DIA D: SUNEDU AVASALLA

Mi columna HOJA DE TIEMPO publicada en Correo el 02 01 16 

Vivimos en un Estado de Derecho con leyes que obligan a todos, donde suponemos que nadie puede actuar según su interés propio o su personal parecer. Pero para las universidades públicas el año comienza con una crisis de legalidad debido a la prepotencia del gobierno. Constitucionalmente está claro que la autonomía es un principio inamovible, pero como siempre se viola el principio y la pita se rompe por lo más delgado lesionando el interés de la comunidad universitaria y de los estudiantes que el gobierno afirma pretende defender.

Comienza 2016 y se cumple el plazo que dio la SUNEDU para que se vayan los rectores que persisten en cumplir sus periodos. La ley universitaria no dispone que deban salir inmediatamente ni da atribuciones a ninguna institución para presionar, obligar o exigir que cesen el último día del 2015.

En pie de guerra, la Asociación de Universidades del Perú acordó que no cesarán a las autoridades elegidas democráticamente las que deberán culminar sus periodos. Posición razonable y legal que sin embargo aparece a contracorriente de una fuerte campaña mediática que distorsiona un tema tan simple pero con muchas aristas políticas. Simple porque cuando los rectores llamados “rebeldes” cumplan sus periodos renovarán autoridades en sus universidades. 

Solo unos cuantos meses son suficientes para rechazar el avasallamiento gratuito de la SUNEDU que amenaza con denunciarlos ante el Poder Judicial e incluso con llevarlos a prisión por rebeldía. 

Dónde queda entonces la autonomía? Constitucionalistas notables como Víctor García Toma y Domingo García Belaunde la han defendido señalando claramente que la Ley no dispone plazos para el cese de dichos rectores. Sin embargo el congresista Daniel Mora habla absurdamente de flagrancia y el procurador de la SUNEDU se permite amenazar con demandas a decanos y miembros de las asambleas estatutarias por presuntos delitos de usurpación de funciones y desobediencia a la autoridad, con penas de 7 y 3 años. 

Abuso mayúsculo. Lo peor es que las sanciones administrativas afectarán a los estudiantes y profesionales recientemente graduados pues a partir del Día D no se reconocerán diplomas con dichas firmas. Anularán, asimismo, el acceso a los fondos del Ministerio de Educación. 

Las universidades públicas están bajo inadmisible presión económica, política y mediática debido a la prepotencia oficial y a un reconocible abuso de autoridad. Es urgente una consulta constitucional que responda cuál es la Ley que da a la SUNEDU la facultad de cesar rectores y de fijar plazos para elecciones internas. ¿Qué parte de la Ley Universitaria así lo establece?