VUELVE 

LA REVOLUCION SOCIAL

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo del 30 09 17

Esta semana PPK aseguró que la Revolución Social es la única forma de lograr la reconciliación nacional. Muy cierto y muy importante. Pero la credibilidad del mandatario ha bajado, su discurso ya no tiene el mismo impacto. No es que sea menos necesaria, más que nunca es importante garantizar el acceso de todos los peruanos a los servicios del Estado para asegurar la paz y armonía social.

Durante el homenaje a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia PPK indicó que solo cuando los niños tengan una buena educación, haya una salud pública eficiente, agua potable y caminos, se tendrá paz en el país. Pero ¿qué está pasando con los miles de peruanos afectados en el norte que después de muchos meses siguen abandonados a su suerte a la espera de la famosa reconstrucción con cambios que no debe demorar pues se trata de necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud. Los módulos para vivienda entregados han generado justificadas críticas y sospechas de malos manejos. Bien dice PPK que si no hay atención básica habrá semillas para “ideologías malignas” y por ello el abandono debe  ser superado a comenzar por los más necesitados.

Tan importante como activar la memoria y los reconocimientos para los servidores públicos que prestaron servicios esenciales y nos devolvieron la esperanza es recuperar la confianza. Aunque no lleguemos todavía al ideal de la revolución social es esencial que PPK demuestre que estamos en la buena senda. Si queremos seguridad y existe dinero para la atención básica ¿por qué el norte afectado sigue sin ser atendido? 

Es cierto que la mayoría de la gente quiere seguridad, prosperidad y educación, que todos buscamos desterrar los extremismos. Toca al gabinete Araoz activar la esperanza y presentar ante el Congreso un Plan de Trabajo creíble para la zona afectada. Que pasen del discurso a la acción.

LA SUNEDU 

ATACA DE NUEVO

En Político.pe el 30 09 17

En la Comisión de Educación del Congreso presidida por Paloma Noceda se encuentran en debate seis proyectos de ley en torno a la supresión o a la modificación del artículo 84 de la Ley 30220, Ley Universitaria, que señala que “la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.”

Sin atender este debate congresal la SUNEDU acaba de publicar en el diario oficial una Resolución de Consejo Directivo 034 2017 SUNEDU de 25 de setiembre por la cual pretende imponer criterios para supervisar el límite de edad para la docencia y para los cargos administrativos ocupados por docentes mayores. Es una norma inútil que aborda el supuesto objetivo principal en unas cuantas generalidades mientras el resto de la Resolución lo dedica a conseguir que salgan de los cargos quienes han superado los 70 años.

La SUNEDU que venía mostrando cierta ponderación pasa por  alto el debate parlamentario y las palabras del mismo Presidente de la República que hay dicho que el límite debe ser elevado a 75 años. ¿Es que no existe comunicación ni coordinación al interior del Ejecutivo? ¿Qué dice el Ministro Idel Vexler de esta Resolución que lo desautoriza pues tantas veces se ha pronunciado por la meritocracia y la calidad de la educación superior? Le toca poner orden en su sector y en su lugar a la SUNEDU que ignora el momento y el debate político y crea profundo malestar en la universidad pública.

De hecho el tema no está resuelto y ha generado muchos problemas dado que no existe reglamento para la evaluación de los docentes mayores ni presupuesto para atender a quienes pasan a la categoría de extraordinarios.

Este 22 de septiembre el Pleno Nacional de Rectores de las universidades públicas y privadas, que integran la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, analizó la situación a tres años de la Ley 30220 y demandó la férrea defensa de la autonomía universitaria. Para ello invocaron al Ejecutivo y al Legislativo la inmediata modificación de esta Ley que entre otros aspectos permite una grosera intromisión en la autonomía universitaria que según el Tribunal Constitucional se manifiesta en la autorregulación.

La edad, por sí misma, no constituye el único criterio para evaluar el rendimiento de un docente universitario, es evidente que la calidad de su enseñanza no está relacionada con ella. Ningún profesor universitario es bueno o malo por la edad sino por los grados académicos, la actividad investigadora, sus publicaciones, entre otros. Si es necesario evaluar el desempeño profesional de los docentes no puede hacerse usando mecanismos restrictivos del derecho al trabajo. Sobre todo no condenar al docente mayor a la indigencia como pretende la SUNEDU que va más allá de la Ley al señalar que si la universidad tiene ya el 10% de docentes extraordinarios el resto se va a la calle sin evaluación.

