sábado, 19 de mayo de 2018



LA POLÍTICA 
DE LA EMBOSCADA

En Correo el 19 de mayo 2018

Pasaron casi 18 años de ese 14 de setiembre del 2000 cuando un video bomba remeció al país. El asesor pagaba a Alberto Kouri, congresista elegido por la oposición, miles de dólares por su pase a las filas gobiernistas. Con la indignación general al tope se inició la caída de la dupla Fujimori Montesinos. Después se sabría de los numerosas cintas grabadas a los incautos que pasaron por la salita del SIN a quienes el superespía puso precio desde el preciso conocimiento de sus problemas financieros, personales, profesionales y demás. Todos premiados con los dineros del Estado por su perfidia y su traición con esa siniestra metodología que convirtió a Montesinos en el dueño de vidas y honras.

No ha sido suficiente este tiempo para internalizar el repudio a estos métodos. Los videos, keiko o kenyivideos, dieron a conocer el operativo de salvataje del expresidente PPK en las vísperas de una vacancia cantada. Congresistas negociando votos y prebendas hicieron renunciar al Presidente elegido para dar paso al nuevo gobierno de Martín Vizcarra. Hoy nadie quiere recordar las toneladas de lodo que cayeron no solo sobre el Ejecutivo sino también sobre el Legislativo y sus modalidades vedadas de enriquecimiento. En pleno proceso de desafuero de Kenyi Fujimori y sus avengers los jueces hoy proclaman su liderazgo anticorrupción sin aceptar que también ellos han sido tocados.
En otra muestra de la política artera de la emboscada. El operativo montado en el Lugar de la Memoria por el general Edwin Donayre tiende una trampa a una guía para presentarla como apologista del senderismo y la despiden. La estrategia de presentarse como víctima con un grupo de cómplices para provocar respuestas y grabarlas con cámara oculta no es edificante. Querían desprestigiar al LUM  y usaron los mismos métodos que para hacer caer un presidente. Eficiencia ante todo aunque los valores y la ética queden por los suelos.


LA PERFIDIA COMO POLÍTICA

En Político.pe el 19 de mayo 2018

La metodología de grabar con cámara oculta para tener las imágenes que permitirán chantajes, sobornos, resultados políticos es repudiable. Tenemos un gran maestro que dejó discípulos aplicados. Han transcurrido casi 18 años de ese 14 de setiembre del 2000 cuando las pantallas se llenaron de las imágenes que venían de un video bomba que remeció al país,  a sus cimientos sociales y políticos. Vimos al todopoderoso asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando miles de dólares a  Alberto Kouri Boumachar, congresista elegido por las filas del  opositor Perú Posible, por su pase a las filas gobiernistas. La indignación recorrió el país y ahí se inició la caída de la dupla Fujimori Montesinos.

Después se sabría de los numerosas grabaciones a los incautos que cayeron en sus redes, aquellos que pasaron por la salita del SIN, a quienes el superespía puso precio desde el preciso conocimiento que tenía de sus problemas financieros, personales, profesionales y demás. Todos fueron premiados con los dineros del Estado por su perfidia y su traición y quedaron para la historia de la infamia debido a la siniestra metodología que convirtió a Montesinos en el dueño de vidas y honras.

