LA MARCHA 

NO FUE UN CUENTO

En Correo el 11 02 17

Alejandro Toledo ha caído en el descrédito nacional e internacional y está a un paso de la cárcel. No por ello puede perderse y menos banalizarse la digna lucha, soCstenida y prolongada, que libramos muchos peruanos decentes contra la corrupción de la dupla Fujimori Montesinos y por la recuperación de la democracia. 

La situación jurídica de Toledo no se debe a ninguna venganza por haber liderado la Marcha de los Cuatro Suyos, fue una gran gesta nacional que no es ni será un cuento. Hablamos de la manifestación política no electoral más grande de la historia. La que congregó a miles de peruanos llegados de todos los rincones al Paseo de la República ese 27 de julio del 2000 para protestar contra Fujimori y su ilegítimo tercer mandato. Las calles de Lima se llenaron de todos los rostros, de todas las voces y de todas las banderas, cantando y agitando lemas con la demanda: "Democracia, ya!". 

Llegaron a pesar de todas las trabas y amenazas y de la feroz represión militar y policial. La Prefectura nos negó el permiso y la seguridad para impedir esa gran noche que vivimos como el clímax del trabajo de una larga década durante la cual Alejandro Toledo no estuvo presente. Se puso la vincha y la lideró porque era la única candidatura democrática que quedaba. Alberto Andrade y Lucho Castañeda habían quedado en el camino, destruidos por la insidia de Montesinos, la televisión comprada y los diarios chicha.

Que Alejandro Toledo haya preferido los millones de Odebrecht al liderazgo histórico que providencialmente cayó en sus manos no desmerece la honestidad, la dignidad y el sacrificio de quienes luchamos contra los atropellos políticos y legales de la dupla siniestra. Quienes apuestan por la desmemoria pueden alentar que hoy los fujimoristas se coloquen en balcón como oportunos moralizadores. No estamos en ese grupo.

EL MUNDO AL REVÉS

Publicado en Politico.pe el sábado 11 de febrero 2017

Érase una vez un príncipe pobre, una bruja hermosa y un pirata honrado. Así cantaba el gran Paco Ibáñez en los setenta. Todas esas cosas había una vez cuando yo vivía un mundo al revés. Aplicable al Perú donde hoy vemos a los fujimoristas predicando moral y anticorrupción y a Alejandro Toledo, que lideró la lucha contra la corrupción fujimontesinista, con orden de captura para ingresar a la cárcel en cuanto sea habido. Y leemos tuits de gente sospechosa, de santos y santones de todas las tiendas, incluida la izquierda, que con actitud farisea, gritan al ladrón cuando saben que tienen lo robado en el bolsillo.

Justicia divina dicen algunos pero lo que tenemos es vergüenza ajena e inmensa pena por la élite dirigente. Cuatro gobiernos seguidos, dos presidentes en cárcel, otros que podrían estar a la puerta, es el saldo de la última década del siglo pasado y tres lustros del presente siglo. Sin contar funcionarios medianos y menores que consideraban la coima como una forma aceptada de hacer negocios.

Aceptar o hacerse pagar sobornos es robar al país. Es traicionar al pueblo que confió en los gobernantes elegidos para personificar a la nación. El mayor orgullo posible es representar a gente sacrificada, trabajadora, imaginativa, que lucha día a día para ganar el sustento. Que no merecen la gran estafa moral de preferir el delito rentable a la historia.

Nadie parece salvarse pero el pueblo sí se salva. La buena fe no se penaliza. A pesar de que han menudeado golpes de Estado a nombre del saneamiento moral para darnos gobiernos también salpicados por la corrupción y otros latrocinios. La actual debacle encuentra un pueblo lacerado pero no impotente. Nos duele la corrupción de la gente en que confiamos pero a contracorriente hay dignidad y esperanza de que al haber tocado fondo la moral pública pueda resurgir saneada como el ave fénix. No se vislumbra todavía dónde está o estará la reserva moral que renovará la ilusión, la que no traicionará.

Por eso toca tener cuidado para no generalizar, para no tirar al bebe con el agua sucia, para no incriminar a todo lo que se mueve. Por eso el clamor es que las investigaciones del Ministerio Público se basen en pruebas, que las decisiones y sentencias del Poder Judicial se fundamenten, contra lo que su imagen sugiere, en la honestidad y no en las presiones políticas y económicas.

