TODOS FICHADOS

 

Publicado en Correo el 21 03 15

 

Nuevamente la inestabilidad acecha al gobierno de Ollanta Humala. La bomba periodística de los Dinileaks estremeció al país y al Congreso. El mismo servicio de inteligencia que ya había hecho noticia –también denunciado por esta casa- persiste pero esta vez masivamente con acciones de reglaje, seguimiento y espionaje social como en los peores tiempos del montesinismo. La DINI -no reorganizada pero si muy reforzada presupuestalmente- continúa en su línea de control político. El asunto es grave, crece la desconfianza ante un gobierno policiaco sobre todo porque lo publicado podría ser solo la punta del iceberg. Supuesto peligrosísimo para una democracia que se pretende tal.

Ana Jara se apresuró a asistir al Congreso con un discurso que pretendía soslayar la severidad del caso apuntando a que se trata solo de información oficial. Al final de la larga jornada debió entregar las cabezas de la DINI cuando se veía ya al borde de la censura. ¿Dónde están las garantías del Estado de Derecho? La lesión a la confianza es inmensa, el escándalo se justifica, la alarma es comprensible dada la cantidad de gente involucrada. ¿Cuál es la intención de tener información de miles de ciudadanos con algún tipo de poder? Gran pregunta. Y lo más importante ¿quién dio las órdenes? Difícil que el gobernante no lo supiera y menos aún en vísperas de una campaña electoral que se anuncia con escasos límites éticos. ¿O es que la inspiración castrense y el imperio del montesinismo que vivió le han dejado la relativización y la aceptación de formas vedadas de hacer política?

A ojos vista no se trata de contrainteligencia pues la información recopilada no se vincula a riesgos para la seguridad nacional sino a bienes raíces, vehículos y empresas de particulares. La bola está corriendo y no se sabe cómo terminará. Por el momento el rechazo nacional al espionaje masivo -altamente irregular con fuerte riesgo de uso indebido- crece. Una investigación estricta, más allá de la reorganización de la DINI, deberá ser exigida para precisar de modo contundente a los responsables políticos. Aunque para el oficialismo no haya pasado mucho, nadie podría aceptar como normal que en un gobierno que se afirma democrático todos estemos fichados.