No ha sido suficiente este tiempo pasado para que la sociedad y la clase política internalicen el repudio de estos métodos. Están muy cercanas las imágenes de los keiko o kenyivideos, que dieron a conocer el operativo de salvataje del expresidente PPK en las vísperas de una vacancia cantada. Vimos grabados con cámara oculta a congresistas negociando votos y prebendas en una feria culposa que terminó con la renuncia del Presidente elegido para dar paso al nuevo gobierno de Martín Vizcarra.
Hoy nadie quiere recordar las toneladas de lodo que con esos videos cayeron sobre el Ejecutivo pero también sobre el Legislativo y sus modalidades vedadas de enriquecimiento. Estamos en pleno proceso de desafuero de Kenyi Fujimori y sus avengers pero los que hoy fungen de impolutos jueces y proclaman ser los líderes anticorrupción no quieren ver o aceptar que todo el Congreso ha sido tocado.
En otra muestra de la política artera de la emboscada hemos visto el operativo montado en el Lugar de la Memoria por el general Edwin Donayre que tendió una trampa a una guía para presentarla como apologista del senderismo. Y por ello consiguen no solo el despido de la guía sino también el de la funcionaria responsable de una institución creada para la reflexión social. En las antípodas de la búsqueda de la pacificación la estrategia de presentarse como víctima con un grupo de cómplices para provocar respuestas y grabarlas con cámara oculta no es para nadie edificante. Querían desprestigiar al LUM  y usaron los mismos métodos que para hacer caer un presidente.
Lamentable que el fujimorismo no aprenda las lecciones de la historia y que gente como el general Donayre sea celebrada en el afán de reescribirla apostando a la desmemoria o al desconocimiento. Quienes se pretenden héroes de la anticorrupción y salvadores de la patria no lo serán cuando nos retrotraen a las etapas más oscuras del país, usando sus mismos métodos.
Más lamentable aún que la ministra de Cultura haya cedido a este tipo de presiones y técnicas. Muy eficientes para los objetivos de distorsión o desinformación y también para desvalorizar la política al desligarla de la ética.

domingo, 6 de mayo de 2018




EL FINANCIAMIENTO 

DE LAS CAMPAÑAS

En Político.pe el 05 05 2018

La búsqueda de fondos es una tarea principal de los partidos o de los candidatos para hacer frente a las exigencias de la publicidad comercial. Sabemos que solo llega a un cargo de elección quien tiene medios económicos. El ciudadano íntegro, honesto, capaz y con voluntad para hacer algo por nuestro país está marginado si no tiene el dinero para hacer campaña. A imagen y semejanza de los procesos electorales norteamericanos estamos en medio de la democracia del dólar. Y de la corrupción totalmente ligada a este ejemplo.

Porque existen dos modelos o sistemas. Financiamiento privado ilimitado o limitarlo remplazándolo, en todo o en parte, por contribuciones estatales con regulación estricta.

En Estados Unidos el financiamiento privado es atractivo para todos los candidatos. Una verdadera industria electoral se activa a partir de las donaciones privadas. Y nada impide a los particulares y a las corporaciones hacer donaciones a los comités de acción política.

En Francia vemos el segundo modelo donde el financiamiento público es protagónico. Los fondos privados son estrictamente limitados: ni personas jurídicas ni extranjeros pueden contribuir. Todo ciudadano puede hacer donaciones a los partidos políticos o a los candidatos, que son deducibles de impuestos.

Tratan de favorecer el financiamiento ciudadano y no el corporativo. Más aún impulsan el financiamiento público compuesto de varios rubros que pueden ser reembolsados por el Estado. Los candidatos oficiales tienen derecho a una suma global de reembolso de los gastos de campaña bajo ciertas condiciones. Sólo tienen derecho a ello los candidatos que obtuvieron 5% del total de los votos válidos.

El financiamiento, público o privado, está sujeto a una regulación estricta cuyo principal objetivo es “la transparencia de la vida política”. La regulación busca favorecer la igualdad entre los candidatos, la prevención de la corrupción y de la privatización de la elección, así como el mantenimiento de la independencia en los poderes del Estado.

La reforma electoral sigue en el debate. Muerte civil para los que no declaren el financiamiento electoral y su uso, es una de las propuestas del Premier Villanueva. Puede ser eficaz para disuadir y enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Pero la reforma electoral debería lograr consenso parlamentario desde que es el tema central. No está en juego solo la corrupción, también la representatividad y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones. 

La consigna preventiva debe ser impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de presidentes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos. 

Esperemos.
  




LA REFORMA 
ELECTORAL


Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 5 de mayo 2018

Muerte civil a los que no declaren el financiamiento electoral y su uso es una de las propuestas del Premier Villanueva. Una forma de enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Y aunque la reforma electoral no tiene consenso parlamentario es el tema central. No solo la corrupción, también la representatividad está en juego y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones. Impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de gobernantes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos.

