HOMENAJE DEBIDO

CARLOS FRANCO, EL SOÑADOR

El Perú ha perdido a Carlos Franco sin todavía darle el homenaje que merece su ejemplar trayectoria de vida como distinguido intelectual, cabeza de generación y activista de las mejores causas nacionales y populares. Ha perdido un verdadero valor académico, político y humano. Fino y profundo autor de textos esenciales de la ciencia política en nuestro continente, Carlos fue reconocido por su brillantez y también por su proverbial afabilidad y sencillez que lo hicieron amigo y maestro de muchos intelectuales y políticos de la izquierda democrática.

Carlos Franco ligó su nombre, pensamiento y vida a la necesidad del cambio social en nuestro país y en nuestro continente. Esa preocupación vital impregnó sus amaneceres que lo encontraron desvelado, leyendo y precisando conceptos que vinculaba con singular claridad, maestría y profundidad. Se interesó siempre por la democracia en el sentido de la igualdad de oportunidades y de la necesidad de participación de todos. A ella dedicó sus mejores afanes desde su reducto del CEDEP junto a un selecto equipo de amigos, íntegros intelectuales peruanos, con quienes editó la revista Socialismo y Participación.

Su sensibilidad social y su búsqueda reformadora lo llevaron a involucrarse, desde la trinchera civil, en la revolución velasquista en la que creyó y a la cual inspiró en lo que tuvo de democracia participativa. El primer gobierno del Apra le dio esperanzas de que algo se podría hacer por las mayorías abandonadas a su suerte. Pensó, escribió, estudió, activó y apostó con ilusión de soñador impenitente. No siempre acertó y asimiló muchas frustraciones que sin embargo no amargaron su sonrisa tranquila y dulce, ni su invariable afecto para con sus amigos.

Como politólogo deja obras claves para la disciplina sobre el carácter del populismo en América Latina y la naturaleza de las transiciones de la dictadura a la democracia formal. Su libro Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina (1998) es de obligada consulta para las escuelas de Ciencia Política pues aborda las limitaciones de la participación popular. Uno de sus textos más conocidos es Imágenes de la sociedad peruana: la otra modernidad (1991), donde define el proyecto democrático, nacional y popular.

Bien lo describe Mirko Lauer, uno de sus grandes amigos “Carlos Franco fue un hombre bondadoso y amable, un espíritu sonriente, lector enciclopédico, conversador eximio y de largo aliento, caminante infatigable”. Quienes tuvimos el privilegio de su amistad, de conocerlo y escucharlo, lo vimos siempre entregado a su tarea misión, aunque en tertulias y en reuniones amicales no dudara en coger la guitarra y cantar. Deja un inmenso vacío intelectual, político, académico. A entristecidos y agradecidos amigos y discípulos. Uno de ellos dice de él “No recuerdo un profesor más afable al tiempo que inteligente. Paciencia y saberse que uno no tiene la última palabra en el análisis de la política es lo que aprendí de él. Pero también la crítica indignada de las relaciones políticas desiguales, legitimadas por una cultura y una ideología ad hoc a la desigualdad”.

Su estela de humanidad, amor y brillo intelectual es sólo de grandes y distinguidos espíritus. Mi solidaridad y condolencias para Carmela Mayorga, su gran amiga y compañera inseparable, y para sus hijos, amigos de los míos, con quienes formó una maravillosa y ejemplar familia. Honor al honor.

LIBERTAD DE DISENTIR

CIUDADANOS DE CRISTAL

Se levanta toda la prensa cuando el Congreso decide poner sanciones a quienes interfieren, escuchan o difunden comunicaciones privadas que no tengan contenidos delictivos perseguibles ni contravengan el ordenamiento legal vigente. ¿Están abogando, contrario sensu, por la permisividad para que cualquiera ingrese a nuestra vida privada, grabe y difunda algo que no queremos que se conozca porque tenemos un derecho de reserva y privacidad?

Tiempos de ciudadanos de cristal en los que cualquier periodista puede romper la vida de otro amparado en la libertad de expresión que para nada es libertad de difamación. Personajes, públicos o no, son linchados mediáticamente por periodistas que se creen dueños de vidas y honras. Como dice Manuel Castells todos somos ángeles o diablos y ahí está el marco de la ley y los valores éticos para saber qué puede ser publicado y qué no.

