RECIDIVA

MARIA DEL PILAR TELLO 17 DICIEMBRE, 2017

Se dice que los demócratas somos los culpables por los políticos que tenemos y en especial por el posfujimorismo que ha decepcionado a quienes entregamos diez años de nuestras vidas en la resistencia al fujimontesinismo.

Cuando este régimen malsano cayó, la euforia mató a la reflexión, no pensamos en un retorno del mal, ni en una refundación de la institucionalidad, no curamos al cáncer de raíz y ahora estamos ante una recidiva, es decir ante la repetición de la enfermedad terminada la convalecencia.

Nos invade la tristeza y ni siquiera podemos desear felices fiestas de fin de año. El drama nos gana, no parece haber forma de evitar que desde el Parlamento tomado por el fujimorismo que, sin recordar su historia infame, se apresta a coronarse como el campeón de la lucha contra la corrupción y los guardianes de la moral pública.

Ni el mejor guionista de cine hubiera imaginado esta situación perversa de retorno de los tiburones con sus métodos y sus formas. Tienen los votos y los números como lo único que cuenta en esta historia desoladora. Verlos en la pantalla proclamando honestidad y preocupación por la gente, escarapela. Son la imagen del cinismo político. Estamos más que advertidos de lo que pasará,  cuando se hagan del poder total. Tienen justificada mala fama y aunque gran parte de nuestros jóvenes no la conocen son ellos los que toman las calles que sus mayores desdeñan. Así es el ser humano. La permisividad es también complicidad.

El vendaval Lava Jato jaquea a políticos y empresarios. Y el fujimorismo está involucrado, en especial su lideresa y su financista, ambos investigados por lavado de activos. Por eso han puesto en marcha, cuando ya veían venir las garras de la justicia, el operativo de blindaje con el avasallamiento de las instituciones y la posible vacancia del Presidente. Saben que sus responsabilidades están claras para el Ministerio Fiscal al que quieren acallar y amedrentar.

Por eso una de las claves para enfrentar esta recidiva del fujimorismo es el Ministerio Público cuyo titular está en la picota. En el reino de la consigna y la prepotencia pueden hacer caer al Presidente de la República, elegido por todos los peruanos y más aún podrán hacerlo con el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Sin embargo ambos tienen todavía mucho juego político en los días que todavía están en sus cargos. Si piensan en el país y no solo en la picota que los espera.

Ese país que recuerda la década de los noventa y clama porque no regresen al control total político y social. Ya los conocemos y aunque Fujimori y Montesinos estén en prisión la esencia del mal está ahí como lo vienen demostrando. Nos aterra la sonrisa oblicua de satisfacción mientras destrozan las instituciones y se imponen sobre la verdad, la corrección y el derecho. Tuvieron más de diez años de gobiernos, en plural, para demostrarnos de lo que son capaces.

No permitamos que regresen. Podemos seguir luchando contra la corrupción con respeto a las leyes, a la democracia y a las instituciones. Si hay que cambiar al Presidente, una vez demostrada su culpabilidad, lo haremos sin aceptar un mal peor. No les demos la oportunidad de la recidiva, no permitamos que la autocracia y la corrupción fujimorista, terminen con el organismo sano de la nación y de paso con la democracia.

No arrojar el agua sucia con el bebe adentro.

VACANCIA 

SIN DEBIDO PROCESO

En Correo el 16 de diciembre del 2017

La vacancia presidencial parece estar en marcha. La moción ha sido presentada y para nada ha servido la respuesta de PPK ante la gran tormenta originada por los reportes de Odebrecht sobre supuestos pagos recibidos. El gesto de resistencia del Presidente de rechazar la renuncia y ofrecer la apertura de su secreto bancario para encontrar la ruta del dinero ha sido desatendido. El destino del país está en juego y entramos en una dinámica política en la que se trata de mi verdad contra la tuya sin más pruebas.

La renuncia o la vacancia son decisiones políticas de envergadura que deben ser legitimadas. Si bien la vacancia se trata de pérdida de confianza por equilibrio y mesura no puede asumirse como verdad única e irrebatible lo que dice una empresa que se ha caracterizado por la duplicidad, el engaño y la mala fe. Debe atenderse a la otra versión, la del imputado y dar tiempo a investigarla junto a los documentos acusatorios que habría entregado Alejandro Toledo a la Fiscalía contra PPK.

En un Estado de Derecho ninguna decisión política descarta lo jurídico. Si la oposición, liderada por el fujimorismo, quiere seguir adelante con la vacancia presidencial por incapacidad moral, sin atender la investigación y las pruebas, lo hará valiéndose de su superioridad numérica. Estamos contra todo linchamiento más aún el político a tan alto nivel que ofrece un penoso espectáculo nacional e internacional.

