LA CARTA

Crónica publicada en Político.pe el 20 de noviembre 2018

Alan García en movida política inesperada dirigió una carta al presidente uruguayo Tabaré Vasquez, para solicitarle asilo diplomático hasta que cese el clima de persecución política en el Perú. Acusó al presidente Martín Vizcarra y a su primer ministro, César Villanueva, de "arrinconar" a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para "entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno". En esta línea argumentó la inexistencia de "fiscales ni jueces naturales o imparciales". 

"En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigativos extremando abusivamente sus atribuciones".

Párrafo clave cuya argumentación se basa en los innegables excesos orales de Martín Vizcarra y en los procedimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial que han hecho de la pena preventiva una acción generalizada sin considerar su excepcionalidad consagrada por el Tribunal Constitucional. Y la aplican incluso en casos en que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia.

García ha sabido aprovechar esta situación que ha presentado como peligro de detención sin actuación de pruebas, solo con hipótesis. Pocos dudan de que eso iba a suceder desde que de testigo pasó a ser imputado sin mayor transición que una audiencia suspendida para ampliar las investigaciones debido a una nueva prueba aportada por IDL Reporteros ese mismo día. La maniobra fue considerada por muchos como una trampa inteligente del fiscal Domingo Pérez. Ya lo tenían en territorio peruano y no lo dejarían salir. Y antes de que la orden judicial de inamovilidad de García se concretara ya el gobierno de Vizcarra había ordenado el cierre de fronteras en un exceso de prolijidad que usaría el ex presidente para fundamentar su persecución.  

García ha argumentado en todos los tonos su inocencia debido a que en las declaraciones bajo juramento del mandamás Marcelo Odebrecht y en las de sus altos funcionarios figura que “Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito” y nunca mencionaron montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. De ahí sus argumentos para deslindar con los casos de los ex presidentes Toledo, Humala y PPK todos vinculados a Odebrecht directamente. A sabiendas de que la conferencia por la que pretenden perseguirlo, no fue contratada por la empresa megacorruptora y se realizó en un momento en que nadie la censuraba como sucede ahora.

Y ahora puede decir con más razones que desde que dejó la presidencia en el 2011 ha enfrentado múltiples acusaciones, sin que se hallara evidencias y que solo buscaron la "destrucción sistemática y periodística" de su imagen política. El impedimento de salida del país por 18 meses, dictado por el Poder Judicial, le cayó como anillo al dedo para probar el uso exagerado y político de los procedimientos.

Alan García indicó que tras el autogolpe de Fujimori, pidió asilo a Colombia pero que hoy la situación es similar. A una trampa respondió con otra. Mientras contentaba preliminarmente a sus detractores con sus frases de allanamiento a su permanencia en el país estaba organizando una estrategia alternativa que ha puesto en jaque al gobierno de Vizcarra.  

La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez está por verse pero las apuestas van por la aceptación. La carta de AGP bien redactada y mejor estudiada deja sentados aspectos que cuestionan la independencia de poderes en el Perú. Para abundar Vizcarra ha intervenido al comunicarse con el presidente uruguayo. Y ahora que aceptó las reglas del juego deberá otorgar el salvoconducto para que García Pérez abandone el país.

A la ausencia de pruebas se suma el criticado informe del Congreso del 9 de Noviembre de este año, elaborado por la Comisión multipartidaria Lava Jato, que precisa que “No existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan Garcia con los temas investigados”. Contundente para cualquier gobierno extranjero que no está inmerso en la indignación social generada por la impunidad de la corrupción.

Seguramente el gobierno uruguayo dará el asilo a AGP y ojalá se asimile la lección. No basta con el discurso ni con la proclama del equilibrio de poderes. Hay que entender que los partidos políticos no pueden ser tratados como organizaciones criminales. Que no se puede interferir con las instituciones autónomas y menos avasallarlas en busca de popularidad. Que no se puede jugar con la libertad de los imputados a quienes no se les ha probado su culpabilidad. 