Estamos ante la madre del cordero. Las dudas son excesivas. Solo hay una certeza y es que las elecciones en nuestro país las domina el dinero. Los ciudadanos saben que quedan fuera si no tienen recursos para solventar campañas y en este objetivo los candidatos se hipotecan financiera y éticamente. Y los medios contribuyen a esta percepción porque todo recurso electoral llega a sus arcas empresariales.

Las prioridades están claras, toca definir si el financiamiento debe ser público o privado, directo o indirecto. El primero es la transferencia de dinero con un monto común para todos o proporcional según algún criterio como puede ser la cantidad de votos o los escaños obtenidos. El financiamiento indirecto puede ser la cesión de espacios en los medios, algún tipo de exención impositiva, etc. El financiamiento privado es el de mayor riesgo. Se infiltran los capitales del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, etc. Poner límites y/o prohibir donaciones privadas sobre instituciones o individuos extranjeros, contratistas del Estado y en especial las de fuentes anónimas. Países europeos como Francia limitan el financiamiento privado al mínimo. Esa es la vía a explorar junto al acortamiento de las campañas electorales. Ojalá.


martes, 1 de mayo de 2018


LA PRISIÓN PREVENTIVA
DEBE SER EXCEPCIONAL
En Político. pe el 29 04 2018
El abuso de la prisión preventiva está en el candelero después de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus demandado por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el Perú los penales están llenos de reclusos sin sentencia cuyos cargos no han sido probados en juicio y muchos ni siquiera tienen acusación fiscal.
La legitimidad de las sentencias o de los fallos del Poder Judicial y del Ministerio Público depende del debido proceso y del respeto a las garantías de justicia, entre ellas la presunción de inocencia y la celeridad. Es indispensable que toda sentencia de prisión se sustente siempre en delitos probados, es decir después del juicio correspondiente. Hay un abuso del recurso a la prisión preventiva y los magistrados del TC han establecido un referente hacia adelante. Luchar contra la corrupción de modo efectivo y eficiente requiere de una sólida institucionalidad dentro de la democracia y el estado de derecho. Esta es la base.
No es lo mismo que autoritarismo o arbitrariedad que no abona en ninguna eficacia modélica para la disuasión. La justicia no puede basarse en excesos ni abusos de poder. Las instituciones importan dicen los grandes organismos multilaterales y en el caso presente un tribunal alto e inapelable ha puesto su opinión informada por encima de las presiones mediáticas y políticas, como debe ser.
Porque no pueden imponerse los juicios mediáticos. Aquellos que permiten que medios y periodistas sean los que diriman sumariamente y pretendan imponer sentencias sin las garantías de justicia en especial con poco respeto a la presunción de inocencia. Una prensa independiente y libre de cualquier poder político o económico es indispensable. Si no existe se distorsiona la impartición de justicia, se contamina o se obstruye generando el efecto contrario a la defensa de la sociedad. La justicia no se banaliza.
Ello no quiere decir que no exista censura social sobre el manejo político de la mal llamada pareja presidencial del humalismo, ni que deje de investigarse severamente su presunto lavado de activos y menos que se deje pasar la soberbia y el descarado protagonismo que implicó la usurpación del poder por Nadine Heredia. Y por supuesto la responsabilidad del expresidente que la permitió. El elegido fue él y no ella y toda traición a la representatividad entregada por el voto popular es censurable. A lo que se agregarían contra él los gravísimos cargos por el caso Madre Mía.
El TC ha puesto las cosas en su sitio en un procedimiento en que los imputados estaban en prisión mientras otros personajes en casos similares llevaban su proceso en libertad. Para los Humala Heredia no hay acusación fiscal ni inicio de juicio. Que los juzguen, que les prueben los cargos y entonces que los pongan en prisión, no antes.
   


