¿MEDIOS PÚBLICOS? NO SE
OYE PADRE
Escribo hoy cinco de abril, cuando recordamos el funesto
autogolpe producido hace 21 años. El avasallamiento y la ruptura democrática que
lograron las fuerzas políticas más oscuras se debió en gran parte al apoyo que
el fujimorismo recibió de algunos medios de comunicación que en los siguientes diez
años funcionaron al lado del dictador sin discutir para nada sus gestos
antidemocráticos.
Y es que el inmenso poder político del cual gozan los
medios en nuestros países es ya una noción aceptada, igualmente debería serlo la de propugnar que
el servicio de información que prestan se realice dentro de la autorregulación posible
de cara a la confianza que el lector o usuario les presta.
Muchos países vienen discutiendo la reforma de sus
medios. El Reino Unido debate la autorregulación supervisada a partir del
informe Leveson que busca poner límites a los excesos de los tabloides
sensacionalistas. Más cerca de nosotros, países vecinos se preocupan por el equilibrio
de la información e incentivan medios públicos a fin de superar la dicotomía
medios privados y medios gubernamentales.
La independencia de los medios es clave para una sociedad
bien informada. Ni el poder económico ni el político deberían distorsionarla.
Por eso países como Argentina, con no poco escándalo, Ecuador, Uruguay, Brasil
y recientemente Méjico se abocan a determinar funciones, objetivos y
financiación de los sistemas de medios públicos.
¿Cuál debería ser el objetivo primordial de un sistema de
medios públicos? ¿Recoger los aspectos que los medios privados-comerciales
desechan? ¿Ofrecer una programación con valores ciudadanos y democráticos junto
a una información imparcial, equilibrada? ¿Competir con los privados por la
audiencia y la publicidad?
Los medios públicos equilibran el mapa de la comunicación
nacional que se maneja entre el interés privado y el del gobierno de turno. Son
tan positivos como conflictivos. No en vano las nuevas leyes de medios vienen alimentando
acaloradas discusiones en las que los intereses políticos, económicos y sociales
determinan qué opiniones se pueden o deben dar abiertamente.
Nuestro país no insiste en esta discusión, parecería que estamos
muy conformes con nuestros medios estatales que son los menos y con los medios privados que son la
gran mayoría. No aspiramos a medios no subordinados a los dictados del mercado
en términos exclusivamente de rating ni a la lógica gubernamental, que
subordina todo contenido informativo al cálculo que lo beneficia.
No parece interesarnos dar mayor atención a las
necesidades de (in)formación y entretenimiento de las grandes audiencias como
de las minorías. No pensamos en medios que no estén al servicio del gobierno ni
de intereses privados ni corporativos y que respondan al interés de la sociedad,
manejados en su gestión por representantes de la misma sociedad que los acoge.
Si bien es cierto que es difícil para los medios públicos
consolidar autonomía y pluralidad, es necesario definir un posible servicio
público de información, masivo y de calidad, que puede y debe ser prestado. Nuestros
pocos medios de propiedad estatal deberían convertirse a la gestión pública pero
nadie parece interesarse. El debate debe abrirse y sostenerse sin que se ignore
sus posibilidades o se considere perdido o infructuoso.
Cuando estuvimos en la presidencia de los dos más
importantes medios estatales -que son TV Perú, al cual le cambiamos el nombre que
antes era TNP, por considerar que era el canal de bandera, y de Editora Perú que edita
El Peruano y gestiona la agencia de noticias Andina, a la cual hicimos abierta
y sin costo- propugnamos la fusión del IRTP y de Editora en una gran empresa
multimedia, de propiedad estatal pero de gestión pública. La iniciativa no
prosperó en los altos niveles de gobierno y está ahí para quien quiera
asumirla. Su principal ventaja está en que permitiría el equilibrio del
espectro informativo en el Perú. Esperemos.
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