¿SUEÑOS IMPOSIBLES?

1. Publicado en Correo el 08 10 16

Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Unas las promesas y otras las concreciones. El discurso va por un lado y la realidad por otra. Y a nadie extraña. Estamos viendo dos proyectos de ley de PPK hacer su camino del sueño a la realidad. Uno presentado por Mercedes Aráoz contra la discriminación de género otro por Carlos Bruce para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.

El Perú machista vive y acepta un trato diferenciado en perjuicio de las mujeres. La brecha salarial es del 32%. En otros países no han funcionado las leyes de promoción de la igualdad salarial de género y en el Perú ya existen normas –Leyes 26772 y 28983- que no se cumplen. Y algunos analistas advierten que buscar mayor eficiencia podría determinar que los empleadores opten por no contratar mujeres. Entonces no habría forma. Las mujeres ganan el 70 del sueldo de los hombres, y en algunas regiones el 50%. Araoz pretende que si pagan distinto a un hombre y a una mujer en puesto similar, expliquen los  factores que así lo determinan. No hay lógica en pagar diferente para un mismo puesto y esfuerzo. Pero es así.

Bruce quiere fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera con autonomía funcional, personería jurídica y su adscripción a la SBS de la cual hoy forma parte solo como unidad especializada. Así la UIF sería un organismo público descentralizado con personería jurídica y autonomía funcional con mayor capacidad para analizar, evaluar y transmitir información sobre operaciones sospechosas, sin riesgo de presiones, que siempre existen, especialmente para las acciones en la detección del lavado de activos. Y tendría discrecionalidad para compartir sus reportes financieros con los organismos electorales, algo que fue rechazado en la delegación de facultades al Ejecutivo. Excelentes proyectos. Suerte para ambos!

LOS VIEJOS 

A LA TUMBA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 1 de octubre del 2016

Con todos sus capacidades, méritos, conocimientos y experiencia. Los viejos ya no deben enseñar es una de las normas de la Ley Universitaria que sigue en el debate y el cuestionamiento. En las universidades públicas del país los conflictos continúan, el caos y la violencia se enseñorean con rectores rebeldes y estudiantes en riesgo de perder el año como sucedió hasta hace poco con la Villarreal. La SUNEDU, subordinada al Ministerio de Educación y por tanto al poder político, continúa interviniendo y decidiendo, interpretando leyes y legislando. La implementación de la Ley tiene resultados negativos, no hemos ganado “más calidad" pero estamos pagando gran costo social por una ley que exige cambios.

Esta semana la Comisión de Educación del Congreso discutirá varios proyectos modificatorios de la Ley mientras su mentor, el general Daniel Mora, pasea mediáticamente su inquietud para impedir cambios y va recibiendo de las Universidades, que tienen rectores aceptados por la SUNEDU, sus doctorados honoris causa. Y así acusa a quienes critican la Ley de responder a intereses particulares.

Sunedu ha colisionado con la autonomía universitaria para la gestión, tiene saldo negativo en violencia y abuso de autoridad, ha elegido nuevas autoridades pero graves conflictos entre estudiantes y autoridades continúan y deberán resolverse por la fuerza o por los jueces. Se ha convertido en una entidad política y policiaca que impone sanciones y genera severas resistencias.

Por eso, entre otros aspectos esenciales, hay que cambiar su naturaleza y sus funciones, eliminar la injerencia del poder político para que se conforme con miembros representativos de la sociedad y del mismo sistema universitario. Igualmente hay que descartar el límite de los 70 años para la docencia y los cargos académicos, absurdo que ha descapitalizado a las universidades públicas y ha alimentado pugnas desastrosas. Suerte!

SALUD 

EN EMERGENCIA

En Político.pe el 1 de octubre del 2016

El Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, por 90 días, en respuesta a la mala gestión y al desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. El Decreto Supremo Nº 038-2016-SA, habla de garantizar el servicio público de salud en casos de riesgo elevado o daño a la salud y la vida. Y de contrataciones exclusivas para garantizar la continuidad de las prestaciones de salud bajo responsabilidad. Ojalá se cumpliera.

Porque justamente responsabilidad es lo que falta. Casi nos hemos acostumbrados al estado crítico de los servicios de salud y a estas periódicas declaraciones de emergencia sin pensar en lo que significan para los millones de usuarios que deambulan en los congestionados hospitales y postas de salud del MINSA o de ESSALUD ya que igual o peor sucede con los servicios pagados del seguro social.

La primera justificación de la existencia y necesidad de un gobierno es la defensa del derecho a la vida. Para esto elegimos gobernantes y para esto pagamos impuestos, cumplimos derechos, tenemos representantes dentro de una democracia en la que creemos y deseamos eficiente.

