domingo, 14 de julio de 2019


¿GOBIERNO DIALOGANTE?

En Correo el 13 de Julio 2019

Con el objetivo de legitimar la licencia de construcción concedida al proyecto Tía María el presidente Vizcarra ha ofrecido apertura al diálogo dado que la licencia social, es decir la aceptación de la comunidad, aún no existe. Las posibilidades de conflicto son muy grandes y se incrementan por la gran desconfianza motivada por la confrontación con el Congreso y el irrespeto a la separación de poderes. La confianza es esencial para que democracia e instituciones funcionen más aún si hay un doble discurso. Si el gobernante apuesta por el diálogo respecto de un tema concreto, más importante aún es si tiene una visión integral del escenario político y social nacional. No solo la democracia está afectada, también la economía -en cuyo marco se insertan los proyectos mineros- presenta indicadores de paralización que no se veían hace muchos años.

No se trata solo del discurso y de las promesas, a estas alturas muy devaluadas, sino de acciones concretas que la ciudadanía espera poder ver. Julio es el mes de los cambios y uno posible es el del gabinete hasta ahora poco relevante para la solución de los problemas. Otro aspecto es que el dialogo y la concertación deben aterrizar en torno a una agenda mínima de problemas comunes a generarse con urgencia en el Ejecutivo y en el Congreso.  

Hasta ahora el gobernante ha conseguido popularidad pero no soluciones. Su discurso anticorrupción se relativiza y el de sus reformas hace agua después del fracaso de la Junta Nacional de Justicia. Necesita aceptar la complejidad de gobernar un país como el nuestro, rodearse de gente capaz y recuperar la oferta de poner fin a odios y confrontaciones que presentó al Congreso cuando asumió el poder. Y reconocer que la peor forma de alentar la discordia es la amenaza de cierre del Parlamento en caso sus deseos e intereses no sean complacidos.




lunes, 8 de julio de 2019


IRRESPETO 
A LAS ESENCIAS

En diario Exitosa el domingo 7 de Julio 2019

¿Habrá suficiente tolerancia del Ejecutivo si su proyecto de reforma política sufre modificaciones para mejorarlo de acuerdo a lo que propondrá la mayoría de la Comisión de Constitución?

Está a la vista que la obligatoriedad de la votación de una primaria interna genera el mayor rechazo de partidos como el Apra, Fuerza Popular y Acción Popular. El tiempo avanza y no hay entusiasmo para aceptar una reforma que adiciona problemas como la exigencia de alternancia y de paridad. Si el referente de la propuesta es el modelo argentino será difícil llegar al consenso en el plazo fijado que es el final de esta Legislatura.

Un conjunto de fantasmas rondan el debate y las exigencias de respeto a las esencias y a los plazos comienzan a dar malos resultados. Martín Vizcarra no es consciente de las limitaciones constitucionales de su poder presidencial y de que los condicionamientos del primer ministro comprometen toda la reforma. Ya pasó más de un mes desde que el Congreso aceptara la cuestión de confianza, tiempo de recordar que en ese momento el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirmó que el mandatario no está habilitado constitucionalmente para imponerse a otro poder del Estado. Pero Vizcarra no escucha y sigue blandiendo la espada de Damocles de la disolución del Congreso.

Los precedentes en América Latina no ayudan respecto de las elecciones internas abiertas en la que participan afiliados y no afiliados. En Argentina, donde surgió, no han sido exitosas y la participación de la ciudadanía en las decisiones de los partidos puede terminar con su escasa organicidad e institucionalización.

El predictamen de la Comisión de Constitución no acepta las elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, con voto preferencial, organización por la ONPE y resultados vinculantes. Está claro que las famosas esencias serán totalmente o parcialmente irrespetadas aunque para Rosa Bartra seguirán trabajando para mejorar la propuesta del Ejecutivo considerada mayoritariamente inconveniente.

