ANTIREFORMA CNM

Mi columna HOJA DE TIEMPO publicada en Correo el 05 08 17

PPK entregó al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, cambiar su conformación y los requisitos para ser miembros pero en el camino elimina la representatividad social y el pluralismo que le dieron los constituyentes. Necesitamos un Poder Judicial distinto, idóneo y transparente y para ello debemos mejorar el ingreso y la permanencia en la carrera judicial o fiscal, modificar la composición y funciones del CNM, perfeccionar el proceso de nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Pero no es fácil, requiere de una reforma constitucional que implica el respaldo de al menos 87 congresistas y de dos legislaturas consecutivas.

Se trata de incrementar en autoridad moral e independencia al CNM y lo primero a evitar es que el interés político partidista distorsione la representatividad de sus miembros. Esto es clave en cualquier reforma. Lamentablemente la propuesta de PPK es lo primero que arriesga. Habrá politización si hay intervención directa del Congreso y del Ejecutivo. Y no es nuevo, lo hemos visto cuando el Senado elegía las altas autoridades, el mercadeo era patente y las cuotas partidarias también.

El proyecto de PPK no ha sido discutido en el Acuerdo por la Justicia ni han sido escuchadas las entidades involucradas. Pretende sustituir la participación social que le da la Constitución por la participación política del Estado a través de representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Los cambios deben darse sólo para mejorar la participación social y hacerla más calificada y no para retroceder. Que concurran a esa institución fundamental, abogados, universidades y facultades de derecho pero también entidades mayores como la CONFIEP o la CGTP para ganar en pluralismo. 

Muy importante constatar que el propio CNM asume la necesidad de su perfeccionamiento y ha elaborado un proyecto que hemos tenido a la vista, importante y con mucho conocimiento  de lo que buscan y proponen. Pero el gobierno ni lo ha visto ni tiene capacidad de escuchar. Lamentable. 

LA CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL

Publicado en Político.pe el 04 08 17 

Comienza el segundo año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el optimismo por la revolución social que prometió ha amainado hasta casi desaparecer. Es cierto que nos han atacado las siete plagas, desde el Niño Costero hasta el inenarrable Lavajato que dolorosamente ha cobrado víctimas presidenciales. Hay retroceso evidente y el escenario sigue siendo adverso y complejo para el régimen.

Para enfrentarlo requiere gente con dedos de organista, de políticos que además de tocar la flauta sepan escuchar, dialogar y decidir sin retrocesos. Si PPK hace oídos sordos a este reclamo, que le llega de todos los sectores lúcidos, y prefiere regocijarse con tecnócratas aplicados al juego de las sillas en un recinto estrecho, intercambiando a la misma gente que no ha mostrado habilidades políticas, entonces que no se asombre si las cosas van mal.

Tampoco han mostrado capacidad para atender el disenso y la conflictividad, que es la otra cara de la política, que hoy amenaza con desestabilizar al país. Las protestas están en las calles motivadas por inquietudes populares a las que alguien debería responder y no ignorar y menos reprimir. PPK solo escucha a los tremendistas que le hablan de disolver el Congreso de la República en respuesta a la voluntad de censurar, y derribar ministros. O lo atemorizan con la vacancia presidencial.

No estamos en eso. El escenario más difícil no es el formal, es el popular. PPK debe escuchar a la gente. Más allá de los conflictos de intereses que acentúan la percepción de presidir un gobierno lobbysta debe aceptar que hay una conflictividad  desatada en las huelgas de maestros y médicos ahora y en la de los sindicatos mineros que se anuncian en todos los tonos. Las dos primeras exigen manejo político inmediato y voluntad de equidad. Los reclamos no son banales, se repiten desde hace varios gobiernos y es una realidad que los sueldos de médicos y maestros son mínimos. Médicos que estudian quince años para ganar en los hospitales del MINSA como máximo cuatro mil soles. Docentes que deben trabajar en dos o tres lugares para reunir lo necesario para atender sus hogares tienen como tope dos mil soles. Estas son realidades concretas. Y si hay dinero por qué no atender estos reclamos justos. Las Ministras de Salud y de Educación están siendo desafiadas en sus habilidades políticas y les toca demostrar que las tienen aunque todo el país lo dude.

Felizmente la huelga de maestros parece llegar a su fin. Y en buena hora porque en sectores movidos y rebeldes puede sentar raíces los extremismos como ha sucedido con el Comité Nacional de Lucha y Reorganización y Reorientación, CONARE- Sutep, visto como fachada del MOVADEF.