Sean quienes sean, adversarios o aliados, las garantías de la justicia son para todos y dan forma a la democracia y al Estado de Derecho. Nadie quiere la impunidad de los corruptos pero hay que sentenciarlos debidamente en juicios. Nada de azuzar a las multitudes, el circo romano es primitivo y debe quedar en la historia. En una democracia madura que respeta la ley necesitamos trabajar con razones y dejar de manipular emociones.

PRISION 

PREVENTIVA

Mi columna HOJA DETIEMPO publicada el 17 de noviembre 2018

La larga obra de teatro se titula Prisión Preventiva. El gran tema de conversación se llama Corrupción con Lava Jato. Los actores principales el Fiscal Domingo Pérez y el juez  Richard Concepción Carhuancho  que ordena sin miramientos entre 18 y 36 meses de prisión contra grandes políticos como Keiko Fujimori y sus asesores, o ex presidentes como Ollanta Humala o grandes empresarios como Graña y Montero. La gente celebra mientras muchos ven con temor las garras de esta justicia “preliminar” aplicada mientras llega la acusación fiscal y el juicio correspondiente.

Con la prisión preventiva no se imparte justicia solo se cuida que el imputado esté a la hora del juicio, que no escape y no dificulte el proceso. Pero el Fiscal establece un delito posible, no probado y sobre él seguirá todo lo que vendrá en materia procesal. Sin presunción de inocencia y sin aplicar el art. 290 del CPPenal que dispone prisión domiciliaria para el imputado mayor de 65 años con una grave enfermedad. Precaución plausible porque el no sentenciado encarcelado puede fallecer en el penal y no llegar nunca al juicio. Pena de muerte informal en penales atestados por preventivas que hoy son la regla a pesar que para el Tribunal Constitucional deben ser la excepción. 

Sea quien fuere al imputado le asiste la presunción de inocencia y solo se le puede despojar de su libertad por sentencia. Pero como las multitudes reclaman que los corruptos entren en paquete a las cárceles el juez y el fiscal están bajo presión social y mediática. Ambos especulan sobre los delitos, las penas posibles, la posibilidad de obstrucción a la justicia o el riesgo de fuga. Atienden a los colaboradores eficaces que señalan culpas como deporte autodefensivo. 

La eficacia depende de la corroboración. No hagamos un cliché de ellos, tampoco de las suposiciones. Exijamos acusaciones fiscales en regla si queremos justicia con garantías.

DE LA JUSTICIA 

A LA POLITICA

En el portal Político.pe publicado el 10 11 18

Hasta el concepto de política está en entredicho después del mensaje en que Alberto Fujimori pide perdón a su hija encarcelada por el daño que ésta le ha producido. No tiene razón, la política bien entendida y mejor ejercida es una actividad digna y de servicio que persigue el bienestar colectivo. Solo aquella que persigue el poder por sí mismo aparece contaminada con las ambiciones desenfrenadas, el dinero y las prebendas que la emparentan con la delincuencia y la inmoralidad que hacen daño.

La impunidad de los grandes está en esta línea de toxicidad social. No la soportamos y con el presente mega escándalo estamos viendo saltar todas las alarmas. La indignación es general y el clamor es la lucha contra la corrupción ubicua. Por eso ahora tenemos la judicialización de la política o la política judicializada con un fuerte impacto social al punto que para nadie está permitido ignorar la variable judicial. Ella nos lleva al extremo de ver la impartición de la justicia como instrumento político. Y a nadie extraña que cundan temores que motivan ataques y defensas como viene sucediendo con el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Una noción básica en democracia es imponer controles jurídicos al poder político en defensa de los derechos y libertades, pero ésta solo funciona si se gobierna en forma democrática. Si el ejecutivo elegido no perturba las funciones legislativas ni las judiciales. El estado de derecho obliga al gobierno a respetar las reglas básicas del juego. La idea es que jueces ilustrados y abiertos a la deliberación racional contengan o limiten los impulsos autoritarios de los políticos que integran los demás poderes del Estado.