¿A cuántos atemoriza la amenaza presidencial? Para muchos peor que la disolución congresal sería aceptar que gente ajena decida lo más importante de la misión electoral de los partidos que es la decisión de las candidaturas presidenciales. Si la idea es ayudar a legitimar los partidos políticos, “acercarlos a la ciudadanía. No debilitarlos, ni disminuirlos” como dijo Martín Tanaka, mejorar la dinámica interna de partidos no puede significar aceptar una exagerada apertura que podría distorsionar las ideas en común o la identidad ideológica de cada organización política.

Estamos ante una gran reforma constitucional con asuntos espinosos que no deberían decidirse a la ligera ni bajo imposición. Dos meses son insuficientes para 142 modificaciones que afectan la Constitución, la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos. El temor es el debilitamiento de los partidos por las fuertes exigencias y la participación de gente ajena. Y no les falta razón si no quieren luego lamentarse como sucedió con las decisiones aprobadas en el referéndum de diciembre 2018 cuando bajo influencias políticas y mediáticas se dio la aceptación sin que la gente hubiera discutido y conocido lo que estaba en cuestión.

No olvidar las palabras de Ernesto Blume: si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional lo hace “en ejercicio de su capacidad de poder constituyente y constituido”, y por tanto tiene rango constitucional, “por lo que no puede ser observada por el presidente de la República”.

Pero la terquedad presidencial existe y genera incertidumbre e inestabilidad política que afecta a la economía. Lamentable porque son pocos los congresistas que creen en la reforma política tal como está planteada por el Ejecutivo y todo puede suceder.






ENTRE LAS ESENCIAS 
Y LA DEMORA

En diario Correo el 6 de Julio 2019

Ha pasado más de un mes desde la aprobación de la cuestión de confianza por el Congreso para la reforma política planteada por el Ejecutivo. Los condicionamientos del primer ministro de respeto a las esencias y a los plazos, antes de que termine esta legislatura, comienzan a generar consecuencias negativas. Bien advirtió el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que el mandatario no está habilitado constitucionalmente para imponer pero en la práctica lo hace y la espada de Damocles de disolución del Congreso continúa pendiente.

Estamos ante una reforma constitucional de gran envergadura que se quiere apresurar sin respetar los fueros legislativos. Y las bancadas han aceptado aprobar dos proyectos pero hasta ahí llegaron porque ahora se oponen a las elecciones internas en los partidos. Para nada sirvió la prolongada sesión de más de siete horas en la Comisión de Constitución, las voces discordantes y de rechazo de Fuerza Popular, el Apra, Acción Republicana, Acción Popular y APP se mantienen sin contrapropuestas.

El debate sobre las reformas políticas está retrasado y tal vez terminado en este aspecto. Pasado mañana se reanudará pero el tiempo perdido no se recuperará. La carrera se ha detenido porque los partidos ven la amenaza de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias como mayor a la del cierre del Parlamento.

El consenso sobre democracia interna se revela muy difícil. Estamos ante el previsible primer irrespeto a las esencias. Por algo Blume señaló en su visionario comunicado, que si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional lo hace “en ejercicio de su capacidad de poder constituyente y constituido”, y por tanto tiene rango constitucional, “por lo que no puede ser observada por el presidente de la República”. Martín Vizcarra no lo entiende así y la incertidumbre se adueña del escenario político. Lamentable para la estabilidad y la gobernabilidad que necesitamos con urgencia.



sábado, 6 de julio de 2019



LOS CAMBIOS DE JULIO


En diario Correo el 29 de Junio 2019

El Acuerdo de Colaboración Eficaz con la constructora Odebrecht ya homologado por el Poder Judicial está en cuestión por los nuevos sobornos descubiertos respecto del Gasoducto. Mientras en el Congreso siguen haciendo su tarea sobre la reforma política en los plazos exigidos por el Ejecutivo, el tema de la colaboración eficaz retorna a la controversia ya que solamente pudo darse en los cuatro casos en los que Odebrecht reconoció culpabilidad. Pero hay muchos más que comienzan a verse que tornan inútiles sus proclamas de inocencia. 

