EL ANTEJUICIO 

DE HINOSTROZA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 19 de octubre 2018

Los jueces y fiscales supremos tienen derecho al antejuicio, que les garantiza justicia como a otras autoridades principales del Poder Ejecutivo y en especial del Poder Judicial cuando incurren en ilicitudes.

El Congreso les levanta la inmunidad a fin de que sean juzgados en los tribunales como todo ciudadano. Ello supone examinar la autonomía de los altos funcionarios, del rol de la seguridad jurídica y del Estado de derecho.

La corrupción impide los recursos suficientes para alimentar a la gente que pasa hambre, para los servicios de salud pública, para las obras esenciales que se dejan de financiar pues las coimas encarecen los proyectos de interés público. Se afirma que en el Perú el promedio anual de dinero desviado o mal asignado equivaldría al 30 o 40% del Presupuesto, algo cercano al 3 o 4% del PBI en nuestra historia republicana.

La corrupción es un delito de delitos, causa daño social por desconfianza y lesiona la legitimidad de las autoridades y de la misma democracia. Más aún cuando se trata de un juez supremo llamado a garantizar esos derechos.

El caso de César Hinostroza es uno de los más sensibles por su investidura y por lo que sabemos que sabe. Y porque el fujimorismo pretendió blindarlo en el antejuicio para que no fuera destituido aunque debieron ceder a la presión social y mediática. Publicada la resolución en El Peruano el Congreso no culminó el procedimiento pues el expediente no fue enviado al Ministerio Público para que ordenara la prisión preliminar o la preventiva dado que la prohibición de salida ya existía, aunque extrañamente no figuraba en las alertas de Migraciones. 

Un conjunto no de negligencias sino de complicidades violatorias de la seguridad jurídica. Felicitaciones por la rápida captura de Hinostroza en Madrid a través de la Interpol pero ella no subsana la cadena de  irresponsabilidades que debe ser investigada y sancionada.

DEFENDER 

LOS CONTRAPODERES

Publicado en Político.pe el 14 10 18

En estos días turbulentos hay alarmas y gritos acusando intentos de golpe de estado. Hay preocupación por un presidente como Martín Vizcarra que juega con la idea del cierre del Congreso como si banalizar la democracia pudiera dar frutos. A ello se agregan los temores que proliferan después de la debacle electoral fujimorista y la prisión preliminar de Keiko Fujimori acompañada de su plana mayor partidaria. La corrupción de un megacaso como Lava Jato engendra demasiados miedos y muchos intentan protegerse buscando intervenir o influir en la institución que pueda impartir justicia al gusto y medida de los involucrados.

No es así. Si queremos mantener la democracia y el estado de derecho debemos preocuparnos por el irrespeto a la institucionalidad y por la permanencia de contrapoderes activos y efectivos. Estos son el Congreso y el Poder Judicial pero también instituciones autónomas como el Ministerio Público.

Martín Vizcarra que llegó al poder gracias a los mecanismos de una democracia madura ha comenzado a dar señales del mareo en las alturas y esgrime la amenaza del cierre del congreso y hasta la de una posible intervención por emergencia del Ministerio Público. Nadie entiende su tirria mayor contra el Fiscal Pedro Chávarry que puede haber cometido errores pero ningún delito descomunal en el ejercicio de la función que justifique su destitución y menos aún una desproporcionada inhabilitación cívica. Temores desmesurados pueden generar acciones y errores también desmesurados que lleguen a violaciones constitucionales.

Vizcarra puede gozar ahora de un amplio apoyo popular y estar orgulloso de sus sucesivas victorias pero las encuestas pueden ser flor de un día, debe cultivar su talante democrático que es un valor permanente. El referéndum está a la puerta pero debe darse en un clima de tranquilidad y reflexión no en el de turbulencias provocadas o de inestabilidad discutiblemente rentable. Vizcarra puede pasar a la historia por sus reformas políticas importantes que serán materia de la consulta popular pero también negativamente si cede a los cantos de sirena del personalismo autoritario. Si bien ha salido ganando en su confrontación con un Congreso abrumadoramente desaprobado ello no quiere decir que puede ir contra la democracia y el estado de derecho que es el patrimonio a preservar. Puede afirmar su autoridad políticamente frente a los excesos del Legislativo pero no amenazar sistemáticamente con cerrarlo. Puede discrepar de Pedro Chávarry pero no exigir su renuncia y menos intervenir la Fiscalía de la Nación.