¿Es necesario violar la libertad de expresión de los ciudadanos grabando una conversación reservada? ¿Y difundirla sin que exista contenido punible en ella? ¿Dónde queda el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia cuando iniciado un juicio mediático se ejecuta sin límites y sin garantías al pobre elegido? Demasiados periodistas creen que pueden insultar, agraviar, inventar historias y demoler personajes públicos o visibles o ciudadanos comunes y corrientes. Y cuando se equivocan nunca llega la rectificación que repare en algo el daño producido. El honor de las personas y el derecho a la intimidad deben protegerse y demasiadas veces se sacrifican en el altar del rating o la lectoría.

La valiente prensa que lucha contra la corrupción, que denuncia y persigue con denuedo la impunidad, cumple un gran rol en la sociedad con muchas herramientas para hacerlo sin recurrir a grabaciones clandestinas obtenidas ilícitamente. La ética hace al buen periodismo y al medio que lo practica.

Impedir que se difundan contenidos obtenidos ilícitamente sobre actos no punibles no es limitar el derecho a la información o la libertad de expresión, menos aún al periodismo de investigación. El juicio a Joseph Murdoch en el Reino Unido evidenció como con escuchas ilegales también se amedrenta al poder político hasta llegar al chantaje. Y cómo la libertad requiere límites para que no sea libertinaje, como lo ha señalado Mario Vargas Llosa. La iniciativa de Javier Bedoya de Vivanco puede ser perfeccionada, lejos de ser una mordaza pretende la responsabilidad social de dilucidar “contenidos delictivos perseguibles” antes de divulgar un audio o video a fin de no lesionar dignidades y honras sin razón y sin contraste. ¿Es mucho pedir?

Demasiadas maniobras difamatorias hay en nuestro país para no buscar limitar responsablemente esa arista del poder mediático. Es un problema que debe ser enfrentado. La ley podría perfeccionarse con un debate sereno sin la paranoia de convertir en persecución o dictadura todo intento de poner límites. Que la autoregulación de los medios funcione, que los Códigos de Ëtica no sean letra muerta, que el Congreso tome el guante y proponga que cada medio o grupo de medios contrate un Defensor del Lector o de la Audiencia como bisagra entre los usuarios y los medios. El ciudadano no debería sentirse inerme ante el inmenso poder de medios y periodistas.  

Y no toda autocrítica desprestigia la profesión periodística. No se trata de atacar periodistas ni de proteger funcionarios corruptos, se trata de proteger ciudadanos de la divulgación de conversaciones obtenidas ilícitamente. No todos los ciudadanos son políticos que ocultan actos delictivos o inmorales y se refugian en la defensa de su intimidad, los más son los comunes que padecen las mentiras, manipulaciones, abusos, ambiciones de poder o dinero. Que más periodistas trabajen con esmero y seriedad, que destapen la inmoralidad sin difamar, contrastando, determinando responsablemente lo que publican para no lesionar inocentes. Cómo lograrlo es problema de todos.

UN ENFOQUE INTEGRAL SOBRE CONGA

CONGA Y EL FUTURO DEL PERU

WALTER NAVARRO  MURGUEYTIO

Insertamos este artículo del doctor Walter Navarro Murgueytio por su visión integral del problema que hoy preocupa a todos los peruanos.  

Mientras en Durban, Sudáfrica, delegados de más de 190 países, reunidos con el objetivo de: detener el cambio climático en curso, han alertado que "el futuro del planeta" está "en juego". En Cajamarca Peru los 4,800 millones de dólares que se anuncia como inversión Minas Conga van a dañar el ecosistema de dos Regiones del Perú afectando tanto el agua para la agricultura y ganadería lechera como el agua para consumo doméstico. El daño será irreversible pues no se trata sólo de los 2’600,000 m3 de agua de dichas lagunas sino del complejo biológico y geológico que implican  su funcionamiento, según autoridades regionales de Cajamarca.

