LOS RIESGOS DE LA DESIGUALDAD

EN DIARIO CORREO 29 DE NOVIEMBRE 2019

Un fantasma recorre el mundo, el de la desigualdad. No solo la región está en ebullición, países percibidos como tranquilos reaccionan a la ausencia de derechos y a los problemas de supervivencia de los no privilegiados. La política tiene dos caras, la del diálogo y la del conflicto, ambos canalizados hacia los consensos para que el Estado no use el monopolio del uso de la fuerza contra los pueblos para reprimir aspiraciones. Los movimientos sociales de hoy se coordinan por las redes sociales y potencian el desprestigio de los mediadores que son los políticos y también los medios de comunicación que van perdiendo persuasión.

La colisión entre gobierno y oposición siempre termina mal. La polarización nos deja sin capacidad de luchar por la paz social por la cual debemos estar dispuestos a ceder. Y ello significa disminuir exigencias pero también privilegios. Algo que Chile parece haber perdido de vista a pesar de que durante dos décadas se benefició de la concertación para la recuperación democrática hoy en riesgo por los enfrentamientos de una población disconforme con los avances solo para algunos.

Similar descontento y cansancio signan las revueltas de Bolivia, donde Evo Morales a pesar de su ejecutoria positiva quiso quedarse en el poder por cuarta vez y las mayorías que antes lo aplaudieron lo cuestionaron por presunto fraude electoral iniciando un proceso que lo hizo caer. Sin hablar de Venezuela que después de Hugo Chávez está en permanente estado de violencia. Mientras Colombia, Ecuador y Brasil, tocados en su momento por el cuestionamiento están obligados a construir acuerdos que por ahora parecen devaluados. El Perú busca superar una larga etapa de esterilidad por confrontaciones que no disminuirán con nuevas elecciones parlamentarias. Las instituciones no funcionan por si solas se requiere que los gobernados exijan al gobernante fijar el rumbo y los objetivos comunes. En este punto estamos.

SOLDADOS 

DE LA DEMOCRACIA

Publicado en Correo el sábado 16 de Noviembre 2019

El mundo está movido y la región también. Como pocas veces se expresa masivamente la indignación social por la desigualdad, las violaciones de derechos y las injusticias del sistema. Tanto que las explosiones alcanzan un punto de no retorno como viene sucediendo en el vecino Chile. Tiempo de recordar que en nuestro país hace 27 años, cuando se iniciaba el régimen fujimorista con el autogolpe del cinco de abril de 1992, se produjo en la madrugada del 13 de noviembre de ese mismo año, la insurgencia de un conjunto de oficiales comandados por el General EP Jaime Salinas Sedó, un grupo que asumió la resistencia cívico-militar para restituir el orden constitucional. Soldados de la Democracia los llama su líder en emocionado mensaje desde EEUU donde reside, “que fueron contra la corriente, que sintieron que los reclamaba el cumplimiento del deber y la voz de sus conciencias, no la de sus conveniencias personales”.

Enfrentaron al ex capitán Vladimiro Montesinos, el poder tras del trono que ponía sus alfiles en las FFAA. Respondieron al malestar en los cuarteles y en los sectores democráticos por el autogolpe que disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial. La insurgencia de este grupo aunque bien planificada no llegó a concretarse por una traición que desarticuló el operativo que no respondía a los golpes militares clásicos, sino a la defensa de la ley y la democracia.

Ni las torturas, promesas o amenazas con que pretendieron reprimirlos pudieron doblegarlos. Recluidos en pésimas condiciones en el Real Felipe durante 3 años, salieron gracias a la presión de los organismos internacionales, sin ceder en sus reclamos,  invictas sus banderas de lucha. Soldados de la democracia, quedan en la historia como dignos herederos de Cáceres, Bolognesi, Grau. Tiempo de recordarlos y de señalar que nunca se les reconoció sus derechos y merecimientos honorarios. La ingratitud de la patria también existe.  