PPK es responsable de esta situación por negligente y manipulador pero tiene derecho a defenderse. Que la apertura de su secreto bancario permita que se prueben los abonos que Odebrecht afirma que entregó. Y que se sepa si PPK los recibió. Que no se imponga el cálculo político. Le asiste al Presidente la garantía del debido proceso y de la prueba de los cargos antes de ser vacado y no después.

¿VACANCIA 

O LINCHAMIENTO?

En Político.pe el 16 de diciembre 2017

La vacancia presidencial está en marcha. La situación es grave y afecta la gobernabilidad del país con repercusiones en el crecimiento económico y en las inversiones. Políticamente la oposición ha llegado rápidamente a extremos con poca serenidad o reflexión. No se trata de cubrir delitos de ningún político. Pero tampoco de cubrirse mientras se grita al ladrón.

Lo que hay es un reporte de Odebrecht sobre supuestos pagos a PPK durante el tiempo en que fue primer Ministro y Ministro de Economía, que de haberlos recibido sería absolutamente punible. A partir de ello el fujimorismo, acompañado de otras bancadas, usa esta información para descalificar las versiones de PPK y generar una crisis de confianza. Lo acusan de incapacidad moral con apresuramiento sospechoso por el cual se da a Odebrecht todos los beneficios de la credibilidad y ninguno al presunto imputado al que le echan todos los leones pidiendo su renuncia inmediata, sitiándolo con la vacancia que ya está en camino.

No se trata de cualquier ciudadano. Es el Jefe de Estado elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo. El que ha negado resueltamente haber recibido esos pagos y ha pedido el levantamiento de su secreto bancario y financiero, gesto importante y suficiente para que se cumpla con lo elemental que es investigar, más aún si de ello depende la gobernabilidad y la estabilidad del país.

Ya el escenario se ha llenado de opiniones, llamados a la serenidad que es lo que más falta. Se anticipan escenarios posteriores a la vacancia como si fuera ya un hecho. Y tal vez ya lo sea. Pero no se entiende la prisa ni la furia si no hay intereses subalternos detrás. El tono del fujimorismo es atrevido, insolente y arbitrario con poco respeto a las instituciones y a la ciudadanía.

A contracorriente de quienes consideran a PPK un cadáver político él no ha querido renunciar y se ha defendido con la apertura de su secreto bancario y financiero. Solo a partir de ello quedará clara la ruta del dinero y se verá si lo dicho por Odebrecht responde o no a la verdad. La reacción de PPK puede ser tardía, de hecho no borra sus imprecisiones o presuntas falsedades, pero entrega un arma fundamental para la investigación que pone la bola en el Ministerio Público cuya acción debería descartar toda arbitrariedad con la prueba de los cargos como debe ser.

Pero eso no vale cuando la decisión política ya parece tomada con furias e indignaciones ad hoc. No habría porqué conceder toda la credibilidad a  Odebrecht, caracterizada por la duplicidad, el engaño y la inmoralidad, para hacer caer a un presidente democráticamente elegido que pide que le prueben los cargos.  

Lo más probable es que el cálculo político determine la decisión por la vacancia presidencial que si se toma sin pruebas ni investigación, acelerando los plazos y distorsionando las formas, quedaría como precedente de linchamiento abusivo y avasallador.

Por interés del país debería imponerse la mesura y la prolijidad del debido proceso y la serenidad política.

¿LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA 

EN RIESGO?

En Político.pe del 9 de diciembre del 2017

El escenario se llenó de rumores y de furia. El juez Richard Concepción Carhuancho volvió a golpear al autorizar el allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular.

El magistrado ha sido implacable al ordenar prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y ahora al autorizar el allanamiento de dos locales del fujimorismo. En estas turbulentas decisiones no han pesado las amistades, las influencias y las presiones políticas y económicas.  Dictaminó el ingreso de la policía a pedido del fiscal a pesar de la previsible reacción de la poderosa bancada congresal naranja.

Las calles lo aprueban, piensan que estamos en un Perú diferente por el impacto que causa ver, como nunca antes, a integrantes de los sectores más altos en la política y en la empresa tras las rejas.

¿Nos espantamos porque están presos los poderosos? ¿Nos molesta que la corrupción esté siendo sitiada por jueces como Carhuancho?

Ante el imaginario popular este juez trata a todos por igual sin importar los apellidos y el dinero. Tiene la audacia y la valentía que se requiere en un Poder Judicial donde siempre hemos visto magistrados pusilánimes por no decir con un precio determinado por la misma corrupción que deben combatir.