Pero el protagonismo de jueces y fiscales que apuestan a las primeras planas un día sí y otro también es una noción presente. Su relevancia depende del contexto en el cual operan. Según la cultura cívica de derechos y libertades y la fortaleza de partidos políticos o coaliciones de gobierno ellos desempeñarán un rol decisorio como está sucediendo. Y al responder a quienes exigen a viva voz y en las calles cárcel y castigo para los corruptos, la magistratura reacciona con el uso extendido de la coerción. Olvidan que la dimensión represiva corresponde a las formas más primitivas del derecho, aunque en la lucha contra la corrupción aparezca como elemento esencial para desterrar la impunidad que nos agravia como país.

Pero no siempre las respuestas bajo presión social, mediática o política son las adecuadas. Está en juego la tentación de protagonismo de algunos jueces, fiscales y procuradores desde un prestigio que puede ser temporal pero muy útil para ingresar exitosamente a la política. Sucedió con Yeni Vilcatoma en nuestro país y está sucediendo con el famoso juez brasileño Sergio Moro que ha aceptado ser Ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, el gran beneficiado de su cacería contra Lula.

Moro fue elogiado como el justiciero que Brasil necesitaba, fue el instructor de 'Lava Jato' que asumió un perfil político como lo tienen ahora el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho. Una situación que podría poner en riesgo la independencia de la judicatura respecto de los otros poderes del Estado.

No olvidar que en democracia es indispensable dotar de un mínimo de autonomía a jueces, fiscales y procuradores y bregar por su independencia para no regresar al derecho a su etapa más primitiva, la de la ley represiva absolutamente subordinada a la política.

La historia de América Latina ofrece ejemplos de estos riesgos. En los años noventa órganos encargados de controlar la Constitución fueron intervenidos por gobiernos como el de Carlos Menem que aumentó el número de jueces de la Corte Suprema para asegurarse una mayoría de partidarios lo cual fue reproducido por los Kirchner. O Alberto Fujimori que en el lesivo 5 de abril intervino el Poder Judicial y posteriormente destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional que dieron un fallo adverso a su reelección. Sin olvidar a Hugo Chávez que obligó a la presidenta de la Corte Suprema a renunciar a su cargo para asegurarse la mayoría en ella.

La lucha por la autonomía puede ser amenazada por la judicialización de la política que puede acabar con la independencia de la judicatura al transformarla en arena política. Porque la otra cara de la moneda es la politización de la justicia que lesiona la institucionalidad y la separación de poderes inherente a la democracia.

En Brasil el supuesto implacable cazador de políticos corruptos, Sergio Moro, acepta ser Ministro de Justicia de Bolsonaro. Un gesto que mancha su imagen y lo hecho hasta ahora. Su justicia se convierte en acto político desde que al poner en prisión a Lula libró al flamante presidente de su mayor obstáculo electoral para alcanzar la presidencia.

Recordemos el paradigmático caso de Italia en los noventa cuando el sonado proceso judicial derivó en la renovación de su sistema político. ¿En el Perú cambiaremos el sistema de justicia o éste cambiará el sistema político? ¿El cambio será para bien de la democracia y de la independencia de poderes? ¿O no?  

NO JUDICIALICEMOS 

LA POLÍTICA

En Correo, mi columna HOJA DE TIEMPO, del 09 11 18

En América Latina jueces y fiscales intervienen en asuntos tradicionalmente resueltos por el sistema político. Esto afecta más a los países con instituciones y partidos políticos débiles por falta de legitimidad y representatividad. Hemos pasado de la censura al poder judicial a confiar en algunos magistrados y a descartar otros. Si bien los excesos de algunos políticos proliferan como hemos visto en el tormentoso debate congresal de Lava Jato también jueces y fiscales pueden incurrir en ellos engendrando justificados temores. Después de las prisiones de Ollanta Humala y su esposa, de los grandes empresarios consorciados con Odebrecht y de Keiko Fujimori con su cúpula otras tantas penas preventivas esperan. 

