EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POTESTAD SANCIONADORA PARA LA CONTRALORIA
A ver si la lucha contra la corrupción que el Premier Chang acaba de tomar como bandera se va concretando. Hace un mes el presidente Alan García Pérez y su entonces jefe de Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, apoyaron a la Contraloría General de la República , en la iniciativa legal de contar con potestad sancionadora en materia administrativa funcional. La lucha contra la corrupción solo podrá tener eficacia si esa potestad se concreta y hay que exigir al Congreso aborde el punto con carácter de urgencia.
¿Qué puede hacer la Contraloría atada, de pies y manos, cuando sus informes son solo declarativos sin carácter vinculante?. Los funcionarios involucrados en irregularidades se ríen de ellos. Lo sabemos bien. Sus recomendaciones son un saludo a la bandera, pueden dejar de ser implementadas y no pasa nada. Para exhibir firmeza y ser disuasiva la Contraloría debe poder, además de definir responsabilidades, imponer sanciones a funcionarios y servidores públicos, más allá del vínculo laboral que tengan con el Estado o de las influencias que siempre están detrás de los corruptos más avezados.
Si lo solicitado se aprueba la CGR podrá imponer sanciones desde la destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 5 años pasando por la suspensión temporal hasta por 180 días y multas pecuniarias por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones.
La potestad sancionadora de la Contraloría es indispensable para la lucha contra la corrupción, verdadero flagelo del régimen que tiene mucho para exhibir en lo económico y social pero no ha logrado poner coto a las irregularidades que proliferan. Esencial que el debido proceso de funcionarios y servidores públicos contemple un órgano instructor y otro sancionador, permitiendo a los castigados apelar las sanciones que eventualmente se les impongan.
Estamos ante una verdadera reingeniería, una nueva estrategia que hay que apoyar contra la corrupción con el debido cuidado de no interferir ni con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público, éste último de impecable actuación.
“Lo único que queremos es que (el mal funcionario) no siga trabajando o por lo menos que reciba una sanción”, ha dicho el Contralor Khoury, al tiempo de recordar que en un año de trabajo fueron denunciados 1,304 funcionarios ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ellos siguen “contratando y comprando para el Estado”.
Si como informó Khoury las pérdidas para el Estado superan los 50 millones de nuevos soles, en sólo tres auditorías, que podríamos pensar del cúmulo de pérdidas por la innumerable cantidad de pirañas y pirañitas que determinan millones de soles y dólares que fugan por bajos o menores montos y que nunca se detectan o lo hacen demasiado tarde.
La responsabilidad constitucional será mucho mejor cumplida si se establece la red de auditores itinerantes que propone la CGR dando forma a un ente de control que con acción descentralizada ayudará al país a avanzar sin el flagelo de la corrupción, como ya sucede en otros países vecinos como Brasil, Ecuador y Colombia que han logrado facultades sancionadoras para mejorar la calidad de la gestión pública.
Excelente que la Comisión de Fiscalización del Congreso haya aprobado la propuesta, a ser incluida en la nueva Ley de Control, que deberá ser debatida en el pleno, para que todo funcionario que se encuentre procesado por la Contraloría deje inmediatamente el puesto sea por permiso o por licencia, para que no usen sus malas artes presionando a sus subordinados para explicar o justificar sus acciones. Conozco malos funcionarios que han intentado limpiarse usando y presionando a los trabajadores de su institución o empresa.
Para que la población pueda creer en el Estado dándole mayor confianza y representatividad espero que el Congreso se ponga las pilas y proceda a vincular la ética con la política, ahora.
