domingo, 27 de mayo de 2018



MEMORIA 
NO ES DESMEMORIA
Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo del 26 de mayo 2018
Ya muy pocos discuten las diferencias de fondo entre los planteamiento de la izquierda o de la derecha. Los argumentos se han diluido, no hay contraste programático ya que por encima de todo parece imponerse la farsesca división entre antiterrucos y proterrucos. Ya no es posible hablar de justicia o equidad social. Tampoco defender el orden, la libertad y el progreso. Estamos presos de la prepotencia de un pensamiento en función de un solo argumento, todo el discrepante es proterrorista o quiere agraviar a las fuerzas armadas que combatieron la subversión durante dos décadas nefastas. No es así.
La búsqueda de consensos y gobernabilidad queda atrás, las diferencias ideológicas no interesan desde la manipulación primaria de las emociones aunque ello arrastre el desprestigio de la política. Es lo que sucede con la polémica armada en torno al Lugar de la Memoria a partir de la denuncia del general Edwin Donayre, reciclado en combatiente colombiano sordomudo. Su política ficción es aceptada desde el agravio y la metodología perversa de grabar y extraer opiniones para lanzar y justificar la absurda acusación de que es un lugar de apología del terrorismo. En las antípodas de quienes siempre pedimos una pacificación respetuosa de los derechos humanos. Los excesos de las FFAA son conocidos y así fue aceptado y hasta se dieron disculpas. No podemos olvidar lo que vivimos para que el drama no se repita. El perdón tiene sus virtudes pero no implica el olvido de los aspectos negativos, ningún terrorismo se puede aceptar ni validar éticamente venga de donde venga.
Muchos peruanos avalan a Donayre y atacan malamente a quienes pensamos diferente. Pero la memoria no se altera, reestructura o reescribe al gusto. A ella nos debemos aunque para defenderla nos expongamos a que personas sesgadas, intolerantes o malintencionadas nos ataquen de caviares o de proterroristas. No lo somos.
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NI ULTRISMOS 
NI IMPOSTURAS

En el portal Politico.pe  el 26 de mayo 2018

No se trata de un cuestionamiento académico o conceptual el de quienes atacan como terroristas a todo discrepante con la recreación de lo que sucedió durante las dos décadas de violencia subversiva. El que rechaza el olvido del terrorismo insano y brutal de las organizaciones subversivas pero también de los excesos en el contraataque de las Fuerzas Armadas y policiales. Así sucedió y ningún olvido o maquillaje de la historia será positivo en el afán de que no vuelva ese drama que todos vivimos.

La intención de atacar a todo discrepante como enemigo, de endilgarle el calificativo de terruco es eliminarlo o borrarlo del espectro. Porque quieren reinventar o reescribir la historia considerando legítimas todas las respuestas que vinieron de nuestros militares y policías.

No es así, la guerra sucia existió, las FF.AA. y la policía recurrieron a ella y así ha sido reconocido. La población civil inocente fue colocada entre dos fuegos y muchos perecieron víctimas de ambos bandos. La película “La casa rosada” retrata esa situación que muchos no quieren ver y satanizan a quienes la describen o siquiera la mencionan.

El Lugar de la Memoria cumple una función para el equilibrio en la narrativa de lo acontecido. Incluso algunos encuentran su muestra algo edulcorada. No existen imágenes chocantes sobre la magnitud de lo vivido. Dice bien Juan Carlos Tafur que en el LUM no se permite mostrar con mayor crudeza los abismos del horror a los que los peruanos fuimos capaces de llegar en los 20 años que duró la guerra contra SL y el MRTA.

Este lugar es indispensable para la reflexión y para no volver a esa violencia bárbara y fratricida. La democracia no admite ultrismos ni imposturas menos la intolerancia que contradice toda convivencia pacífica con pleno respeto a los derechos humanos.

El GEIN y también las FFAA lograron después de años combatir el flagelo con éxito con el apoyo de organizaciones sociales como los ronderos de mayoría quechuahablantes, grandes víctimas de la lucha cruzada de la subversión como de las fuerzas del orden.

El antiterrorismo aparece como si fuera una ideología o una forma positiva de relacionarnos entre peruanos para descartar a quienes piensan diferente. El principio ético es que todos rechazamos el terrorismo venga de donde venga y debemos recordarlo para que no vuelva. Ningún extremo ni impostura construye la paz en democracia.

Menudean los ataques de quienes ponen las emociones sobre las razones. Que exhiben su desacuerdo con opiniones violentas y extremas. Que rechazan que en las décadas del 80 y el 90 hubo conflicto armado interno. Y el que no lo acepta es terruco, caviar o pro “terrorista”. Todos rojos o rojetes, como dicen, atacando a la izquierda pero también a otros partidos que actúan democráticamente en política. Olvidando que fueron estos partidos los que recuperaron la democracia cuando el fujimontesinismo había tomado el país como botín.