Garantizar el derecho a la vida implica atención médica oportuna y de calidad para salvarla en los momentos críticos o para preservar enfermedades que traerán dolor y pena. La otra cara de la defensa de la vida es la seguridad. Por eso es tan alta la demanda de combatir la violencia y la delincuencia en las calles.

En ambos aspectos seguridad y salud este gobierno tiene los desafíos mayores. No necesitamos cifras sobre criminalidad urbana, bien informados como estamos cada día de robos, asaltos, secuestros y homicidios desde los truculentos informativos y la crónica roja. Pero en salud sí necesitamos saber la dimensión de lo que hicieron y dejaron de hacer en el régimen pasado. Porque las acciones y omisiones de los directivos del sector y del Ejecutivo dirigido por Ollanta Humala (o por su mujer) tienen un correlato de miles de muertos, de vidas que se quedaron en el camino por desabastecimiento de medicinas o de equipos médicos para operar o atender en emergencias, incluso en déficit de recursos humanos. ¿Cuántos pacientes mueren por desatención o por atención diminuta? ¿Cuántos médicos ven limitado su conocimiento profesional y su voluntad de salvar vidas cuándo se encuentran sin las condiciones mínimas para actuar?   

Un episodio clamoroso de desatención por varios gobiernos es la ausencia de una Unidad de Quemados en el Hospital Arzobispo Loayza, un nosocomio que siendo de referencia recibe los quemados que llegan desde todos los rincones del país. Nadie duda que el quemado es un paciente difícil y complejo y si es pobre aún más. Con una gravedad que implica tratamiento multidisciplinario y sobre todo especializado en una unidad de cuidados intensivos que le permita salvar su vida tan tremendamente convulsionada por graves accidentes.

Y en el Hospital Loayza donde existe un Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de eficiencia profesional reconocida sus directivos vienen exigiendo desde el desastre de Mesa Redonda, esa Unidad especializada. Pero no se oye padre.

Ojalá la ministra Patricia García Funegra no se amilane ante la dimensión del desafío y permanezca atenta a pedidos como este de gran urgencia. Y además deje en claro las responsabilidades administrativas de quienes con el mal manejo -que llega hasta la corrupción- medran arriesgando la vida de los peruanos.

Hay mucho por mejorar en el sistema de salud pública, deficiente infraestructura -con una brecha estimada en S/60 mil millones- desabastecimiento de medicinas, demoras en la atención, falta de personal y bajas remuneraciones. La lucha sigue siendo contra la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. Complicada pero no imposible. Suerte Ministra!!

¿PROTEGER 

LA CORRUPCION?

Mi columna HOJA DE TIEMPO en diario Correo del 24 setiembre 2016

¿Cómo hacer inteligencia financiera sin conocer las transacciones de una persona que habiendo sido detectada por su banco como sospechosa, tiene cuentas en otras entidades? No hay forma distinta que acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria. Negar este acceso es proteger a los lavadores de dinero. Así de simple. Ninguna de las objeciones fujimoristas resiste el análisis pues en la misma solicitud de facultades se incluye la salvaguarda frente a todo posible exceso desde que se considera la intervención de un juez que habilite el levantamiento y garantice así los derechos constitucionales.

No hay entonces ni riesgo ni amenaza, tampoco estamos ante un debate nuevo. Desde el 2009 el fujimorismo vota en contra del levantamiento del secreto bancario por la IUF pero ahora no se justifica ni se explica su posición. La propuesta actual ha sido perfeccionada al incluir la autorización judicial.

Y en cuanto a la persecución política el argumento es irrisorio. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP exhibe impecable trayectoria como organismo autónomo. Nunca se ha prestado para propósitos políticos. Su independencia es proverbial y el sigilo con el que actúan los superintendentes gratificaría a cualquier nación.

¿Cuál es el verdadero temor? ¿Por qué contradecir a su lideresa quien en campaña electoral claramente ofreció el fortalecimiento de la UIF? ¿Buscan salvaguardar a Joaquín Ramírez, su recordado ex secretario general, investigado por la Fiscalía y por EEUU, por lavado de activos?

Persistir en la negativa los pintaría de cuerpo entero. El apoyo del Ministerio Público los deja solos con sus temores y recelos que solo significan autoprotección para algunos de sus integrantes más caros, aquellos que podrían ser objeto del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Simplemente no quieren que los molesten. A rectificar.

UIF: 

DEL DICHO AL HECHO

Publicado en Politico.pe el 23 de setiembre 2016

El discurso electoral de campaña puso énfasis en la inseguridad y en la lucha contra la corrupción. Y no podía ser de otra manera pues son asuntos que concentran la indignación de la gente. Keiko Fujimori se vio obligada a incluirse en la corriente y señaló que estaba de acuerdo con el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de que tuviera la capacidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria.