El interés por conectar con la indignación ciudadana bajo presión mediática puede llevar a errores y a tentaciones. El caso de Pedro Chávarry contamina la política con verdades y medias verdades que hacen las delicias de las tribunas. El fiscal Domingo Pérez recibe la atención del país incluyendo fans enamoradas. El juez Concepción Carhuancho es el justiciero radical de las prisiones preventivas. El denominador común es el protagonismo y la tentación de las primeras planas al precio de desbordar cauces judiciales y constitucionales para entrar a la política. Una vía que llevó a Yeni Vilcatoma al Congreso sin más méritos que saber aprovechar la atención pública por su grabación clandestina al ministro Figallo. Jueces y fiscales son líderes en escenarios políticos confusos y turbulentos. La falta de independencia es el precio. 

No siempre sucede lo del paradigmático caso de Italia en los 90 cuyo proceso derivó en la completa renovación de su sistema político. ¿Y en el Perú cambiaremos o tendremos jueces como Sergio Moro que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política pero ahora será el Ministro de Justicia del gobierno de quien se benefició con su dictamen al eliminar de la contienda a su principal oponente.

EL TIEMPO DE LOS MIEDOS

En Correo el 03 de noviembre 2018

Estamos bajo el impacto de la larguísima audiencia en la cual Richard Concepción Carhuancho, desarrolló los fundamentos para la prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos. El sismo político es de proporciones, la primera fuerza parlamentaria comienza a hacer agua afectada por desorientación, desbande, preocupación extrema al punto que la Junta Directiva emanada del fujimorismo ya no responde a su cúpula con el argumento plausible -aunque bastante artificial- de la imparcialidad. Después de más de dos años de avasallamiento naranja aparecen tardías conciencias de unidad nacional, de diálogo, de sensatez desconocida sin mucha credibilidad.

El fujimorismo asimila el golpe mientras Daniel Salaverry busca perfil propio y trata de defender la institucionalidad parlamentaria con el aplauso de la oposición. No hay confrontación con el Ejecutivo salvo por las diferencias respecto del Fiscal de la Nación convertido en personaje clave de todas las disputas y de todos los miedos. Da la impresión de que Lava Jato genera más temores y convulsiones de lo que muchos se atreven a admitir. Esta polarización política no es ideológica ni política, es simplemente defensiva frente a las culpas y prisiones que podrían alcanzar a diversos sectores y líderes. Y dentro de ello se llega a extremos como la abierta crítica y hostilidad del fiscal Domingo Pérez contra su Jefe institucional. Algo inadmisible. La respuesta de Pedro Chávarry ha sido aún más grave pues usa como escudo el tema Chinchero demasiado sensible porque podría alcanzar al mismo Martín Vizcarra. Y a partir de ahí se anuncian presuntos escenarios golpistas y movidas militares. Lo peor que podría pasar sería la fujimorización de Vizcarra desde que no tiene partido y podría buscar soporte castrense. Lo único sensato es la aproximación política, el diálogo y la movilización en defensa de la democracia. Y del equilibrio y la autonomía de las instituciones.

¿ANTE LA FUJIMORIZACIÓN 

DE VIZCARRA?

En Político.pe el 03 de noviembre 2018

El fujimorismo está profundamente lesionado. Martín Vizcarra le asestó varias derrotas cuando hábilmente logró imponerse a la primera fuerza parlamentaria que a pesar de su alto número de congresistas tuvo que alinearse ante la amenaza de la cuestión de confianza y del cierre posible del Congreso. Y como si fuera poco le ha seguido la audiencia contra la cúpula de Fuerza Popular por presunta organización criminal que habría incurrido en lavado de activos. El climax político se ha dado con la prisión para Keiko Fujimori.

Ante esta situación el desbande del fujimorismo ya es evidente, demasiados temores en los diversos sectores propician que ataquen y defiendan al Fiscal de la Nación Pedro Chavarry, alto funcionario que desde su nombramiento permanece bajo fuego de quienes temen los juicios, las culpas y las prisiones que podrían afectarlos por Lava Jato.

Estamos habituados a la división entre fujimoristas y antifujimoristas pero la polarización que hoy divide al país no es política ni ideológica, es por temores y por defensas. Nadie quiere ser el siguiente en las decisiones del canero juez Richard Concepción Carhuancho. La judicialización de la política hace que los magistrados se conviertan en estrellas políticas, las que pueden determinar escenarios a favor o en contra.