Sobre todo porque cuando se echa barro indiscriminadamente puede resultar manchada gente honorable como la impecable primera ministra Beatriz Merino con quien trabajé o Henry Pease o Luis Solari o los funcionarios y asesores con quienes fundamos el Foro Democrático como Fernando de la Flor, César Rodríguez Rabanal, Alberto Borea, Angel Delgado o Juan de la Puente. O el ahora apesadumbrado ex directivo de Perú Posible Luis Thais. Condolencias compartidas.  

Que la congresista fujimorista Úrsula Letona pida que todos los ministros del gobierno de Toledo sean investigados y den un paso al costado en la actual gestión de gobierno, es un exceso y un abuso. La presunción de inocencia es garantía universal de justicia. A la que se une cada trayectoria personal como indicador de solvencia ética.

No podemos dejar de reiterar que el saneamiento de la moral pública requiere un cambio radical en la manera de hacer política, a comenzar por las formas de llegar al poder. Nadie logra la Presidencia de la República o la representación en el Congreso sin gastar grandes cantidades de dinero que irrigan candidaturas obligadas a conseguir financiamiento hipotecando conciencias y futuras gestiones.

Esto habría sucedido con la campaña de Ollanta Humala financiada desde el exterior, con dineros brasileños y venezolanos. O con el presidente Santos laureado con un Nobel de la Paz hoy sospechoso de la contribución para nada inocente de Odebrecht. O con el presidente panameño que pide distinguir entre soborno y contribución electoral en una línea para nada sutil que encierra una estrategia para ocultar el escándalo. Y mucho más.

¿CORRUPCIÓN 

EN LA PRENSA?

Publicado en la revista VELAVERDE el 6 de febrero 2017

El país se hunde en el fango de los pavorosos huaicos que asolan inmensas quebradas donde los ríos de agua limpia son reemplazados por infernales caídas de lodo y piedra dejando a su paso tristeza y desolación. Pero también se hunde en la pobreza moral cuando el fango de la corrupción amenaza a la clase política, empresarial y hasta a los mejores representantes de la prensa. A periodistas acreditados que lograron ubicarse en la cumbre de la información y de la opinología.

Estamos a la espera de los desenlaces, en silencio porque nos da miedo adelantar opiniones y menos aún nombres. El ambiente se ha llenado de chismes, de oscuridades y de amenazas. Pero cuando el mundo de la información y de la prensa forma parte de esta bruma todos nos preocupamos.

Muchos se refieren a la prensa como el cuarto poder que nació para hacer contrapeso a los otros poderes, el que fiscaliza a nombre de la sociedad, el que vela por la transparencia poniendo luces donde los intereses ocultos quieren sombras. Pocos aceptan que frente al gran poder político y económico se levanta el gran poder mediático disputando influencia a los elegidos en las urnas, poniendo temas y autoridades al más alto nivel. No es el cuarto poder, muchas veces es el primero.

Si los medios representan en sí mismos un gran poder a nadie extraña que mantengan relaciones especiales con el poder económico y el poder político. Lo que no es posible es que formen parte de las mismas huestes que deben fiscalizar, que sacrifiquen independencia e imparcialidad en el altar de dineros mal habidos o de influencias fáciles. Que los grandes reportajes o las grandes primicias, destapes, titulares se deban no a la misión de informar sino a los cheques que puedan recibir para hacer de sus crónicas o entrevistas el elogio de los que pagan.

Respetamos a los comunicadores institucionales, los que asesoran altos funcionarios e instituciones. Pueden laborar para bancos, empresas nacionales o transnacionales, ministerios y demás pero debemos saber de dónde proviene la información que proveen, que a todas luces es de parte y defiende determinados intereses que siendo legítimos pueden no ser los de la sociedad.

Tampoco son independientes los que se rinden a conferencias muy bien pagadas o a cursos y viajes nacionales o internacionales. Son formas que cruzan la delgada línea entre la seducción y el soborno. Quienes hacen propaganda no pueden opinar como si no tuvieran nada que ver con los beneficiarios de sus crónicas.

La paradoja es que uno de los grandes frenos de la corrupción ha sido siempre la prensa libre, éticamente empoderada para detectar delincuentes y descubrir falsos valores e impostores. Y si la prensa se ve involucrada con la espesa red de intereses políticos y económicos afectados por la corrupción de las constructoras brasileñas habríamos perdido como sociedad en nuestro derecho a la información y en la confianza en los mediadores que son los políticos y los periodistas.