Por eso junto a la arbitrariedad compulsiva está la complacencia con la malignidad del montesinismo y sus vladivideos que son símbolo de la perfidia y la manipulación. No podemos estar de acuerdo con la emboscada en la política. Nos corresponde asimilar las lecciones dolorosas con lucidez y objetividad si no queremos repetir el drama.

sábado, 19 de mayo de 2018



LA POLÍTICA 
DE LA EMBOSCADA

En Correo el 19 de mayo 2018

Pasaron casi 18 años de ese 14 de setiembre del 2000 cuando un video bomba remeció al país. El asesor pagaba a Alberto Kouri, congresista elegido por la oposición, miles de dólares por su pase a las filas gobiernistas. Con la indignación general al tope se inició la caída de la dupla Fujimori Montesinos. Después se sabría de los numerosas cintas grabadas a los incautos que pasaron por la salita del SIN a quienes el superespía puso precio desde el preciso conocimiento de sus problemas financieros, personales, profesionales y demás. Todos premiados con los dineros del Estado por su perfidia y su traición con esa siniestra metodología que convirtió a Montesinos en el dueño de vidas y honras.

No ha sido suficiente este tiempo para internalizar el repudio a estos métodos. Los videos, keiko o kenyivideos, dieron a conocer el operativo de salvataje del expresidente PPK en las vísperas de una vacancia cantada. Congresistas negociando votos y prebendas hicieron renunciar al Presidente elegido para dar paso al nuevo gobierno de Martín Vizcarra. Hoy nadie quiere recordar las toneladas de lodo que cayeron no solo sobre el Ejecutivo sino también sobre el Legislativo y sus modalidades vedadas de enriquecimiento. En pleno proceso de desafuero de Kenyi Fujimori y sus avengers los jueces hoy proclaman su liderazgo anticorrupción sin aceptar que también ellos han sido tocados.
En otra muestra de la política artera de la emboscada. El operativo montado en el Lugar de la Memoria por el general Edwin Donayre tiende una trampa a una guía para presentarla como apologista del senderismo y la despiden. La estrategia de presentarse como víctima con un grupo de cómplices para provocar respuestas y grabarlas con cámara oculta no es edificante. Querían desprestigiar al LUM  y usaron los mismos métodos que para hacer caer un presidente. Eficiencia ante todo aunque los valores y la ética queden por los suelos.


LA PERFIDIA COMO POLÍTICA

En Político.pe el 19 de mayo 2018

La metodología de grabar con cámara oculta para tener las imágenes que permitirán chantajes, sobornos, resultados políticos es repudiable. Tenemos un gran maestro que dejó discípulos aplicados. Han transcurrido casi 18 años de ese 14 de setiembre del 2000 cuando las pantallas se llenaron de las imágenes que venían de un video bomba que remeció al país,  a sus cimientos sociales y políticos. Vimos al todopoderoso asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando miles de dólares a  Alberto Kouri Boumachar, congresista elegido por las filas del  opositor Perú Posible, por su pase a las filas gobiernistas. La indignación recorrió el país y ahí se inició la caída de la dupla Fujimori Montesinos.

Después se sabría de los numerosas grabaciones a los incautos que cayeron en sus redes, aquellos que pasaron por la salita del SIN, a quienes el superespía puso precio desde el preciso conocimiento que tenía de sus problemas financieros, personales, profesionales y demás. Todos fueron premiados con los dineros del Estado por su perfidia y su traición y quedaron para la historia de la infamia debido a la siniestra metodología que convirtió a Montesinos en el dueño de vidas y honras.

No ha sido suficiente este tiempo pasado para que la sociedad y la clase política internalicen el repudio de estos métodos. Están muy cercanas las imágenes de los keiko o kenyivideos, que dieron a conocer el operativo de salvataje del expresidente PPK en las vísperas de una vacancia cantada. Vimos grabados con cámara oculta a congresistas negociando votos y prebendas en una feria culposa que terminó con la renuncia del Presidente elegido para dar paso al nuevo gobierno de Martín Vizcarra.
Hoy nadie quiere recordar las toneladas de lodo que con esos videos cayeron sobre el Ejecutivo pero también sobre el Legislativo y sus modalidades vedadas de enriquecimiento. Estamos en pleno proceso de desafuero de Kenyi Fujimori y sus avengers pero los que hoy fungen de impolutos jueces y proclaman ser los líderes anticorrupción no quieren ver o aceptar que todo el Congreso ha sido tocado.
En otra muestra de la política artera de la emboscada hemos visto el operativo montado en el Lugar de la Memoria por el general Edwin Donayre que tendió una trampa a una guía para presentarla como apologista del senderismo. Y por ello consiguen no solo el despido de la guía sino también el de la funcionaria responsable de una institución creada para la reflexión social. En las antípodas de la búsqueda de la pacificación la estrategia de presentarse como víctima con un grupo de cómplices para provocar respuestas y grabarlas con cámara oculta no es para nadie edificante. Querían desprestigiar al LUM  y usaron los mismos métodos que para hacer caer un presidente.
Lamentable que el fujimorismo no aprenda las lecciones de la historia y que gente como el general Donayre sea celebrada en el afán de reescribirla apostando a la desmemoria o al desconocimiento. Quienes se pretenden héroes de la anticorrupción y salvadores de la patria no lo serán cuando nos retrotraen a las etapas más oscuras del país, usando sus mismos métodos.
Más lamentable aún que la ministra de Cultura haya cedido a este tipo de presiones y técnicas. Muy eficientes para los objetivos de distorsión o desinformación y también para desvalorizar la política al desligarla de la ética.