Pero el fujimorismo no conecta con este sentimiento, la indignación por la afrenta de verse contra las cuerdas lo ha llevado a invocar la lógica de la guerra al considerar el allanamiento como un atropello y una represalia por la investigación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La respuesta excesiva y la sobreactuación política estaría indicando temor a lo que viene.

Hay que dejar dicho que la prisión preventiva debe ser excepcional y nunca banal. Bertolt Brecht dejó para la reflexión que cuando el abuso, no detenido a tiempo, llega a nosotros puede ser demasiado tarde. El principio jurídico es seguir el juicio en libertad y que solo haya prisión después de la prueba de culpabilidad. Más aún teniendo en cuenta que la cantidad de presos con prisión preventiva se va haciendo grande en penales ya superpoblados.

No debemos, por tanto, banalizar la prisión preventiva y sí exigir que toda acción judicial sea justificada. Incluyendo la orden de allanamiento de los locales fujimoristas. Pero no es el debido proceso el que está en cuestión pues hasta ahora ha sido respetado. Lo que produce temor es lo que se viene  cuando en enero próximo la delación de Jorge Barata ponga al país, con sus altos mandos políticos y empresariales, en el ojo mismo del huracán y sin duda alguna ante la prueba mayor para nuestras frágiles instituciones. Grave momento que podría alcanzar la estabilidad misma de la democracia, como amenazó indignada la congresista fujimorista Cecilia Chacón. ¿A qué se refirió? ¿A la vacancia presidencial posible?

El fujimorismo repite que no quiere vacancia presidencial pero su allegada Vilcatoma pide la renuncia de PPK mientras comienzan a cercarlo con la citación a su esposa Nancy Lange. 

No tranquiliza para nada la inmediata reacción presidencial en defensa del debido proceso y por el respeto a reglas de juego cuando éstas no están en riesgo. Por ahí no es. Lo que el país exige es una respuesta de fondo que proporcione real tranquilidad antes que la situación se salga de control y los naranjas, muy ofendidos, se decidan por denunciar al presidente por “incapacidad moral”. No olvidemos que tienen sangre histórica en el ojo.

UN PERÚ DIFERENTE

En Correo el 9 de diciembre 2017

Nuestro sistema judicial está pasando por una etapa de consolidación a la fuerza. Nunca antes debió afrontar una prueba como la presente por la cual los titulares de los poderes fácticos, empresarios, periodistas o políticos al estar involucrados, deben enfrentar la cárcel  preventiva, dada la dimensión de los indicios que doblegan la presunción de inocencia.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están obligados a la independencia para restablecer la confianza. Los políticos y la prensa, gremios y academia deben colaborar apuntalando a jueces como Richard Concepción Carhuancho que se ha revelado implacable al ordenar prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y al autorizar el allanamiento de dos locales partidarios del fujimorismo sin tomar en cuenta a la superpoderosa bancada congresal.

El Perú es diferente ahora y la gente acusa el impacto de ver como nunca antes a integrantes de los sectores más altos de la política y de la empresa tras las rejas. Sin distinción de apellidos, poder y dinero, la justicia parece igual para todos. Pero las actuaciones, fallos y sentencias deben ser justificados. Ningún abuso podría legitimar una justicia vengativa o arbitraria. Un delito no se responde con otro.   

Quienes se pretendían intocables están furibundos. Es cierto que puede ser excesiva la prisión preventiva de 18 meses tanto para Ollanta Humala como para los grandes empresarios. Pero en ambos casos mandan los hechos, en el primero las agendas y los testimonios, en el segundo los testimonios y los documentos que grafican el pago de las consorciadas por 15 millones de dólares por riesgos adicionales. Y en cuanto al fujimorismo su respuesta ha sido intemperante. 

LA CRISIS 

QUE ESTAMOS VIVIENDO

Mi columna HOJA DE TIEMPO en el diario Correo del 2 de diciembre 2017

La gran crisis política que estamos viviendo extiende mantos de sospecha sobre todos los que han desempeñado cargos de gobierno o de representatividad en el presente siglo. Nadie se salva ni a la derecha ni a la izquierda. Parece muy lejano el gobierno de transición de Valentín Paniagua cuando todas las ilusiones de saneamiento moral se activaron. Y se justificaron las esperanzas puesto que sin Fujimori ni Montesinos, la dupla que con su corte de obsecuentes sinvergüenzas pretendió llevarse al país en peso, se podía refundar moralmente al Perú después de diez años de latrocinio organizado.  