Necesitamos de la prensa libre, ética, principista, lúcida, culta, eficaz, independiente. Que nos permita creer en la libertad, la democracia, la decencia posibles. En su lugar nos están acechando los viejos fantasmas, las sombras siniestras que el montesinismo nos dejó en la retina y en el corazón.

Lo terrible es que creímos que dejábamos esa pesadilla atrás, que las conciencias de prensa no estaban más en venta, que las líneas editoriales podían responder a los intereses nacionales y no a pagos bajo la mesa. Y es aún más peligroso pues toca a quienes pregonaron valores y decencia después del fujimorismo que, sin embargo, han cedido a ambiciones personales y de grupo dejando desprotegida a la sociedad.

El fariseísmo descubre su rostro en las serviciales ruedas de prensa, en las arregladas comparecencias públicas, en los insulsos debates electorales con maquillados políticos que no tienen al frente periodistas desde la libertad sino a sicarios desde la coima o el soborno.

No solo está la corrupción también el terrorismo, el narcotráfico, la xenofobia y los populismos que amenazan el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa. Conscientes de ello no es posible ni correcto caer en el desprestigio gratuito ni en la descalificación genérica abusiva. Destruir prestigios y credibilidades de periodistas y medios puede ser un arma de la misma corrupción. La línea es difícil de definir y fácil de cruzar, delicada porque pueden generarse escándalos que destruyen personajes importantes para la conciencia colectiva.

Para enfrentar este inmenso desafío, es indispensable la independencia, la autonomía y la valentía de quienes deben enfrentar y arriesgarse ante amenazas que proliferan. Así como jueces y fiscales son amedrentados por la corrupción los periodistas también encuentran amenazas a su integridad y a sus familias.

Enormes dificultades surgen para cumplir la misión informativa con rigor, la profesión está plagada de riesgos invisibles que demandan gran valentía personal para denunciar lacras. El periodismo corajudo y de calidad puede tener un costo muy alto, muchas veces ignorado, cabalmente representado en nuestros ocho mártires de Uchuraccay que en enero de 1983 ofrendaron sus vidas en la búsqueda de la verdad con la pasión e integridad que hoy es legado esencial.   

Alan Rusbridger, ex director del paradigmático The Guardian  dejó una frase que es norma básica del buen periodismo: “No nos dejaremos intimidar y seguiremos actuando de manera responsable”. Una responsabilidad que incluye la transparencia de la propiedad mediática y el acceso equitativo a las TICS con gobiernos que defiendan la honestidad como el acceso a la verdad. En este espacio nos encontramos todos.

FANGO MORAL

En Político.pe el 04 02 2017

Desmadre total. Fango de la naturaleza reemplazando el agua limpia en los ríos y quebradas. Fango en la conciencia social reemplazando la confianza y la fe en las instituciones y en los políticos. Las furias de la naturaleza y de la corrupción unidas en este infernal febrero lleno de oscuridades y temores. Esperamos con terror los noticieros que día a día se van llevando la esperanza.

La política, la que nos permite elegir a nuestros líderes y representantes que nos servirán como mandatarios, está afectada en su esencia que es el servicio a la sociedad. Devaluada y sin poder hacer mucho frente al huaico moral de las denuncias que dejan por los suelos dignidades y jerarquías. Nos preocupan los conflictos de poderes que preceden a la inacción y las incapacidades para investigar y sancionar que pueden venir de la densa madeja de intereses que se está tejiendo en pro de la impunidad.

Nos preocupa que en nuestro país, como en muchos otros, el grave problema de fondo sea la imposibilidad de hacer política sin dinero. Que, como se dice ahora, el financiamiento sea indispensable y que los políticos deban entregar su alma al diablo para ingresar, contaminados e hipotecados, a esta actividad que se supone es esencialmente de servicio.

No hay forma distinta para hacer campañas electorales que pedir y encontrar dinero, el que no lo tiene o no lo obtiene no es elegido. Esta verdad aleja de la política a la gente capaz y honesta que vive de su trabajo aunque quisiera contribuir a solucionar los problemas nacionales que se hacen más graves. Que debe contentarse con ser espectadora y votante cada cuatro años si no quiere entregar a cambio parte de su conciencia.

Porque los escaños, la notoriedad, la importancia y la influencia cuestan dinero y obtenerlo significa arreglar con quienes lo tienen. La única manera de llegar a la Presidencia de la República o al Congreso es financiando viajes, mítines, propaganda en los medios de comunicación, en especial en la televisión que cuenta los segundos para no dejar de ganar en la mina de oro que es cada competencia electoral. Por eso a nadie extraña que se diga que Odebrecht, la multimillonaria constructora de la corrupción, ponía y sacaba presidentes. Y de seguro también funcionarios de mayor y menor nivel.