LA INFORMALIDAD POLITICA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en diario Correo, 9 de Noviembre 2019

¿Qué nos diferencia del Chile que hoy protesta largamente en las calles de Santiago y que no duda en usar la violencia con alto costo económico y humano? La respuesta es la informalidad que en el Perú inunda todo y allá es relativamente pequeña ya que la gran mayoría de ciudadanos son trabajadores en planilla con deberes y derechos. En el Perú los trabajadores informales no tienen derechos y si sus remuneraciones son cortas suman al trabajo principal un segundo y hasta un tercer trabajo también informal. El correlato político se refleja en seres humanos extenuados y desencantados de los gobiernos, de los políticos y de la democracia. No se sienten insertados en el Estado de Derecho porque para ellos solo hay deberes cuyo cumplimiento muchas veces los desborda. Por eso no los entusiasman las elecciones y no les importan los gobernantes ya que siempre tendrán que trabajar duramente para vivir. 

Este razonamiento primario los impulsa a no esperar nada del Estado, ni siquiera los servicios básicos, que constitucionalmente les debe, como la salud y la educación. Hospitales públicos desabastecidos son un apoyo a la informalidad política y económica. 

La ceguera de los gobiernos y de los burócratas estimula la esquizofrenia de vivir en dos mundos diferenciados con discursos que el ciudadano informal recibe con displicencia o peor con indiferencia. Chile está en la antesala de la OCDE y el Perú tiene la misma pretensión pero sus pasivos sociales y económicos le pasan la factura. Hay demasiada desigualdad y necesidades embalsadas y los conflictos sociales siguen estando a la puerta. 

Bien ha hecho Martín Vizcarra en privilegiar la salud pero toca al gobierno pasar de la palabra a la acción. Presupuestos del MINSA sin ejecución son un agravio a las necesidades de los más pobres. Es indispensable exhibir eficiencia para que la formalidad del Estado tenga sentido para todos

¿MENSAJES RECIBIDOS?

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 2 de Noviembre 2018

Las protestas convulsionan América Latina. Chile -el gran paradigma del neoliberalismo- no se cansa de manifestar en las calles sin encontrar límites para su violencia e indignación. Como Tony Judt tituló su obra póstuma Algo va mal cuando no se comprende el extremo de los abusos, el maltrato y la desigualdad sistémica. Cuando el sentido común se pierde y el temor se enseñorea la paz social es una ficción. Nadie duda que lo que sucede en otros países es una señal de alerta. Así debe haberlo sentido Martín Vizcarra cuando en la peculiar investidura de su gabinete en Palacio de Gobierno saludó la admisibilidad de la demanda competencial por el TC e insistió en atender aspectos sociales como la salud o el incremento del sueldo mínimo, aunque sabía que afrontaría resistencias empresariales. Ojalá entendiera que no es posible dejar la definición de los destinos nacionales a multitudes que pueden arrasar derechos e instituciones con altísimos costos humanos y económicos.

La violencia está en toda la región, de México a Chile pasando por América Central y en especial en Venezuela donde el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia son un engaño. El Perú no está vacunado contra el contagio. Tiene demasiadas demandas sociales embalsadas a lo que se agrega el gravísimo telón de fondo de la corrupción que nos está dejando sin dirigentes confiables. Tenemos una urgencia acelerada de cambio de élites como en los países en que las guerras arrasan generaciones. Por eso necesitamos instituciones sólidas y democracia igualitaria. La crisis de confianza puede desestabilizar coyunturas y horizontes nacionales. La licencia a Tía María es un test riesgoso. 

Idealmente el Perú podría lograr una mejor representación y apostar por el futuro con democracia y madurez pero la urgente agenda social espera atención inmediata para prevenir estallidos.  En momento tan difícil y complicado no funcionan respuestas ambiguas, toca tomar decisiones.

¿MENSAJES RECIBIDOS?

En Correo el sábado 2 de Noviembre 2019

Las protestas convulsionan América Latina. Chile -el gran paradigma del neoliberalismo- no se cansa de manifestar en las calles sin encontrar límites para su violencia e indignación. Como Tony Judt tituló su obra póstuma Algo va mal cuando no se comprende el extremo de los abusos, el maltrato y la desigualdad sistémica. Cuando el sentido común se pierde y el temor se enseñorea la paz social es una ficción. Nadie duda que lo que sucede en otros países es una señal de alerta. Así debe haberlo sentido Martín Vizcarra cuando en la peculiar investidura de su gabinete en Palacio de Gobierno saludó la admisibilidad de la demanda competencial por el TC e insistió en atender aspectos sociales como la salud o el incremento del sueldo mínimo, aunque sabía que afrontaría resistencias empresariales. Ojalá entendiera que no es posible dejar la definición de los destinos nacionales a multitudes que pueden arrasar derechos e instituciones con altísimos costos humanos y económicos.