Asimismo un grupo de catedráticos norteamericanos conocedores de la realidad peruana, advirtieron que una eventual operación del proyecto minero Conga traería graves consecuencias ambientales. Ellos defienden el manejo ambiental ancestral de los campesinos. “La mina de tajo abierto constituye un serio peligro para la salud humana, el medio ambiente, la actividad agropecuaria y empresarial tanto de las poblaciones aledañas como de los asentamientos urbanos y rurales beneficiarios de este frágil y complejo sistema acuífero”, expresaron en una carta dirigida al presidente Ollanta Humala y le solicitaron suspenda dicho proyecto minero por estar ubicado en la cabecera de cinco sistemas hidrográficos. Los expertos también lamentan que los reiterados pedidos de un serio e independiente estudio ambiental no hayan sido atendidos.

La crisis derivada del proyecto Conga constituye un punto de quiebre para este gobierno. No sólo plantea retos desde la perspectiva del uso de los recursos naturales, sino que pone nuevamente en discusión la política de atracción de inversiones, diseñada hace más de una década, que por la urgencia dejó de lado la necesidad de mecanismos que garanticen la calidad de la inversión y resguarden la capacidad del Estado.

El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, al entregar las observaciones de su ministerio respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, objeta y contradice en forma contundente al del ministerio de Energía y Minas. Según IDL el informe, de once páginas acompañadas por un resumen de página y media, subraya que el Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.  

La mayoría de conflictos sociales en el Perú ocurre entre las empresas mineras y los pueblos en donde se desarrolla esta actividad, la  mayor  parte  de  los  yacimientos  mineros, y  los mayores  reservas  mineras, se  ubican  en  las  zonas altoandinas, por  lo cual, la afectación  de  las  cabeceras   de cuencas  hídricas  es  inevitable.  En casi todos los casos, la razón del conflicto es ambiental: el agua, el aire, los tóxicos.

También es claro que frente al crecimiento del país la insatisfacción social es creciente y se manifiesta en las movilizaciones. Por eso, la única manera de establecer una coexistencia razonable entre las minas y los pueblos vecinos es determinar de antemano el nivel de efecto, daño o trauma ambiental que pueda tener un proyecto minero, a través de los estudios ambientales (EIA).

En un diagnóstico del Ministerio de Energía y Minas que se presentó a empresarios mineros el  2010, se advirtió que varios de los estudios de impacto ambiental elaborados por las consultoras que contratan las compañías, tienen párrafos íntegros copiados de otros estudios y ausencia de investigación propia. Y también que varios de estos estudios subestimaban los impactos de la cantidad y calidad del agua y aire. Que las evaluaciones de impactos ambientales no toman en cuenta el inventario de manantiales, puquiales o bofedales a ser afectados.

Que tampoco se presentaban simulaciones frente a fugas de contaminantes sobre suelos, cuerpos de aguas. Y que las evaluaciones de daños en los cursos de agua no se realizaban de manera integrada ni considerando los daños acumulativos.

Asimismo es cuestionable que, el Ministerio no cuente con suficiente cantidad de profesionales competentes para una eficaz revisión de los estudios. Paralelamente, en un área impregnada de conflictos de interés, hay funcionarios que pasan del Estado a las empresas y de éstas a puestos claves en Energía y Minas, en un carrusel vicioso que deprime aún más la calidad y utilidad de los estudios ambientales.

El  problema  en  el  Proyecto  Minero  CONGA en  Cajamarca, ya  no  es  de Legitimidad  sino  de Credibilidad. La  única  manera de garantizar  una  MINERIA  SUSTENTABLE Y  AMIGABLE, es  solo planificando  y  dosificando  la  explotación minera ordenadamente, en  el  largo  plazo. Es necesario tomar conciencia que el Perú es un país único y excepcional desde la perspectiva de la biodiversidad y del medio ambiente,

Reformas necesarias en la agenda del gobierno para enfrentar la escalada de conflictos sociales, como la Zonificación Ecológica, el Ordenamiento Territorial o la reglamentación de la Ley de Consulta, podrían abrir toda una nueva serie de demandas internacionales de inversionistas amparados en los TLC y los Acuerdos Bilaterales de Inversión –BIT vigentes. Dos procesos de gran importancia deberán ser definidos por el nuevo gobierno: el TLC con la Unión Europea -UE, pendiente de la firma presidencial y discusión y votación en el Congreso, así como del Acuerdo Comercial Trans Pacífico (TPP), base para la integración comercial en el Foro APEC.

Urge un posicionamiento. Según fuentes la “posición negociadora” no ha cambiado con el nuevo gobierno. ¿Se  repetirá el modelo?  La negociación y firma de nuevos TLC, deberían expresar una nueva mirada que refleje las necesidades y retos como país en el contexto de la globalización y sus crisis.