Creímos que habíamos dejado atrás la indigna etapa nacional de la vladicorrupción. Que con el retorno de la de­mocracia vendría la decencia y la ética. Lamentablemente nos equivocamos. El post fujimorismo está hoy plagado de sos­pechas, falsedades y escándalos de corrupción transnacional. Ojalá se sancionara a todos los responsables aunque sanear la relación de la política con el dinero para unirla con la moral parece casi un imposible.

Por eso es importante animar el debate sobre el financiamiento público de los partidos y mirar a los países que han logrado librarse del mercadeo electoral que destruye principios y se lleva la integridad como un huaico infamante.

NECESITAMOS 

CREER

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 4 de febrero 2017

El país está en plena crisis de confianza. Necesitamos creer en la justicia que es la única que puede pre­cisar dónde está la legalidad y dónde la corrupción. Para evitar que las generalizaciones abusivas y los temores ubicuos se lleven como un huaico la credibilidad de las instituciones y de los políticos. Porque está en riesgo la legitimidad y también la democracia. Necesitamos separar la paja del trigo para recuperar la política como servicio al ciudadano y como base de la ética republicana. Para que los ciuda­danos de a pie, que sufren los problemas sin resolver recuperen la esperanza destruida por la inacción, los es­cándalos y la corrupción.

Le ha tocado a PPK esta difícil etapa y deberá enfrentarla con valentía y decisión. No conocemos todavía todos los nombres de políticos, tecnó­cratas, empresarios y periodistas que traerá este huaico moral. Esperamos con miedo, sin echar más leña al fuego, aunque surjan las dudas por la inacción, la lentitud y la duplicidad de esfuerzos.

Que PPK se decida a hacer política. Le ha tocado el mayor desafío de los últimos tiempos, más que a Valentín Paniagua, el presidente de la transición post corrupción fujimorista. Si en el 2001 algo se pudo hacer, el 2017 habrá que hacer mucho más, convocar instituciones y personas sanas para probar que nuestra República aún funciona, que hay resistencia organizada contra este flagelo, que los equipos de fisca­les que investigan y los de jueces que decidirán responden a la exigencia moral de la sociedad.

Que se prueben los delitos y se sancione a grandes y pequeños. Un huaico de indignación, insatisfacción y decepción está a la puerta. Toda impunidad erosiona la legitimidad y de no corregir la situación de la mejor manera el descrédito crecerá como una gran ola tóxica con consecuencias económicas y políticas que podrían destruir hasta el sistema político democrático. Cuidado!!.

EL CHANTAJE

Publicado en Político.pe el 28 01 17

Odebrecht tiene una gran experiencia. Durante más de 15 años se mantuvo fuera de la justicia en todos los países donde operó a través de su selecto departamento de operaciones estructuradas que en buen cristiano se traducen por coimas y sobornos. Estos “errores” tardíamente aceptados como delitos, constituían una segunda naturaleza empresarial para concretar los negocios de la gran mafia internacional. No cabe duda que saben manejarse para comprar voluntades y conciencias y que esa es su dudosa expertise.

Mauricio Crus, el actual representante de Odebrecht en el Perú, en reemplazo del muy conocido Jorge Barata, ha dicho que entregarán toda la información sobre los peces gordos, sean ex ministros o ex presidentes, pero en contrapartida mientras la empresa esté colaborando no debería sufrir ni un allanamiento ni el congelamiento de sus cuentas.

Para PPK se terminó el juego y se deben marchar del país. Pero para ellos esta no es la última palabra. Por supuesto que para nada les importa la enorme cantidad de peruanos que esperan se anuncie oficialmente su expulsión.

La presión social contra la corrupción y la impunidad crece como una gran marea pero la situación es compleja y va más allá de las simples frases para la platea sedienta de justicia.

La exigencia de que Odebrecht se vaya del país colisiona con la necesidad de que comiencen a pagar por lo que robaron por sobrecostos al Estado peruano “Tenemos que pagar una multa, una reparación civil, entonces la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como ejemplo positivo” ha dicho Crus y agregado que la expulsión sería el peor ejemplo posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por su propia voluntad si existen tales represalias.

