¿REFORMA POLÍTICA AHORA?

En diario Exitosa el domingo 12 de Mayo 2019

La Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra afirma que trabaja a todo vapor. Y que en su mesa no están solo los proyectos que Martín Vizcarra entregó hace más de un mes, para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta, que son muchos más un gran número de iniciativas de abrumadora complejidad.

Para analizar si la reforma política será o no posible hay que tomar en cuenta el factor tiempo. El Presidente y el Premier reclaman nuevas normas para ser aplicadas en el 2021 y atención urgente a su propuesta porque no es posible modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Por tanto todo cambio deberá hacerse como máximo en menos de un año, es decir antes de abril 2020.

El tiempo manda y hablamos de cuatro reformas constitucionales, entre ellas la de la inmunidad parlamentaria, que deberían aprobarse en la presente legislatura si se quieren vigentes para las próximas elecciones generales. 

Difícil muy difícil. Estamos nuevamente en pleno conflicto de poderes. Mientras el presidente Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar los proyectos que entregó hace más de un mes, su titular Daniel Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

No hablan el mismo idioma. Los proyectos del Ejecutivo han sido colocados en la categoría de insumo junto a la información que recogerán en las cuatro macro regiones a fin  de que la renovación normativa de la política salga de la ciudadanía.

Nuevamente la apelación al pueblo pero esta vez convocado por el Congreso, para opinar sobre la representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de Diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta.

Pero no será así. Según Salaverry la información que pudieran obtener la pondrán a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores. Un trámite largo y lento que no se parece al de una reforma sino al de arrastrar voluntades sin posibilidades de concreción, legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la muy importante bicameralidad o la posible elección parlamentaria en la segunda vuelta. El mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión sean aprobados para el 2021 si no hay previo acuerdo con el gobierno. Pero la confluencia está lejana, ni prioridad ni debate, los esfuerzos de ambos poderes no van por la misma vía.

No extraña la situación porque el Congreso se ve más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir la reforma política. Y esta vez las presiones del Ejecutivo no tendrán el mismo efecto. Ya el Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, ha descartado la cuestión de confianza. Si esto es así alguien en el entorno de Martín Vizcarra y de Daniel Salaverry debería decirles que vale más dialogar que imponer. Y que para lograr la reforma política funcionaría mejor el poder blando de persuadir que el poder duro de golpear.

¿ES VIABLE 

LA REFORMA POLÍTICA?

En Correo mi columna HOJA DE TIEMPO el 11 de mayo 2019

Nuevamente estamos en pleno conflicto de poderes. Martín Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar la discusión de los proyectos de ley que entregó para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta. Danien Cl Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

Afirma que la propuesta del Ejecutivo será solo un insumo junto a las consideraciones a ser recogidas en las cuatro macro regiones para que la renovación salga de la ciudadanía. El pueblo nuevamente opinará sobre el sistema de representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta. Lejos de esto la información que el Congreso pudiera obtener la pondrá a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores, en un trámite largo y lento que no se parece a ninguna reforma sino a la dilación de procedimientos lejos de la concreción de una reforma legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la bicameralidad del Legislativo y la elección parlamentaria en la segunda vuelta. Y aunque la Comisión de Constitución pretenda que trabaja a todo vapor y el Premier les llame la atención, el mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión puedan ser aprobados para el 2021 si no hay acuerdo con el gobierno.

Ni prioridad ni debate, los esfuerzos no van por la misma vía y las presiones del Ejecutivo no parecen tener efecto en un Congreso escaso de brújula, autodefensivo, más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir los numerosos proyectos de reforma política que no llegarán a ser analizados a tiempo.

QUE LOS FISCALES ACUSEN

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 06 de mayo 2019

El tsunami Odebrecht está terminando con las figuras políticas. Los ex presidentes del post fujimorismo están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. El Ministerio Público solicita prisiones preventivas y preliminares y los jueces garantes de la justicia las aceptan con severidad extrema por encima de la presunción de inocencia.