Necesitamos que esa megaempresa que tanto sabe ayude al país con su información aunque las dudas cunden mientras más culpabilidad se demuestre. Queda claro que el  acuerdo deberá reformularse para incrementar la indemnización para el país.     

Párrafo aparte merecen los cambios de Julio en el Legislativo y el Ejecutivo. La mesa directiva del Congreso será la oportunidad para lograr un consenso que pudiera fortalecerlo institucionalmente ante todos los que claman por su disparatada disolución. Y el Gabinete del Solar exige cambios en los sectores que están haciendo agua sin poder enfrentar crisis evidentes. Será también oportunidad para precisar una agenda nacional que pudiera unificar acciones entre ambos poderes del Estado para sintonizar con las urgencias en inseguridad, salud y economía para mencionar las principales. Veremos si en su mensaje patrio el presidente Vizcarra se presenta como estadista o solo como gobernante ansioso de mayor popularidad, la que no significa buen gobierno como estamos viendo.

Si prospera la reforma política será positiva para mejorar la representación pero no será ninguna solución para tantos problemas desatendidos. Para el trecho que falta se requiere empinarse sobre la coyuntura y esbozar soluciones integrales más cerca de los consensos y del diálogo y más lejos de la confrontación y la colisión de poderes que no ha traído nada bueno para el país. Julio es una oportunidad.



JULIO ES UNA OPORTUNIDAD.


En diario Exitosa el domingo 30 de Junio 2019

Bien por la reforma política que ahora ocupa todos los tiempos congresales para concluirla en los tiempos exigidos por el Ejecutivo. Aunque dudamos que las esencias que se reclaman permanezcan tal cual fueron demandadas es cierto que habrá mejoras para la representación ciudadana aunque no será solución para los grandes problemas pendientes. Es una reforma importante pero no esencial.

Al comenzar Julio corresponde encarar los cambios en el Ejecutivo y en el Legislativo, hoy bajo fuego mediático y con amenaza de cierre. El presidente Vizcarra ha logrado buenas cifras de popularidad pero si las contrastamos con las del magro crecimiento económico y las del dramático ascenso de la delincuencia urbana, vemos que en lo fundamental los avances son escasos o inexistentes y la gestión presidencial tiene malas cifras en aspectos esenciales.

Cómo revertirlas más allá de los likes y del ruido político. Necesitamos soluciones en sectores claves como la seguridad, la salud, la economía, el empleo y el alza del costo de vida que avanza sin que se escuche todavía la protesta, por ejemplo, sobre la desmesurada alza de las tarifas eléctricas.
Julio es una oportunidad clave para saber si en el trecho que le falta a este gobierno transitorio podremos esperar algo de ambos poderes. ¿Cómo funcionarán el presidente Martín Vizcarra y su Gabinete del Solar? ¿Tendremos en el Congreso una mesa directiva consensuada que lo fortalezca y mejore su imagen ante las calles que piden su disolución? ¿Seguiremos con la confrontación y la colisión de poderes como estrategia para ganar la atención de las tribunas o se privilegiará el diálogo y el consenso para actuar sobre una agenda nacional que recoja las principales urgencias?
Julio es una oportunidad para los políticos y para el país. Si bien no existe una oposición bien orientada y articulada sí hay un conjunto de demandas que hablan de urgencias que no significan reformas sino atención hábil y especializada en la salud pública, el combate a la delincuencia urbana, el incremento del crecimiento económico y la disminución del desempleo, que, entre otras, deberían conformar una agenda única a ser abordada por consensos y diálogo dejando de lado la confrontación que da fugaces réditos pero nada construye.
Vizcarra no llegará a ser un estadista si sigue obsesionado por la popularidad en las encuestas. El Congreso tampoco logrará mantenerse si continúa enfrentando ataques sin transmitir una imagen de sensibilidad y cumplimiento de lo que puede hacer. Si bien la lucha anticorrupción es trascendental no puede desplazar y menos sustituir la atención de los servicios y la seguridad por la que claman miles de peruanos temerosos ante el riesgo de sus vidas.
Serán claves la nueva Mesa Directiva del Legislativo y la conformación de un nuevo gabinete o la renovación de las carteras más importantes que no logran superar una gestión fallida especialmente en lo presupuestal. Y en cuanto al Congreso sabemos bien que se juega su supervivencia por lo cual debería lograr una directiva consensuada en torno a una agenda común.
El Ejecutivo también deberá decidirse por el dialogo en torno a una agenda de urgencias y no por seguir confrontando. Este 28 de julio veremos si se empina sobre la coyuntura y mira al país integral convocando a los mejores para un gabinete que podría dejar de ser irrelevante para actuar decididamente en el penúltimo año de gobierno.
Hacer política no es solo legitimarse con la aprobación del momento, es lograr resultados, cumplir buena gestión, asumir actitud dialogante en beneficio de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y jurídica, en democracia.