Varios meses después vemos la reprobable distancia entre el discurso y la práctica política. Entre lo que se dice y ofrece y lo que se hace. Por supuesto que el secreto bancario es una garantía a proteger tan importante que solo puede ponerse en cuestión por causa superior como lo es combatir a los corruptos y a los lavadores de dinero que tanto daño hacen a la sociedad. Cuando eso sucede no hay duda de que debe impulsarse un consenso que unifique éticamente a la nación en contra de estos flagelos.

Y esto no apareció en los debates de la Comisión de Justicia. Los congresistas fujimoristas le hicieron flaco favor a su lideresa, exhibieron los temores y los recelos que dejan entrever sus intereses y preocupaciones individuales y de grupo: "mañana te pueden levantar el secreto bancario y eso va contra un derecho fundamental".

¿Cuál es el verdadero temor? ¿Por qué se permiten aparecer como incoherentes o débiles al afirmar que darle la facultad o el poder a la UIF para que pueda levantar el secreto bancario de cualquier ciudadano requiere orden judicial? Por supuesto que es así y la propuesta del Ejecutivo lo contempla de manera precisa, recoge la necesidad de una resolución fiscal previa para proceder al levantamiento.

Los fujimoristas no usaron su aplastante mayoría para convencer con lógica y contundencia, la usaron para votar unánimemente en contra del pedido. Los investigados por el posible origen ilícito de sus fondos (narcotráfico, lavado de activos o corrupción) deben estar aliviados. Si las facultades se descartan no hay riesgo de que la UIF los moleste ya que mal podrá hacer inteligencia financiera sin esta autorización.

El gobierno no está pidiendo nada extraño ni ajeno a nuestra práctica institucional. La Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que ha protagonizado tantos eventos censurables de persecución a ciudadanos, sí puede levantar el secreto de las comunicaciones al igual que lo hace Indecopi. La UIF, respetando las garantías, podrá levantar el secreto bancario y la reserva tributaria siempre que solicite autorización judicial para cumplir su tarea y acceder a la información como ya sucede en Argentina, Colombia, Chile, México y Estados Unidos.

¿Para qué tanto salto si el suelo está parejo? Los fujimoristas no tienen razón, su actitud revela afán de proteger a gente de su entorno que ya está siendo investigada por lavado de activos como el recordado ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

Finalmente el fujimorismo debe recordar que su mayoría absoluta en el Congreso no es un cheque en blanco para la arbitrariedad o para la obstrucción. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico es demasiado importante para el país y es central para la ética ciudadana. Concita todas las adhesiones. Mostrar el doble rasero de ofrecer electoralmente para incumplir groseramente, debilita al poder político y a la democracia. Lo más grave es que abre el camino a las protestas en las calles para exigir coherencia y compromiso. Hay tiempo para rectificar en el pleno.

La rendición de cuentas ya no espera a que termine el periodo congresal, se va haciendo día a día. La vigilancia ciudadana está unida a la protesta y a la indignación por la burla y el incumplimiento. No provocarla. Deben rectificar.

¡NO TE METAS 

CON LOS MEDIOS!

En Político.pe el 17 de septiembre del 2016

Mercedes Aráoz movió el tema de la necesidad de productos de calidad en la televisión e inmediatamente surgió la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Otro episodio de sobrerreacción defensiva mediática que soslaya el verdadero problema de una sociedad que se va saturando de contenidos que no ayudan a su progreso y que la mayoría considera televisión chatarra o basura. Si ese concepto ya está en la mente de la gente es porque existe insatisfacción con cierta programación emitida en la televisión abierta y por lo tanto el asunto debe ser materia de debate y de mejores propuestas.

No es que no se trate de control de contenidos, es justamente ese el tema. Y no hablamos del control que pueda venir de autoridades gubernamentales o de entidades sociales sino del control que los mismos empresarios de medios deben asumir para supervisar el producto que emiten. Entre el rating y la necesidad de calidad hay un falso dilema, la rentabilidad no puede suponer la difusión de aquello que algunos creen gusta a la gente, dando por hecho que es lo vulgar y lo sexista, indiscriminado y sin criterios éticos y sociales. Para los que piensan que lo ético es aburrido hay que recordarles que libertad no quiere decir dejar de cumplir con el servicio público de entregar el mejor entretenimiento y la mejor información.

La televisión abierta es demasiado importante para que la sociedad a través de sus líderes no recuerde a sus responsables que su compromiso social empresarial tiene que ver con la autorregulación y con el autocontrol.

No se puede silenciar la necesidad o el malestar, soslayar el debate o el cuestionamiento, afirmar simplemente que el público tiene la capacidad de seleccionar el canal y el medio. Si bien tenemos el control remoto elegimos solo entre lo que se nos ofrece. Y es justamente la oferta la que debe ser cuidadosa y selectiva.   