Pero estos mismos fiscales no son tan eficaces para acusar e iniciar los procesos que permitirán a los imputados un juicio oral como corresponde, que admita argumentos, actuación de pruebas y logre una sentencia fundamentada y motivada como manda el debido proceso.

Esos fiscales y jueces que aparecen adictos a las medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria, arrastran los pies para formalizar investigaciones y presentar la acusación indispensable para iniciar los procesos. Afirman que no cuentan con recursos humanos suficientes y es cierto, pero alientan los juicios populares y mediáticos que proliferan.

Con dureza extrema los operadores de justicia descartan los mecanismos que no implican pérdida de libertad aunque garanticen igualmente la presencia de los imputados en las pericias judiciales. Los fiscales y jueces empoderados por el apoyo popular caen en excesos y en ese camino podrían poner a todos los políticos tras las rejas y a todos los partidos al borde de la autodestrucción. A ello se agrega la imposibilidad de la reelección parlamentaria. ¿Adónde quieren llegar?

Estamos ante la criminalización de la política y la estigmatización de quienes expresan su desacuerdo con las sentencias anticipadas sin pruebas. No hay espacio para el sentido común ni para la defensa de los principios y garantías de la justicia. En resumen necesitamos que los fiscales comiencen a acusar, que la justicia sea impartida con autoridad ética y respeto a garantías y derechos fundamentales, que responda a los fundamentos de la justicia republicana en democracia. No hay más.

QUE COMIENCEN 

LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa del domingo 07 de Mayo 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.

QUE COMIENCEN 

LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa el domingo 5 de abril 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.

QUE LOS FISCALES ACUSEN

En Correo el 04 de abril 2019

El tsunami Odebrecht está terminando con las figuras políticas. Los ex presidentes del post fujimorismo están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. El Ministerio Público solicita prisiones preventivas y preliminares y los jueces garantes de la justicia las aceptan con severidad extrema por encima de la presunción de inocencia.

Pero estos mismos fiscales no son tan eficaces para acusar e iniciar los procesos que permitirán a los imputados un juicio oral como corresponde, que admita argumentos, actuación de pruebas y logre una sentencia fundamentada y motivada como manda el debido proceso.

Esos fiscales y jueces que aparecen adictos a las medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria, arrastran los pies para formalizar investigaciones y presentar la acusación indispensable para iniciar los procesos. Afirman que no cuentan con recursos humanos suficientes y es cierto, pero alientan los juicios populares y mediáticos que proliferan.

Con dureza extrema los operadores de justicia descartan los mecanismos que no implican pérdida de libertad aunque garanticen igualmente la presencia de los imputados en las pericias judiciales. Los fiscales y jueces empoderados por el apoyo popular caen en excesos y en ese camino podrían poner a todos los políticos tras las rejas y a todos los partidos al borde de la autodestrucción. A ello se agrega la imposibilidad de la reelección parlamentaria. ¿Adónde quieren llegar?

Estamos ante la criminalización de la política y la estigmatización de quienes expresan su desacuerdo con las sentencias anticipadas sin pruebas. No hay espacio para el sentido común ni para la defensa de los principios y garantías de la justicia. En resumen necesitamos que los fiscales comiencen a acusar, que la justicia sea impartida con autoridad ética y respeto a garantías y derechos fundamentales, que responda a los fundamentos de la justicia republicana en democracia. No hay más.

FISCALÍA BAJO SOSPECHA

En diario Exitosa el domingo 28 de abril 2019

En un Estado de Derecho la defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana son el fin supremo de la sociedad. Estos principios valen en todo el mundo desde la Revolución Francesa cuando se aprobó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Pero esta suprema motivación no es respetada entre nosotros. Por el contrario se incentiva su atropello con el uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva a pesar que el Tribunal Constitucional ha dicho que es la excepción y jamás la regla. Más aún cuando se aplica sin acusación fiscal, contra la Constitución que afirma la presunción de inocencia y señala que nadie va a prisión sin pruebas actuadas en un proceso o juicio debido.