viernes, 28 de junio de 2019


DEFENDER LA DEMOCRACIA

En Opinión diario Exitosa del domingo 23 de Junio 2019

Representantes de las bancadas de FP, APRA, AP y APP en la Comisión de Constitución del Congreso acordaron un pronunciamiento en defensa del Parlamento, que llame al presidente Martín Vizcarra a la reflexión luego de la amenaza de que si no se aprueban sus proyectos de reforma política, respetando su esencia, interpretará como denegada la confianza al gabinete y podrá cerrar el Congreso, pero respetando “lo estipulado en la Constitución”.

Esta argumentación no tiene asidero ni legal ni político. No hay forma constitucional de cerrar el Congreso si el Ejecutivo insiste en que el mismo Presidente mismo la confianza parlamentaria a posteriori. El equilibrio de poderes se rompería en desmedro de la institucionalidad democrática convirtiendo ese gesto en golpismo puro y duro, sin atenuantes. Ningún constitucionalista serio e independiente aceptaría que el Presidente pueda disolver el Congreso en función de su personal y acomodaticia interpretación después de otorgada la confianza.

Bien ha dicho Luis Iberico, el Presidente se equivoca pues el Congreso no se ha negado a legislar la reforma política lo está haciendo en uso de sus facultades legislativas y conforme al debate inherente a sus funciones. Y a pesar de que el presidente en lugar de fomentar el diálogo y la reconciliación con el Parlamento alienta la confrontación a diferencia del premier Salvador del Solar.

Es cierto que el Congreso no es el mejor que podríamos tener pero es el que tenemos y aunque está bajo fuego mediático para alentar a las calles a que exijan su cierre, la realidad política debe ir por otro camino. Es entendible que los congresistas que pertenecen a un partido político rechacen que ciudadanos ajenos participen en las primarias internas. Que la gente de fuera intervenga sin conocer los problemas partidarios podría ser negativo. Estaríamos pasando de la exagerada cantidad de firmas para la inscripción al involucramiento exagerado de ciudadanos no militantes que podrían hacer implosión en una organización política.

Los juristas coinciden en que un cierre del Parlamento, luego de aceptado el pedido presidencial de confianza por el pleno, sería inconstitucional dado que el proceso de esa cuestión de confianza ya habría concluido y tendrían que presentar una nueva en torno a lo que el Ejecutivo considere indispensable.

Si no lo hace la disolución del Parlamento sería inconstitucional, un claro rompimiento del Estado de Derecho. Pero además como disolución sería causal de vacancia presidencial, según el artículo 134 de la Carta Magna.

Las pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso escalan irresponsablemente. No solo Martín Vizcarra debe tener mesura también los congresistas deben poner de su parte para defender proactivamente su institución. Si bien no es aceptable que se limite o menoscabe el debate político inherente al Parlamento, toda relación tirante y revanchista, como la que tienen con el Ejecutivo les da mala imagen ante la ciudadanía que ve como soslayan las urgencias sociales. Entretenidos como están con la reforma política bajo presión no responden a sus electores que exigen mejoras ante la violencia urbana y la salud pública.