El jefe de Estado no puede sumarse al aquelarre y menos dejar sospechas de que lo hace en su beneficio, debe estar por encima de los poderes del estado que separados y divididos conforman el escenario democrático para equilibrarse unos a otros, el Ejecutivo no puede ni debe concentrar el poder debilitando instituciones que configuran el indispensable estado de derecho.

Ya no vivimos tiempos de golpes de Estado, alarmarnos o gritar la amenaza es ingenuo o malintencionado. No necesitamos la confrontación permanente pero tampoco la pacificación del autoritarismo.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo del 13 10 18

Días más que turbulentos. Traen a la memoria los últimos del fujimorismo de fines del dos mil cuando la renuncia de Fujimori llevó a Valentín Paniagua a la Presidencia. La diferencia está en que la democracia fue puesta en el centro del debate y de la protección. Nos costó mucho recuperarla de las garras de quienes habían hecho del país un botín de guerra y necesitábamos defenderla a como diera lugar. Había demasiados intereses después de una década en que los grupos económicos y políticos vinculados al fujimorismo se veían perdidos y muchos temían entrar a la cárcel como en efecto sucedió. Hoy también los temores mandan después de una contienda electoral en la que el fujimorismo vuelve a tocar el piso de la derrota y el elemento corrupción es protagónico y amenazante. Demasiados involucrados en el Lava Jato presionan con todas las armas a su alcance y las instituciones que deben impartir justicia están en el centro de las preocupaciones y de las influencias posibles. A la debacle fujimorista le ha seguido la prisión de la plana mayor de su dirigencia incluida la de Keiko Fujimori mientras el líder histórico aguarda su retorno a la DIROES post anulación del indulto concedido por PPK. La situación puede ser confusa y alarmante pero lo único que debe permanecer estable, cierto e irreductible es la defensa de la democracia y del estado de derecho. No podemos hablar irresponsablemente de golpes de estado como antaño y el equilibrio de poderes inherente debe permanecer a toda costa. Ni el Congreso puede ser sistemáticamente amenazado de cierre como está sucediendo ni la Fiscalía de la Nación puede ser intervenida. No se trata de desestabilizar sino de preservar los contrapoderes para no alentar personalismos autoritarios. Así lo deben entender  el Presidente Martín Vizcarra, sus ministros y por supuesto las mayorías y minorías del Congreso.  

DEL ABUSO 

AL ERROR JUDICIAL

En Político.pe el 08 de octubre 2018

Richard Concepción Carhuancho acaba de decretar prisión preventiva contra don Jesús Munive Taquía, honorable profesor de la Universidad Federico Villarreal. Lo han presentado como si fuera integrante de una banda gansteril que aceptó y dispuso de las coimas que distribuyó Odebrecht a diestra y siniestra. Nada más falso y absolutamente imposible  para todos quienes lo conocemos.

Integró el Comité de selección junto a dos personas más para otorgar la buena pro para la construcción del viaducto del Tren Eléctrico Línea 1, Tramos 1 y 2. Y para seleccionar la empresa supervisora con el apoyo técnico de la Autoridad Autonoma del Tren Electrico y de Provías. Ese Comité de Licitación no realizó ningún estudio sustentatorio ni de determinación de costos tampoco del valor referencial de la obra. Si el valor final resultó mayor que el determinado por la licitación, solo pudo generarse en la etapa de ejecución de la cual toca responder a la empresa Supervisora y a la AATE.

Afirman en la acusación que el Comité que integró Munive Taquía favoreció a Odebrecht, “regalándole la buena pro en la licitación” pero eso resulta imposible porque en esa etapa la empresa sí cumplió técnicamente con los requerimientos y su oferta fue del 90% del valor referencial. Hubo coimas que fueron pagadas a las personas ahora en prisión por habérseles constatado recepción y movimientos bancarios en el exterior. Pero no es el caso de Jesús Munive Taquía a quien ampara el precedente de que el Fiscal Hamilton declaró inadmisible la denuncia interpuesta contra pel por la Procuradora Katherine Ampuero. La encontraron carente de sustentos de hecho y de derecho.

Pero ahora el Fiscal Pérez Gómez inició un procedimiento súper acelerado para solicitar al Juez la prisión preventiva por 36 meses contra Munive Taquía. Con una Resolución Fiscal dictada el 2 octubre del 2018, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Concepción Carhuancho, citó a Audiencia de prisión preventiva para el día 5 de octubre del 2018, a las 9:00 am.

Es decir tres días después de la notificación sin dar tiempo a que su abogado pudiera conocer  el expediente acusatorio para organizar su defensa. Se violó así la garantía constitucional que lo ampara. 