Los conflictos sociales arrojan grandes pérdidas en recursos humanos, infraestructura e inversión en los diferentes sectores económicos. Se hace necesario revisar los EIAs y  establecer un pacto ético entre los empresarios mineros, los representantes del Gobierno central, regional y local, y la población donde se llevará a cabo el Proyecto de Inversión Minera. El país está pagando un mayor costo al no invertir en la prevención y resolución de conflictos y crear Comisiones Multisectoriales o Mesas de Dialogo que no generan excesivo gasto para los pliegos presupuestales pero tampoco significan un verdadero aporte a la solución y transformación de los conflictos,  como base de la paz social, factor del desarrollo.

En materia de resolución de conflictos, el Perú no cuenta con una estructura articulada para la acción de los  diversos sectores del Estado cuya participación resulta limitada frente a su presencia creciente. El compromiso del sector público y de la sociedad se puede canalizar eficientemente a través de un Sistema Nacional de Prevención y Resolución de  Conflictos Sociales que tenga como órgano ejecutivo una Secretaria Nacional con base en la actual Unidad de Conflictos de la PCM, con carácter vinculante la misma que en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, debería contar con unidades de conflictos a nivel nacional (en los tres niveles de gobierno).

Aprender de las lecciones y responder a las crisis con una nueva posición negociadora es lo aconsejable, está en juego la gobernabilidad del país que expresan los conflictos sociales pero  también los problemas derivados de la política de atracción de inversiones, la preservación sostenible del medio ambiente y la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones: la inclusión.  

MINERÍA SI O SI?

LO QUE VA QUEDANDO CLARO

La indefinición alarma. A quienes satanizan a los que protestan y tildan al gobierno de débil porque no aplica la violencia para poner fin a la oposición e imponer sus puntos de vista. Y a quienes reclaman al gobernante por no mantener sus promesas y le exigen que cumpla con rechazar aquello que criticó como candidato.

Está en juego la gobernabilidad del país y la legitimidad del gobernante. No es opción entender que la movilización de rechazo a los impactos de la inversión minera se debe a pequeños grupos radicales que influyen en los pueblos y los manejan a su antojo. Lo que existe es desconfianza fundamentada de poblaciones y comunidades locales que ven cómo su único patrimonio colectivo es afectado para beneficiar a otros. Frente a esto se requiere acercamiento respetuoso y diálogo, nada de violencia ni de maniobras torpes como el encarcelamiento de los dirigentes.

No se trata sólo de solucionar un conflicto más. El gobierno se equivoca si cree que rechazado o viabilizado Conga todo habrá terminado. Esperan definiciones de fondo. En primer lugar hacer frente al mito de que la minería es la única fuente de progreso y que puede darse en cualquier lugar y de cualquier forma. Cuando se da debe ser bajo condiciones claramente establecidas, de lo contrario no hay minería responsable.

En segundo lugar ningún proyecto empresarial, social o político es viable sin la aceptación de la población. La consulta implica la renovación de la legitimidad y la prolongación del voto. El Gobierno no puede hacer caso omiso de la opinión, protesta y rechazo, de quienes ven afectado su hábitat y no aceptan el chantaje de que sin minería no hay inclusión social.

En tercer lugar dar el visto bueno a las inversiones mineras aceptando cualquier costo social y ambiental es parte del pasado. No se aprobó la Ley de Consulta Previa por gusto y hay que acelerar su reglamentación. Y los Estudios de Impacto Ambiental que se acepten deben ser insospechables de parcialidad, con idoneidad, para que no resulten dañados ríos, lagunas y cuencas involucradas. No aprobarlos de forma irregular porque las poblaciones no son tontas y se dan cuenta del daño.

En este delicado ámbito toda maniobra o disfraz agrava la desconfianza como con el Proyecto Conga. Y el resultado es la indignación en aumento. En adelante no será posible que el gobierno de ningún visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental porque hay un inmenso NO a la expansión indiscriminada de la minería.

Cuarto, la urgencia de la zonificación económica ecológica. El gobierno no puede eludir una Ley de Ordenamiento Territorial para que no se sigan dando concesiones sin planificación e indiscriminadamente.