Solo haciendo política se puede neutralizar la estrategia de radicalizar las demandas y reivindicaciones sociales. Si se quiere evitar la colisión con el gobierno hay que escuchar y ver cómo claramente crece en las calles una estrategia cuestionadora del poder que no le hace ascos a la inestabilidad.

Por eso los inversionistas nacionales, y lo ha dicho bien el Presidente de CONFIEP, Roque Benavides, no están satisfechos, ni confiados. Tampoco lo están los inversionistas extranjeros. Los tiempos económicos y políticos se anuncian difíciles. Pero el Perú no es una empresa. Hay que hacer política. Y si no hay revolución social por lo menos que haya oídos para escuchar.

DÉFICIT DE ESPERANZA

Mi columna en Correo, el 29 de julio del 2017

Estas fiestas patrias eran una gran oportunidad para el Presidente Pedro Pablo Kuczynski para superar la crisis de liderazgo personal y las deficiencias políticas evidentes en sus equipos de gobierno tanto en el Ejecutivo y el Legislativo.

Su cambio ministerial resultó insuficiente. Es una permuta de sillas dentro de su pequeño grupo sin alterar su esencia tecnocrática. Perdió, además, la ocasión de convertir su gabinete en el reflejo cabal y eficiente del espectro político lo que le hubiera dado la ancha base suficiente para enfrentar la reconstrucción en el norte y el desastre moral generado por el escándalo Lavajato. Era un resultado esperable del diálogo con las diversas tiendas, pero no se dio.

En su mensaje ante el Congreso PPK abordó la reconstrucción con cambios pero la realidad manda y han pasado varios meses y ni uno ni otro aparecen todavía, miles de damnificados continúan en carpas y sin recibir atención.

Habló si de las muchas esperanzas para recuperar el crecimiento económico. Un masivo programa de agua y desague y el destrabe de los proyectos emblemáticos. Pero su mensaje no alcanzó para el crecimiento ligado a la recuperación de la confianza de los inversionistas privados.

Tampoco tuvo la contundencia esperada la lucha contra la corrupción, la gente exige acciones concretas pero las mencionadas aparecen exiguas. Asimismo se refirió al diálogo político pero hasta ahora no vemos resultados más allá de la foto. La reforma política espera.

No se trata solo de discurso, se exige práctica y consecuencia. Hace un año tuvimos una gran inyección de esperanza, su  segundo mensaje ha sido casi intrascendente. La expectativa  favorable se ha disipado y ni su discurso ni sus cambios ministeriales alcanzan para la recuperación. La crisis de confianza continuará. La ausencia de los aspectos de fondo determina que el ciudadano de a pie no se sienta representado en sus palabras. Qué pena.

CAMBIO MINISTERIAL

 Y DISCURSO INSUFICIENTES

En Político.pe el 28 de Julio del 2017

La crisis de confianza y de institucionalidad no disminuirá con las expresiones de buena voluntad del Presidente ni con los cinco proyectos que alcanzó al Congreso. El asunto es de fondo. Se requieren políticas audaces en asuntos cardinales como la solución a los conflictos laborales en salud y educación, la promoción de la minería, la reforma judicial, la reducción de la informalidad, la reforma política y la batalla contra la inseguridad y la corrupción.

Un factor positivo que recorrió el discurso presidencial fue el buen manejo que hizo el Ejecutivo de la emergencia generada por El Niño costero durante la cual logró aglutinar la sensibilidad y la solidaridad nacional. Un gran logro pero no todo se resume en él. Hay demasiada desconfianza, desconcierto, temores de anarquía posible por desgobierno.

Todos queremos creer en un mejor segundo año, ojalá signado por la cooperación y no por la confrontación permanente. Hacer política significa atender sus dos caras, el conflicto y el consenso. Demasiado colisión conduce a la suma cero de los esfuerzos lo que de hecho paraliza al país como está sucediendo. De ahí que la distensión derivada del diálogo con Keiko Fujimori diera esperanzas al país. Pero no puede ni debe quedarse en la foto, debió reflejarse en un acuerdo programático y en un equipo ministerial de ancha base.

Nada de eso hay. Nada de novedades ni por el cambio ministerial ni por el mensaje presidencial. El ciudadano de a pie que siente el discurso como un conjunto de palabras ajenas, desligadas de la realidad que padece. Nada cambiará si el Gobierno se complace en el fraseo y no aspira a hacer política otorgando privilegio al diálogo y a la negociación con naturaleza permanente. Con resultados que deben obtenerse con firmeza, sin avances y retrocesos.