La violencia está en toda la región, de México a Chile pasando por América Central y en especial en Venezuela donde el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia son un engaño. El Perú no está vacunado contra el contagio. Tiene demasiadas demandas sociales embalsadas a lo que se agrega el gravísimo telón de fondo de la corrupción que nos está dejando sin dirigentes confiables. Tenemos una urgencia acelerada de cambio de élites como en los países en que las guerras arrasan generaciones. Por eso necesitamos instituciones sólidas y democracia igualitaria. La crisis de confianza puede desestabilizar coyunturas y horizontes nacionales. La licencia a Tía María es un test riesgoso. Idealmente el Perú podría lograr una mejor representación y apostar por el futuro con democracia y madurez pero la urgente agenda social espera atención inmediata para prevenir estallidos.  En momento tan difícil y complicado no funcionan respuestas ambiguas, toca tomar decisiones.

LA PAZ SOCIAL 

COMO FICCION

En Correo el 26 de Octubre 2019

Mientras algunos de los países del continente enfrentan graves turbulencias sociales el Perú sigue pareciendo un oasis a pesar de la ruptura del orden constitucional por la disolución del Congreso y de la demanda pendiente de admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Pero la clase dirigente no puede vivir de una ficción de paz ni dormirse en laureles inexistentes, demasiadas demandas embalsadas tornan relativa la situación. No hay que abusar de la paciencia cuando la protesta toca puertas vecinas. Si tuviéramos que reclamar, como lo hacen los chilenos, por un sistema individualista y poco solidario que implica poco o ningún acceso a las pensiones, salud, educación, transportes y demás servicios, no estamos lejos de esa realidad. Y seguimos sin reglas claras para las candidaturas de la elección del nuevo Congreso. Mientras Vizcarra veta a todos los congresistas hasta el 2025, el JNE traslada responsabilidades al momento de la inscripción y los partidos lo aceptan.

En el Perú existe una enorme crisis de confianza en los líderes y en las instituciones. Las pocas esperanzas en la política determinan que cada ciudadano tome a su cargo su suerte y la de su familia prodigándose en trabajos con sobrecarga de esfuerzos y energía. Por eso evade responsabilidades respecto de la democracia y de la política, su desencanto es extremo, ni siquiera exige al Estado los servicios básicos de calidad que constitucionalmente le debe. Pero esta eventual pasividad no debe ser confundida con resignación y menos con ilusión. No hay oportunidades para todos, la igualdad que los chilenos reclaman en las calles es un ideal. La situación de los sectores populares no es la mejor como tampoco lo es el silencio ante problemas cotidianos con un gobierno cuyas prioridades no son las angustias colectivas. La redistribución y no la concentración del poder económico o del político sigue siendo la esencia de la democracia. No olvidarlo.

LAS INSTITUCIONES IMPORTAN

En Correo el 19 de Octubre 2019

Las instituciones importan y mucho para el desarrollo económico de los países, en especial de aquellos que como el nuestro luchan contra la precariedad y la informalidad. Es entendible la mucha atención que recibe el tema por los estudiosos del desarrollo y del bienestar al punto que ha sido elevado al rango de principal determinante del progreso. Entidades internacionales como el Banco Mundial lo han convertido en lema que orienta sus propuestas de reforma. Corresponde a los líderes nacionales hacerlo operativo con indicadores adecuados. Pero ese debate en nuestro país encuentra más problemas que soluciones. Por un lado está la calidad del capital humano y por otro las ambiciones de los políticos o la erosión malsana de la corrupción que afecta también otras variables del progreso como el nivel de infraestructura, la calidad de sus políticas públicas y la inversión en innovación. En este sentido pensar el crecimiento y el desarrollo implica defender la democracia, el Estado de Derecho y, fundamentalmente la calidad de las instituciones.

