CONGA Y EL FUTURO DEL PERU
WALTER NAVARRO MURGUEYTIO
Mientras en Durban, Sudáfrica, delegados de más de 190 países, reunidos con el objetivo de: detener el cambio climático en curso, han alertado que "el futuro del planeta" está "en juego". En Cajamarca Peru los 4,800 millones de dólares que se anuncia como inversión Minas Conga van a dañar el ecosistema de dos Regiones del Perú afectando tanto el agua para la agricultura y ganadería lechera como el agua para consumo doméstico. El daño será irreversible pues no se trata sólo de los 2’600,000 m3 de agua de dichas lagunas sino del complejo biológico y geológico que implican su funcionamiento, según autoridades regionales de Cajamarca.
Asimismo un grupo de catedráticos norteamericanos conocedores de la realidad peruana, advirtieron que una eventual operación del proyecto minero Conga traería graves consecuencias ambientales. Ellos defienden el manejo ambiental ancestral de los campesinos. “La mina de tajo abierto constituye un serio peligro para la salud humana, el medio ambiente, la actividad agropecuaria y empresarial tanto de las poblaciones aledañas como de los asentamientos urbanos y rurales beneficiarios de este frágil y complejo sistema acuífero”, expresaron en una carta dirigida al presidente Ollanta Humala y le solicitaron suspenda dicho proyecto minero por estar ubicado en la cabecera de cinco sistemas hidrográficos. Los expertos también lamentan que los reiterados pedidos de un serio e independiente estudio ambiental no hayan sido atendidos.
La crisis derivada del proyecto Conga constituye un punto de quiebre para este gobierno. No sólo plantea retos desde la perspectiva del uso de los recursos naturales, sino que pone nuevamente en discusión la política de atracción de inversiones, diseñada hace más de una década, que por la urgencia dejó de lado la necesidad de mecanismos que garanticen la calidad de la inversión y resguarden la capacidad del Estado.
El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, al entregar las observaciones de su ministerio respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, objeta y contradice en forma contundente al del ministerio de Energía y Minas. Según IDL el informe, de once páginas acompañadas por un resumen de página y media, subraya que el Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
La mayoría de conflictos sociales en el Perú ocurre entre las empresas mineras y los pueblos en donde se desarrolla esta actividad, la mayor parte de los yacimientos mineros, y los mayores reservas mineras, se ubican en las zonas altoandinas, por lo cual, la afectación de las cabeceras de cuencas hídricas es inevitable. En casi todos los casos, la razón del conflicto es ambiental: el agua, el aire, los tóxicos.
También es claro que frente al crecimiento del país la insatisfacción social es creciente y se manifiesta en las movilizaciones. Por eso, la única manera de establecer una coexistencia razonable entre las minas y los pueblos vecinos es determinar de antemano el nivel de efecto, daño o trauma ambiental que pueda tener un proyecto minero, a través de los estudios ambientales (EIA).
En un diagnóstico del Ministerio de Energía y Minas que se presentó a empresarios mineros el 2010, se advirtió que varios de los estudios de impacto ambiental elaborados por las consultoras que contratan las compañías, tienen párrafos íntegros copiados de otros estudios y ausencia de investigación propia. Y también que varios de estos estudios subestimaban los impactos de la cantidad y calidad del agua y aire. Que las evaluaciones de impactos ambientales no toman en cuenta el inventario de manantiales, puquiales o bofedales a ser afectados.
Que tampoco se presentaban simulaciones frente a fugas de contaminantes sobre suelos, cuerpos de aguas. Y que las evaluaciones de daños en los cursos de agua no se realizaban de manera integrada ni considerando los daños acumulativos.
Asimismo es cuestionable que, el Ministerio no cuente con suficiente cantidad de profesionales competentes para una eficaz revisión de los estudios. Paralelamente, en un área impregnada de conflictos de interés, hay funcionarios que pasan del Estado a las empresas y de éstas a puestos claves en Energía y Minas, en un carrusel vicioso que deprime aún más la calidad y utilidad de los estudios ambientales.
El problema en el Proyecto Minero CONGA en Cajamarca, ya no es de Legitimidad sino de Credibilidad. La única manera de garantizar una MINERIA SUSTENTABLE Y AMIGABLE, es solo planificando y dosificando la explotación minera ordenadamente, en el largo plazo. Es necesario tomar conciencia que el Perú es un país único y excepcional desde la perspectiva de la biodiversidad y del medio ambiente,
Reformas necesarias en la agenda del gobierno para enfrentar la escalada de conflictos sociales, como la Zonificación Ecológica, el Ordenamiento Territorial o la reglamentación de la Ley de Consulta, podrían abrir toda una nueva serie de demandas internacionales de inversionistas amparados en los TLC y los Acuerdos Bilaterales de Inversión –BIT vigentes. Dos procesos de gran importancia deberán ser definidos por el nuevo gobierno: el TLC con la Unión Europea -UE, pendiente de la firma presidencial y discusión y votación en el Congreso, así como del Acuerdo Comercial Trans Pacífico (TPP), base para la integración comercial en el Foro APEC.
Urge un posicionamiento. Según fuentes la “posición negociadora” no ha cambiado con el nuevo gobierno. ¿Se repetirá el modelo? La negociación y firma de nuevos TLC, deberían expresar una nueva mirada que refleje las necesidades y retos como país en el contexto de la globalización y sus crisis.
Los conflictos sociales arrojan grandes pérdidas en recursos humanos, infraestructura e inversión en los diferentes sectores económicos. Se hace necesario revisar los EIAs y establecer un pacto ético entre los empresarios mineros, los representantes del Gobierno central, regional y local, y la población donde se llevará a cabo el Proyecto de Inversión Minera. El país está pagando un mayor costo al no invertir en la prevención y resolución de conflictos y crear Comisiones Multisectoriales o Mesas de Dialogo que no generan excesivo gasto para los pliegos presupuestales pero tampoco significan un verdadero aporte a la solución y transformación de los conflictos, como base de la paz social, factor del desarrollo.
En materia de resolución de conflictos, el Perú no cuenta con una estructura articulada para la acción de los diversos sectores del Estado cuya participación resulta limitada frente a su presencia creciente. El compromiso del sector público y de la sociedad se puede canalizar eficientemente a través de un Sistema Nacional de Prevención y Resolución de Conflictos Sociales que tenga como órgano ejecutivo una Secretaria Nacional con base en la actual Unidad de Conflictos de la PCM, con carácter vinculante la misma que en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, debería contar con unidades de conflictos a nivel nacional (en los tres niveles de gobierno).
Aprender de las lecciones y responder a las crisis con una nueva posición negociadora es lo aconsejable, está en juego la gobernabilidad del país que expresan los conflictos sociales pero también los problemas derivados de la política de atracción de inversiones, la preservación sostenible del medio ambiente y la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones: la inclusión.
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