Necesitamos esperanzas pero con seguridad. La Revolución social que PPK ofreció hace un año a partir de los servicios básicos, todavía no se percibe. Tampoco los puestos de trabajo ni la modernización del Estado.

Y es que ante el Congreso abundaron frases hechas aunque faltaron los aspectos de fondo. Aquellos que atienden las protestas sociales que se radicalizarán e incrementarán sin la debida atención en sectores claves como educación y salud. Faltaron las vías que nos permitirán acceder a ese sistema judicial honesto, predecible que es indispensable para luchar contra la corrupción. Y ello no se podrá lograr sin el debate constructivo entre los partidos.

Estamos en una etapa difícil que no se superará si los políticos continúan dando preferencia al escándalo y a las anécdotas, si no exhiben capacidad de acercamiento y de abordaje de los principales problemas del país. La discrepancia se ha hecho permanente y llega a los medios no para la construcción sino para la distorsión y para el aprovechamiento que se refleja en las generalizaciones críticas y abusivas con ostensible ausencia de propuestas.

Esa no es la política que necesitamos para afianzar la democracia y salir del hoyo en que nos encontramos.

SIN MESURA

En el diario Correo el 22 de julio del 2017

La lucha contra la corrupción es de todos y hay funcionarios de Estado encargados de conducirla. Los Procuradores defienden al Estado no al gobierno y hay que garantizarles autonomía del poder político. Pero no son islotes de poder absoluto donde puedan prosperar ambiciones personales sin control. Hay quienes han pasado por estos cargos y los han convertido en trampolín político para aspirar a cargos de representación. El mal ejemplo de Yeny Vilcatoma, hoy congresista, cunde en detrimento de la responsabilidad de una misión que debe hacer de la confianza y la reserva parte importante del cumplimiento. Lo que vemos ahora es un desbarajuste de versiones y empujones para disputarse las cámaras y las supuestas verdades con gran beneplácito mediático y mucho daño a la imagen del Estado y de la política.

Ahora resulta que hay paladines intocables que se enfrentan a empresas y gobiernos corruptos que los empujan a denunciar ante la televisión para que la sociedad entienda la justicia de su causa. La guerra de los Procuradores contra el Ejecutivo es un contrasentido que empieza con la sobreexposición mediática que hace daño a todos. 

Bien que las procuradoras sean independientes y muy eficientes mal que se quejen públicamente cuando se les pide dejar los cargos que recibieron por confianza en su profesionalidad e integridad. Tengan o no razón, y de seguro pueden tenerla en muchos aspectos, la denuncia pública desmerece un trabajo que debe darse con la reserva suficiente para asegurar resultados, en las antípodas de la grita mediática que distorsiona en beneficio del escándalo y del rating.

Mucho cuidado, la lucha contra la corrupción debe darse con integridad y responsabilidad, sin trivializar valores ni trasladar a las calles discusiones técnicas o acusaciones no probadas. Como las que desestabilizan políticamente al gobierno o lesionan la autoridad ética del Presidente de la República. Ante estas estaturas solo las pruebas mandan.  

¿QUE LAS AUDIENCIAS DECIDAN?

En Político.pe el 22 de julio 2017

La lucha contra la corrupción es un clamor y los detalles llaman a la indignación. Pero también puede concitar ambiciones de protagonismo y sobreexposición mediática. El vendaval Lavajato ha dejado víctimas en los países de la región en especial en Brasil, cuna de la megacorrupción que remece gobiernos y sociedades. En nuestro país ya tenemos un ex presidente y una ex primera dama en la cárcel y otro con orden de captura que en algún momento irá también a prisión.

Las garantías del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia se refieren a una justicia que implica un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos asumidos por profesionales de las leyes, con formación suficiente, difíciles de ser entendidos por legos en principios y prácticas del derecho. Sin embargo de un tiempo a esta parte las audiencias son los jueces y ante ellas se ventilan aspectos reservados o de confianza para ganar primeras planas.

La sobreexposición mediática es una tentación para quienes hacen de la tarea de la justicia un trampolín político que puede llevarlas, como sucedió con la congresista Yeni Vilcatoma, a un cargo de representación política. Convocar cámaras puede redituar fama a presuntos paladines de la anticorrupción pero no beneficia al Estado que a todas luces resulta afectado por una guerra entre las procuradoras y el Ministerio de Justicia.