Pero si alguien se atreve a recordar o exigir estos principios de justicia inmediatamente es satanizado, acusado de complaciente o de cómplice con la corrupción. No hay medias tintas ni debate posible. La prisión preventiva seguirá siendo aplicada como sentencia adelantada aunque sea de naturaleza cautelar y jamás punitiva. Y continuarán actuando sin respeto al derecho a la vida ni a la dignidad como ha sucedido con los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.

La clínica Anglo Americana reportó el peligro de muerte súbita de PPK por su mal cardiaco. Es un imputado ya muy mayor que no puede salir del país, alguien a quien quisieron asegurar con grilletes en su lecho de cuidados intensivos para que pudiera purgar una prisión preventiva sin acusación fiscal. Y en cuanto a Alan García la precipitada decisión judicial de someterlo a una prisión preliminar lo obligó a elegir entre su vida y su dignidad. Un inhumano y doloroso dilema que lo impulsó a la trágica decisión que el país lamenta.

Y para los radicales esto no es suficiente, ambos ex presidentes deben seguir enfrentando sendos procesos mediáticos, más allá de la muerte y de la realidad de los cargos. Nadie quiere recordar que un imputado es en principio una persona inocente al que deben el tratamiento que corresponde a esa condición.  

Los diarios se han llenado de titulares sobre Jorge Barata y sus declaraciones. Primeras planas con sus versiones traducidas por terceros. Todos pendientes de sus respuestas en Curitiba, emitidas sólo cinco días después del suicidio de AGP, en diligencias protagonizadas por el equipo fiscal conducido por Rafael Vela teniendo en el rol estelar a Domingo Pérez. Este fiscal que se habría permitido algunas preguntas al ex directivo de Odebrecht, reportadas por el abogado aprista Aurelio Pastor y calificadas por el abogado Erasmo Reyna como sugestivas o capciosas.

Las preguntas sugestivas son aquéllas que,  según el tratadista Guillermo Cabanellas, contienen la respuesta en sí mismas, en forma directa o de modo encubierto. El gran jurista Eduardo Couture considera que en su propia formulación llevan insinuada la respuesta al sugerirla al declarante. De esta calidad habrían sido las preguntas que dirigió Pérez a Barata sugiriendo que el ex secretario Luis Nava era el Maiman de AGP o si el sobrenombre Chalán fue puesto a Nava con el sentido de aludir a la persona que cuida al caballo, para recordar que algunos pretendieron humillar al líder aprista llamándolo Caballo Loco.

Todo esto hablaría de falta de hidalguía, de procedimientos antagónicos de una verdadera justicia. Porque luchar contra la corrupción no significa motivar titulares con afrentas y deshonor. Ni inducir respuestas que permitan continuar con el asesinato moral infligido al ex presidente aprista.

Esperemos conocer la verdad de estos interrogatorios. La  situación denunciada sería inaceptable. La democracia tiene una superioridad moral que acoge e inspira sus combates. A ella  debemos remitirnos.

DERECHO A LA VIDA 

Y A LA DIGNIDAD

En el diario Correo el 27 de abril 2019

El derecho a la vida es el fundamental de todo ser humano a que se respete su existencia. El más importante que precede a todo otro derecho. La base de todo orden constitucional, jurídico y político en el mundo y en nuestro país. Y lo es junto a la dignidad humana que exige respetar y valorar a las personas. Esa dignidad que tenemos todos y que se incrementa con el desempeño de puestos elevados como la presidencia de la República. No puede ser una expresión vacía, es la base de la seguridad, igualdad y libertad que fundamentan los derechos humanos.

Paradojalmente en los casos de los excelentísimos ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alan García ambos pilares han sido atropellados ostensiblemente. La clínica Anglo Americana reportó el peligro de muerte súbita por el mal cardiaco que padece PPK ya impedido de salir del país y se ha violado su dignidad cuando quisieron asegurar su permanencia con grilletes y prisión preventiva sin acusación fiscal. Y en cuanto a Alan García la precipitada decisión judicial de someterlo a una prisión preliminar sin pruebas ni acusación fiscal lo obligó a elegir entre su vida y su dignidad. Un inhumano y doloroso dilema que lo impulsó a la trágica decisión que todo el país lamenta.