El Ministro Vexler debe conocer que la constitucionalidad de la Ley 30220, sobre el límite de la docencia en la universidad pública, no fue refrendada por el pleno del TC. Los magistrados Blume, Miranda Canales, Ramos y Espinoza Saldaña se pronunciaron en voto singular contra el proyecto firmado en mayoría en este tema preciso. De los cinco firmantes de la Sentencia cuatro votaron contra fijar una edad máxima para la docencia.

Y es que la capacidad del docente no depende única y exclusivamente de factores temporales. Corresponderá al Congreso suprimir el absurdo límite de edad fijado en la Ley Universitaria para dejar que las universidades en ejercicio de la autorregulación tomen las mejores decisiones. Y corresponderá al Ministro Idel Vexler suspender o anular esta absurda Resolución de la SUNEDU que siembra mayor discordia y conflicto en la universidad pública. Antes que el tema pase a mayores.

NI DISOLVER 

NI VACAR

Mi columna Hoja de Tiempo en Correo el 23. 09. 2017

El cinco de abril de 1992 Alberto Fujimori rompió la constitucionalidad y disolvió el Congreso bicameral además de intervenir el Poder Judicial. Concentró todo el poder y el impacto de este extremo gesto político se reflejó durante la década en arbitrariedad y excesos con un régimen que se legitimó con el llamado Congreso Constituyente Democrático y con una nueva Constitución. Pero ningún peruano de bien quisiera que lo sucedido se repitiera en nuestro país.

25 años después es el Presidente del Congreso, Luis Galarreta, perteneciente a la bancada fujimorista el que llama a no permitir ni tolerar golpes de Estado. Y a fortalecer el control político y la fiscalización que Alberto Fujimori no quiso aceptar en su momento.

Excelente discurso. Nadie podría estar en contra de que el Parlamento del actual quinquenio represente un “contrapeso político”. Paradójico que sea un fujimorista el que lamente las interrupciones a la democracia ya que la última de ellas estuvo a cargo del mentor de su partido. Muy bien que diga que nunca más debemos permitir ni tolerar los golpes de Estado. Igualmente loable resaltar la necesidad de fortalecer y consolidar las funciones de legislar, representar y fiscalizar. Pero como bien ha dicho la flamante Primera Ministra, Mercedes Araoz, todo el país espera que esas funciones legales y legítimas se cumplan con responsabilidad, sin arriesgar con el dominio numérico la estabilidad y la gobernabilidad indispensables para cumplir con los objetivos nacionales.

El equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo es un principio democrático y una necesidad. Al parecer se estaría logrando después de la remodelación ministerial que siguió a la caída del Gabinete Zavala. Y este equilibrio debería ser conservado con respeto y moderación para dejar atrás amenazas y temores de soluciones extremas como podrían ser la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Ambos significan jugar con fuego.

EDUCAR 

PARA PACIFICAR

Publicado en Político.pe el 23 09 2017

Mucho se habló de la excesiva politización del Tribunal Constitucional cuando falló por la inconstitucionalidad del Reglamento del Congreso con fuerza de Ley que penalizaba el transfuguismo violando derechos y deberes de algunos representantes elegidos. Ahora el máximo tribunal demuestra que sabe hacer Política no partidaria pero sí gran Política.

En histórica sentencia del 14 de marzo pasado el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Educación implementar un Plan de Acción al 2021 para asegurar el acceso a la educación de la población en zonas rurales de extrema pobreza, dando cuenta cada seis meses.

La sentencia considera que el estado de cosas que vivimos en el ámbito educativo es inconstitucional. Y con ello se refiere a la escasa disponibilidad y accesibilidad a la educación de las personas que viven en extrema pobreza en el ámbito rural.

Con argumentación precisa ordena al Ministerio de Educación que diseñe, proponga y ejecute un Plan de Acción que en un plazo máximo de cuatro años, que vence el 28 de julio de 2021, año del Bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema pobreza del ámbito rural, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica.

Les corresponderá a ambos poderes, el Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, realizar las gestiones que aseguren dicho Plan de Acción. El MINEDU deberá informar al Tribunal Constitucional, cada 6 meses, del avance de lo dispuesto en esta sentencia que representa un notable avance para el cumplimiento del ideal constitucional de un Estado que de educación para todos.