Odebrecht quiere quedarse bajo sus condiciones. Ni embargo de sus bienes ni congelamiento de sus cuentas. Si es expulsada o termina sus actividades en el Perú no tendrá recursos para pagar la indemnización. Pero si se queda -cumpliendo normalmente con sus actividades y compromisos empresariales sin ser afectado por ningún embargo de sus bienes ni de su información- lo que conocen y tienen podría perderse, desaparecer o ser manipulado, conforme a la densa red de intereses económicos y políticos que comienza a ser detectada.

En sus declaraciones Crus, para nada sibilino, desliza el chantaje “¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo puedo imaginar que hay una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información”.

Gravísima imputación. Una expulsión oficial se estaría madurando pero ella, según el alto directivo, generaría múltiples sombras. Cerraría las puertas a la colaboración eficaz con la justicia peruana, impediría el pago de la reparación que le deben al Estado por los daños causados y peor aún garantizaría la impunidad de los peces gordos. Y la responsabilidad de esa secuela de desastres recaería sobre un gobierno frágil, colocado entre la espada y la pared. La deslegitimación de las altas esferas políticas y de gobierno sería una hecatombe política con sospechas que llegarían hasta al presidente de la República que personifica a la nación.

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización pero con la condición de continuar licitando con el Estado. “La colaboración ya se está haciendo y si es que nos permiten terminará…. Paralelo a esto, queremos demostrar que tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar caja y pagar los compromisos con los acreedores, empleados, con el Estado, porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus objetivos”.

Este es el chantaje hipócritamente colocado dentro de un contexto nacional de indignación colectiva pero de escaso entusiasmo y riesgosa lentitud del Ministerio Público. A lo que se agrega el acuerdo suscrito por el fiscal de la investigación Hamilton Castro, no explicado al país ni al mismo Fiscal de la Nación que hizo el papelón de su vida al no poder informar al Congreso de las condiciones y los criterios manejados. PPK lo ha calificado públicamente de vergüenza. No le falta razón, compromete al país en su dignidad y en su economía aunque increíblemente se siga desconociendo su contenido.

OMNIPOTENCIA 

EN ACCION

Mi columna HOJA DE TIEMPO enCorreo el 28 01 17

Días oscuros. El escándalo crece y la indignación más. La megacorrupción evidencia la debilidad moral de políticos al más alto nivel, funcionarios públicos, empresarios y hasta periodistas.

Cada día descubrimos más de los sobornos pagados para ganar licitaciones y comprar voluntades que permitieron las adendas que consagraron los sobrecostos que generaron pérdidas para el estado por más de 200 millones de dólares. Esta cadena tóxica benefició a Odebrecht que ha reconocido su conducta como “tendenciosa e inaceptable” y ha pedido “profundas disculpas a la sociedad” lo que no es óbice para que ratifique “su firme determinación en buscar alternativas para que los proyectos en marcha sigan adelante”.

La todopoderosa empresa quiere quedarse a pesar de que el presidente PPK ya dijo que el juego se acabó y que se van. Y quiere seguir sin que la embarguen ni pierda el control de decidir a quiénes involucran. Parte del juego es el contrato firmado con el Ministerio Público para que Odebrecht pague como adelanto de lo que debe al Estado la irrisoria suma de treinta millones de soles. Menos de 15 millones de dólares a pesar que el daño está calculado como mínimo en diez veces más. La investigación con riesgosa lentitud ha comenzado por los peces chicos.

Pablo Sánchez no pudo informar al Congreso del contenido de ese acuerdo que PPK ha calificado de vergüenza. ¿Qué se oculta tras ese pacto que el Fiscal de la Nación no quiere, no puede o no sabe explicar? La empresa que ponía y sacaba presidentes logró un acuerdo que podemos presumir la favorece. Y se permite presionar al gobierno que si los obligan a dejar el Perú no podrán pagar ni hablar y se confirmará la protección que algunos buscan para los peces gordos. Inaceptable chantaje que PPK deberá rechazar con la mayor energía.   

¿NO HAY JUSTICIA 

EN EL PERÚ?