Y el telón de fondo es el crecimiento cero en economía. Complacidos con el ascenso del gobernante en las encuestas y en su apuesta por la reforma política el gobierno descuida las finanzas que presentan cifras de recesión no vistas desde hace muchos años, muy lejanas del 9% del segundo gobierno de Alan García. Solo estas cifras justificarían el cambio de un gabinete cuyo perfil bajo no va con las urgencias nacionales. Con la economía en esos niveles de parálisis los inversionistas se van y más aún si se agrega la inestabilidad política y jurídica Las señales de un país en plena incertidumbre las ha recibido bien una lideresa como Beatriz Merino que con claridad y sentido común formula recomendaciones para superar la situación de confrontaciones y pugnas inútiles poniendo por delante el respeto a las formas democráticas. 



POPULARIDAD NO ES IGUAL 
A BUEN GOBIERNO

En Correo el 22 de Junio 2019

El tema económico está en el centro de las preocupaciones y la recesión se convierte en un fantasma ante un gobierno que se mira el ombligo pensando solo en incrementar la popularidad del gobernante. Pero la subida en las encuestas no significa confianza y menos aún buen gobierno. Vizcarra no solo no sintoniza con las preocupaciones populares, no dispone lo necesario para salir de la parálisis económica y de las urgencias en seguridad, reconstrucción, fomento a la inversión, etc. Peor aún, nuevamente amenaza con el cierre del  Congreso en pro de una reforma política que puede ser importante pero en modo alguno significa solución inmediata para ninguna de las urgencias. El precio de dicho cierre sería incrementar la inestabilidad política y jurídica la que a su vez ahuyenta la inversión.

Si lo que busca Vizcarra es popularidad para su propio proyecto político lo más honesto sería que convoque a Elecciones Generales para que el nuevo Gobierno estabilice la política y pueda retornar al crecimiento sostenido. Lejanos están los tiempos del segundo gobierno de Alan García cuando crecimos hasta el 9% y recordarlo es bueno porque prueba que sí podemos superarnos cuando hay un timón hábil en el gobierno y en la economía.

No hay indicador mejor que el crecimiento para medir la capacidad del gobernante ni más saludable para inyectar confianza en el futuro próximo. Las encuestas son fotos del momento, estados de ánimo que se lleva el viento que hoy puede correr favorable pero cuando hay hambre y desempleo no hay fintas que valgan. Las señales de un país en plena incertidumbre las ha recibido bien una lideresa notable como Beatriz Merino que con claridad y sentido común formula recomendaciones para superar la situación de confrontaciones y pugnas inútiles poniendo por delante el respeto a las formas democráticas. 


martes, 18 de junio de 2019


EL MODELO DE ESTADO


En diario Exitosa el domingo 16 de junio 2019

Estamos en pleno proceso de reforma política con un debate hasta ahora consensuado pero existe incertidumbre sobre sus resultados desde que el Ejecutivo espera que sus proyectos de ley no sean “desnaturalizados”, vale decir apartados de las esencias descritas por el Primer Ministro ante el Congreso. Falta conciencia de que equilibrio de poderes implica que ningún poder puede decirle o exigirle a otro lo que tiene que hacer. NI plazos ni condiciones de un poder a otro entran en el esquema de nuestra Constitución.

La reforma en proceso no significa ningún cambio radical de la ley de leyes que sostiene un Estado democrático y social de Derecho a pesar de lo cual la izquierda levanta la bandera del cambio de constitución como si con ello pudiéramos dar solución a tantos problemas estructurales que nos afligen.

En la presentación del reciente libro del doctor Walter Robles Rosales con el título Reflexiones Y Propuestas Constitucionales comentamos la idea de estudiar el modelo de Estado que tenemos en nuestra región, asunto de gran interés para países que siempre están al límite de la inestabilidad política y jurídica, que como el nuestro deben enfrentar momentos críticos al borde de la ruptura constitucional.