Hoy vivimos el escándalo de corrupción más grave del presente siglo. Con la colaboración eficaz de Jorge Barata, la cabeza visible de Odebrecht en el Perú, conoceremos todas las maniobras siniestras con que compraron conciencias al más alto nivel para obtener sus millonarias ganancias. El Lava Jato está en su momento cumbre y amenaza con un terremoto político y social que destruirá a políticos, partidos e instituciones. Al abordar el tema emerge la indignación, la rabia y la humillación por la traición a la confianza. Y también la duda respecto de fiscales y jueces que deberán portarse a la altura del desafío para desterrar la impunidad y castigar la corrupción de Odebrecht, OAS y compañías consorciadas. 

La economía se puede descontrolar cuando el barco de la democracia está inestable y hasta el Presidente es tocado por las denuncias. Las actividades están paralizadas, jaqueadas por la incertidumbre. 

Necesitamos una respuesta social que no se vislumbra todavía mientras el Gobierno y el parlamento siguen atacándose. No ven la marea negra que se cierne con posibilidades reales de deslegitimar a quienes representan el sistema político y la democracia. Nada bueno se anuncia porque a la espera de lo que diga Barata estarán los pescadores antisistema que querrán pescar en este río tan revuelto.

JUGAR 

CON LA VACANCIA

En Político.pe el 2 de diciembre del 2017

Un día sí y otro también escuchamos hablar de la culpabilidad del presidente PPK en el Lava Jato peruano. Lo tratamos como si fuera el presidente de un club de barrio y no la más alta autoridad, aquella que según la Constitución, personifica la nación.

Las instituciones importan titulaba un informe del BID de fines del siglo pasado. El orden constitucional, importa y los principios de la democracia deben ser puestos al abrigo en este vendaval que amenaza con liquidar nuestra clase política sin dejar piedra sobre piedra. PPK hace bien en defender su investidura porque con ello la preserva de la manipulación y la banalización interesadas por quienes han asumido posición de moralizadores con poca memoria de su pasado como fujimorismo gobernante. Fungen de catones sin recordar que en la década del noventa hubo tres gobiernos autocráticos y corruptos que violaron el ordenamiento legal del Perú. Muy bien que sus actuales representantes, fans de Keiko Fujimori, luchen contra la corrupción pero deben recordar y aplicar los principios de la constitución que protegen a las autoridades legítimas. Desterrar la impunidad sí pero no arrojar el agua sucia con el bebe adentro.

Es un espectáculo penoso la exhibición de voluntad de acusar y destituir al Fiscal de la Nación y a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional a lo que podría seguir el cese del Presidente Kuczynski y sus vicepresidentes, de suerte que el Presidente del Congreso, de color naranja, asuma el ejecutivo y haga posible la victoria presidencial de Fujimori en el 2021.

Todo parece burdamente cantado. En pleno vendaval Lava Jato ellos quieren proteger a sus líderes derribando instituciones sin importar el costo para el Perú. Solo les interesa demostrar su fuerza como mayoría parlamentaria frente a un Ejecutivo débil sin mucha capacidad de reacción. Y si la tiene harán todo lo necesario para descalificar y destruir a quien esgrima argumentos constitucionales para impedir que PPK se ponga voluntariamente en las garras del monstruo.

La mayoría fujimorista no tiene los 87 votos, solo las minorías parlamentarias unidas podrán evitar que se sacrifique la vida democrática y nos pongamos en la ruta del temible Estado fallido.

Porque un pueblo sin memoria repite lo peor de su historia. Si la crisis que vivimos no encuentra fuerzas que representen el saneamiento moral urgente, el Perú quedará en manos de quienes abran las puertas al antisistema. Y el grito de que se vayan todos comenzará a escucharse.

INFORMACION 

NO ES PUBLICIDAD

En Político. pe el 25. 11. 17

La regulación de la publicidad oficial está pendiente en la región. Es punto neurálgico en la relación entre medios de comunicación y gobiernos. Más aún en las situaciones económicas difíciles que viven los medios, en especial la prensa escrita, por la irrupción de los medios digitales y de las redes sociales como Facebook y Google que han capturado gran parte de los ingresos por publicidad que percibían los editores de información.

Desde la aparición de la Internet muchos medios escritos han desaparecido o simplemente han optado por ediciones digitales. La crisis económica es en todo el mundo, restrictiva de la pluralidad y contraria al derecho de emitir y recibir información.

