 25. 11. 17

La regulación de la publicidad oficial está pendiente en la región. Es punto neurálgico en la relación entre medios de comunicación y gobiernos. Más aún en las situaciones económicas difíciles que viven los medios, en especial la prensa escrita, por la irrupción de los medios digitales y de las redes sociales como Facebook y Google que han capturado gran parte de los ingresos por publicidad que percibían los editores de información.

Desde la aparición de la Internet muchos medios escritos han desaparecido o simplemente han optado por ediciones digitales. La crisis económica es en todo el mundo, restrictiva de la pluralidad y contraria al derecho de emitir y recibir información.

Por esta crisis muchos gobiernos han optado por ayudarlos de manera transparente y abierta. Otros se deciden a hacerlo bajo la cubierta del pago por publicidad oficial con lo que comprometen los presupuestos públicos y condicionan las líneas editoriales que dependen de esta irrigación vital.  Los gobiernos que “ayudan” pueden imponerles la agenda y la forma en que tratan los asuntos nacionales.

El proyecto de Ley de Mauricio Mulder ha entrado en este terreno minado. No en el de la libertad de prensa sino en el de la sostenibilidad económica de los medios que necesitan desesperadamente de esa inyección de recursos. No es nuevo, el humalismo irrigó la información por esta vía y todos los gobiernos han mantenido sus buenas relaciones con el poder mediático con estos recursos incrementados sin rendición de cuentas.

El proyecto de Mulder pretende negar toda publicidad oficial a los privados y que se concentre en los estatales gubernamentales. Habla de publicidad y no de información oficial. Quienes atacan el proyecto asimilan ambos conceptos a pesar de ser distintos. La información oficial es noticia, debe ser recogida por todos los medios sean estatales o privados, por ser de interés público, sin que reciban dinero por ello. La publicidad oficial es pagada, difunde mensajes, propaganda, información de campañas a través del avisaje. No comprende noticias, reportajes ni crónicas, es publicidad.

Por tanto no está en cuestión la libertad de prensa está en cuestión el monto de recursos con que se sostienen los medios privados. Y es así como debe plantearse sin subterfugios ni medias verdades.  

Por eso es importante que se haga transparente el uso de los recursos del Estado en los medios. Que no haya posibilidad de manipulación mediática por los gobiernos que favorecen a los medios complacientes y asfixian a los críticos opositores. 

Mulder está en la buena dirección pero su proyecto necesita mayor debate para refinarlo en función de los objetivos, con criterios justos y equitativos, que no se afecte ni a los medios privados ni a la sociedad en su derecho a la información por manipulación o por falta de comunicación sobre campañas oficiales o por exceso de dependencia de los medios de esta fuente de recursos.

El derecho a la información implica pluralidad de medios independientes y libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.

Se debe conocer el porcentaje en que los medios privados dependen de la inyección económica gubernamental y también si su lectoría o alcance justifican las grandes cifras invertidas. Ni ejercicio arbitrario del presupuesto ni manipulación mediática son deseables en una democracia. 

Regular los criterios para asignar publicidad estatal no es ninguna mordaza. No regularla puede también significar un atentado contra la libertad de prensa por la manipulación que se propicia. Si el  Estado es el principal anunciante de los medios los subordina y hasta podría llegar a controlarlos. Que se conozcan los gastos de publicidad del  Estado y que las empresas periodísticas sean competitivas dentro de las reglas del mercado. He ahí el equilibrio.

EL VENDAVAL 

Y EL PÁRAMO

En Correo mi columna HOJA DE TIEMPO del 25 11 17

Como se anunciaba el vendaval Lavajato comienza a ser altamente destructivo de la clase política y lo que es peor de las instituciones. Toda la atención está centrada en la relación entre Odebrecht y los políticos. Nadie parece librarse. La gente espera que caigan los culpables y que no se produzca otro fiasco como el sucedido con Alejandro Toledo. Esta semana le tocó a Susana Villarán que aparece muy comprometida mientras los seguidores de Keiko Fujimori le ponen la puntería al presidente Pedro Pablo Kuczynski afectado por declaraciones sobre las consultorías que realizó para Odebrecht.