Quinto, insistir en el diálogo escuchando y respetando la opinión de los gobiernos regionales, rechazando la mecida que enfurece y agravia. La minería sustentable es un compromiso político. Ollanta Humala debe abordar estas definiciones que inciden directamente sobre la gobernabilidad de su régimen, entendida no como gestión de conflictos sino como legitimidad colectiva y madurez institucional.

Atender la agenda sin esperar a que las calles la empujen, que los empresarios la eviten o el Estado la reprima. Escuchar es el primer paso para una verdadera inclusión social que se refiera no sólo a pobreza, también a descartar la marginación y el irrespeto a la dignidad.

DIALOGO PERO CON FRUTOS

CRISIS DE CONFIANZA

La suspensión del proyecto Conga puede constituir una victoria para el país o un fuerte revés. Estamos ante una tregua en la que se juegan la imagen del gobierno, el futuro de la inversión minera, la inclusión social, pero también la preservación de los recursos naturales, la defensa de la dignidad, el punto de vista de la comunidad y el modelo de modernidad. Todos elementos de una lección que el país, el gobierno, la empresa y la comunidad deberán asimilar y que será clave para la capacidad de enfrentar con éxito otras previsibles colisiones.

Estamos en momento de rectificaciones. Yanacocha reconoce la autoridad del Gobierno peruano y asume sus planteamientos de una nueva relación entre empresa minera y comunidad. Del gobierno deberíamos esperar no sonoras pero si efectivas rectificaciones desde que el mismo presidente se apresuró a decir Conga va, lo que agudizó el conflicto cuando aún no se conocían las observaciones del MINAM, claves para explicar y justificar la suspensión.

Es cierto que, como dijo Salomón Lerner, le toca al pueblo decidir que el diálogo y la negociación reemplacen la violencia, que suspendan también su huelga. Pero no parece tan fácil, la desconfianza se ha instalado y se requiere mayores señales de respeto y coherencia para trabajar por una minería responsable dentro de un esquema de desarrollo que beneficie a todos. Demasiadas dudas e incógnitas subsisten en torno a Conga que solo podrán ser despejadas con peritajes insospechables de parcialidad, de instituciones internacionales de solvencia incuestionable.

Y es que a muy pocos convence el maximalismo del proyecto que supone secar cuatro lagunas, dos porque el oro está debajo y dos como depósito de la tierra que se removerá. Esto último aparece excesivo y hasta injurioso para pobladores de alta sensibilidad y hasta veneración por la naturaleza. No consideran aceptable que la minera construya reservorios de agua con el doble de capacidad de las lagunas para irrigar toda la zona cuando falte agua de lluvias.

Hay mucho camino para convencer. Es el momento de usar lo que Joseph Nye llama el poder blando, el de la persuasión razonada y reflexiva, opuesto al poder duro de la imposición armada y violenta que lleva a tragedias como Bagua. La población tiene sus derechos respetables, reducir el problema a simple agitación extremista es no querer verlo en profundidad. Si bien hay radicales que persiguen réditos políticos la población no es tonta, la racionalidad se impone cuando está bien fundamentada. La relación de la minería responsable con las banderas de inclusión social del gobierno es evidente, si no hay suficiente recaudación fiscal generada por la minería no habrá recursos para los programas prometidos.

Con la suspensión se ha evitado situaciones extremas en un conflicto que podía estar al límite. La violencia sin control arrastra a la inestabilidad y a la ingobernabilidad. Bien que el gobierno la haya exigido para agotar esfuerzos de convencimiento. La desconfianza ha hecho crisis y en esto la primera responsabilidad es de Yanacocha dentro de lo que cada gobierno le permita.

Los sectores extremistas quisieran radicalizar pasiones en tanto la derecha también extremista exige firmeza y coacción contra la población. Ni uno ni otro es válido. Se ha comprado tiempo para afrontar la profunda desconfianza que impedía el diálogo, acumulada en largos años de abusos y excesos, que ojalá el gobierno logre corregir con una nueva política que obligue a las mineras a servir a la comunidad y a respetar un ambiente sano en el camino a la modernidad a la que tienen derecho.

No se trata de anular totalmente Conga para que otros proyectos mineros también sean anulados. Se trata de debatirlo y exigir que se demuestre su viabilidad. Asimilar esta lección permitirá que el entendimiento se imponga para resolver problemas sin represión ni violencia.