Por esta crisis muchos gobiernos han optado por ayudarlos de manera transparente y abierta. Otros se deciden a hacerlo bajo la cubierta del pago por publicidad oficial con lo que comprometen los presupuestos públicos y condicionan las líneas editoriales que dependen de esta irrigación vital.  Los gobiernos que “ayudan” pueden imponerles la agenda y la forma en que tratan los asuntos nacionales.

El proyecto de Ley de Mauricio Mulder ha entrado en este terreno minado. No en el de la libertad de prensa sino en el de la sostenibilidad económica de los medios que necesitan desesperadamente de esa inyección de recursos. No es nuevo, el humalismo irrigó la información por esta vía y todos los gobiernos han mantenido sus buenas relaciones con el poder mediático con estos recursos incrementados sin rendición de cuentas.

El proyecto de Mulder pretende negar toda publicidad oficial a los privados y que se concentre en los estatales gubernamentales. Habla de publicidad y no de información oficial. Quienes atacan el proyecto asimilan ambos conceptos a pesar de ser distintos. La información oficial es noticia, debe ser recogida por todos los medios sean estatales o privados, por ser de interés público, sin que reciban dinero por ello. La publicidad oficial es pagada, difunde mensajes, propaganda, información de campañas a través del avisaje. No comprende noticias, reportajes ni crónicas, es publicidad.

Por tanto no está en cuestión la libertad de prensa está en cuestión el monto de recursos con que se sostienen los medios privados. Y es así como debe plantearse sin subterfugios ni medias verdades.  

Por eso es importante que se haga transparente el uso de los recursos del Estado en los medios. Que no haya posibilidad de manipulación mediática por los gobiernos que favorecen a los medios complacientes y asfixian a los críticos opositores. 

Mulder está en la buena dirección pero su proyecto necesita mayor debate para refinarlo en función de los objetivos, con criterios justos y equitativos, que no se afecte ni a los medios privados ni a la sociedad en su derecho a la información por manipulación o por falta de comunicación sobre campañas oficiales o por exceso de dependencia de los medios de esta fuente de recursos.

El derecho a la información implica pluralidad de medios independientes y libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.

Se debe conocer el porcentaje en que los medios privados dependen de la inyección económica gubernamental y también si su lectoría o alcance justifican las grandes cifras invertidas. Ni ejercicio arbitrario del presupuesto ni manipulación mediática son deseables en una democracia. 

Regular los criterios para asignar publicidad estatal no es ninguna mordaza. No regularla puede también significar un atentado contra la libertad de prensa por la manipulación que se propicia. Si el  Estado es el principal anunciante de los medios los subordina y hasta podría llegar a controlarlos. Que se conozcan los gastos de publicidad del  Estado y que las empresas periodísticas sean competitivas dentro de las reglas del mercado. He ahí el equilibrio.

EL VENDAVAL 

Y EL PÁRAMO

En Correo mi columna HOJA DE TIEMPO del 25 11 17

Como se anunciaba el vendaval Lavajato comienza a ser altamente destructivo de la clase política y lo que es peor de las instituciones. Toda la atención está centrada en la relación entre Odebrecht y los políticos. Nadie parece librarse. La gente espera que caigan los culpables y que no se produzca otro fiasco como el sucedido con Alejandro Toledo. Esta semana le tocó a Susana Villarán que aparece muy comprometida mientras los seguidores de Keiko Fujimori le ponen la puntería al presidente Pedro Pablo Kuczynski afectado por declaraciones sobre las consultorías que realizó para Odebrecht.

Y el Fiscal de la Nación continúa en situación delicada, perseguido por los fujimoristas  empeñados en defender a su lideresa y a su ex secretario general y financista. Y los magistrados del Tribunal Constitucional permanecen en riesgo de destitución. Las instituciones fundamentales están bajo fuego graneado al igual que líderes y políticos que han perdido la confianza de la sociedad.

Si la corrupción ha alcanzado grandes alturas en los gobiernos de Toledo, García y Humala, hay también segundos y terceros niveles que deberán ser investigados con la mayor diligencia y oportunidad. Políticos y funcionarios públicos obligados a rendir cuentas. Como el Ministerio Público a defenderse de los ataques no solo con argumentos constitucionales, especialmente con su diligencia en especial para investigar a las empresas consorciadas con Odebrecht que también pudieron sobornar autoridades corruptas.

Si queremos acabar con la corrupción y con la impunidad el espectro de los imputables es demasiado grande. Y el costo por daño moral inconmensurable. Debemos estar conscientes del páramo que podría dejar este vendaval y también de que necesitaremos oponerle un frente moral de personalidades que podrían dar la cara y organizar la resistencia enfrentando las consecuencias de esta debacle que apenas comienza.