Y el Fiscal de la Nación continúa en situación delicada, perseguido por los fujimoristas  empeñados en defender a su lideresa y a su ex secretario general y financista. Y los magistrados del Tribunal Constitucional permanecen en riesgo de destitución. Las instituciones fundamentales están bajo fuego graneado al igual que líderes y políticos que han perdido la confianza de la sociedad.

Si la corrupción ha alcanzado grandes alturas en los gobiernos de Toledo, García y Humala, hay también segundos y terceros niveles que deberán ser investigados con la mayor diligencia y oportunidad. Políticos y funcionarios públicos obligados a rendir cuentas. Como el Ministerio Público a defenderse de los ataques no solo con argumentos constitucionales, especialmente con su diligencia en especial para investigar a las empresas consorciadas con Odebrecht que también pudieron sobornar autoridades corruptas.

Si queremos acabar con la corrupción y con la impunidad el espectro de los imputables es demasiado grande. Y el costo por daño moral inconmensurable. Debemos estar conscientes del páramo que podría dejar este vendaval y también de que necesitaremos oponerle un frente moral de personalidades que podrían dar la cara y organizar la resistencia enfrentando las consecuencias de esta debacle que apenas comienza.

NO ESTAMOS 

EN LOS NOVENTA

En Político.pe el 21 11 17

Absortos por el futbol, en plena euforia por la clasificación mundialista, pocos se dieron cuenta que la Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría, solo con los votos del fujimorismo, la procedencia de las denuncias constitucionales de los congresistas Daniel Salaverry de Fuerza Popular y Yeni Vilcatoma independiente, contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

La consigna es evidente. Son denuncias pensadas para desestabilizar al Ministerio Público alegando una presunta infracción sin tipicidad como lo han dicho los penalistas más calificados. A la Fiscalía le compete promover la investigación que realizan cada uno de los fiscales pero éstos son autónomos. En similar condición está el Presidente del Congreso que no responde por las fallas de cada uno de los congresistas, que pueden ser muchas.

Están molestos e incurren en generalizaciones abusivas. Salaverry imputa a Sánchez infracciones constitucionales por una “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” y solicita su destitución e inhabilitación. Vilcatoma le incrimina haber designado a Hamilton Castro como encargado del Caso Odebrecht cuyo nombramiento “ha generado perjuicios en la investigación penal porque, a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar ni se ha emitido disposición para incluir, no solo a Odebrecht como persona jurídica, sino a otras empresas consorciadas".

Nos toca recordar el ADN histórico del fujimorismo que durante los años noventa no dejaron de desestabilizar y manipular instituciones con actos antidemocráticos. Desde el golpe del cinco de abril la dupla que nos gobernó pasó siempre por encima de la ley para controlar férreamente el poder. Muchos piensan que el fujimorismo actual es democrático y que habría aprendido de los errores del pasado. No lo parece.

Pablo Sánchez está muy lejos de la obsecuencia de Blanca Nélida Colán, la Fiscal favorita que usó su alto cargo para cubrir los abusos y crímenes de esa larga década. Y no hay que olvidar que Pablo Sánchez tiene pergaminos molestos, fue el coordinador y acusador en investigaciones y juicios a la mafia Fujimori-Montesinos y ahora preside correctamente una Fiscalía que tiene la audacia de investigar a la lideresa de los fujimoristas y reabrir la investigación a su financista y ex secretario general Joaquín Ramírez.

Desafortunadamente los naranjas han cedido a la tentación autoritaria de controlarlo todo. Como mayoría en el Congreso no aceptan rebeldías como lo puede testimoniar el propio Kenyi Fujimori.