En el portal Político.pe el 22 de enero 2017

A pesar de la valiente y documentada investigación de Pedro Salinas y de los testimonios de las víctimas el Ministerio Público acaba de archivar la investigación contra Luis Fernando Figari, fundador de Sodalicio, acusado de presuntos abusos sexuales lo que ha generado la indignación nacional. Más aún cuando se sabe que la congregación cristiana sigue teniendo acceso a menores de edad en los colegios de su propiedad. En simultáneo el Contralor denuncia ante el Congreso que no se da un trabajo coordinado de las instituciones encargadas de investigar el caso Lava Jato

El drama nacional es la ineficacia de la justicia. La percepción es que ella no existe en nuestro país. Edgar Alarcón recoge este estado de ánimo colectivo ante un Poder Judicial y un Ministerio Público que ceden a presiones, dilatan investigaciones y prolongan la definición de las sanciones durante muchos años. Por ello recomendó al Congreso crear una Fiscalía Ad Hoc que se ocupe en forma exclusiva de las compañías brasileñas, así como una Sala Penal única que consolide toda la investigación. Ha precisado que hay 1200 procesos sin sentencia desde hace ocho años.

También pidió al Congreso normas para que la Contraloría tenga la capacidad de levantar los secretos bancario, tributario y de las comunicaciones sin solicitarlo a un juez. Si no hay trabajo coordinado y cada institución del sistema se dispara por su cuenta el resultado es esta ausencia de respuestas rápidas que en la percepción general es simple incapacidad e indolencia. Algo que lamentablemente alcanza hasta el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La dimensión del escándalo es proporcional a la desconfianza en los líderes e instituciones que deberían poder conducir el país en uno de sus momentos más difíciles y no están cumpliendo. Estamos en el primer tiempo de un largo partido pero la indignación colectiva crece y el temor de que no estemos a la altura se extiende.

El presidente Kuczynski tenía la confianza pero la va perdiendo por su indefinición ante el escándalo brasileño proyectado en el Perú. Muy grave que un gobierno tan joven sea afectado en su legitimidad. Y que las sospechas y temores ronden a la persona que constitucionalmente personifica a la nación que podría ser incluido en el terrible espectáculo de desfilar por fiscalías y comisiones del Congreso para dar su testimonio personal. El sensacionalismo es otro flagelo que acecha.

La excesiva lentitud en los responsables de la investigación es una señal ambivalente. Podría ser de respeto al debido proceso y de tranquilidad de conciencia, como pretenden algunos, o de lenidad para comprar tiempo y gestionar la impunidad, como temen los más. Ya debería, por ejemplo, haberse declarado la nulidad de los contratos lesivos y haberse tomado medidas para recuperar parte de lo perdido. Los actos jurídicos de las empresas brasileñas no pueden surtir efectos legales, están viciados en su origen por la corrupción que deberá ser probada con la mayor celeridad y honestidad posibles.

El país vigila y espera que caigan todos los responsables del peor momento de la República generado por una gran red criminal internacional que supo aprovechar debilidades personales e institucionales. Que podamos superarlo es ahora el gran desafío nacional.

SIN LUGAR 

PARA LA FE

En Correo el 21 de enero 2017

El Congreso que aborda el aspecto político de las denuncias en el caso Lava Jato no aparece con la autoridad suficiente para hacerlo. Según Ipsos Perú el 77% no se siente representado en él. Dramático pues cuando nadie puede investigar ni sancionar se abren las puertas a la impunidad. En ese vacío se impone la desconfianza sobre políticos y legisladores, que también alcanza a jueces y fiscales y por si fuera poco a la prensa desde que en las empresas mediáticas pueden darse -y de hecho se dan- serios conflictos de intereses.  

Todos los mediadores deben actuar con rapidez y decisión, están obligados a exhibir honestidad, rapidez, buenos reflejos y voluntad para la acción. La expectativa es grande y las exigencias mayores. A la puerta están las multitudes convertidas en actores políticos desde las calles convocadas por internet.

La agenda de las necesidades y las urgencias conocidas ha pasado a un segundo plano ante la prioridad de la lucha contra la corrupción. La inseguridad temible y extendida cede su lugar a la exigencia ética de la lucha contra quienes, en las clases dirigentes, en el Estado y en las empresas, han traicionado la misión de las vanguardias éticas. Que puede ser peor que no tenerlas, conocidas y reconocidas, para que lleven a sus pueblos por el camino de los valores, por una ruta distinta a la de los negociados, las coimas, los desaguisados que cada vez se harán más palpables a la luz de la justicia norteamericana, suiza o brasileña.

Cuando el Fiscal de la Nación pide ante el Congreso la confianza total a pesar de su lentitud puede estar descubriendo que en nuestro pueblo no hay lugar para ese acto de fe. Los antecedentes no lo amparan. Y esta actitud colectiva podría ser tan negativa como el drama de la corrupción a combatir.