ANTICORRUPCIÓN 
Y DEBIDO PROCESO
En Correo el 28 04 2018
La decisión del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus interpuesto por Ollanta Humala y Nadine Heredia ha remecido el debate político con opiniones disímiles. Más allá del caso concreto el alto tribunal ha puesto límites a la imposición indiscriminada de la prisión preventiva que debería ser solo aplicada en casos extremos. En especial solo ante evidencias absolutas y peligro de fuga.
El Poder Judicial y el Ministerio Público están bajo los reflectores, deben impartir justicia dentro del debido proceso y la diligencia. El caso Lava Jato implica un alto nivel de exigencia al que no siempre pueden responder. Pero la legitimidad de su trabajo está en juego y con ella la confianza en este poder del Estado.
Esta sentencia del TC será un referente para muchos casos de corrupción. Los altos magistrados han estado bajo presión mediática  y política pero han hecho prevalecer su opinión informada. Los Humala Heredia eran los únicos en prisión mientras es conocido que casos similares no han tenido ni tienen el mismo trato. Una lección es que los magistrados deben ser inmunes a los juicios mediáticos, esos que se cumplen en los grandes medios que enarbolan sentencias adelantadas por periodistas que proponen e imponen conclusiones sin considerar la presunción de inocencia.
Bien por el TC que ha puesto los principios jurídicos por delante. No hay lucha legítima contra la corrupción sin respeto al debido proceso. Por ahí debemos comenzar. Ello no obsta para que censuremos con toda energía moral los desaguisados o posibles delitos de Nadine Heredia, su soberbia y su usurpación dolosa del poder que fuera asignado por elecciones libres a Ollanta Humala. No tenía el derecho a cogobernar como lo hizo ni el ex presidente debió permitirlo. Que el fiscal los acuse de una buena vez y comience el juicio. Que les prueben los delitos y después vayan a la cárcel. No antes.

sábado, 28 de abril de 2018


LA PRISIÓN PREVENTIVA
DEBE SER EXCEPCIONAL
En Político.pe el 28 04 2018
El abuso de la prisión preventiva está en el candelero después de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus demandado por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el Perú los penales están llenos de reclusos sin sentencia cuyos cargos no han sido probados en juicio y muchos ni siquiera tienen acusación fiscal.
La legitimidad de las sentencias o de los fallos del Poder Judicial y del Ministerio Público depende del debido proceso y del respeto a las garantías de justicia, entre ellas la presunción de inocencia y la celeridad. Es indispensable que toda sentencia de prisión se sustente siempre en delitos probados, es decir después del juicio correspondiente. Hay un abuso del recurso a la prisión preventiva y los magistrados del TC han establecido un referente hacia adelante. Luchar contra la corrupción de modo efectivo y eficiente requiere de una sólida institucionalidad dentro de la democracia y el estado de derecho. Esta es la base.
No es lo mismo que autoritarismo o arbitrariedad que no abona en ninguna eficacia modélica para la disuasión. La justicia no puede basarse en excesos ni abusos de poder. Las instituciones importan dicen los grandes organismos multilaterales y en el caso presente un tribunal alto e inapelable ha puesto su opinión informada por encima de las presiones mediáticas y políticas, como debe ser.
Porque no pueden imponerse los juicios mediáticos. Aquellos que permiten que medios y periodistas sean los que diriman sumariamente y pretendan imponer sentencias sin las garantías de justicia en especial con poco respeto a la presunción de inocencia. Una prensa independiente y libre de cualquier poder político o económico es indispensable. Si no existe se distorsiona la impartición de justicia, se contamina o se obstruye generando el efecto contrario a la defensa de la sociedad. La justicia no se banaliza.
Ello no quiere decir que no exista censura social sobre el manejo político de la mal llamada pareja presidencial del humalismo, ni que deje de investigarse severamente su presunto lavado de activos y menos que se deje pasar la soberbia y el descarado protagonismo que implicó la usurpación del poder por Nadine Heredia. Y por supuesto la responsabilidad del expresidente que la permitió. El elegido fue él y no ella y toda traición a la representatividad entregada por el voto popular es censurable. A lo que se agregarían contra él los gravísimos cargos por el caso Madre Mía.
El TC ha puesto las cosas en su sitio en un procedimiento en que los imputados estaban en prisión mientras otros personajes en casos similares llevaban su proceso en libertad. Para los Humala Heredia no hay acusación fiscal ni inicio de juicio. Que los juzguen, que les prueben los cargos y entonces que los pongan en prisión, no antes.