Los diferentes modelos en el continente son de inspiración europea o norteamericana y tienden a defender libertades y derechos humanos en sus Constituciones pero como dice Robles Rosales asistimos a una permanente tensión entre la teoría constitucional y la práctica política la cual obliga a los expertos a revisar la Teoría del Estado y la filosofía jurídico-política pues las Constituciones confrontan realidades demasiado complejas. Y hablamos de Estado de Derecho y de democracia pero podemos ser demasiado permisivos con las violaciones de sus principios como la separación y equilibrio de poderes al auspiciar la concentración del poder. O aceptar que el principio de presunción de inocencia claramente definido como inviolable lo es sistemáticamente a través de abusivas prisiones preventivas y aún más se le pretende regular cuando su contundencia no admite interpretaciones.

Como señala Walter Robles los especialistas han realizado significativos y heroicos sacrificios por encontrar un Estado modélico que pudiera ser expresión del modo de vida, trabajo, producción, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos. Pero en América Latina la realidad distorsiona el contrato social precisado en la Constitución por lo cual se genera inestabilidad o simplemente ausencia de un modelo consensuado que pueda hacer realidad libertades y derechos fundamentales.

Estamos entonces ante la necesidad de crear o imaginar un nuevo tipo de Estado, no solo copiar y aplicar modelos ajenos. Un enorme desafío al que Walter Robles responde con su propuesta de Estado Democrático de los Derechos Fundamentales. Su punto de partida es el estudio y análisis de los derechos humanos, lo más avanzado de la humanidad y no por gusto la ideología del siglo XXI que tiene como eje la defensa del derecho a la vida y la dignidad del ser humano.  

Así la dignidad se convierte en un valor absoluto, en la fuente ética de todos los derechos humanos, aquella que figura en todas las constituciones políticas de América Latina y en especial en la Constitución peruana de 1979 que la vigente repite.

Robles logra plantear el tema central de cómo crear el Estado que más se acerque a la sociedad ideal. Preocupa a todos contar con un tipo de Estado respetado, legitimado, eficiente y representativo, que sea la institución de las instituciones, la más poderosa. No una entidad oligárquica y menos aún una tomada como botín por la corrupción nacional e internacional como ha sucedido. Que no se ponga al servicio de unos pocos y pueda ayudar a resolver los problemas estructurales de educación, salud, servicios básicos, vivienda, extrema pobreza, aquel cuyos altos funcionarios no puedan incurrir en ese vedado mecanismo de las puertas giratorias para pasar a defender intereses privados o simplemente en lavado de activos. 

Un ideal en el que deberíamos pensar como nación.


MANTENER EL DIALOGO


En Correo el 15 de Junio 2019

La confianza ya fue dada y estamos en pleno debate de los proyectos de ley de reforma política que permitirán el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por la Corte Suprema, la prohibición de candidatear al Congreso de los condenados con sentencia de primera instancia, la participación ciudadana en la selección de los candidatos de los partidos, la eliminación del voto preferencial y la penalización del financiamiento ilegal de las campañas electorales.

Todos aspectos que parecen plausibles al ser mencionados genéricamente pero con un mayor acercamiento revelan bemoles y consecuencias no todas positivas. Si bien necesitamos las reformas política y judicial impulsadas por el Ejecutivo para la lucha anticorrupción lo que no necesitamos es el choque de poderes.

El precedente inmediato fue el debate y aprobación de los cuatro proyectos de ley de reforma constitucional que, bajo presión del Ejecutivo, fueron sometidos a referéndum en diciembre pasado, evento que lamentablemente nos dejó sin la necesaria bicameralidad.

Ahora estamos en otro escenario. La confianza parlamentaria concedida significa un contrato político que los congresistas deberán honrar, pero hay incertidumbre sobre los resultados debido al condicionamiento y a los plazos que se pretenden imponer. Entre poderes autónomos ninguno le dice al otro lo que debe hacer. Y menos si uno de ellos considera que la imposición perjudicará la institucionalidad política y partidaria c
on, por ejemplo, las elecciones internas abiertas o con la paridad y alternancia en las listas.