Viene a cuento el derecho a la información La “libertad de expresión” está englobada en “el derecho a informar y a recibir información”, garantizado constitucionalmente. Algo que nos compete a todos pues la suma de contenidos organizados y difundidos influye en la forma en que concebimos y tratamos la realidad. Por eso exigir los mejores contenidos en forma y fondo es importante y más aún saber que no se darán si no se pone en su selección el cuidado indispensable.

Si queremos respeto para la dignidad de la persona humana, de la intimidad, del pudor, difundir valores sociales indispensables, no debemos dudar en exigir contenidos que construyan una mejor sociedad. No lo conseguiremos si cada vez que movemos el punto de los estándares de calidad la respuesta equivocada es el miedo a la censura o a la autocensura, de la cual, en este caso, nadie ha hablado.

Araoz agregó el tema de la publicidad estatal que “debería estar relacionada no solo al rating sino también a los buenos contenidos”. Bien que lo diga tan alta autoridad del gobierno. Esta es una esencial asignatura pendiente en todos los países del continente. Y nadie ignora que su asignación puede servir para influencias gubernamentales perniciosas. Esta visión de alerta no debería caer en el vacío si recordamos nuestra historia reciente plagada de prácticas nada santas.

Muy saludable sería conocer datos sobre la publicidad oficial, actuales e históricos recientes, para establecer criterios para su distribución. No hay normativa que la regule y queda en manos de cada gobierno asignarla, algo que se ha hecho bajo la forma de premios y castigos sin transparencia y según los problemas gubernamentales son tratados informativamente. Beneficios directos para medios afines y complacientes, sin relación con sus niveles de audiencia u otros criterios objetivos.

Que Mercedes Araoz haya puesto el tema en debate es saludable y positivo. Estamos ante una voluntad preventiva que debemos atender. La asignación de la publicidad oficial es una cuestión significativa para la libertad de expresión y puede ser una herramienta eficaz para incidir en el funcionamiento del sistema de medios y en el tratamiento de la información. Tanto o más importante que los mejores contenidos de entretenimiento. Bien por ello.

¿TODO VALE 

CONTRA LA CORRUPCION?

Correo el 17 de septiembre del 2016

Nadie podría dudar que la lucha contra la corrupción es el punto neurálgico de esta etapa en nuestro país. Demasiado daño e influencias ha generado en gobiernos pasados para no enfrentarla con decisión y poner coto a tantos bandoleros de cuello blanco que medran al amparo de cargos y funciones. Pero cuando  se trata de enfrentar a poderosos y corruptos existen grandes dificultades intrínsecas que no podemos ni debemos desconocer.

Pisar callos, solicitar investigaciones, develar secretos, denunciar opacidades, trasuntar suspicacias, anunciar sospechas no son actitudes fáciles desde que pueden significar el sacrificio del valiente o del idiota que se mete en camisa de once varas al evidenciar o perseguir corruptos. Y por ello puede ser considerado peligroso, incómodo, inmaduro, desadaptado, hablador, figureti, no conciliador, irrespetuoso, divisionista, violento, agresivo, no funcional, más un largo etcétera que cae sobre todo hueleguisos entrometido al que se le condena al aislacionismo o a la estigmatización por nadar contra la corriente.

Meterse a combatir a los corruptos es comprarse pleitos gratis y asumir una cruzada que pocos entenderán y muchos preferirán ignorar y no implicarse. Los funcionales son los incondicionales no los honestos difíciles de manejar o imposibles de convencer. Lo aconsejable es mirar distraído a otro lado y dejar que el robo o la maniobra dolosa prospere, se silencie y así permanezca. Y si el jefe es el corrupto lo más probable es que el denunciante pierda trabajo y credibilidad.

Por todo esto el caso de Yeni Vilcatoma da para mucha reflexión y observación. ¿Es una luchadora contra la corrupción o una compulsiva y desaforada sensacionalista indisciplinada que busca titulares y protagonismo sin límites ni autocontrol? 

Fuerza Popular se consiguió el premio mayor con una congresista que dará mucho que hablar y que a la vista será difícil silenciar. Veremos como avanza la situación que de seguro será aleccionadora para tirios y troyanos. Solo esperemos que la lucha contra la corrupción nunca más se identifique con circos mediáticos o políticos. Es demasiado importante para desdeñarla o dejarla solo en el discurso. A pesar de las dificultades personales y del inmenso desafío que significa para quien la asume debemos hacerlo todos los que queremos ligar la ética con la política de manera permanente. Para que el Estado deje de ser un botín y la política la vía más fácil para llegar a él.