Existe la reserva y la confidencialidad para garantizar buenos resultados que se echan por la borda cuando se sale a denunciar públicamente procedimientos en trámite. Cuenta también la confianza y la buena fe con la que deben actuar los funcionarios del Estado, más todavía en temas tan delicados.

La Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha ejecutado una decisión de estado respecto al trabajo que venían cumpliendo las procuradoras. La responsabilidad del sector es de ella y es quien asigna tareas y pone término a los encargos. La grita mediática no tiene sentido porque ningún cargo es eterno y siempre está sujeto a evaluación.

Puede ser que la doctora Julia Príncipe y las procuradoras ad hoc tengan razón en lo que dicen, pero no deben pretender ganar con la denuncia pública que traslada a las audiencias el conocimiento y la definición de los casos que han asumido. La confrontación con sus empleadores no tiene ningún sentido. Su autonomía no puede ser absoluta, tiene límites y no significa que se presuman islas de decisiones jurídicas o políticas frente al Ejecutivo que las contrata.

Afirmar que sin ellas terminó la lucha contra la corrupción o que Odebrecht definió que salieran de sus puestos o acusar gratuitamente al Primer Ministro o al Presidente de la República, como reacción a su despido laboral, es desestabilizar al gobierno y dar una mala instrucción moral. Son funcionarias obligadas a la reserva y a la confidencialidad para garantizar resultados. No hay que fomentar conciliábulos cómplices pero si respetar procedimientos.

Ojalá su cambio sea positivo y lo será si toman la posta funcionarios experimentados y responsables que continúen su labor con probidad, eficiencia y reserva. Que a los problemas que ha generado Odebrecht no se agreguen los enfrentamientos y desencuentros que buscan figuretismos y no ayudan para nada al objetivo superior. Puede haber discrepancias legítimas pero hay espacios donde procesarlas y obtener resultados que el país agradecerá. Estos espacios no son las conferencias de prensa ni las cámaras.

Una guerra mediática es siempre sensacionalista, pone arbitrariamente a las audiencias a decidir altos asuntos del Estado y propicia difundir imputaciones sin pruebas. Más allá de los egos dolidos o de las soberbias individualistas que impiden reconocer errores los procuradores son solo abogados del Estado encargados de la recuperación de la indemnización patrimonial, que reportan al titular del sector. No personifican la lucha contra la corrupción.

¿ADELANTO DE SENTENCIA?

En Político.pe  el 17 07 17

Entre el alegato del fiscal Germán Suarez solicitando prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia y el larguísimo y detallado análisis jurídico del juez Richard Concepción Carhuancho para suspender la comparecencia restringida y reemplazarla por la prisión preventiva, tuvimos muchas horas en que los peruanos pasamos de la indignación a la tristeza, no tanto por los personajes que hicieron lo suyo para merecer esta situación sino por nuestro país que hoy tiene a dos ex presidentes presos y a uno prófugo y perseguido por el mundo.

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya están en la cárcel. Los elementos de responsabilidad se han ido sumando y la culpabilidad surge nítida de la larga, extensa y prolija enumeración de las razones y detalles que sirvieron al juez Richard Concepción Carhuancho para fundamentar su resolución.

Las garantías de presunción de inocencia y de respeto al debido proceso funcionan en un estado de derecho y mucho más cuando se trata de alguien que ha personificado a la nación y dirigido sus destinos por elección popular. Esta situación debió pesar en la mente del fiscal y del juez pero tal vez tuvo peso mayor la creciente desconfianza de la población en los magistrados peruanos y en los políticos amenazados por el vendaval Lavajato que ahora cobra su primera gran víctima.

El juez Carhuancho ha resuelto atendiendo a las razones jurídicas y a las tribunas expectantes y con su decisión ha dado una instrucción moral y política a la nación. Sobre todo porque la prisión preventiva es siempre cuestionable, no se puede privar a nadie de su libertad sino se ha comprobado su culpabilidad en juicio oral con una defensa amplia y consistente, salvo excepcionalidad. Ollanta Humala y su mujer no están sentenciados pero están presos. Me cuento entre los abogados que creen que hubiera sido suficiente agregar a la comparecencia con restricciones la prohibición de salida del país. Pero el juez, más allá de una resolución legalmente bien fundamentada, atendió la motivación política y social mayor que es descartar la impunidad y los tratos de privilegio que atentan contra la igualdad ante la ley.