Por eso y con ese empoderamiento, el fiscal Domingo Perez aprovechó la salida de su audiencia no para insistir en su argumentación jurídica sino para atacar a su superior jerárquico, el Fiscal de la Nación. Algo inadmisible dentro de la lógica institucional pero indudablemente rentable en la ruta del aprovechamiento político de la tribuna que marcó la hoy vicepresidenta del Congreso Yeni Vilcatoma.

Pero lo peor por sus consecuencias ha sido la respuesta de Pedro Chávarry al imputar a Domingo Pérez una sociedad con el Ejecutivo para sacarlo de ese alto y decisivo cargo. Y en esa línea atribuirle lenidad o inacción en el caso Chinchero a su cargo, demasiado sensible desde que podría llegar a desestabilizar al mismo presidente Martin Vizcarra.

Si Chinchero está en la agenda de la Fiscalía el Ejecutivo podría sentirse en riesgo y por ello exigir la cabeza del Fiscal de la Nación como lo han hecho en repetidas oportunidades Vizcarra y Villanueva, lindando éste último con el chantaje político al subordinar el diálogo a la salida de Chávarry.

Hasta ahora la popularidad del presidente se ha sustentado en su habilidad para manejar la coyuntura que le ha deparado sucesivas victorias políticas hasta colocarnos al borde de un referéndum para concretar importantes reformas políticas que el fujimorismo no tenía voluntad de asumir.

Pero un emplazamiento judicial de tipo penal sería demasiado serio para Martín Vizcarra, la desestabilización política acecha y como presidente podría ceder a la tentación de descansar en el soporte castrense. De ahí los rumores de golpe incentivados por los cambios a destiempo en los mandos militares institucionales.

Si el presidente Martín Vizcarra se fujimoriza, tomando como ejemplo el nefasto cinco de abril de 1992, estaríamos ante un riesgo que nuestra democracia no se puede permitir. Para defenderla necesitamos de la unidad y del diálogo de todas las fuerzas para respaldar el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones. Y por supuesto de la movilización por conciencia democrática. Por ahí empieza el estado de derecho y por supuesto la justicia que debería estar lo más alejada posible de la venganza y por supuesto de los histrionismos interesados en obtener réditos y figuretismo político.

NO A LA POLARIZACION

SÍ A LA JUSTICIA

En Político.pe el 28 de octubre 2018

La detención provisional de Keiko Fujimori y de la dirigencia de Fuerza Popular viene provocando un sismo de alta intensidad en la mayoría legislativa. Comienza el desbande y los intentos de reemplazar su control del Congreso en lo que parece a una guerra en la que se elimina el adversario con el apoyo de las encuestas. La base es el ánimo generalizado en contra de Keiko Fujimori, la quieren ver presa y con ello penalizar no solo los indicios de corrupción, también y especialmente su soberbia y el hecho que desde el Congreso -manejado con mano de hierro hasta límites impensables- no hubiera atendido los aspectos más urgentes del país.

El sismo, el desbande, el tardío llamado a la armonía nacional son manifestaciones que ponen al país y a la democracia en riesgo, que comprometen la economía, el crecimiento y las inversiones. El presidente Vizcarra debería entenderlo así y poner paños fríos sobre la violencia y la judicialización de la política. Embarcado como está en el referéndum reformista debe entender que sus resultados no serán inmediatos y vendrán las protestas. Lo que realmente está en la agenda es el reacomodo político que debería permitir la atención de las urgencias nacionales.

No estamos ante una obra de teatro de cuyos diálogos podamos ser prescindentes se trata de un drama que concierne a todos. Hay fuerzas no solo políticas que podrían estar actuando. Y populistas extremos que quisieran tomar el control de las instituciones. Para evitarlo necesitamos serenidad. Felizmente las Fuerzas Armadas y el empresariado permanecen en posiciones nacionalistas y de equilibrio.