Por ello es muy importante el reciente artículo de Juan Paredes Castro que alerta sobre el efecto dominó del cierre del Congreso. Porque debemos impedir lo imprevisible. Y es que la autonomía de las instituciones y el balance y la separación de poderes parecen irse al tacho cuando se imponen presiones políticas y mediáticas para que ninguna protesta ni defensa constitucional prospere. En 10 días sabremos si el TC acepta la demanda competencial planteada por el presidente del Congreso y mucho dependerá de la fecha de su respuesta. Si demora coincidirá con el nuevo Congreso ya elegido y no quedará margen para rectificaciones si hubiera disposición para ellas. La política de los hechos consumados puede avasallar mecanismos e instituciones o evolucionar, como teme Paredes Castro, hacia un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían dar forma a un régimen absolutamente autocrático. Deberíamos poder evitarlo.

¿DEMOCRACIA SIN CONTRAPODERES?

MARIA DEL PILAR TELLO

Se produjo el cierre del Congreso y el país sigue en la incertidumbre por lo que muchos consideran una flagrante ruptura constitucional. Dentro de diez días sabremos si el Tribunal Constitucional, máxima entidad para interpretar la Carta Magna, acepta la demanda competencial presentada por el Presidente del Congreso para anular el cierre del 30 de Septiembre. Ojalá su respuesta sea inmune a presiones políticas y mediáticas.

Muchos temen el contagio o el efecto dominó entendiendo el riesgo de que otros poderes autónomos como la Comisión Permanente, la Corte Suprema, el Ministerio Público o el mismo Tribunal Constitucional colisionen con el Gobierno y sus decisiones sean consideradas ilegales. Si hubo denegatoria fáctica para cerrar un Congreso a nadie extrañarían otros mecanismos de control fáctico que la población deberá aceptar sin mucha posibilidad de protestar.

Dos aspectos preocupantes en esta situación. En primer lugar la evidente precariedad de nuestras instituciones, entre ellas los partidos políticos, y en segundo lugar la ostensible fuerza de la manipulación mediática cuando se trata de convencer masivamente para alcanzar altas cotas de popularidad.

A ello se agrega la crisis del sistema de justicia en camino de una reforma que no funcionará sino se integra a una mayor del sistema político y electoral.

Hace algunos años el premio nobel de economía Douglas North describió la institucionalidad como el conjunto de reglas y restricciones diseñadas por el hombre para dar forma a la interacción humana. Una institucionalidad sólida conduce al desarrollo de los países que ven regulada su vida en sociedad por medio de ellas. De hecho son parte del equilibrio de poder para dar certidumbre a los ciudadanos. Cuando ese equilibrio desaparece y surge la concentración del poder comienzan las distorsiones y el todo vale para mantenerse en el gobierno buscando el apoyo social aun cuando sea con un discurso alejado de la realidad.

En unos meses sabremos si el Tribunal Constitucional aprueba la disolución del Congreso de la República o si recomienda su rectificación. También podría asumir posiciones intermedias o con una sentencia prospectiva pretender evitar problemas a futuro. Si es así la decisión de Vizcarra se mantendría inalterable o su gobierno podría evolucionar a un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían terminar dando forma a un régimen absolutamente autocrático.

Lo que tenemos ahora es un presidente sin controles ni limitaciones para gobernar. Y aunque la gente quiera creer que no acumulará más poder invadiendo otros poderes nada indica que debamos descartar esta posibilidad indeseable.

LA BISAGRA 

DEFENSORIAL

En diario Correo mi columna HOJA DE TIEMPO del 12 de Octubre 2019

Desde el 30 de septiembre la democracia peruana se ha quedado solo con dos poderes, Ejecutivo y Judicial, el Legislativo ha sido disuelto de manera totalmente discutible. Las opiniones van y vienen pero la única instancia que podría consagrar o rectificar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra es el Tribunal Constitucional ya requerido por Pedro Olaechea en aras de la estabilidad jurídica y política.