domingo, 6 de mayo de 2018




EL FINANCIAMIENTO 

DE LAS CAMPAÑAS

En Político.pe el 05 05 2018

La búsqueda de fondos es una tarea principal de los partidos o de los candidatos para hacer frente a las exigencias de la publicidad comercial. Sabemos que solo llega a un cargo de elección quien tiene medios económicos. El ciudadano íntegro, honesto, capaz y con voluntad para hacer algo por nuestro país está marginado si no tiene el dinero para hacer campaña. A imagen y semejanza de los procesos electorales norteamericanos estamos en medio de la democracia del dólar. Y de la corrupción totalmente ligada a este ejemplo.

Porque existen dos modelos o sistemas. Financiamiento privado ilimitado o limitarlo remplazándolo, en todo o en parte, por contribuciones estatales con regulación estricta.

En Estados Unidos el financiamiento privado es atractivo para todos los candidatos. Una verdadera industria electoral se activa a partir de las donaciones privadas. Y nada impide a los particulares y a las corporaciones hacer donaciones a los comités de acción política.

En Francia vemos el segundo modelo donde el financiamiento público es protagónico. Los fondos privados son estrictamente limitados: ni personas jurídicas ni extranjeros pueden contribuir. Todo ciudadano puede hacer donaciones a los partidos políticos o a los candidatos, que son deducibles de impuestos.

Tratan de favorecer el financiamiento ciudadano y no el corporativo. Más aún impulsan el financiamiento público compuesto de varios rubros que pueden ser reembolsados por el Estado. Los candidatos oficiales tienen derecho a una suma global de reembolso de los gastos de campaña bajo ciertas condiciones. Sólo tienen derecho a ello los candidatos que obtuvieron 5% del total de los votos válidos.

El financiamiento, público o privado, está sujeto a una regulación estricta cuyo principal objetivo es “la transparencia de la vida política”. La regulación busca favorecer la igualdad entre los candidatos, la prevención de la corrupción y de la privatización de la elección, así como el mantenimiento de la independencia en los poderes del Estado.

La reforma electoral sigue en el debate. Muerte civil para los que no declaren el financiamiento electoral y su uso, es una de las propuestas del Premier Villanueva. Puede ser eficaz para disuadir y enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Pero la reforma electoral debería lograr consenso parlamentario desde que es el tema central. No está en juego solo la corrupción, también la representatividad y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones. 

La consigna preventiva debe ser impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de presidentes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos. 

Esperemos.
  




LA REFORMA 
ELECTORAL


Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 5 de mayo 2018

Muerte civil a los que no declaren el financiamiento electoral y su uso es una de las propuestas del Premier Villanueva. Una forma de enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Y aunque la reforma electoral no tiene consenso parlamentario es el tema central. No solo la corrupción, también la representatividad está en juego y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones. Impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de gobernantes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos.

Estamos ante la madre del cordero. Las dudas son excesivas. Solo hay una certeza y es que las elecciones en nuestro país las domina el dinero. Los ciudadanos saben que quedan fuera si no tienen recursos para solventar campañas y en este objetivo los candidatos se hipotecan financiera y éticamente. Y los medios contribuyen a esta percepción porque todo recurso electoral llega a sus arcas empresariales.