Esta es la forma de contrarrestar la pobreza y la violencia. De avanzar en el desarrollo y pacificar. Y es un buen momento político para que se implemente desde que favorece a los sectores más vulnerables a los radicalismos. Más aún cuando acaba de ingresar un nuevo Ministro de Educación como Idel Vexler, experto en políticas públicas para este sector controvertido y difícil.

Dada su capacidad e independencia, el nuevo titular podrá aplicar sus ideas, ojalá sin ser acusado de oponerse a la reforma meritocrática en la educación primaria. Y en la educación superior podrá velar por la autonomía universitaria y el apoyo a la universidad pública como ha ofrecido.

Soplan nuevos vientos en la educación peruana. Pero al mismo tiempo se constata la orquestación de ataques mediáticos contra Vexler por haber sido crítico de la gestión de Jaime Saavedra, tan elogiada  por la mayoría de la prensa. No se quiere recordar que durante la conducción de Saavedra en el MINEDU se generaron muchos problemas y en la universidad pública nunca hubo tantos conflictos.

La expectativa se justifica. El Perú necesita el mayor énfasis en la educación básica y secundaria pero también en la universitaria. El Tribunal Constitucional así lo ha entendido y ha entregado a los políticos un aporte sustantivo para la igualdad de oportunidades que caracteriza a todo Estado democrático.

Promover educación de calidad para todos los sectores es comenzar a construir la sociedad que queremos, sin pobreza ni violencia. Verdaderamente pacificada para el desarrollo.  

¿UN NUEVO COMIENZO?

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo del 16 09 17

¿Quién gobierna el Perú? Esta pregunta circula en medios extranjeros. ¿Es el presidente PPK, elegido para evitar que los fujimoristas se auparan también en el Ejecutivo, después de haber ganado holgadamente la mayoría absoluta en el Congreso? ¿O es Keiko Fujimori quien después de pedir públicamente a PPK el cambio ministerial lo ha determinado con sus huestes congresales quitándole la confianza al gabinete Zavala?

Parece que ninguno de ellos gobierna, al final son los termocéfalos que rodean a las cúpulas los que quieren llevar al país al anarquizante dilema de la vacancia presidencial o el cierre del congreso. El resultado de la colisión extrema de poderes es la suma cero. Nadie gana, menos el país. 

El conflicto político ha escalado y muchos predicen una nueva elección parlamentaria en la que el fujimorismo sin Kenyi se fortalecería tornando una elección congresal en pre presidencial. No es tan cierto ni tan fácil. Sin hablar del escándalo Lava Jato que podría alcanzar a KF, el fujimorismo ha visto en riesgo su poder por la sentencia del TC que permite la división de las bancadas incluyendo la de Fuerza Popular hasta ahora avasalladoramente sólida. La mordaza gráficamente denunciada por Kenyi Fujimori no les anuncia buenas nuevas. Uno de los últimos gestos de la superbancada naranja podría haber sido el rechazo de la confianza para tumbar al gabinete Zavala a fin de mostrarse implacables con el Gobierno. 

El desafío está planteado y la bola está en el campo de PPK que debería dejar de lado su terquedad en mantener a tecnócratas que no dan fuego político. PPK necesita coherencia, calidad y disciplina en sus filas. Tiene la sartén por el mango y podría optar por un gabinete de ancha base para enfrentar un fujimorismo que pronto podría estar dividido. Así haría de la crisis de hoy un nuevo comienzo. Del limón una limonada.

OPCIONES 

NO PREDICCIONES

En Político.pe del 16 09 17

La discrepancia enriquece el debate. Mi muy admirado y querido amigo César Campos afirma en este mismo portal que Mario Vargas Llosa debe purgar por siempre y para siempre por sus torpes padrinazgos. Y habla de condena moral. Palabras demasiado duras sin fundamento. Nuestro Nobel expresó sus opiniones en situaciones preelectorales, opciones que no fueron aisladas, por el contrario fueron compartidas por millones de ciudadanos que votamos por el anti en este caso para evitar que el fujimorismo se entronizara nuevamente como gobierno.