ANTICORRUPCIÓN 
Y DEBIDO PROCESO
Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 28 04 2918
La decisión del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus interpuesto por Ollanta Humala y Nadine Heredia ha remecido el debate político con opiniones disímiles. Más allá del caso concreto el alto tribunal ha puesto límites a la imposición indiscriminada de la prisión preventiva que debería ser solo aplicada en casos extremos. En especial solo ante evidencias absolutas y peligro de fuga.
El Poder Judicial y el Ministerio Público están bajo los reflectores, deben impartir justicia dentro del debido proceso y la diligencia. El caso Lava Jato implica un alto nivel de exigencia al que no siempre pueden responder. Pero la legitimidad de su trabajo está en juego y con ella la confianza en este poder del Estado.
Esta sentencia del TC será un referente para muchos casos de corrupción. Los altos magistrados han estado bajo presión mediática  y política pero han hecho prevalecer su opinión informada. Los Humala Heredia eran los únicos en prisión mientras es conocido que casos similares no han tenido ni tienen el mismo trato. Una lección es que los magistrados deben ser inmunes a los juicios mediáticos, esos que se cumplen en los grandes medios que enarbolan sentencias adelantadas por periodistas que proponen e imponen conclusiones sin considerar la presunción de inocencia.
Bien por el TC que ha puesto los principios jurídicos por delante. No hay lucha legítima contra la corrupción sin respeto al debido proceso. Por ahí debemos comenzar. Ello no obsta para que censuremos con toda energía moral los desaguisados o posibles delitos de Nadine Heredia, su soberbia y su usurpación dolosa del poder que fuera asignado por elecciones libres a Ollanta Humala. No tenía el derecho a cogobernar como lo hizo ni el ex presidente debió permitirlo. Que el fiscal los acuse de una buena vez y comience el juicio. Que les prueben los delitos y después vayan a la cárcel. No antes.

sábado, 21 de abril de 2018



PACTO SOCIAL 
CON PROBLEMAS


En Correo, el 21 de abril 2018

Martín Vizcarra ha entrado con buen pie a esta nueva etapa política de esperanza y moderación para la estabilidad política. El conflicto de poderes que vivimos desde el 28 de Julio 2016 hasta el 23 de Marzo 2018 parece quedar atrás. En mensaje corto pero convincente puso las prioridades más sentidas, la lucha contra la corrupción, la educación, la estabilidad institucional y la recuperación de la gobernabilidad. 

"Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador" Esta frase es todo un programa de gobierno que implica hacer política permanente y legitimarse ante el pueblo. Y lo está haciendo con un nuevo estilo de encontrarse con la gente y de viajar al interior, algo que los últimos presidentes olvidaron hacer. Bien por el Ejecutivo pero en el Legislativo la historia es diferente. Fuerza Popular ya no es la superbancada que fue y sus líderes están despintados, los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino del poder. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko disminuyó ostensiblemente su aprobación. Todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción. Las turbulencias están en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura. Y están obligados a darlo.

Vizcarra pide diálogo con un gabinete de técnicos no de políticos, con operadores que conocen su sector. Pero el telón de fondo, el factor que no está funcionando es la justicia que altera o determina la política. El Poder Judicial marca malamente el paso sin dar confianza en jueces y fiscales que juegan con penas y libertades. Por ahí falla el posible pacto social. Los desaciertos son severos. Generan injusticias claras y descontento absoluto. La judicialización de la política desestabiliza. Lamentablemente.