Saludamos la decisión judicial de cambiar el pedido de prisión preventiva a prisión domiciliaria para PPK. Porque la lucha contra la corrupción es muy importante pero no puede darse a tan alto costo político, jurídico y humano. Dice Martín Vizcarra que necesitamos justicia y verdad. Es cierto pero con respeto a los valores supremos de la vida y la dignidad. Y a la presunción de inocencia y el debido proceso que nuestra Carta impone. El país espera que el Ministerio Público cumpla con acusar a cientos de imputados antes de decidir encarcelarlos sin pruebas.  

ASESINATO MORAL

En diario Exitosa el domingo 21 de Abril 2019

El honor fue siempre lo más importante para Alan García Pérez, el político que ganó su dimensión en la historia desde muy joven y que se ha ido por voluntad propia para defenderse de la indignidad.

Es “Una fuerza de la naturaleza” escribió el legendario periodista francés Marcel Niedergang en Le Monde cuando asistió a la juramentación, en 1985, del presidente peruano más joven de la historia.  Se refería a la fuerza de su juventud y al verbo flamígero que unido a su carisma le ganó la admiración suprema pero también inmensas envidias y odios de enemigos y adversarios. Muchos vivieron de la notoriedad de los ataques que fueron aumentando sistemáticamente para tratar de expulsarlo del corazón de los peruanos.

No lo lograron. Quienes lo buscaban como un ansiado trofeo que querían compulsivamente tras las rejas, lo inspiraron a preferir la muerte al oprobio. Prometió que nunca lo verían “enmarrocado” y lo cumplió al costo más alto que es la propia vida. Rechazó la humillación ostensiblemente programada y el maltrato que no tuvo en cuenta que fue dos veces presidente, portador de honores, soberanía y de la confianza del pueblo.

Esta democracia, y la patria que tantas veces defendió, al final sólo le ofrecía el chaleco del detenido y las decisiones arbitrarias sin respeto a la presunción de inocencia. Se proclamó inocente y como tal no quiso prestarse para la película que sus enemigos habían prefigurado para las portadas y las pantallas. Simplemente no lo permitió.

Los acusó de asesinato moral. El encarnizamiento lindó con lo delictivo, buscaron destruirlo y liquidarlo moral y espiritualmente. Y aunque sus enemigos lo siguieron atacando innoblemente mientras agonizaba, en clara demostración de barbarie, sabían que su siniestro plan ya era fallido. Mientras el suicidio de García daba la vuelta al mundo y los apristas se unían en el dolor, llegaban las respetuosas condolencias internacionales por la inesperada partida del líder democrático, el que siempre respetó el estado de derecho, que nunca persiguió a sus enemigos ni pretendió perpetuarse en el poder.

“Los derroté nuevamente” escribió el ex mandatario en su sentida y contundente carta de despedida en la cual enrostró a sus enemigos su afán por humillarlo y vejarlo. Y volvió a proclamar su inocencia, dejando para la posteridad la seguridad de que las investigaciones solo encontrarán especulaciones y frustraciones. ¿Quién miente al borde de su muerte?

El gobierno de Martín Vizcarra, así como el Ministerio Público están bajo cuestionamiento por el exceso de tratar de detener a un ex presidente sin pruebas ni acusación fiscal.

Alan García Pérez, atacado y cuestionado encarnizadamente, debió enfrentar incluso la división en sus filas partidarias que ante su trágica e injusta partida nuevamente están unidas alrededor del símbolo de orgullo que él quiso dejarles. El APRA renace en la protesta y el dolor. Vimos un pueblo inmensamente apenado formado en disciplinadas filas durante horas para decir adiós a su líder. Su suicidio fue su última proclama de unidad y de protesta.

Ojalá sirva para que la patria que tanto mencionó en sus discursos pueda superar esta etapa de atropello indiscriminado. Porque la lucha contra la corrupción debe cumplirse con respeto a las garantías, derechos y libertades. Que las investigaciones prosigan pero que las cárceles no se llenen de presuntos culpables. El honor y la libertad son valores intangibles. Retomemos nuestra humanidad y como dijo Hugo Neira, respeten una decisión suprema como es la del suicidio.