Hasta ahora el profesor Munive había estado como testigo porque no se le ha probado nada, menos aún que hubiera recibido dinero. No tiene nada que ocultar. Se presentó ante el Congreso y declaró su disposición a colaborar con la investigación, invito a los congresistas a que abrieran su secreto bancario e informó sobre su condición económica totalmente alejada de rasgos exteriores de riqueza. Vive en su única casa de San Borja construida antes del año 90, tiene un solo auto usado, no ha viajado al extranjero en estos últimos diez años ni tiene cuentas en el exterior. Vive con las modestas remuneraciones que le paga la Universidad y cuenta con pequeños ahorros que se pueden comprobar.

Y con este contexto el Fiscal Pérez lo acusa de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal). Comete colusión el funcionario público que mediante contratación pública, como la licitación, CONCIERTA con los interesados para DEFRAUDAR al Estado. Nunca conoció a Barata y por tanto no pudo haber acuerdo de partes. Si los funcionarios que recibieron los depósitos de dinero, hoy en prisión, involucraron a Munive tendrían que haberlo probado lo que no ha sucedido.

Esta vez el Juez Concepción Carhuancho no tiene indicios ni pruebas de que Jesús Munive Taquía haya recibido el dinero o que pretenda fugar del país pues dicta cumplidamente sus clases en la Escuela de Ciencia Política de la UNFV  desde hace más de dos décadas. Tampoco puede obstruir a la justicia y a todas luces tiene arraigo en su país. Por tanto su decisión ha sido precipitada y arbitraria al condenar a un hombre de honor que además de poder demostrar su inocencia puede aportar mayor información y orientación técnica a las autoridades para corregir toda ruta equivocada.

Estamos ante un juicio de inspiración mediática en el que justos pagan por pecadores. Si solo se trata de dar a la prensa “la cabeza” de todos los funcionarios que trabajaron en la obra del viaducto del tren eléctrico se pueden cometer errores irreparables. De acuerdo al nuevo código procesal penal no se puede dar curso a toda denuncia, ni se puede ordenar prisión preventiva para todos a quienes se presume culpables. La presunción de inocencia exige investigación para detectar los elementos de convicción que determinen que el encausado está tratando de eludir a la justicia. No es el caso del profesor Munive por lo cual esta gravísima decisión afecta a un impecable y admirado funcionario público y a un docente que cercano a una venerable jubilación merece nuestra total solidaridad ante este atropello judicial y político.

Si el Fiscal Chávarry clama por su derecho de defensa debe atender a que el mismo no sea violado por sus propios fiscales que se deben a la ley a las garantías constitucionales.

DESESTABILIZAR 

ES EL JUEGO

Publicado en Correo el 06 de octubre 2018

Tres días antes de las elecciones el juez Hugo Núñez Julca decidió la anulación del indulto humanitario concedido por PPK a Alberto Fujimori. Como los acontecimientos posteriores lo demostraron fue un gesto político para evitar la vacancia presidencial que ya estaba corriendo. Núñez Julca solo procedió de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero la oportunidad resulta cuestionable. Si ya había desinterés en el proceso electoral del domingo dar a conocer esta decisión ha perturbado aún más el clima.

El país es una hoguera política con una peligrosa polarización y el resurgimiento de la indignación y la ira. Cuando ya el Congreso terminaba de cumplir con su tarea con el ultimátum de un Vizcarra envalentonado que también jaqueó públicamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry buscando su salida. Lo encontró demasiado respondón lo que no hace bien a ninguna de las dos autoridades. En este contexto ya alterado no había necesidad de mover el tema del indulto. El proceso electoral es importante y el país necesita calma para la reflexión si no queremos echar por la borda la democracia.

Le toca al presidente tranquilizar los ánimos a comenzar por él mismo. El indulto a Fujimori ya no estaba en la agenda y las turbulencias parecían superadas. Este volver a empezar nos coge en un ambiente difícil, de crisis institucional y política que puede alcanzar a la economía si nos descuidamos y continuamos con gestos irresponsables. Necesitamos un ambiente en que se construya la legitimidad política que los escándalos de corrupción han liquidado. Los políticos, funcionarios, magistrados y autoridades están desprestigiados, nos toca apelar al involucramiento ciudadano que no se logrará si los mayores responsables, en este caso deberíamos comenzar por el presidente Vizcarra, no cambian de actitud.