El fiscal Juarez está demorando demasiado en formular su acusación, el juicio oral tardará en cumplirse pero el juez ha visto la urgencia de demostrar que la justicia peruana puede actuar y resolver a tiempo. El pedido del fiscal ha servido para conocer detalles que configuran delitos graves que se ventilarán en el proceso y darán lugar a la sentencia que posiblemente contendrá los mismos elementos ya expuestos por Richard Carhuancho.

Estamos ante un juez que se ha cuidado de incidir en la gravedad de los presuntos delitos y de la pena, que ha ponderado los riesgos de evasión u obstrucción de la justicia pero que, sobre todo, ha querido dar un eficaz mensaje a los corruptos que toman la política como oportunidad para hacer dinero y a los aventureros que creen que el poder es un botín al cual acceder usando la buena fe y los votos ciudadanos. Ahora no hay duda que la justicia los puede alcanzar. Bienvenida esta certeza.

LECCION POLITICA 

Y MORAL

En diario Correo el 15 de julio del 2017

La noche del pasado jueves 13 fue convulsa, sentimientos encontrados inundaron a los peruanos, nadie quedó indiferente después de las muchas horas de atención prestadas al juez Richard Concepción Carhuancho. Y antes a la solicitud del fiscal Germán Juárez para justificar la prisión preventiva para un ex presidente y su esposa.

En el país se une la indignación a la impaciencia ante una corrupción que no se sanciona. Cuando se enseñoreaba la sombra de la permisividad en los casos de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo, un juez resuelve en sentido inesperado poniendo al Perú en los titulares del mundo.

Los medios reflejan la preocupación social por la impunidad de quienes hicieron uso y abuso del poder aprovechando el mandato popular. Ollanta Humala y Nadine Heredia están ya en la cárcel, posiblemente el juez solo ha adelantado el resultado que vendrá después del juicio oral. No hay ningún motivo para la alegría pero si una gran oportunidad para la reflexión,  para extraer la instrucción moral y política de que nadie puede creerse súper poderoso ni está por encima de la ley. El crimen no paga.

Pero en un estado de derecho las garantías deben funcionar, en especial la presunción de inocencia y el debido proceso. La resolución judicial es un eficaz mensaje pero también un arma de doble filo, les proporciona la ansiada coartada de la persecución política y vuelve a poner en cuestión la prisión preventiva que no puede ni debe sustituir a la sentencia emanada del juicio penal en que se procesan pruebas y se ejerce ampliamente el derecho de defensa. Es verdad que la mal llamada pareja presidencial acumuló motivos y razones pero también lo es que todavía no han sido juzgados, que su culpabilidad no ha sido consagrada por sentencia y que seguramente con impedirles la salida del país hubiera sido suficiente para garantizar la justicia.

KENYI NO ES KENYA

En Correo del 08 de julio del 2017

La posibilidad de liberar a Alberto Fujimori se ha convertido en una eventual cortina de humo, regresa cada cierto tiempo sin que argumentos nuevos, salvo el paso de los años, se hagan presentes. El ex dictador pronto cumplirá 80 y está en prisión hace diez por violación de derechos humanos y corrupción. Ahora el indulto tiene el simpático rostro de Kenyi su hijo menor, su abanderado, el que gana espacios políticos con hábiles jugadas que lo colocan incluso enfrentando a su hermana y buscando acercamientos, tendiendo puentes, con el debilitado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero Kenyi no es Kenya.

PPK está haciendo del indulto una ficha comodín con el argumento de la unidad nacional y la necesidad de voltear la página. Pero cualquier decisión, a favor o en contra, podría generar una convulsión social y política de envergadura. El antifujimorismo existe y sus dimensiones han impedido la victoria electoral de la heredera mayor en dos oportunidades. Y al mismo PPK le ha permitido llegar al poder aunque por escaso margen.

Fujimori y PPK afirman su deseo de voltear la página pero no es tan simple hacerlo indulto mediante. Está en juego el estado de derecho que no puede ni debe ser manipulado. Olvidar y perdonar puede ser pero no si significan impunidad o arbitrariedad que haría más frágil al gobierno y lesionaría nuestras ya muy débiles instituciones. Ningún estadista canjearía la historia por la quincena para aplacar o arreglarse con el inmenso poder que los fujimoristas tienen hoy en el Congreso. Ni ley ni valores se negocian. Los años de encierro o la edad no son factores liberadores para un ex presidente debidamente sentenciado y condenado. Procedería el indulto humanitario si fuera el caso pero si no lo es otorgarlo como gracia divina convulsionaría al país de modo incontrolable. Y PPK lo sabe muy bien.