Toda democracia requiere de la separación y equilibrio de poderes. La reunión de las cabezas de los tres poderes da forma al Consejo de Estado que algunas veces -en situaciones de urgencia- se ha reunido en nuestro país para facilitar el diálogo entre poderes y el consenso. En plena crisis el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, con alta sensibilidad institucional, ha asumido el rol de bisagra y si bien no pudo reunirlos sí habló por separado con el presidente de la República y con el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para pedirles diálogo. Vivimos días convulsos y es indispensable garantizar el respeto a los derechos fundamentales al tiempo de descartar todo tipo de violencia. Si la Defensoría es clave para sostener los espacios de diálogo más aún lo es el Tribunal Constitucional  para poner  los límites al Presidente de la República. Olaechea ha requerido al TC para que suspenda el decreto de disolución, que declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. Una solicitud muy bien planteada, jurídica y políticamente. Y mientras llega el vital pronunciamiento ambos poderes deben buscar soluciones. Falta bastante para que este quinquenio termine y la necesidad de una agenda común y de un mejor gabinete subsisten, a pesar de los penosos acontecimientos recientes.

LA VOZ CONSTITUCIONAL

En diario Exitosa el domingo 13 de Octubre 2019

Se produjo la disolución del Congreso y el país continúa en situación de incertidumbre y de inestabilidad aunque muchos pretenden que estamos en plena normalidad y que aquí no ha pasado nada. Toca al Tribunal Constitucional consagrar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra u ordenar su rectificación si políticamente fuera posible. Lo que no se puede olvidar son los problemas nacionales que se ven más urgentes ante el temor de que la ruptura afecte aún más la economía ya paralizada en el consumo y el comercio. Hay muchos problemas pendientes en este quinquenio que todavía está a la mitad y que ha sido afectado por turbulencias y fuertes amenazas de inestabilidad con dos gobernantes que en permanente colisión de poderes no afrontaron severos males  como la anemia o desafíos como la reconstrucción del norte con la obra pública requerida, ni pudieron destrabar las inversiones que generan fuentes de trabajo.

Pablo Olaechea ha requerido al Tribunal Constitucional para que suspenda los efectos del decreto de disolución, declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. El tema ha sido bien propuesto y suscrito desde lo jurídico, lo político y lo racional por el Presidente del Congreso que en esa calidad preside la Comisión Permanente como lo señala el Reglamento de ese poder del Estado con fuerza de Ley. No existe ninguna usurpación de funciones como pretende Vizcarra.

Nos toca esperar que el TC como instancia máxima diga su voz sobre situaciones alejadas de la constitucionalidad, y que lo haga sin influencias políticas ni parcialidades que lo despojarían de legitimidad. Sería excelente le diera prioridad y que además pudiera hacer docencia sobre los mecanismos utilizados como amenazas que nos han traído hasta este indeseable momento. De un lado la vacancia presidencial y de otro la disolución del Congreso fueron malamente agitados como amenazas mes a mes. Sin pensar en que son mecanismos traumáticos que solo deben utilizarse en situaciones extremas, con escrupulosas formalidades y estricto fundamento. Igualmente el TC debería aclarar que la cuestión de confianza no es un recurso banal que puede convertirse en una espada de Damocles permanente. Son cuestiones esenciales que no deberían ser dejadas a la interpretación interesada y coyuntural pues como hemos visto se vuelven contra el Estado de Derecho.

Y mientras se resuelve el problema político mayor el Presidente debería aceptar que tendrá que superar la mediocridad de la gestión pública en temas económicos como sociales y de seguridad. La eficiencia que requiere para concretar el gasto y tomar las decisiones fundamentales no vendrá del Congreso que se elegirá en enero 2020 ni del precario gabinete de urgencia que preside Vicente Zevallos.

Si gracias a la definición constitucional logramos superar la incertidumbre e inestabilidad generadas por la disolución del Congreso, Martín Vizcarra, sin dejar de dialogar como pide el Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, podría culminar su mandato convocando a los mejores en un gabinete de ancha base, buscando un acuerdo mínimo para la atención de las urgencias, cumpliendo sus promesas y demostrando haber restaurado el orden constitucional sin extender indefinidamente su mandato como muchos temen.