Si esas opiniones -que César llama padrinazgos- influyeron en las votaciones no creo que definieran un cambio radical en el voto. Y menos aún creo que alentar una opción electoral determine responsabilidad respecto del gobierno que de ella saldrá, o de las cualidades o flaquezas demostradas por cada gobernante.

Los casos de Alejandro Toledo y de Ollanta Humala llegados al gobierno en oposición al fujimorismo no eran de ruta previsible. Si tuviéramos la facultad de adelantarnos al futuro nos quedaríamos sin elecciones, sin candidatos y sin votos.

Millones de peruanos votamos por Toledo y por Humala y nada hacía prever sus corruptelas. Un drama nacional que sentimos y repudiamos, imputable a las acciones personales de cada uno, para nada responsabilidad de los votantes y menos de quienes favorecieron sus candidaturas como padrinos o como partidarios.

Los elogios prodigados por Mario Vargas Llosa a Alejandro Toledo cuando le tocó, por azar, conducir la lucha contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no son punibles. Tampoco los que dirigió a Ollanta Humala y Nadine Heredia de quienes, como muchos, esperó mucho más. No es difícil entender qué Vargas Llosa se sienta sorprendido o decepcionado cuando todos los peruanos lo estamos. Es cierto que en la campaña electoral del 2001 se mostraron evidencias de la personalidad del candidato de Perú Posible pero estábamos en una campaña en la que las imputaciones falsas venían desde atrás y por cierto de una maquinaria fujimontesinista muy bien puesta y aceitada como bien vimos  en la década anterior. No creímos en esos momentos en que nos unimos en los ataques contra Toledo losque posteriormente ganaron credibilidad con los casos lamentables de su hija Zaraí y del aprovechamiento de la plata donada por George Soros para la recuperación democrática del país.

Justamente con César estuvimos durante largos años luchando por esa recuperación desde el Foro Democrático y conocimos del accionar punible del fujimontesinismo. Ahora muchos apuestan por el olvido de lo sucedido en esa década funesta pero no todos seguimos la senda del olvido, la permisividad y la tolerancia.

Mario Vargas Llosa no formó parte del gobierno de Toledo, es arbitrario acusarlo de oportunista. Si lo aconsejó con nombres como Roberto Dañino y Beatriz Merino tendríamos que agradecerle porque fueron excelentes, íntegros y leales primeros ministros republicanos que no podían siquiera imaginar lo que hoy estamos presenciando. Es más, muchos respetados y respetables políticos que hoy nos gobiernan, estuvieron en el gobierno de Toledo y no por ello les imputaríamos una corrupción que hasta ahora se revela personal.

Vargas Llosa es un gran escritor pero no es adivino ni futurólogo. Recomendó las opciones que creyó mejores. Su anti, en este caso contra el fujimorismo, sigue siendo razonable y necesario si cree, como millones de peruanos, que debemos evitar que nuestro país vuelva a pasar por el drama nacional que vivimos entre 1990 y el 2000.

LOS TRÁNSFUGAS

Mi columna HOJA DE TIEMPO del 09 09 17

Los tránsfugas continúan en el candelero, la filtración de la supuesta sentencia del Tribunal Constitucional que les devolvería su derecho a formar o integrar bancada, más otros derechos inherentes a su representación, los ha devuelto a la vida política y los ha rescatado del limbo en que los había colocado el reglamento del Congreso. Han dejado de ser parias para ser nuevamente protagónicos. Y aunque la sentencia del TC aún no se conoce han recuperado posiciones.

La Real Academia Española considera tránsfuga a la persona que huye de una parte a otra o que se pasa de un partido a otro. En el Perú, el transfuguismo tuvo su momento cumbre cuando se conoció el famoso video Kouri Montesinos en que se veía al súper asesor de Alberto Fujimori comprando el pase de un parlamentario elegido por la oposición a la bancada del fujimorismo. Con este método Montesinos logró completar el número de congresistas para seguir con un Congreso incondicional, maniatado y sumiso. Lograron así la mayoría parlamentaria que el pueblo les negó en las urnas. A diferencia de esos tiempos declinantes hoy el fujimorismo es dominante, avasallador con su mayoría de más de setenta parlamentarios y necesita desalentar a quienes quieran dejar su bancada aunque sea para formar otra del mismo signo.