También en nuestro país hay justos que podrían pagar por pecadores. Mi solidaridad con el profesor Jesus Munive Taquía, ex funcionario del Ministerio de Transportes, que integró la Comisión que dio la Buena Pro a Odebrecht para la Línea 1 del Metro, está siendo amenazado por una prisión preventiva de tres años cuando no existen ni indicios ni pruebas de que hubiera recibido soborno y hace más de  diez años que no ha viajado fuera del país y permanece en su mesocrática casa de San Borja construida hace 20 años.  El solo cumplió con los procedimientos legales. Cuidado con las injusticias y con los juicios mediáticos.

DINERO ELECTORAL

Mi columna HOJA DE TIEMPO del 29 de septiembre 2018

La relación entre el dinero y la política es una clave para lograr democracias transparentes y sin corrupción. Por eso el financiamiento de partidos, de campañas, de propaganda, constituyen cuestión fundamental, unida no al dinero en abstracto, sino a intereses concretos detrás del  dinero.

En los procesos electorales el dinero elimina las condiciones igualitarias de la competencia y determina la distorsión de las agendas políticas que están representadas en las opciones que se presentan. Así temas esenciales pueden quedar fuera de la elección ciudadana. La desigualdad crece cuando no todos tienen acceso a los medios de comunicación y por ende a la opinión pública. Los medios son decisivos pero el dinero define ese acceso sin importar de dónde venga. Candidatos íntegros y capaces quedarán fuera si no lo tienen. Algo que ha venido sucediendo.

Como no debatir el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. Finalmente y bajo clara presión de tiempo y de definiciones el  Congreso aprobó la modificación del art. 35 constitucional referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Muy importante para la transparencia es la inclusión de la bancarización, aceptada aunque con resistencias. El texto sustitutorio implica la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia. Igualmente los topes para la propaganda electoral, para el financiamiento político público y privado.

Bienvenida la modificación. Podríamos estar ante el fin de las propagandas millonarias en canales de televisión, diarios y radios las que en avalancha publicitaria siempre dejan de lado  el debate indispensable y la difusión de las propuestas mientras privilegian el mercadeo político.

Quedan pendientes la bicameralidad lamentablemente entrampada y la no reelección de congresistas. Les toca apurar el paso para que antes del jueves 4 de octubre todo quede listo para dejar paso al referéndum.

 

FINANCIAMIENTO 

Y DESIGUALDAD ELECTORAL

En Político.pe el 29 de setiembre 2018

Finalmente el Congreso abordó el aspecto clave en las democracias que tienen el sufragio como universal como fundamento: el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales. Lo ha hecho bajo presión de tiempo y de definiciones. Y especialmente ante las evidencias de corrupción electoral ostensibles en el caso Lava Jato. Las hipotecas políticas y los privilegios obtenidos por financiamiento electoral están a la orden del día y con montos fuertes que acumulan miles de millones de dólares.

La indignación colectiva creciente ha inspirado el debate parlamentario sobre el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. Finalmente el  Congreso respondió positivamente y aprobó la modificación del art. 35 constitucional referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Las calles reclaman a gritos transparencia y la bancarización de los aportes, aceptada aunque con resistencias, es esencial. El texto sustitutorio implica también la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia. Igualmente indispensables son los topes para la propaganda electoral, la determinación del financiamiento político público y privado, además de las sanciones. Es decir que con este paquete podríamos estar ante el fin de la propaganda millonaria en canales de televisión, diarios y radios, mensajes publicitarios que dejan de lado el debate indispensable de las ideas y las propuestas en beneficio del mercadeo político.

Pocos dudarían del impacto que tiene en la democracia la relación entre dinero y poder. Con el dinero se puede desvirtuar la voluntad del pueblo y alterar la competencia con sobornos e influencias. Estamos bien enterados de ello en el país y en todo el continente. Sin embargo esta discusión nunca ha recibido una relevancia equivalente al peligro que representa. Se trata de disminuir los riesgos de una sociedad gobernada por el dinero y no por las mayorías. Y no de dinero en abstracto sino de los intereses que están detrás.

Regular como lo ha hecho el congreso significa igualar el campo de la competencia para que no se distorsione la agenda política y evitar que muchos temas esenciales queden fuera de la elección ciudadana. Fundamental en toda elección es el acceso a los medios de comunicación. El dinero lo otorga y por esa vía también la llegada a la opinión pública. Compra votos y favores y aumenta el carácter clientelar de la elección. Y cuando proviene de fuentes ilegales y oscuras puede jaquear la democracia como lamentablemente ha sucedido.

Quedan pendientes la bicameralidad entrampada en detalles que pueden quedar para las leyes de desarrollo constitucional y la no reelección de congresistas. Hay poco tiempo, toca a los congresistas apurar el paso para culminar con las cuatro propuestas y honrar el compromiso de la confianza. Que así sea.