Las prioridades están claras, toca definir si el financiamiento debe ser público o privado, directo o indirecto. El primero es la transferencia de dinero con un monto común para todos o proporcional según algún criterio como puede ser la cantidad de votos o los escaños obtenidos. El financiamiento indirecto puede ser la cesión de espacios en los medios, algún tipo de exención impositiva, etc. El financiamiento privado es el de mayor riesgo. Se infiltran los capitales del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, etc. Poner límites y/o prohibir donaciones privadas sobre instituciones o individuos extranjeros, contratistas del Estado y en especial las de fuentes anónimas. Países europeos como Francia limitan el financiamiento privado al mínimo. Esa es la vía a explorar junto al acortamiento de las campañas electorales. Ojalá.


martes, 1 de mayo de 2018


LA PRISIÓN PREVENTIVA
DEBE SER EXCEPCIONAL
En Político. pe el 29 04 2018
El abuso de la prisión preventiva está en el candelero después de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus demandado por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el Perú los penales están llenos de reclusos sin sentencia cuyos cargos no han sido probados en juicio y muchos ni siquiera tienen acusación fiscal.
La legitimidad de las sentencias o de los fallos del Poder Judicial y del Ministerio Público depende del debido proceso y del respeto a las garantías de justicia, entre ellas la presunción de inocencia y la celeridad. Es indispensable que toda sentencia de prisión se sustente siempre en delitos probados, es decir después del juicio correspondiente. Hay un abuso del recurso a la prisión preventiva y los magistrados del TC han establecido un referente hacia adelante. Luchar contra la corrupción de modo efectivo y eficiente requiere de una sólida institucionalidad dentro de la democracia y el estado de derecho. Esta es la base.
No es lo mismo que autoritarismo o arbitrariedad que no abona en ninguna eficacia modélica para la disuasión. La justicia no puede basarse en excesos ni abusos de poder. Las instituciones importan dicen los grandes organismos multilaterales y en el caso presente un tribunal alto e inapelable ha puesto su opinión informada por encima de las presiones mediáticas y políticas, como debe ser.
Porque no pueden imponerse los juicios mediáticos. Aquellos que permiten que medios y periodistas sean los que diriman sumariamente y pretendan imponer sentencias sin las garantías de justicia en especial con poco respeto a la presunción de inocencia. Una prensa independiente y libre de cualquier poder político o económico es indispensable. Si no existe se distorsiona la impartición de justicia, se contamina o se obstruye generando el efecto contrario a la defensa de la sociedad. La justicia no se banaliza.
Ello no quiere decir que no exista censura social sobre el manejo político de la mal llamada pareja presidencial del humalismo, ni que deje de investigarse severamente su presunto lavado de activos y menos que se deje pasar la soberbia y el descarado protagonismo que implicó la usurpación del poder por Nadine Heredia. Y por supuesto la responsabilidad del expresidente que la permitió. El elegido fue él y no ella y toda traición a la representatividad entregada por el voto popular es censurable. A lo que se agregarían contra él los gravísimos cargos por el caso Madre Mía.
El TC ha puesto las cosas en su sitio en un procedimiento en que los imputados estaban en prisión mientras otros personajes en casos similares llevaban su proceso en libertad. Para los Humala Heredia no hay acusación fiscal ni inicio de juicio. Que los juzguen, que les prueben los cargos y entonces que los pongan en prisión, no antes.
   


ANTICORRUPCIÓN 
Y DEBIDO PROCESO
En Correo el 28 04 2018
La decisión del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus interpuesto por Ollanta Humala y Nadine Heredia ha remecido el debate político con opiniones disímiles. Más allá del caso concreto el alto tribunal ha puesto límites a la imposición indiscriminada de la prisión preventiva que debería ser solo aplicada en casos extremos. En especial solo ante evidencias absolutas y peligro de fuga.
El Poder Judicial y el Ministerio Público están bajo los reflectores, deben impartir justicia dentro del debido proceso y la diligencia. El caso Lava Jato implica un alto nivel de exigencia al que no siempre pueden responder. Pero la legitimidad de su trabajo está en juego y con ella la confianza en este poder del Estado.
Esta sentencia del TC será un referente para muchos casos de corrupción. Los altos magistrados han estado bajo presión mediática  y política pero han hecho prevalecer su opinión informada. Los Humala Heredia eran los únicos en prisión mientras es conocido que casos similares no han tenido ni tienen el mismo trato. Una lección es que los magistrados deben ser inmunes a los juicios mediáticos, esos que se cumplen en los grandes medios que enarbolan sentencias adelantadas por periodistas que proponen e imponen conclusiones sin considerar la presunción de inocencia.
Bien por el TC que ha puesto los principios jurídicos por delante. No hay lucha legítima contra la corrupción sin respeto al debido proceso. Por ahí debemos comenzar. Ello no obsta para que censuremos con toda energía moral los desaguisados o posibles delitos de Nadine Heredia, su soberbia y su usurpación dolosa del poder que fuera asignado por elecciones libres a Ollanta Humala. No tenía el derecho a cogobernar como lo hizo ni el ex presidente debió permitirlo. Que el fiscal los acuse de una buena vez y comience el juicio. Que les prueben los delitos y después vayan a la cárcel. No antes.