La discusión en el TC esconde la pugna interna entre Keiko Fujimori y su challenger Kenyi Fujimori. Sin diferencias sustantivas disputan el liderazgo de la oposición que hoy encarna la hija mayor de AFF más por números que por ideas o propuestas.

Pero también se juega el fraccionamiento de la representación nacional en tantas bancadas como sea posible conforme a las ambiciones de los privilegios y prebendas que existen en la escuelita parlamentaria que, no olvidarlo, está siendo vigilada por el país. Veremos si la pugna por una mejor ubicación significa dar la espalda o no a los electores propios.

LA CURUL VACÍA

En Político.pe del 08 09 17

Una cosa es ser tránsfuga preelectoral y otra postelectoral. Los primeros abandonan sus partidos para entrar a una lista de otro partido. Los segundos lo hacen después de ser elegidos movidos más por ventajas personales o de grupo sin mayor argumento político o ideológico. Menos aún legal o ético. A ellos se les aplica el Reglamento del Congreso de octubre del año pasado que les impide “constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados de la bancada, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos”.

Poe eso los tránsfugas pidieron al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad y parecería que la han conseguido. Pero no les será tan fácil hacer abstracción del partido o agrupación política que los llevó a conseguir la representación en el congreso. Y de seguro de las condiciones que firmaron al inscribirse para la elección. La Constitución dispone la representación proporcional de los partidos políticos o grupos inscritos. Que concuerda con otra que dice: “Tales organizaciones (partidos, movimientos, alianzas) concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.”

¿A quién pertenece el escaño parlamentario? ¿Al partido que lo propone como representante o a la persona que gana la representación?

Hay una relación con los partidos de origen que no queda descartada cuando salen de ellos para opinar y votar como quieran, incluso contra los partidos por los cuales fueron elegidos. Pero ese debate no se está dando. La contradicción entre pertenencia y sujeción a un partido y libertad de opinión y voto, requiere de una interpretación de los artículos relativos a la elección y a la función representativa.

Hay que asegurar a los representantes legislativos la libertad de opinión y voto sin posibilidad de ser sancionados por ella pero al mismo tiempo velar por la autonomía de Poder Legislativo que no debería ser feudo de ningún partido.

La Constitución no impone a los congresistas la obligación de mantenerse en los partidos o grupos por los cuales son elegidos pero tampoco da libertad para el transfuguismo parlamentario. Si queremos limitar o impedir el aventurerismo, que hemos padecido demasiado tiempo, deberíamos abordar este debate una vez que el Tribunal Constitucional publique su sentencia que como sabemos es de obligatorio acatamiento conforme a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.

SOLO ACATAR

En Correo el 01 de septiembre del 2017

El Tribunal Constitucional habría tomado su decisión sobre la  ley anti tránsfugas que de concretarse cambiaría el escenario político y en especial el parlamentario. 

El TC estaría respaldando la plena representatividad de los congresistas y su no sujeción a mandato imperativo. No cae nada bien a los fujimoristas que el TC obligue a modificar el reglamento interno  del Congreso cuya fuerza de ley han usado para imponerse por número, sin que el Ejecutivo tenga la capacidad de ser un contrapeso real. 

El Congreso no puede desacatar la sentencia del TC aunque contradiga su voluntad de no debilitar su fuerza parlamentaria, de impedir que alguno salga de su bancada y de disminuir hasta la irrelevancia las atribuciones de representación, fiscalización y legislación de los disidentes.

Pretender castigarlos con la marginalidad, reducir al tránsfuga a un paria al que nadie recibe ni tiene en cuenta es una violación extrema de la libertad de expresión y del libre albedrío de un congresista llegado al Parlamento por votos ciudadanos a cumplir una misión, no para ser condenado al ostracismo.

La sentencia del TC provocará un terremoto en el Congreso respecto de las presidencias de Comisiones pero sobre todo por la posibilidad de otra bancada K, en este caso kenyista, que eliminaría la supremacía absoluta del keikismo. 

No pueden desobedecerla a riesgo de  violar el Estado de Derecho que ellos personifican superlativamente. Bien dice el Art 45° “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. No hay más. 

Toda autonomía, mandato o acción se subordina a la Constitución, nunca por encima de ella. Si el TC declara la inconstitucionalidad debe ser obedecido, de rey a paje. El Estado de Derecho no se sujeta a gustos, intereses o voluntades, aunque sean de connotados congresistas.