En cualquier caso la responsabilidad de la cúpula de Fuerza Popular es grande y merece la ostensible censura social que la afecta. La gente advierte que hicieron poco o nada para las reformas urgentes a pesar de que tenían una mayoría legislativa apabullante, se dedicaron al conflicto y ahora es tarde para ser positivamente protagónicos. El escarnio contra Keiko, adelanta para muchos el cronograma electoral. Pero la cuidado porque la caída del fujimorismo podría dar alas al espacio antisistema que cuestiona el orden establecido que podría generar a su turno una derecha dura, ultraconservadora, como la que está dominando dramáticamente Brasil con apoyo de las iglesias evangélicas y las comunidades católicas en contra de la llamada “ideología de género”.

No queremos una derecha autoritaria y retrograda ni un populismo de izquierda en extremo. Menos aún un Perú polarizado con extremos. Defendamos las instituciones que puedan sobrevivir al vendaval Lava Jato que traerá resultados lamentablemente inesperados.

Unas palabras sobre el profesor de la Facultad de Derecho de la UNFV, don Jesus Munive Taquía, hoy abusivamente recluido con prisión preventiva desde hace dos semanas en el Penal Castro Castro. En su caso el abuso ha dado paso al error judicial y éste podría llevar a la pena de muerte informal debido a las paupérrimas condiciones de su reclusión y a su pésimo estado de salud. Advertimos en un artículo en estas páginas de este abuso. Munive Taquía es un respetado docente que no exhibe signos exteriores de riqueza pero ha sido sindicado por un colaborador eficaz sin corroboración. En su calidad de alto funcionario del Ministerio de Transportes integró el Comité de Licitaciones de la línea 1 del Metro que concedió la Buena Pro a la empresa Odebrecht, en ese momento sin indicios de corrupción ni mala prensa. Munive no intervino en la etapa de ejecución de la obra, durante la cual se produjo la sobrevaluación a través de sobornos. Por lo tanto los indicios de culpa son débiles o inexistentes. Habiendo sido absuelto ya dos veces por la Fiscalía hoy está preso. A los 70 años, con diabetes crónica, sin control médico y alimentación impropia, sin celda debido a la cantidad de detenidos en su misma condición, duerme en un pasadizo del penal en un espacio por el cual paga 150 soles sin derecho al baño. ¿Alguien protesta por esta afrenta a la dignidad y a la trayectoria de un docente que formó generaciones de abogados?

Esperamos la rectificación vía la apelación pero mientras llega esa audiencia debemos rechazar esta violación de derechos. El Poder Judicial y el Ministerio Publico están bajo intensa presión social, política y mediática para entregar resultados contra la corrupción. Y lo están haciendo pero mientras las audiencias a los famosos siguen bajo los reflectores hay otra cara que no vemos. Los penales atestados por una prisión preventiva que debería ser la excepción y no una abusiva regla si queremos que la impartición de justicia recupere legitimidad y confianza.

CAOS POLÍTICO Y JUDICIAL

En Correo el 27 de octubre 2018

Situación, dramática y aleccionadora. Cuando las pasiones, los errores y los delitos salen a la superficie una radiografía estremecedora nos lleva a ser espectadores impactados por el escenario político judicializado al extremo. Que nadie se equivoque no estamos ante un espectáculo teatral,  nuestro país puede desestabilizarse hasta perder el rumbo democrático. La prisión preventiva de Keiko Fujimori y sus colaboradores está a la puerta y la situación tiende al desbande. Hace recordar a Fujimori cuando renunció desde Japón, Valentín Paniagua ascendió a la presidencia del Congreso y luego al gobierno de transición. El caos fue total,  las lealtades se fueron por el caño con reacomodos a la orden del día. Si esto se diera ahora el pronóstico es reservado por una transición adelantada con un Vizcarra que con alta popularidad no gobierna con consensos políticos.

El país está pendiente de las audiencias de los famosos pero desconoce lo que sucede en las cárceles. El Poder Judicial y la Fiscalía responden a presiones sociales, políticas y mediáticas para entregar resultados ante la corrupción. Las prisiones  preventivas se dan en cantidades y la presunción de inocencia es inexistente. La excepcionalidad desaparece, se judicializa la política. Penalizar las cúpulas de algunos partidos políticos es un juego muy peligroso.