No solo el Fiscal de la Nación está en riesgo, también cuatro jueces constitucionales podrían ser defenestrados de sus cargos. Imposible no recordar la arbitrariedad y el abuso contra los magistrados del TC que declararon la ley de interpretación auténtica inaplicable a Alberto Fujimori que pretendía inconstitucionalmente su tercera elección consecutiva. En ese momento descabezaron el Tribunal Constitucional. Hoy quieren hacer lo mismo, castigar a cuatro magistrados por su interpretación jurídica no dolosa.

Pablo Sánchez es un Fiscal de la Nación correcto, reservado, con suficiente independencia para incomodar a la bancada mayoritaria que pretende que su lideresa es intocable. Olvidan que no estamos en los noventa y que los congresistas responden a sus electores, fiscalizadores permanentes del poder otorgado en las urnas. Ojalá que lo entiendan y que las denuncias malamente declaradas procedentes sean archivadas por la Comisión Permanente.

FISCAL BAJO FUEGO

En diario Correo 18 11 17

La alegría del futbol entró en nuestras mentes y corazones y muchos no percibieron el insólito retorno a los años noventa con un fujimorismo prepotente que le ha puesto la puntería a las instituciones que no puede controlar.

El hoy Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez está muy lejos de la obsecuencia y el comadrazgo con Montesinos de Blanca Nélida Colán, la favorita que usó su alto cargo para cubrir los abusos y crímenes de esa larga década. Pablo Sánchez fue el coordinador y acusador en investigaciones y juicios a la mafia Fujimori-Montesinos y ahora preside correctamente una Fiscalía que se atreve a investigar a la lideresa de los fujimoristas y nada más y nada menos que a su financista y ex secretario general Joaquín Ramírez.

Todo esto debe ser un paquete inadmisible para los naranjas que se lo quieren cobrar con la denuncia constitucional que acaban de declarar procedente. Han acumulado la presentada por Daniel Salaverry por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” con la de Yeny Vilcatoma por supuesta infracción al artículo 159 de la Constitución al haber designado a Hamilton Castro como fiscal encargado del Caso Odebrecht que hasta ahora no ha dispuesto una investigación preliminar para incluir a Odebrecht y a otras empresas consorciadas a las que estaría blindando.

Fuerza Popular apuesta con alto costo a desestabilizar el Ministerio Público. Keiko Fujimori proclama su inocencia y ataca a El Comercio. Su poca serenidad no se condice con la seguridad que pretende. Estamos ante un escándalo que deberá encontrar suficiente resistencia para no avanzar en la pretensión destructiva de una institución clave. Podemos no estar conformes con los fiscales que no siempre son brillantes ni coherentes pero la institución está por encima de los odios. Solo queda esperar que las denuncias sean archivadas en la Comisión Permanente.

“NO SABEN CON QUIÉN SE METEN”

En Correo el 12 de noviembre 2017

“No saben con quién se meten”. Esta frase intercambiada en el grupo de mensajería interna de los parlamentarios fujimoristas da la medida de la furia que permanece y que se hace más fuerte cuando se sienten desafiados. El llamado Grupo Mototaxi expresa un malestar que puede enrarecer el ambiente político atacando irracional y antidemocráticamente a las instituciones y a las personas cuya conducta no se ajusta a sus expectativas.

Y es lo que estamos viendo. El fujimorismo y su bancada se enfrenta en simultaneo a varias instituciones del Estado y a personas de peso político como represalia ante lo que consideran ataques organizados. Hace tiempo tienen al Ministro del Interior en la mira, hace algunos días han puesto la puntería a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y ahora se agrega a la lista al Fiscal de la Nación y hasta al presidente Kuczynski amenazado de acusación constitucional si no se ajusta a sus requerimientos.

No están solos pero como bancada dominante deben poner límites a la  intolerancia a la discrepancia y a la intemperancia ante el conflicto. Su agresividad contamina a todo este poder del Estado y hace recordar a los autoritarios noventa con sus desencuentros sistemáticos y sus barrabasadas contra la institucionalidad democrática.