Si el Ejecutivo considera que los proyectos han sido ‘desnaturalizados’ y procede con excesos, o de modo arbitrario, también se estaría desnaturalizando el equilibrio de poderes principio inherente a la democracia que se pretende consolidar. Solo queda mantener el diálogo con respeto recíproco -como felizmente se está dando- y esperar que en el camino ambos poderes tomen conciencia de los aspectos y principios esenciales que no pueden ser sacrificados en aras de la popularidad.


domingo, 9 de junio de 2019


LA ESPADA DE DAMOCLES


En diario Exitosa el domingo 9 de Junio 2019 

La democracia está indisolublemente ligada al Estado de Derecho, a la autonomía y separación de poderes, un dogma en que se fundan los regímenes presidenciales latinoamericanos. Un poder no puede ordenar a otro que haga algo de acuerdo a la voluntad del primero.

Es esto lo que estuvo en juego esta semana cuando después de un beligerante debate el Congreso dio su confianza al Gabinete Del Solar. Es cierto que hubo un cambio de tono del Primer Ministro respecto de su desafiante carta inicial al presidente del Congreso para pedir la aprobación de los seis proyectos de reforma política. Y es cierto también que los congresistas asumieron la gravedad de la situación y llegaron a un buen desenlace del conflicto que tuvo al país en vilo por un posible cierre del Parlamento. Quienes llevaron su indignación hasta pedir a gritos este cierre no pensaron en lo que podría venir para el país después de esta medida extrema.
Concluida la escaramuza queda por verse si el Ejecutivo al final de la Legislatura considera que las esencias que Del Solar detalló no fueron respetadas. Una verdadera espada de Damocles pende sobre el Congreso que haría trizas la autonomía de poderes en cuya virtud el Congreso tiene la prerrogativa y la obligación no solo de cambiar dichos proyectos sino de modificarlos y perfeccionarlos en aspectos cuestionables como los que pretenden mejorar los partidos políticos con participación ajena, obligatoria y vinculante. Estamos ante un verdadero absurdo que haría que los partidos ya debilitados desaparezcan legalmente. Si en las internas no vota el 1,5% de los electores dicho partido pierde la inscripción. Lo más probable es que los representados en el Congreso se opongan a esta propuesta y con ello reactiven la amenaza de disolución.
Pero no es tan fácil decidir unilateralmente disolver el Congreso sin que la comunidad internacional considere que es un golpe de Estado cuando en democracia es posible dialogar y lograr acuerdos y compromisos con decisiones que respondan a las demandas sociales que son muchas para dar forma a una necesaria agenda compartida.

El modelo de separación de poderes surgió como reacción ante el despotismo parlamentario o a los excesos del Presidente. Sin dejar de lado la influencia de los jueces sobre las decisiones legislativas, subordinando sus funciones a las del parlamento. Nadie quiere un parlamento como poder absoluto que coloque bajo su influencia a las otras ramas del poder ni un Ejecutivo omnímodo que domine al Legislativo y al Judicial.

Es el momento de que Martín Vizcarra gobierne y atienda las urgencias sociales, en especial la criminalidad urbana que descontrolada amenaza el derecho a la vida, y de que el Congreso legisle la reforma política rescatando su derecho a perfeccionarla sin amenazas ni riesgos de disolución. Momento también de evitar el monopolio del poder de una persona o de un grupo o partido. Que nadie esté tentado a reclamar para sí la totalidad de la representación o a usurpar o invadir las funciones de los otros.

De seguro no es el mejor Congreso el que tenemos pero cumple un papel de equilibrio dentro del Estado de Derecho. El choque permanente entre presidente y Congreso, las decisiones unilaterales o prepotentes liquidan la democracia, la confianza y la estabilidad. Es lo que debemos evitar.