MÁS DESCONFIANZA 

QUE CONFIANZA

Mi columna HOJA DE TIEMPO  en diario Correo el 22 de septiembre 2018

El Congreso le dio el voto de confianza al gabinete en respaldó a las políticas del Gobierno de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. La presión había sido fuerte. Vizcarra enfrentó el obstruccionismo fujimorismo con la amenaza del posible cierre del Parlamento. Y ganó. Aprobaron la confianza aunque en el largo debate se vio de todo, desde la rabia hasta el miedo pero sobre todo las ganas de vengarse por la jugada gobiernista. El Premier le sacó lustre a la pechada y no fue para nada conciliador, o todo o nada, la confianza debía venir ligada a la aprobación de las 4 propuestas y al referéndum.

El fujimorismo reveló su doble juego tanto al interior del Parlamento como fuera de él. Hubo quienes votaron a favor de la confianza y quienes se abstuvieron pero todos aceptaron la agenda impuesta. Keiko Fujimori desde Arequipa hizo lo contrario atacó a Vizcarra de ocioso y manipulador, fustigó la cuestión de confianza como cortina de humo e intento golpista, en las antípodas de su bancada, aún de los más resistentes que solo se abstuvieron.

¿Qué se traen los fujimoristas? ¿Aceptarán el éxito de la jugada de Vizcarra? ¿O le darán el vuelto de manera oscura y desleal como muchos temen? Nada les sujeta a aprobar la reforma política y judicial en octubre para llevarla a un referendo el 9 de diciembre. Solo aprobaron un texto genérico para quitarse de encima la espada de Damocles pero no hay ninguna obligación. Nada más que una confianza que ahora genera desconfianza.

“Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú”, dijo Vizcarra en Twitter. Ojalá fuera así. No lo sabemos pues la confrontación que Keiko rechaza en el discurso la alienta, como hemos visto y escuchado, con la consigna y con la rabia. La telenovela continuará. Lamentablemente no piensan en el país como tanto pregonan.

CUMPLIR 

CON LA CONFIANZA

En Político.pe el 22 de septiembre 2018

La colisión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no tiene cuando acabar. Va escalando y trayendo problemas de imagen, de credibilidad y por supuesto de gobernabilidad.

Martín Vizcarra formalizó el pedido de confianza. César Villanueva llegó y tensó aún más el ambiente exigiendo todo o nada. El debate fue largo y convulso. El Ejecutivo ganó, consiguió la confianza y ahora espera que el Congreso la interprete ligada al compromiso de aprobar los proyectos para la reforma a fin de someterlos a referéndum dentro del plazo que el mismo Congreso ha puesto.

Pero nada lo asegura, el texto aprobado es genérico y sin precisiones y no habla de obligaciones. La confianza concedida al gabinete Villanueva lo único que garantiza es que no proceda la disolución del Legislativo.

Luego de casi doce horas de intervenciones parlamentarias con actitudes para nada pacíficas el fujimorismo optó por otorgar la solicitada confianza sin mucha alegría e incluso presentando una división al interior naranja porque unos aprobaron y otros se abstuvieron.

Vizcarra dice que todos somos ganadores. Pero su frase no convence a quienes se han sentido avasallados por la movida del presidente. El fujimorismo no se conforma y se arriesga al doble discurso. Keiko no dudó en colocarse en las antípodas de su bancada, la cual procesó a la defensiva el pedido de confianza. La lideresa lo calificó de cortina de humo golpista. Una actitud que conseguirá menos adhesión y más indignación entre la masa que se desgañita pidiendo el cierre del Congreso.

Más allá de lo que pidan las calles es indispensable recuperar la confianza, que no haya más acciones bajo la mesa que configuren manifestaciones de la política descalificada por audios, discursos poco o nada coherentes, deshonestidad y ausencia de integridad. La gente está hastiada de este tipo de políticos y la prueba la tenemos contundente en la contienda municipal y regional que a pocos días de llegar al Día D no despega. La gente no se interesa ni por candidatos ni por propuestas. Lo vemos.

Queremos políticos que más allá del discurso muestren que piensan en el Perú más que en los privilegios, el poder, el negocio y el dinero. Algo que parece una utopía.

Que alguien espere el vuelto del fujimorismo o que éste se desligue de la obligación moral que ha asumido de concluir con las propuestas para la reforma política y judicial, sería suicida en este momento. Tal vez el Congreso haya conjurado el peligro de la disolución pero no se engañen, el peligro mayor es el de la deslegitimación absoluta del Congreso, peligro cada vez mayor desde la perspectiva del ciudadano común.