Queda claro que se creen intocables, que están molestos por la investigación a Keiko Fujimori a lo que suma la reapertura de la investigación a su ex secretario general Joaquín Ramírez. Y que tienden una cortina de distracción ante los avances de la Fiscalía sobre aportes a la campaña naranja. Que a pesar de las celebraciones de ayer en el Congreso no hay seguridad de que Marcelo Odebrecht los exculpe.

El conflicto y el consenso son dos caras de la democracia. Que gobierno y oposición lo entiendan así, sin frases altisonantes ni agravios insolentes, menos aún amenazas. La gobernabilidad es responsabilidad de todos. 

LAS INSTITUCIONES

 IMPORTAN

En Político.pe del 11 de noviembre 2017

Este fue el muy importante título de un informe del Banco Mundial publicado a fines del siglo XX. Fue y sigue siendo una frase con una instrucción clave para los pueblos que quieren alcanzar cierta madurez democrática que los aleje del fantasma de los Estados fallidos.

Bastante tenemos con la corrupción ubicua y multiforme para soportar ahora que en nombre de la lucha contra ese flagelo se ataque sistemáticamente a personas e instituciones claves para el funcionamiento del régimen democrático.

Sabemos que el fujimorismo no ha asimilado bien su derrota electoral y que a pesar del tiempo transcurrido hay una voluntad de exhibir su dominio, de ejercer represalias, de afirmar, como lo dijeron en sus mensajes internos del grupo Mototaxi, la autoridad naranja para que todos sepan quién manda de verdad en el Perú.

¿Furia resistente, inmadurez repentina o adolescencia tardía? No importa el sentimiento, lo que interesa es que cada cierto tiempo retornamos al entrampamiento entre Gobierno y oposición. A la insistencia en lo que parece ser su modus operandi para demostrar quién es quién en el poder. En este sentido los esfuerzos conciliadores de Mercedes Araoz solo significaron una corta tregua que dio nuevamente paso al autoritarismo fujimorista en todo su esplendor. El mismo que,  nadie dudaría, responde a un ADN histórico.

Dos aspectos cruciales colman el vaso. De un lado la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el Fiscal de la Nación considerada un despropósito por todos los especialistas, de otro lado la exigencia al Presidente de la República para que asista a la Comisión Lava Jato, no de grado o fuerza porque sería de locos, pero sí bajo amenaza de acusación constitucional posterior.

Se puede entender que están molestos y que quieren afirmar su imagen de imperio sin limitaciones en el Poder Legislativo. También que no les ha gustado nada que el Ministerio Público investigue por lavado de activos a Keiko Fujimori y menos que se haya reabierto la investigación contra su financista ex secretario general, Joaquín Ramírez.

Todo eso es entendible pero también lo es que quienes se sienten amenazados pueden defenderse y desvirtuar las acusaciones sin recurrir a las amenazas, represalias, escarmientos, de quienes se escudan en su mayoría congresal aplastante.  

Peso numérico contra razones y procedimientos. Ya habían anunciado que iban a “tomar todas las acciones legales” por el  “atropello” del Ministerio Público y que irían “hasta las últimas consecuencias”. Y al parecer estas son. No les importa votar el agua sucia con el bebe adentro.

Porque lesionar al Ministerio Público y a la Presidencia de la República es un costo demasiado alto para un Estado que se pretende democrático. Ni siquiera cabe entrar a discutir la argumentación que a todas luces es feble como sustento informativo y como procedimiento político y legal. La acusación constitucional es un recurso extremo y grave que no puede ser banalizado por la inmadurez o peor aún por la voluntad de poder o de represión autoritaria.

Daniel Salaverry se ha referido a la “preocupación política” que de seguro tienen como bancada pero más preocupados estamos los ciudadanos por la ausencia de límites que exhibe un grupo de congresistas que aprovechando su número intenta conculcar la autonomía de órganos jurisdiccionales y hasta la autoridad de la Presidencia de la República que personifica a la nación.

Todos, gobierno y oposición, están obligados a defender las instituciones, su independencia y autonomía, dentro del equilibrio de poderes en el contexto de sus competencias. Ese es el Estado de derecho que nos toca respetar.