El abuso podría conducir al error judicial y éste incluso a la pena de muerte informal por las condiciones de reclusión. Sucede ahora con el profesor Jesús Munive Taquía de la UNFV, detenido hace dos semanas en el Penal Castro Castro por preventiva, sindicado por un colaborador. No exhibe signos exteriores de riqueza, integró el Comité de Licitaciones de la línea 1 del Metro y no existen indicios de culpa pero está preso a los 70 años, con diabetes crónica, sin control médico y con mala alimentación, durmiendo en un pasadizo del penal por el cual paga 150 soles sin derecho al baño. ¿Alguien protesta?

DE LA INMUNIDAD 

A LA IMPUNIDAD

En el Portal Político.pe publicado el 21 de Octubre 2018

La impactante fuga y posterior captura del ex juez César Hinostroza nos lleva a analizar la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y legal en la lucha contra la corrupción.

Tenemos un sistema judicial especial en materia de delitos en el ejercicio de funciones oficiales. El antejuicio penal o la acusación constitucional surgen de los artículos 99 y 100 de la Constitución referidos a nueve altos cargos del Estado que requieren autorización del Congreso para que esos funcionarios sean juzgados por los tribunales ordinarios. La resolución acusatoria del Congreso es el requisito o condición indispensable para proceder a ello.

La Constitución señala los cargos beneficiados: Presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general de la República, 192 altos funcionarios.

El antejuicio se refiere a delitos que se cometen en vulneración de deberes y funciones en el ejercicio del cargo que de una u otra forma, permite su comisión. La prerrogativa se extiende hasta cinco años después de cesados en sus funciones. Los delitos cometidos con anterioridad no lo requieren.

El antejuicio no obliga a un juicio, solo habilita el proceso y la investigación formal. Es una imputación parlamentaria vinculante que ordena que se investigue, por la jurisdicción penal ordinaria, a un alto funcionario público.

A la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial le competen examinar la petición y su fundamentación desde todos los ángulos y puntos de vista para aplicar las normas penales hayan sido o no invocadas formalmente pues el contenido puede ser ampliado con nuevas circunstancias y degradado o elevado en todos sus aspectos. De ahí la importancia de que la Fiscalía no hubiera recibido a tiempo el expediente que culminaba el procedimiento de antejuicio. Los Estados deben mantener el debido equilibrio entre las inmunidades y su capacidad de proceder efectivamente a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción.

La inmunidad protege a los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones contra la detención, reclusión y el procesamiento y, en algunos países, incluso de investigaciones policiales y determinados métodos de investigación. Salvaguarda las instituciones del Estado para que el titular del cargo pueda actuar sin temor de las consecuencias legales.

Pero entendemos que la inmunidad puede convertirse en impunidad y aumentar la corrupción de alto nivel. Por ello debe ser limitada a lo imprescindible desde que se trata de una excepción a la igualdad ante la Ley y por tanto es indispensable justificar. Se trata del control político previo a la persecución procesal. El Congreso investiga si existen suficientes indicios de criminalidad que justifican el procesamiento, detención y enjuiciamiento del funcionario, y de encontrar causa probable, decide la acusación.

La inmunidad comprende los actos en el desempeño de funciones y deberes oficiales durante el periodo en que ejercen el cargo aunque la Constitución extiende, como ya dijimos, la protección por cinco años después.

Preocupa que la impunidad pueda ser favorecida por la inmunidad en especial en el caso de los congresistas que son juez y parte de sus propios actos, sin control posterior.

La lucha contra la corrupción implica decisión política y trabajo persistente, riguroso y planificado. Si es así la cadena de irresponsabilidades que determinó la fuga de César Hinostroza debe ser sancionada. 

Y la institución de la inmunidad debe ser perfeccionada para que no signifique impunidad como lo percibe gran parte de la ciudadanía en desmedro de la imagen del Congreso.